6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras y 73 organizaciones¹ 

• Durante el año 2023 registramos un total de 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos y 73 organizaciones o grupos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.² 

• 2,087 de estas agresiones tuvieron carácter personal, afectando a 397 defensoras. Entre éstas, las más comunes fueron: hostigamientos (14%), violencia psicológica, física o verbal (12%), amenazas (7%) y vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho vida cotidiana de la defensora (7%). Es importante destacar que en 10% de los casos tambien se agredió a personas cercanas de las defensoras. Entre estas personas cercanas agredidas, una de cada tres (31%) fueron hijas, hijos y/o hijes. 

• 3,828 agresiones se perpetraron de forma colectiva contra al menos 875 defensoras. Las agresiones colectivas suponen a nivel regional 62% de las agresiones totales, oscilando según país entre el 81% que presenta Honduras y el 37% de Nicaragua. Con frecuencia estas agresiones involucran violencia psicológica, física o verbal (17%), hostigamientos (14%) y amenazas (8%). 

• 299 agresiones se dirigieron contra 73 organizaciones o grupos de defensoras de derechos humanos. Entre éstas, las más frecuentes fueron las campañas de desprestigio contra la organización o sus integrantes (9%), hostigamientos (9%) y divulgación de hechos falsos relativos al accionar del equipo de la organización (8%). 

• Respecto a 2022, en 2023 identificamos un incremento de 13% en el total de agresiones. Esto se explica por el aumento en el número de agresiones colectivas, las cuales pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en 2023. El mayor peso de este cambio lo representa Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron con relación al año precedente.

Marzo, el mes más peligroso para las defensoras

Siguiendo la tendencia de años anteriores, marzo continúa siendo el mes en el que las defensoras mesoamericanas enfrentamos más agresiones. En marzo de 2023, la mayor parte de las agresiones fueron perpetradas contra grupos de defensoras en acciones colectivas (69%) en el marco de las movilizaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destaca especialmente México, donde las agresiones en el mes de marzo representan 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

¿Cómo nos agreden?

• Nos matan: diez compañeras fueron asesinadas en México, Honduras y El Salvador durante 2023; entre ellas tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estado de México. Otras 47 compañeras fueron objeto de intentos de asesinato que, afortunadamente, no se consumaron. Los feminicidios y transfeminicidos contra defensoras suelen ser la última agresión, la culminación de una serie de violencias reiteradas que se cometen de forma impune con el objetivo de silenciarnos. Las nombramos a todas ellas, para que su memoria y la dignidad de sus luchas prevalezca.

• Con el objetivo de desgastarnos, generarnos miedo y detener nuestras luchas, nuestros agresores recurren de forma sistemática a una diversidad de agresiones. Principalmente se caracterizan por el hostigamiento constante (856) y la vigilancia (364), también involucran amenazas (471) y diferentes expresiones de violencia como la violencia psicológica (398), física (283) y verbal (213).

Asimismo, en 2023 hemos identificado tres modalidades de agresión que han cobrado especial relevancia, tanto por su incremento como por los impactos que generan en las compañeras que las sufren y sus entornos: 

• Desplazamientos forzados: Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022. Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras (168) y Nicaragua (69). A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos. 

• Criminalización: A nivel regional, registramos 130 inicios de causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. En total, documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo. Además, en 2023 identificamos un conjunto de agresiones que tienen como objetivo generar desprestigio social a las defensoras como un primer paso dentro de un largo proceso de criminalización, destacan entre éstas la divulgación de hechos falsos (238) y las campañas de desprestigio (200).  

• Violencia digital: En 2023 documentamos 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras, lo que representa 20% del total de agresiones registradas. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico. La mayor parte de estas agresiones fueron perpetradas contra defensoras de manera indivual (61.8%). Entre las agresiones digitales destacan 159 agresiones vinculadas a la divulgación de hechos falsos o manipulados que hacen referencia a defensoras o a organizaciones para provocar su desprestigio social; 152 agresiones que involucran cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, credibilidad, profesionalidad o moral de las defensoras; 105 campañas de desprestigio; 102 hostigamientos por medios digitales; 90 casos de ciberacoso o ciberbulling; y 72 amenazas.

