Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos - El viernes 19 enero se decretó detención provisional a los 5 lideres comunitarios y defensores ambientalistas detenidos la semana pasada en la comunidad de Sta. Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas, un fallo que evidencia la presunción de culpabilidad por un supuesto delito ocurrido durante el conflicto armado.

La defensa de los lideres señala que las pruebas que presentó la fiscalía durante esta audiencia preliminar, quedaron desacreditadas por ser contradictorias entre sí y los lideres comunitarios dijeron que ellos ni siquiera estaban en Santa Marta el año que supuestamente ocurrió el hecho; sin embargo, la parte acusadora argumenta que “Se basan en una sospecha probable”, demostrando la intención de criminalizarles a toda costa, pues para que una jueza dicte prisión preventiva de seis meses, deben existir indicios sólidos y no como en este caso, donde además, se les acusa de “Asociaciones ilícitas”, delito establecido en el régimen de excepción impuesto desde hace nueve meses en el país.

"Esta detención es un verdadero castigo para nuestra comunidad histórica que por más de 35 años lo único que ha hecho es exigir sus derechos y gozar de una vida plena con dignidad”, dijo Vidalina Morales, Pdta. de la Asociación para el Desarrollo Social, ADES Sta. Marta, organización a la pertenecen Teodoro Antonio Pacheco (Director ejecutivo ADES), Saúl Agustín Riva(asesor legal), Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, los cinco lideres criminalizados.

“Creemos que el trasfondo de esta situación se basa en todas las luchas históricas, nos hemos articulado en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, el Foro Nacional de la Salud exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos y ahora se nos castiga”, dijo la lideresa. La comunidad de Sta. Marta es reconocida dentro y fuera de El Salvador, por exigir justicia por la cruda violencia que vivió en los años 80's durante el conflicto armado.

"Todas y todos tenemos familiares cercanos que fueron asesinados, hay nombres de cómplices de estos asesinatos, pero ahora la comunidad pasa de ser víctima a ser victimaria; así actúa el sistema de justicia en nuestro país”, expresó Vidalina.

La Fiscalía General de la República Fiscalía General de la República (FGR) junto a la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a los lidere en operativos simultáneos la madrugada del 11 de enero en la Comunidad de Sta. Marta y el municipio de Guacotecti. Santa Marta es una repoblación integrada por exiliados y ex combatientes de la guerra civil, ubicada en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, en su seno surge ADES, reconocida por su aporte en la protección del medio ambiente, la lucha contra la minería metálica y el desarrollo social comunitario.

Investigar crímenes cometidos durante la guerra civil ha sido una demanda histórica, la verdad y reparación para las víctimas, pero esto “muestra su selectividad en la aplicación de justicia” pues ese mismo Estado se ha negado a investigar y procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad como la masacres perpetradas en la misma Sta. Marta y comunidades aledañas por parte de la Fuerza Armada y grupos paramilitares, señalan en un pronunciamiento más de 250 organizaciones firmantes.

Estas detenciones pretenden desprestigiar la labor histórica de defensa ambientalista, es un acto de persecución política en el marco de una ofensiva estatal contra organizaciones comunitarias y de la sociedad civil y que podría estar relacionada con las intenciones del actual gobierno de retomar proyectos de explotación minera.

Junto a otras organizaciones nos sumamos a la exigencia hacia el Estado para que el proceso sea fuera de las disposiciones del Régimen de excepción, que las diligencias se hagan con los detenidos en libertad, que cese a la descalificación, estigmatización y persecución contra las comunidades y sus organizaciones.

A la Fiscalía General de la República le hacemos el llamado a retomar su deber de proteger a las víctimas y no criminalizar a quienes defienden derechos ambientales.

Llamamos a la comunidad internacional a estar atenta a El Salvador y acompañar la denuncia de las organizaciones que están siendo criminalizadas por su labor de defensoría de derechos humanos.