La madrugada de este 19 de septiembre al menos cuatro hombres desconocidos y fuertemente armados ingresaron a la comunidad de Vallecito, Colón y rodearon la casa de Miriam Miranda, coordinadora y defensora garífuna de la OFRANEH.
Responsables de seguridad comunitaria de Vallecito pidieron a los desconocidos identificarse, pero estos huyeron del lugar. Sin embargo, los compañeros de seguridad lograron identificar que los hombres portaban fusiles de asalto y que no pertenecían a la comunidad garífuna. Además, escucharon que estos expresaron que la próxima vez vendrían a lo seguro.
Este hecho se da en el marco de la visita a este territorio de integrantes del Comité Técnico del Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos, a la cual, finalmente no se hicieron presentes ni la Procuradoría General de la República, ni el departamento de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad, ni la Fiscalía de derechos humanos del Ministerio público. Ello pese a que la cita estaba programada desde el mes de agosto y que muchas personas integrantes de las comunidades garífunas, así como miembras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras e Indígenas (CONAMINH) ya se habían desplazado hasta la comunidad de Faya.
El ataque contra Miriam Miranda y el desinterés de las instituciones del Estado para garantizar su seguridad y la de las comunidades garífunas se da en un contexto prolongado de agresiones, criminalización, persecución, hostigamientos y asesinatos que la población garífuna de Honduras ha enfrentado durante décadas.
En agosto de 2022, luego de manifestarse por la defensa y recuperación de sus territorios y exigir la aparición con vida de los cuatro jóvenes garífunas desaparecidos de manera forzada hace más de tres años, Miriam Miranda fue perseguida por los delitos de privación ilegal de la libertad y perturbación del orden público. En febrero de ese mismo año, la defensora garífuna recibió mensajes de texto con amenazas que atentaban contra su vida y la de su familia, “estás advertida” señalaron, desde un número telefónico desconocido.
Las agresiones e incidentes violentos contra la comunidad garífuna, así como la persecución y amenazas contra la vida de sus líderes por la defensa de su territorio, bienes comunes y culturas ancestrales, van en aumento. El pasado mes de mayo el pueblo garífuna conmemoró 226 años de despojo, resistencia y lucha: sin embargo, continúan los asesinatos contra líderes de la OFRANEH; así como los ataques contra la espiritualidad y la cosmovisión garífuna, como el ocurrido en abril de 2023 con la quema de la Casa de Salud Ancestral de la OFRANEH , ubicada en la comunidad de San Juan.
Todo ello a pesar de que las comunidades garífunas han exigido a nivel nacional e internacional la garantía de sus derechos. Gracias a su lucha y en reconocimiento a las múltiples violaciones de derechos humanos en su contra han recibido sentencias y medidas provisionales del máximo tribunal de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En estas se ha ordenado reiteradamente al Estado de Honduras que adopte una serie de medidas para el cese de la violencia en contra de las comunidades y la protección de sus derechos ancestrales sobre el territorio. El Estado, lejos de cumplir con sus obligaciones, ha contribuido al incremento de la violencia en las comunidades.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras denunciamos y condenamos esta nueva agresión contra Miriam Miranda y la OFRANEH.
Nos preocupa la gravedad de este atentado que pone en riesgo la integridad física y emocional de Miriam Miranda y de las comunidades garífunas y pertenecientes al OFRANEH.
Hacemos un llamado urgente al Mecanismo Nacional de Protección para garantizar las medidas necesarias que permitan salvaguardar la integridad física y emocional de Miriam y pueda continuar con su legítima labor de defensoría del pueblo garífuna. Además, responsabilizamos al Estado por cualquier hecho de violencia que pueda darse en su contra. Exigimos también al gobierno hondureño una actuación inmediata, responsable y efectiva ante estos hechos, así como el respeto a la identidad y autonomía del pueblo garífuna.
Finalmente hacemos un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar alertas ante esta situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los territorios y derechos ancestrales del pueblo garífuna y a pronunciarse en contra de estos hechos.