 

¿Quiénes nos agreden?

• Siguiendo con la tendencia histórica de nuestro registro, en 2023 el Estado volvió a ser nuestro principal agresor. Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%). Sin embargo, sabemos que con frecuencia las autoridades nos agreden para proteger intereses y actores privados. Asimismo, uno de cada cuatro perpetradores (25,4%) fueron personas desconocidas, tanto físicas (11,6%) como virtuales (13,7%).

Una mirada a los países

El Salvador

• Durante 2023 documentamos un total de 188 agresiones a defensoras y organizaciones o grupos de defensa de derechos humanos en El Salvador.

• Este año se caracterizó por la continuidad de la deriva autoritaria del gobierno mediante el deterioro de la independencia de poderes del Estado, la consolidación de la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el bloqueo de las libertades fundamentales (libertad de expresión, circulación, reunión y asociación), a través de las políticas de seguridad impuestas por Nayib Bukele, reelecto en febrero 2024 como presidente del país. El régimen de excepción que inició el 27 de marzo del 2022 se mantiene hasta la actualidad; con la continuidad de la militarización del territorio por el ejército y la policía y la detención masiva de personas consideradas sospechosas de pertenecer o colaborar con las pandillas, discurso que ha servido para encubrir la criminalización de personas identificadas como opositoras al gobierno. Al inicio del 2023 alertamos sobre la instrumentalización del poder judicial para desprestigiar y criminalizar a lideres y lideresas comunitarias y defensoras y defensores ambientalistas de Santa Marta, comunidad que ha sido firme en la lucha contra el extractivismo minero y en la reivindicación de la memoria histórica. Posteriormente, en mayo, tambien alertamos la detención arbitraria del hijo de la defensora Vidalina Morales, ambientalista y líderesa de la  Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta.

• El grupo de defensoras contra quienes documentamos más agresiones en El Salvador son las defensoras de derechos sexuales y reproductivos (62%), seguido por defensoras del derecho a la información y libertad de expresión (12%). La mayor parte de estas agresiones se registraron en el mes de marzo (62%) vinculado a los ataques de grupos antiderechos en el marco de la audiencia del Caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tuvo lugar el 22 y 23 de marzo 2023. 

• En un contexto de control y vigilancia desde el entorno digital por parte del gobierno, identificamos que 78,7% de las agresiones contra defensoras se perpetraron a través de medios digitales: redes sociales, correo electrónico, sitio web o llamadas o mensajes al celular. La mayor parte de estas agresiones tienen como objetivo la estigmatización del trabajo de defensa de derechos: registramos 38 agresiones vinculadas a campañas de desprestigio, 28 acciones de divulgación de hechos falsos o manipulados relativos a las defensoras y 21 cuestionamientos o puesta en duda de la ética o moral de las defensoras. Los perpetradores de estas agresiones en muchas ocasiones son usuarios virtuales desconocidos (22%), sin embargo, también identificamos entre los perpetradores a funcionarios públicos de alto rango, así como a medios de comunicación afines al presidente y al partido de gobierno que se encargan de difamar y criminalizar la defensa de derechos en discursos públicos y redes sociales

Honduras³

• En 2023 documentamos 2,694 agresiones a defensoras y organizaciones o grupos de defensa de derechos humanos en Honduras.

• Desde el 6 de diciembre de 2022 se mantiene un estado de excepción que el gobierno hondureño justifica como respuesta a un repunte de los casos de extorsión, sicariato y secuestros. En la práctica, se ha convertido en una política permanente de seguridad. Esto ha significado la suspensión de derechos a la libertad y libre circulación, así como la posibilidad de detención o allanamiento sólo por sospecha. Estas medidas estigmatizan a sectores populares, a la vez que deshumanizan y resultan en la perdida de derechos de cualquier persona acusada de ser integrante o cercana a las maras. Por otro lado, se otorga un amplio poder e impunidad a las fuerzas de seguridad para actuar arbitrariamente ante quienes oponen resistencia ante los intereses de terratenientes, empresas, proyectos extractivos y otros poderes fácticos. 

