CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA: HONDURAS

En 2009, el ejército, en complicidad con las oligarquías del país y el beneplácito de Estados Unidos, dio un golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya, entonces en el Partido Liberal de Honduras (PLH), de orientación progresista y alineado con el eje geopolítico latinoamericano encuadrado en el ALBA. Este golpe de estado truncó el orden constitucional con la imposición de un gobierno de facto y dio inicio a 12 años de narco-dictadura del Partido Nacional de Honduras (PNH). Desde entonces, el país atraviesa una grave crisis en cuyo marco se han agudizado las políticas neoliberales de privatización de servicios públicos, precarización de la sociedad y despojo territorial a comunidades campesinas, indígenas y garífunas en beneficio de empresas extractivas trasnacionales y terratenientes locales.

La ejecución del golpe de estado posibilitó y aceleró la entrega del territorio y los bienes naturales a grupos de poder fáctico local y extranjero. Si bien el extractivismo en Honduras ha sido una constante de herencia colonial, el golpe de estado marca un hito al constituir el inicio de una etapa en la que el extractivismo depredador, violento, racista y patriarcal ha sido impuesto de forma brutal y desacomplejada en todo el país.

Durante varios años, Honduras ha sido señalado en informes de organismos internacionales como uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender derechos humanos. El Análisis Global de Front Line Defenders 2024 ubicó a este país en el sexto lugar de los países de América y el noveno del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas. 

El asesinato, en marzo de 2016, de nuestra compañera Berta Cáceres, feminista y lideresa comunitaria indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque, supuso un punto de inflexión, tanto en Honduras como en el resto de la región, al dar visibilidad al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas en las luchas contra el extractivismo capitalista y hacer patentes las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que éstas se enfrentan. 

Desde la siembra de Berta Cáceres hasta diciembre de 2025 fueron asesinadas 11 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el país.

Durante el mandato presidencial de Juan Orlando Hernández —del PNH, electo en 2013 y reelecto en 2017 en un proceso fraudulento y anticonstitucional— se configuraron estructuras políticas de fomento del narcotráfico y se consolidaron redes de corrupción en los diferentes poderes estatales, con una fuerte alianza entre las fuerzas armadas —con la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP)— y la Policía Nacional, encargadas de vigilar el transporte de la droga por vía terrestre, marítima y aérea. Aunado a lo anterior, se alentó el fortalecimiento de estructuras criminales que amenazan la vida, la seguridad y la tranquilidad en los diversos territorios. Las masivas protestas populares en repudio del fraude electoral de 2017 fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad de Estado: militarización, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y asesinatos.  

A finales de 2021, como expresión del hartazgo de la población, Honduras eligió a la primera mujer presidenta de su historia: Xiomara Castro, del Partido Libre, de orientación progresista. Pese a las esperanzas que generó su elección en algunas organizaciones y movimientos sociales, se han mantenido prácticas abusivas y corruptas por parte de instituciones públicas, como la Policía Nacional y el sistema de justicia, que actúan en beneficio de los intereses de terratenientes y empresas que buscan privatizar los bienes comunes. 

Desde el 6 de diciembre de 2022, se impuso a través de decretos emitidos por la presidencia, y con renovación consecutiva, un Estado de Excepción que suspendía las garantías constitucionales y declaraba estado de emergencia en 226 de los 298 municipios del país con el argumento de garantizar la seguridad. Estas políticas no abordaron los problemas estructurales del país, sino que afectaron desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas, reforzando la discriminación de la pobreza, el control social y la desigualdad. Así, durante este período se profundizó la militarización y permanecieron intactas las estructuras que mantienen en situación de riesgo y conflicto a las defensoras de derechos humanos. La militarización del territorio ha facilitado el constante acecho, acoso y vigilancia hacia ellas y sus comunidades, así como la validación de las arbitrariedades, detenciones ilegales y uso de la fuerza cometidas por agentes policiales o militares contra la población.

Actualmente, perviven las políticas de despojo territorial y el extractivismo a través de desalojos y la criminalización de comunidades en resistencia y las defensoras que las integran. 

Según datos de nuestro Registro de agresiones, 64.1% del total de agresiones que registramos en Honduras (2012-2025) se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (8,373). 

Hemos asistido a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, la cual, lejos de atender el problema del campesinado, ha legitimado desalojos masivos y ha instrumentalizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra con el objetivo de favorecer los intereses de las empresas extractivistas y los terratenientes.

