• Estos hechos ocurrieron en el marco de la entrada en vigor de la llamada “Ley de los agroindustriales, turismo y energía”.

• La comunidad garífuna de San Juan cuenta con una sentencia otorgada por la Corte-IDH que reconoce su derecho ancestral al territorio.

El lunes 6 de julio, un contingente de más de 200 agentes policiales llegaron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela para ejecutar un desalojo. El desalojo fue particularmente violento con lanzamiento de gases, amenazas, disparos de munición letal y múltiples agresiones y violaciones de derechos humanos. En este marco se detuvo también de manera arbitraria a Deinor Osmany Mejia Arzu, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, Irbin Rene Lopez Cortes, Carlos Enrique Fernandez Guzman, a Onil Riboberto Hernandez Zelaya y Sara Abigail Acosta integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes fueron injustamente acusados de usurpación agravada en su propio territorio ancestral y liberados horas después con medidas sustitutivas.

El desalojo y detención arbitraria de estas cinco personas defensoras constituye una violación flagrante de la sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo garífuna de San Juan, la cual reconoce el derecho a la propiedad colectiva y el derecho ancestral del pueblo garífuna sobre ese territorio. También incumple la Circular DGPN-(S/D)-No. 009-2026, emitida por la Dirección General de la Policía Nacional el 27 de junio, en la que se ordena a la policía actuar de forma inmediata ante “ocupaciones ilegales”  exceptuando las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT.

Estos hechos ocurrien en el marco de la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agroindustriales de Honduras. Este es el segundo desalojo ejecutado en el marco de esta ley, tras el del pasado 28 de junio contra personas campesinas en el departamento de Choluteca, y de un contexto de aumento de la la violencia y represión contra quienes defienden el territorio, como el asesinato de al menos 19 personas campesinas en el Bajo Aguán y las amenazas de desalojo y hostigamiento contra base campesina La Bendición de Dios de la CNTC-El Progreso.

La comunidad garífuna de San Juan ha denunciado por años la pérdida de su territorio ancestral ante el avance de proyectos turísticos en la Bahía de Tela. Estos proyectos junto con las acciones represivas del Estado no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes habitan en esta comunidad sino que afectan las alternativas de vida digna que la OFRANEH viene implementando para superar los graves niveles de pobreza y desigualdad que afectan a Honduras, las cuales hacen  efectivo el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la protección del medio ambiente y garantizan la continuidad de este pueblo ancestral frente a una política de despojo y exterminio cultural. Las luchas y propuestas transformadoras de la OFRANEH y el pueblo garífuna son un legado de esperanza para todo el mundo.

Desde la IM-Defensoras, así como todas las articulaciones que la integran, y junto con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, nos unimos al llamado internacional hecho por la OFRANEH para denunciar la grave situación que está viviendo el pueblo garífuna, exigir a las autoridades el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte Interamericana a las cuales están obligados y mantenernos en alerta ante nuevas agresiones.

Asimismo, también nos unimos al llamado de las organizaciones campesinas, indígenas, negras y de mujeres del país a denunciar y movilizarse ante los terribles efectos que tiene en la población campesina, indígena y garífuna la llamada “Ley de los agroindustriales, turismo y energía”.