• En este contexto, en 2023 las agresiones aumentaron 125% respecto a 2022. Esto responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos y utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes. De esta manera, la mayor parte de estas agresiones son perpetradas de forma colectiva (81%), en territorios en disputa de la costa norte (66%) y están dirigidas en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales (76%). Cabe destacar que documentamos un total de 28 desalojos en los que defensoras y familias enteras perdieron sus proyectos vitales.

• Las principales agresiones documentadas en contra de defensoras en Honduras son hostigamientos (512), violencia psicológica, verbal o física (426), amenazas — que suelen ser de muerte — (267), y vigilancia, monitoreo y acecho a las prácticas de la vida cotidiana (196). Asimismo, consideramos alarmante el aumento de desplazamientos forzados colectivos, que pasaron de 19 en 2022 a 169 en 2023. Estos desplazamientos se dieron a lo interno del país en contextos de desalojos como los perpetrados contra las integrantes de la red de mujeres campesinas Las Galileas o el grupo campesino Agua Blanca Sur, quienes además han vivido agresiones sistemáticas dirigidas a criminalizar la defensa de su derecho a la tierra: hostigamientos, amenazas, daños a la propiedad, campañas de desprestigio, divulgación de hechos falsos y detenciones arbitrarias por el supuesto delito de usurpación de tierra.

• Asimismo, identificamos una continuidad en las agresiones contra la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Destacamos las que se han cometido en contra de su coordinadora Miriam Miranda — divulgación de hechos falsos y amenazas contra su vida — así como así como graves ataques contra sus comunidades, como los incendios provocados de sus casa de salud y sus campamentos de resistencia.

 

México

• Durante 2023, en México documentamos 1,824 agresiones a defensoras de derechos humanos y organizaciones o grupos. Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas de forma colectiva (1,011). Asimismo, registramos un aumento de 45% de agresiones contra organizaciones o grupos en relación a 2022, la mayor pate de estas agresiones fueron perpetradas contra colectivos de buscadoras de personas desaparecidas. Los Estados donde se perpetraron la mayor parte de las agresiones fueron Yucatán (10%), Puebla (9%), Jalisco (7%), Querétaro (6%) y Michoacán (6%). La Ciudad de México, dado su peso poblacional, se mantiene también como uno de los lugares con mayores agresiones (14%).

• Siguiendo la tendencia del año precedente, el 33% de las agresiones se dieron en contra de periodistas y defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión (30% en 2022). Continuó el aumento en el porcentaje y la gravedad de agresiones contra defensoras de la verdad, justicia y reparación (21%). Entre éstas destacan el feminicidio de tres defensoras buscadoras, intentos de feminicidio, el seguimiento, amenaza y vigilancia a madres buscadoras, agresiones de policías estatales en manifestaciones de quienes exigen la localización con vida de personas desaparecidas. Respecto al año anterior también se presentó un incremento de 20% en las agresiones contra las defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales. Documentamos 349 agresiones contra este grupo de defensoras, lo que representa 19% del total de defensoras agredidas en el país durante el año. Estas defensoras muchas veces se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.

• Por otro lado, en 2023 las agresiones digitales hacia defensoras (446) aumentaron en México 41% respecto a 2022. Las agresiones por medios digitales más frecuentes son los impedimentos o ataques por comunicar y/o recibir información (56), los cuestionamientos o puestas en dudas del liderazgo, credibilidad, profesionalidad o moral de la defensora (55) y las amenazas (54). Por ejemplo, en abril de 2023 documentamos agresiones digitales como el hackeo y amenazas a medios de comunicación que promueven los derechos de las mujeres perpetrados por grupos antiderechos.