En el Bajo Aguán el extractivismo y la conflictividad agraria sin resolver genera mayor riesgo para las defensoras y defensores a partir de las políticas de terror ejecutadas entre Estado, capital privado y crimen organizado. El 14 de septiembre de 2024 asesinaron a Juan López, miembro fundador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de (CMDPCP) de Tocoa, Colón. A pesar de contar con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado fue negligente y no lo protegió. Juan fue asesinado por su labor en defensa del Río Guapinol y los bienes naturales que son saqueados y destruidos por los proyectos extractivos y mineros de la empresa Pinares Ecotek. La muerte de Juan se dio luego de exigir la renuncia del alcalde, Adán Funez por sus nexos con el narcotráfico. 

Desde el golpe de estado a la actualidad, el avance de megaproyectyos turísticos, la instalación de plantaciones de palma aceitera y el fortalecimiento del narcotráfico han impulsado los procesos de despojo de tierras ancestrales del pueblo garífuna. Los ataques contra las comunidades y liderazgos de este pueblo han aumentado, registrándose ataques contra las comunidades de Punta Piedra, Punta Gorda, San Juan, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia.

El Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes encargado de investigar el asesinato de Berta Cáceres puso de relieve cómo las violencias que enfrentó Berta y que siguen enfrentando las defensoras del territorio y las comunidades y organizaciones que resisten frente a las presiones del capital reflejan la realidad que vivimos las defensoras en toda Abya Yala, vinculando los hechos investigados con la violencia racista, patriarcal e institucional con la que el sector corporativo, la oligarquía y el Estado han actuado y actúan para deshacerse de quienes legítimamente habitan los territorios y resultan incómodos para sus intereses. Debido a la exigencia de justicia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se ha logrado el enjuiciamiento y la sentencia firme de ocho personas autores materiales y de algunos co-autores intelectuales. Sin embargo, el Estado hondureño desconoce los resultados del giei y continua la impunidad de quienes el informe señala como los principales responsables intelectuales del crimen: la familia Atala Zablah.

El 26 de junio de 2024 Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico en Nueva York; sin embargo, fue indultado por Donald Trump el 1 de diciembre de 2025, dos días antes de las elecciones generales en Honduras, junto a un mensaje de respaldo al ahora presidente Nasry Asfura, evidenciando una vez más la injerencia de Estados Unidos en las decisiones soberanas del pueblo hondureño.

Con este nuevo mandato del PNH, se está acelerando la apropiación extractivista de los territorios y bienes comunes a través de campañas de estigmatización y violentas “operaciones” de despojo territorial que ponen en grave riesgo la vida y las luchas de las defensoras hondureñas y sus comunidades. 

En mayo 2026, 19 personas campesinas de Bajo Agúan fueron asesinadaspor hombres armados con indumentaria militar y policial. En junio de 2026, el Congreso Nacional aprobó la “Ley Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas”, la cual está diseñada para proteger los intereses de los grandes grupos económicos y facilitar el despojo de los pueblos, dando vía libre a los desalojos de las comunidades y a la persecución y criminalización de las personas defensoras del territorio.

CONECTIVIDAD

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), en 2024 nueve de cada diez hogares en Honduras tenía acceso a algún tipo de equipo vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación. De los más de dos millones seiscientos mil hogares, alrededor de 88.3% tenían acceso a teléfono celular y sólo 16.1% contaba con acceso a computadora, la mayoría de ellos en el área urbana. 

El mismo estudio indica que, a junio de 2024, 4.9 millones de personas contaba con acceso a internet, lo que representa poco más de la mitad (54.8%) de la población con edad superior a cinco años, y que 86.9% manifestó usarlo al menos una vez al día. Los desafíos de acceso y conectividad más pronunciados son en las zonas rurales, entre personas de sesenta o más años, y entre quienes se encuentran en quintiles de ingresos más bajos y menor nivel educativo. La gran mayoría (93.3%) de quienes usan internet se conectaron a través de un celular inteligente, mientras que 2.4% lo hicieron por medio de una computadora portátil, 2.6% a través de una computadora de escritorio y 1.1% desde una tableta. 

En cuanto al uso del internet en 2024, predominó el propósito de la comunicación (89%) y entretenimiento (57.8%), mientras que 22.8% lo utilizó para búsqueda de información (noticias o navegación por la web en general).

PROTECCIÓN DE DATOS

La privacidad, como derecho universal, está legislada en los artículos 76 y 100 de la Constitución y, aunque no existe una ley de protección de datos, en el artículo 182 se reconoce la garantía de habeas data, un recurso legal que permite a una persona acceder, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella exista en bases de datos, sean públicas o privadas.

Respecto al tratamiento de los datos personales, se han presentado situaciones preocupantes. Por ejemplo, en 2020, durante la suspensión de garantías constitucionales por la sindemia, el gobierno elaboró internamente un informe con nombres, edades y domicilios de personas contagiadas —es decir, datos personales— que posteriormente fue filtrado y difundido públicamente.

Con todo, no hay un marco jurídico de ciber-seguridad que proteja los datos digitales frente a abusos potenciales por parte de actores provenientes del sector público o privado. Los proveedores de tecnologías tienen acceso a datos personales que pueden vender con fines publicitarios o para entregárselos al gobierno si éste lo solicita.

DERECHOS DIGITALES

El nuevo Código Penal, aprobado en 2019, generó desconfianza y críticas de parte de la población organizada, pues estaba diseñado para favorecer la impunidad y la corrupción, reduciendo las penas asociadas a los delitos de violación, tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito. Aun así, un aspecto importante es que, entre sus disposiciones, incluyó la de juzgar con perspectiva de género, la figura de femicidio y el reconocimiento de los delitos contra la seguridad digital.

La reforma incluye artículos que refieren los delitos de acoso, extorsión, usurpación, robo de identidad, discriminación en el ejercicio de derechos, delitos contra la dignidad y el honor, y delitos contra la integridad moral en casos de violencia cibernética. Sin embargo, el reconocimiento del ciberdelito como figura penal aún es inexistente, ya que no se valoran los delitos que son perpetrados en línea ni existe una unidad especial de delitos cibernéticos. En este caso, es necesario exigir al Estado hondureño que tipifique en su código penal los delitos cibernéticos con base en lo estipulado por  el Convenio de Bucarest sobre Ciberdelicuencia.

Adicionalmente, identificamos algunos proyectos de ley sobre derechos digitales:

• En 2018 se propuso modificar el Código Penal con la promulgación de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, la cual a priori podía suponer un avance en materia de derechos digitales. No obstante, la ambigüedad de la reforma también abría la posibilidad de usarla para sancionar la libertad de expresión, censurando la denuncia pública en redes sociales debido al riesgo de ser interpretada como difamación.

• En marzo de 2026, activistas feministas, organizaciones y algunas mujeres representantes del Congreso Nacional lanzaron una nueva iniciativa de Ley contra la violencia en redes sociales y plataformas digitales: la Ley Olimpia, inspirada en la ley mexicana con el mismo nombre (Serén, 2026). La propuesta busca establecer una definición clara de la violencia digital basada en género para reconocer y sancionar conductas promovidas mediante tecnologías que afectan la dignidad, la intimidad o la reputación de las mujeres en entornos digitales. La ley propone crear mecanismos de denuncia rápidos y accesibles para las víctimas. Además, desarrolla protocolos para la investigación y preservación de evidencia digital, a la vez que establece obligaciones de cooperación para las plataformas digitales. Por último, la iniciativa plantea impulsar programas de alfabetización digital con enfoque de género y capacitación a personas operadoras de justicia y fuerzas de seguridad en la atención de casos de violencia de género.

Todos las defensoras hondureñas encuestadas afirman que el uso de las tecnologías se ha dado de manera acelerada y les ha demandado un gran esfuerzo personal y organizacional, transformando su trabajo como defensoras y su trayectoria de vida. Las dificultades identificadas van desde las condiciones de acceso a la tecnología y al internet o la edad en la que se empiezan a utilizar, hasta el miedo, la inexperiencia o la inseguridad por un posible mal uso.

También reconocen que las violencias que enfrentan por su labor de defensa de derechos, como la vigilancia, el acoso y las campañas de desprestigio, se potencian con las tecnologías impactando también en su círculo familiar y tejido organizativo.

Su relación con la tecnología se centra principalmente en el uso de dispositivos móviles, ya que algunas carecen de computadora con la que crear o acceder a materiales de comunicación (revistas, carteles o afiches, videos, etcétera). Ninguna de las encuestadas, pertenecientes a distintas generaciones y agendas, se considera experta en materia de tecnología y protección digital: todas, en cierta forma, reconocen que saben menos de lo que quisieran.

En la práctica, hemos corroborado la importancia del uso de plataformas y redes sociales, así como de herramientas y hábitos de cuidado digital en las organizaciones, debido al riesgo de las actividades de defensoría. Asimismo, reconocen que los ataques digitales han transformado su activismo; por ejemplo, uno de los testimonios señala que el uso de redes sociales complicó el trabajo de su organización, debido a la necesidad de esforzarse para prevenir y mitigar los efectos de estos ataques. El testimonio de otra defensora, quien se vio forzada a cerrar algunas de sus plataformas por el acoso que vivía, afirma que:

“En el transcurso del tiempo, en vez de usarlas más, he reducido su uso”.

De acuerdo con nuestro registro de agresiones, entre 2020 y 2025 se dieron 1,046 agresiones digitales en Honduras, una cifra que ha aumentado de manera sostenida año tras año. Más de la mitad (53%) de estas agresiones estuvieron dirigidas en contra de defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales. 