 

Nicaragua

• En 2023 se resgistraron 1,508 agresiones contra defensoras, organizaciones y grupos nicaragüenses de defensa de derechos humanos. Respecto a 2022, identificamos la reducción significativa de agresiones institucionales, dado que durante dicho año la mayor parte de las organizaciones de defensa de derechos fueron ilegalmente clausuradas. En un contexto de cierre absoluto de todos los espacios de participación y defensa de derechos humanos, durante 2023 el foco de las agresiones se manifestó de forma individual (58%) y en agresiones colectivas (37%) hacia defensoras presas políticas, sus familiares y personas desterradas. Del total de agresiones, la mayoría fueron contra quienes defienden el derecho a la participación política de las mujeres (34%), defensoras feministas que defienden diversos derechos de las mujeres (22%) y víctimas, familiares de víctimas o personas que acompañan la búsqueda de la verdad, justicia y reparación ante graves violaciones de derechos humanos.

• A inicios del 2023, documentamos 49 agresiones de destierro, despojo de ciudadanía o permiso de residencia a defensoras. Dándose éstas en el marco de la excarcelación de 222 personas presas políticas, ocurrida el 9 de febrero, y la posterior acusación, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes de otras 94 personas, entre las cuales había 23 defensoras, periodistas y activistas de derechos humanos. A partir de mayo, continuaron las detenciones arbitrarias y la desprotección legal de las defensoras con detenciones sin orden judicial, juicios que se celebran de forma exprés, a través de videollamadas, en la noche y/o sin el traslado de la persona acusada al Complejo Judicial, sin derecho a la elección de su defensa y bajo las acusaciones de “conspiración contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

• Sobre los procesos de criminalización a defensoras en Nicaragua documentamos diferentes tipos de agresión: 30 detenciones arbitrarias; 28 desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero posterior a detenciones arbitrarias; 44 inicios de causas judiciales y 42 agresiones que implican desprotección legal por actos arbitrarios de las autoridades. De las defensoras detenidas, 13 continúan como presas políticas hasta la fecha de publicación de estos datos, mientras que otras fueron liberadas y obligadas a permanecer en sus casas y presentarse a firmar de forma periódica ante agentes policiales, encontrándose en una situación de muerte civil de facto al no permitírseles trabajar o movilizarse libremente. Adicionalmente, documentamos la alarmante situación de las defensoras presas políticas, quienes se enfrentan a tortura (4 casos documentados) y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes (40 casos documentados), así como la negación del acceso diario a patio, sol, acceso a agua potable y asistencia médica profesional de calidad. En el último trimestre del año,se ha constatado que sus familiares expresan preocupación tanto por el desgaste físico y emocional de las defensoras, como por las afectaciones que su privación de libertad provoca en el entorno familiar: deterioro de la situación económica de los hogares, impactos emocionales en hijas, hijos e hijes, y el riesgo y vulnerabilidad ante la vigilancia periódica que reciben. 

• En muchos casos, las defensoras nicaragüenses se han visto forzadas a desplazarse fuera del país a causa de las violencias que enfrentan, alejándose de sus familias, comunidades y colectividades. En 2023 registramos 69 desplazamientos forzados personales, siendo el año con mayor cantidad de desplazamiento de defensoras desde el inicio de la represión guberbamental que inicio en 2018.

• Finalmente, es relevante destacar que 33.6% de las agresiones documentadas en 2023 en Nicaragua se produjeron en el entorno digital. Identificamos el aumento de agresiones virtuales en contra de defensoras feministas que en la década de 1980 participaron en la revolución sandinista. Estas agresiones, perpetradas por usuarios virtuales afines a grupos de ultraderecha, incluyen con frecuencia divulgación de hechos falsos y violencia verbal con expresiones misóginas que hacen referencia a la orientación sexual, edad u apariencia física de las defensoras.

1. Todos los datos presentados en este informe son de carácter preliminar, obtenidos en marzo 2024. El proceso de documentar y validar información de nuevas agresiones a defensoras es constante por lo que los datos pueden sufrir algunas variaciones a futuro. ↩︎︎
2. Total de defensoras: Para evitar duplicación el total de defensoras agredidas excluye y suma una sola vez a defensoras que recibieron agresiones personales y colectivas (84 defensoras recibieron agresiones tanto personales como colectivas en 2023). Igualmente, está cifra excluye a defensoras agredidas de forma colectiva que no fueron identificadas. ↩︎︎
3. Ver Rebeldes y persistentes. Informe de la realidad de las defensoras en Honduras 2023, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. ↩︎︎