Todas las defensoras hondureñas encuestadas defienden más de un derecho, destacando: la defensa del derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de la tierra, el territorio, el agua y otros bienes naturales. Reconocen que las agresiones en el territorio digital tienen un carácter sistemático y están vinculadas a su activismo; y que siempre, o casi siempre, que hacen uso de la tecnología se sienten vulnerables a ataques. Los motivos de ello apuntan a la identificación de un contexto donde su activismo las pone en riesgo, donde hay un aumento de los ataques digitales y donde, por tratarse mayoritariamente de perpetradores desconocidos, prevalece la impunidad. En menor medida, las defensoras identifican que la vulnerabilidad ante estas agresiones está relacionada con su propia inseguridad respecto a sus conocimientos tecnológicos y sobre seguridad digital.

Dimensión patriarcal y racista en las agresiones

Los ataques facilitados por la tecnología reproducen mensajes racistas, misóginos y clasistas contra organizaciones y defensoras con el objetivo de deslegitimar sus luchas ante la opinión pública.

Las campañas de desprestigio contra los pueblos indígenas han sido un mecanismo de dominación histórico, utilizado desde la colonia por los poderosos para justificar genocidios y despojo territorial. En la actualidad, estas narrativas de superioridad se reciclan y encuentran nuevos espacios de difusión en el territorio digital, donde los modelos de "desarrollo" europeos se presentan como sinónimo de "civilización" frente a pueblos considerados "salvajes", "bárbaros" e "incivilizados".

Las agresiones estigmatizan a las defensoras y sus organizaciones con mensajes que presentan sus luchas, cosmovisiones y prácticas espirituales como enemigas del “progreso” por oponerse a proyectos neocoloniales que amenazan la vida y los derechos de las comunidades, como la minería, las represas o el turismo. Hemos registrado agresiones con mensajes del tipo: “no trabajan y quieren todo regalado”, “roba tierras”, “no respetan a los extranjeros que compran en el país” o “regrésense a África”.

Asimismo, la violencia se dirige con especial saña hacia las lideresas populares y sus agrupaciones u organizaciones —mayoritariamente de mujeres— y se ejerce a través de relaciones desiguales de poder, ya que los atacantes son autoridades estatales, poderes fácticos y simbólicos que les generan sentimientos de intimidación, amenaza y miedo.

Según varios testimonios, las mujeres con voz pública y liderazgo sufren más agresiones como un mecanismo aleccionador del patriarcado dirigido a toda la población hondureña. Hemos documentado mensajes como “regrésense a la casa” o “váyanse a cocinar y limpiar”, con el explícito sentido político de que la vida pública está prohibida para las mujeres, en especial para las mujeres indígenas y garífunas que son portavoces de los movimientos populares.

Con frecuencia, el discurso de desinformación contra las defensoras contiene insultos y comentarios sexualizados que remite a estándares patriarcales acerca de lo que debe ser una buena mujer, una buena indígena o una buena hondureña. De acuerdo con un testimonio, los ataques versan sobre:

“Cuestionar cómo vivimos, cómo nos vestimos, lo que hacemos, nuestra identidad como parte del pueblo Lenca, muchas cosas que se ponen en cuestión sobre todo para desacreditar”. 

Durante 2025 inició una fuerte campaña de desprestigio por medios digitales, redes sociales y televisión abierta contra las comunidades que integran la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), seguida de procesos de judicialización y criminalización de quienes luchan por la restitución de sus territorios ancestrales, así como hostigamientos, amenazas e incursiones armadas en múltiples comunidades. Entre el 6 y el 9 de octubre de 2025, programas pertenecientes a Televicentro —“Hoy Mismo”, “TN5 Matutino”, “Frente a Frente” y el portal “TuNota”— difundieron mensajes y comentarios cargados de prejuicios raciales que presentan falsamente a las comunidades y a la OFRANEH como “delincuentes”, “invasoras”, “enemigas del desarrollo” y “distribuidoras de droga y alcohol”. Ante esto, la  OFRANEH interpuso una importante denuncia ante el Ministerio Público contra la Corporación Televicentro por incitación al racismo y odio mediático.

En palabras de nuestra compañera Miriam Miranda, coordinadora general de la OFRANEH: “El racismo mediático no sólo nos difama, también nos pone en riesgo nuestras vidas. Lo que hizo Televicentro fue propagar odio racial y legitimar la violencia contra el pueblo garífuna”.

Las defensoras hondureñas encuestadas indican que las dos agresiones en el territorio digital que consideran más frecuentes son: el hostigamiento digital; diferentes formas de ciberacoso como publicar información falsa, campañas de desprestigio con mensajes racistas y misóginos, amenazas, etcétera; y la vigilancia o rastreo digital de dispositivos como el celular o la computadora.

Identificamos que para las defensoras es difícil encontrar una línea divisoria entre las categorizaciones técnicas del tipo de ataque digital que reciben, ya que estas agresiones están subordinadas a los efectos políticos que buscan provocar. Entre los principales propósitos de las agresiones, de acuerdo con los testimonios recogidos, se entrecruzan tres: garantizar la impunidad de quienes violan derechos humanos, desacreditar a las defensoras y a sus organizaciones, y amedrentar la lucha que lideran.

Los testimonios dan cuenta de diferentes expresiones de la violencia facilitada por la tecnología, destacando: las amenazas a su integridad, el acoso y la desinformación que busca criminalizarlas a ellas, a sus organizaciones y luchas.

1. Amenazas a la integridad de la defensora y su círculo. Este tipo de agresiones apunta a la integridad física y psicológica de las defensoras, ya sea con amenazas directas a través de las plataformas, o por medio de mensajes abiertos que incluso desaparecen tras ser leídos. La narrativa de estas amenazas se basa en la discriminación racial, sexual, espiritual y de género, provocando miedo y sentimientos de vulnerabilidad. Estos ataques suelen estar dirigidos contra la vida y la integridad sexual de la persona y su círculo cercano, y pueden derivar en ataques físicos.

   La activista Iris Alas, promotora de la Ley Olimpia en Honduras, vivió en 2022 la difusión de fotografías íntimas de cuando era adolescente en un grupo de Telegram llamado Catranuds que contaba con más de 200 mil miembros. Posteriormente recibió presiones, intentos de extorsión y amenazas de enviar más imágenes.

2. Campañas de desinformación. Desacreditar social y políticamente a los movimientos por las reivindicaciones territoriales, raciales y de género que llevan a cabo es uno de los métodos utilizados con el objetivo de provocar que las defensoras se desarticulen y renuncien a su labor. Este tipo de agresión va más allá de la difamación puntual a una persona u organización, consiste, más bien, en desplegar estrategias masivas, sostenidas en el tiempo y, usualmente, concertadas, para criminalizar a las defensoras acusándolas de delitos y malas prácticas, cuestionando su ética, trabajo y vida personal, y afectando su credibilidad social y política, así como la de su movimiento. Con este tipo de ataque se propone crear narrativamente un “enemigo”, con el propósito de polarizar la opinión pública. Las estrategias para desinformar son diversas, destacan la falsificación de páginas web y de perfiles de redes sociales, así como las campañas de criminalización. Los efectos de estas campañas son muy rentables para sus perpetradores, pues “aunque sean mensajes burdos, que uno dice: ‘¡quién les va a prestar atención!’, sí logran sembrar duda en personas que no tienen toda la información o que no sean aliadas de la lucha de los pueblos indígenas”, señala un testimonio.

   En 2025, el COPINH alertó estar siendo víctima de una campaña sistemática de desinformación: denunciaron 3,480 ataques en su contra en la plataforma “X” y más de 148 en “Facebook”; computándose así más de 3,628 ataques, hasta abril de 2025, realizados por, al menos, 72 cuentas o personas usuarias diferentes. Según el comunicado 02/2026 del COPINH: Luego de un análisis técnico se ha identificado a Carolina Atala Midence, hermana del prófugo de la justicia, Daniel Atala Midence, como promotora y partícipe de esta serie de campañas que tienen el objetivo de amenazar, difamar, estigmatizar y promover discriminación y odio en contra del COPINH y las hijas e hijo de Berta Cáceres. Carolina Atala y Daniel Atala son hijos de José Eduardo Atala Zablah y sobrinos de Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, dueños del proyecto Agua Zarca y jefes de David Castillo, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, sentenciados por el asesinato de Berta.

   La dinámica de ataques incluye la creación de páginas web con el nombre de Berta Cáceres, el pago de “bots” para generar publicaciones en Facebook, X y TikTok, el uso de Inteligencia Artificial, la creación de imágenes y videos con mensajes de odio y amenazas utilizando imágenes sangrientas haciendo referencia a COPINH y a Bertha Zúniga, hija de Berta. En el marco de estas campañas se difundió información confidencial sobre el COPINH y la familia de Berta Cáceres proveniente de los expedientes oficiales del Mecanismo Nacional de Protección.

3. Acoso. Este tipo de ataque sostenido en el tiempo es una carga para muchas defensoras, pues para enfrentarlo se ven obligadas a invertir tiempo y recursos. Una estrategia común para llevarlo a cabo es la denuncia masiva de sus cuentas de redes sociales y las de sus organizaciones, lo cual puede conllevar el bloqueo de sus perfiles durante meses; se une a ello el envío constante de insultos, principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea mediante mensajes abiertos o cerrados por X, Facebook, WhatsApp o Telegram.

   En 2022, luego del lanzamiento de la campaña “Honduras libre para decidir, ser y vivir”, la organización Somos CDC (Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI) denunció un ciberataque cuando un hacker ingresó a su página de Facebook y publicó pornografía, provocando que suspendieran su cuenta oficial. Antes de esto hecho, la organización también había recibido comentarios de odio en diferentes publicaciones en sus redes sociales.

   En 2020, alertamos sobre un ataque cibernético contra las compañeras de la plataforma Somos Muchas, quienes luchan por la despenalización del aborto en Honduras. Mientras realizaban la presentación de su investigación “Criminalización del aborto en Honduras”, a través de la plataforma digital de Zoom, cuando cuatro individuos irrumpieron en la sesión, en la cual participaban cerca de 140 personas, e inundaron el chat de la presentación con mensajes misóginos, sexistas y racistas. Además, varias de sus voceras han sido víctimas de acoso vinculadas a su activismo feminista y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

Aunque la mayor parte de las violencias digitales son perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, las sospechas sobre quiénes están detrás de las agresiones son muy diversas. Por un lado destacan las autoridades públicas, principalmente la policía; y por otro, distinguiéndose del resto de la región, actores privados como empresas, responsables de las mismas o agentes de seguridad. 

Los testimonios coinciden en que las plataformas digitales otorgan ventajas interesantes a los agresores: son masivas, fáciles de usar y permiten ocultar la identidad y viralizar la información. Una de las defensoras entrevistadas afirma que:

“Es una forma de acentuar el poder, porque tener información es poder: yo tengo esta herramienta y la utilizo para agredirte”.

Otro testimonio añade que, puesto que los perpetradores ya cuentan con los medios de comunicación masivos, las redes sociales son una herramienta más “para difundir mentiras útiles” que moldeen la opinión pública. En suma, los poderes fácticos tienen tal influencia que ni siquiera necesitan involucrarse directamente en los ataques ni financiarlos para incidir en la opinión pública.

Las defensoras han identificado en sus análisis de riesgo que los perpetradores intelectuales y materiales de la violencia por medios digitales varían de acuerdo con los derechos que defienden:

• En el ámbito de la defensa de la libertad de expresión se identifica al gobierno como principal perpetrador:

  “Siento que son grupos de respuesta pro-gobierno. Gente allegada a la institucionalidad, empleados públicos que reaccionan porque sienten que los están atacando”. 

• En el de las luchas territoriales y reivindicaciones de los pueblos indígenas y garífunas las agresiones provienen de entes privados con intereses económicos relacionados con el poder político, policial y militar, así como de grupos vinculados a oligarquías locales.

• En la defensoría de los derechos de la mujer y las diversidades sexo-genéricas los perpetradores son una alianza entre la agenda fundamentalista religiosa y los gobiernos conservadores en turno, especialmente durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, no siempre los atacantes son personas ajenas a la víctima: “algunas [veces] yo siento que son de personas que no son tan lejanas a nosotras”, reflexiona un testimonio haciendo a referencia a los ataques perpetrados por exparejas, familiares, personas integrantes de la misma organización o de otras organizaciones de defensa de derechos humanos.

La violencia facilitada por las tecnologías desdibuja la frontera entre lo virtual y lo presencial, lo privado y lo público, la defensora y la organización. Los perpetradores utilizan estrategias y métodos de agresión específicos que requieren diversos recursos y niveles importantes de planificación. El modus operandi de los perpetradores tiene las siguientes características:

• Monitoreo y vigilancia. Algunos testimonios reconocen que los perpetradores siempre están obteniendo datos por distintas vías, tanto de ellas mismas como de las organizaciones en las que trabajan. También identifican la certidumbre de estar siendo constantemente monitoreadas, lo que permite a los agresores dar réplica inmediata a sus publicaciones; así como la posibilidad de ser objeto de vigilancia ilegal a través de software espía.

  Desde 2013, el portal WikiLeaks hizo públicas las comunicaciones entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, comandada por Julián Pacheco Tinoco, y el equipo de la empresa Hacking Team, sobre la compra del software espía Remote Control System. Asimismo, la organización Derechos Digitales investigó la compra del software Galileo en 2014 e indica que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia gastó un monto de € 355 000. En su reporte también señalan que “la compañía israelí NiCE Systems actúo como intermediaria vía Ori Zoller —un exmilitar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 que eventualmente cayeron en manos de paramilitares colombianos.”

• Activación de ataques en línea en momentos estratégicos. Dado que la opinión pública hondureña está pendiente a través de medios digitales de los eventos y/o sucesos que generan expectación —como un programa de televisión, una noticia en vivo, un juicio o una fecha emblemática—, los ataques en línea se activan, especialmente, a través de las redes sociales. Un testimonio señala que en esos momentos surgen nuevos perfiles y publicaciones en serie; otro advierte sobre el aumento de los mensajes amenazantes. Esto indica que los ataque no son necesariamente espontáneos, sino que las personas usuarias virtuales agresoras pueden ser parte una estrategia coordinada de ataque contra determinados perfiles de defensoras y organizaciones. Destacan las estrategias organizadas desde cuentas con identidades falsas, netcenters y bots creados con el propósito de repetir mensajes para el descrédito.

• Combinar estrategias de amenaza de agresión virtual y presencial. Hay organizaciones criminalizadas por su labor y sometidas al asedio desde hace años que, al ver patrones similares de violencia tanto en lo virtual como en lo presencial, identifican la existencia de una misma estrategia para ambos.

  “Hay una relación muy directa entre los ataques que aparecen en las redes sociales y en todo el mundo digital y los ataques que se viven de manera física o agresiones más directas. […] El mundo digital allana el camino para ataques más directos”. 

  Por ejemplo, compañeras que defienden derechos sexuales y reproductivos señalan que han sido acosadas en la esfera digital antes de ser agredidas físicamente. Este ciclo de violencia se torna insoportable cuando la amenaza digital escala al ataque físico y del ataque personal a la amenaza contra la familia. Sobre la interrelación y frontera ficticia entre las agresiones físicas y digitales un testimonio afirma:

  “En ese momento que dicen ‘vamos a atacar a tu familia’, que incluso le han tomado una foto a mi hija y me la reenvían, pues allí yo dejé de pensar que era un simple mensaje, sino que era una amenaza directa en contra de mi persona”.

  Luego del asesinato de 19 personas campesinas en el Bajo Aguán por agentes policiales y de las fuerzas armadas identificamos en medios y redes sociales la difusión de mensajes de odio que incitaban a la violencia y amenazaban a otras personas defensoras de la tierra y el territorio: “después vamos con ustedes por invadir tierras”. Este caso evidencia la conexión entre agresiones digitales y físicas, ya que la violencia letal se justifica con campañas de desinformación y desprestigio difundidas por medios virtuales, mientras que el ambiente de impunidad y permisibilidad de nuevas agresiones físicas genera un mayor impacto ante amenazas en redes sociales.

• Ataques a liderazgos y organizaciones. Los testimonios dan cuenta de la intrincada relación entre lo personal y lo organizacional, ya que, por un lado, se ataca a las lideresas de las organizaciones, cuyas caras son más visibles; y por otro, se agrede virtualmente a las defensoras con menor perfil público, pero pertenecientes a organizaciones relevantes. La persona y la organización se fusionan en tanto que objeto de agresión: se ataca a la defensora porque representa a la organización, se agrede a la organización para dañar a la defensora. Así, queda minado el discurso crítico y, con ello, también se debilita el poder popular para construir una sociedad más justa e igualitaria.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (2025), en su informe “15 años arreciando la esperanza. Informe de situación de defensoras en Honduras 2024”, denuncia que entre 2010 y 2024 ha sido una constante el hecho de que más de la mitad de los perpetradores de las agresiones contra las defensoras hondureñas son representantes del Estado: policías, militares y autoridades públicas de todo tipo. En 2025 el Estado seguía siendo el agresor que acumula más ataques (45%). Esto tiene un impacto que se manifiesta tanto en la abstención de búsqueda de justicia ante las agresiones, como en la impunidad y falta de atención a las denuncias que sí se han realizado. 

La idea de que el Estado —particularmente los cuerpos policiales— es socio fundamental de los poderes fácticos provoca que las defensoras desconfíen y eviten denunciar los ataques; incluso ocasiona que muchas de ellas ni tan siquiera lo consideren como una posibilidad. Tal como afirma un testimonio:

“Yo, como defensora, cómo voy a poder ir a la Dirección Policial de Investigaciones a poner una denuncia si ya nos conocen, ya saben quiénes somos, y son uno de los que nos siguen persiguiendo. No tiene sentido poner una denuncia a ellos y peor donde la policía”. 

De igual forma, existen fuertes críticas hacia el Mecanismo Nacional de Protección y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos por su ineficacia y falta de independencia.

Cabe señalar que las defensoras entrevistadas también expresan que evitaron denunciar al Estado debido a que el marco político legal del país no garantiza su protección digital. La esperanza de poder revisar o proponer legislaciones que tengan en el centro la protección de las defensoras de derechos humanos —o de cualquier otra persona— en el contexto digital  es poca. Un testimonio, consciente de lo que se necesita para resistir al poder estatal, pondera la necesidad de fortalecer los medios digitales alternativos.

Algunas defensoras indican que realizaron denuncias ante las plataformas digitales en las que recibieron los ataques, aunque reconocen falta de interés y de apoyo por parte de éstas. En general, predomina una visión pesimista y una sensación de que los estándares de protección a los derechos humanos van empeorando con el tiempo. Como muestra, basta mencionar que algunas cuentas de defensoras han sido bloqueadas por años, luego de que las plataformas recibieran denuncias masivas hechas por sus agresores. Una entrevistada afirma:

“Antes, era mucho más fácil bajar una cuenta falsa, un mensaje de odio. Ahora es mucho más complicado por las políticas que vienen flexibilizando y toda la política de comercialización de las redes sociales”.

Otro testimonio coincide en señalar que las plataformas sólo tienen intereses comerciales, ajenos a la situación de la población; además, considera que en estas plataformas deberían existir sistemas de seguridad especiales para quienes se dedican a la defensoría de derechos humanos.

En relación con las prioridades de protección y seguridad digital, en Honduras se destaca la necesidad de acceso a dispositivos y conexión segura a internet, así como de que existan  instancias para la formación y el acompañamiento colectivo. Muchas defensoras carecen de dispositivos móviles aptos para las actualizaciones periódicas necesarias para la ciber-seguridad; además, en ocasiones comparten su equipo con otras personas, en especial con sus hijas, hijos o hijes.

Por otra parte, identifican que hay pocos espacios de formación sobre protección integral que brinden herramientas para el análisis de riesgo, la elaboración de análisis de contexto, el mapeo de actores, el registro de incidentes de seguridad, el análisis de impacto y los planes de protección, evaluación y seguimiento. Como defensoras, realizan su labor con un evidente desconocimiento de estos aspectos, pues usualmente acceden a internet desde sus teléfonos celulares, lo que provoca que la violencia digital tenga mayor impacto.

Transversalmente, las defensoras reconocen su escaso conocimiento acerca de seguridad digital y la disparidad que existe entre sus capacidades y las que poseen los perpetradores; un testimonio afirma:

“Ellos tienen tanto conocimiento en el tema de la tecnología que una queda en el aire”.

Asimismo, identifican la necesidad de conocer cómo proteger la información que albergan en sus dispositivos, sobre todo porque mucha de esta información  es crucial para garantizar su seguridad y la de sus comunidades, especialmente en el marco de contextos políticos delicados.

Por tanto, las defensoras afirman que necesitan una mayor formación en seguridad digital, desde una perspectiva que les permita comprender el papel de las tecnologías digitales en la sociedad y la política, y que, por ende, las ayude a trabajar en estrategias de uso más complejas y a largo plazo que incorporen una perspectiva de género que las acerque a otras compañeras.

En este sentido, las entrevistadas señalaron las siguientes temáticas prioritarias para procesos formativos:

• Uso seguro de las redes sociales (manejar controles de privacidad y anonimato, la información publicada, etcétera).

• El tipo de plataformas que hay, cómo funcionan y qué persiguen.

• El papel que juega la información y el perfilamiento de las cuentas, así como conocer sobre la desinformación.

• Últimas tendencias en plataformas digitales, como la inteligencia artificial, además de sus reglamentaciones.

• Las audiencias digitales: quiénes son los públicos de las organizaciones sociales, cómo se llega a ellos y con qué principios.

• Los impactos psico-sociales: comprender que las agresiones facilitadas por las tecnologías conllevan impactos de esta índole, tanto en la defensora como en su comunidad, así como ofrecer herramientas y apoyos para enfrentarlas.

• Análisis de riesgo que consideren la frontera ficticia entre lo virtual y lo presencial.

• Herramientas de seguridad e información sobre otras plataformas alternativas más seguras y sobre estrategias para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Las defensoras reconocen la importancia de fortalecer las instancias y sus redes de acompañamiento desde varios frentes de trabajo. También consideran que su labor debe reconocerse en el país, lo cual implica robustecer los mecanismos de protección y mejorar las respuestas de emergencia para proteger su vida e integridad física y emocional; por ejemplo, mediante apoyos de movilización y atención médica, entre otros. También identifican la necesidad de fortalecer el valor de la solidaridad, como concluye una de las entrevistadas:

“Hay que construir espacios colectivos donde nos acuerpemos para conocer que no es una situación única que estamos pasando, solidarizarnos, y generar estrategias”.

“Sabemos que estas agresiones tienen una dimensión colectiva y política, que no es posible abordar de forma individual o separada, por eso nuestra propuesta son las comunidades de cuidado, sanación y protección entre defensoras para continuar sosteniéndonos frente a estos contextos y embates de la acumulación por despojo.” (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, 15 AÑOS ARRECIANDO JUNTAS LA ESPERANZA).