La región del Bajo Aguán enfrenta nuevos ataques, el jueves 21 de mayo 19 personas campesinas que iniciaban su jornada de trabajo en una finca de palma aceitera en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, zona del Bajo Aguán, fueron asesinadas por hombres armados con indumentaria militar y policial.

Las personas asesinadas pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de mayo, San José y Las Uvas del Movimiento Campesino de Rigores. Esta agresión se suma a una serie de hechos violentos que han sufrido las comunidades campesinas en el Aguán por defender su tierra y territorio.

El Bajo Aguán es un territorio donde comunidades, hombres y mujeres defensoras de derechos humanos —especialmente vinculadas al movimiento campesino— han enfrentado de manera sostenida contextos de violencia y agresiones armadas asociadas a intereses de sectores económicos y grupos de poder.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras,  condenamos y alertamos  ante esta violencia brutal que constituye una clara amenaza para quienes defienden la tierra y el territorio y luchan contra el despojo de los terratenientes y empresarios de la palma aceitera.

Repudiamos esta "operación" ejecutada con agentes policiales, del Ministerio Público y de las fuerzas armadas para intervenir el Bajo Aguán, la cual coloca a hombres, mujeres, niñas y niños que habitan este territorio en un estado de terror. Además, está acción se utiliza como estrategia para inhibir las luchas campesinas y desestructurar los procesos organizativos, económicos y sociales que buscan garantizar una vida digna para esta población.

Alertamos también ante el clima de incitación a la violencia, estigmatización, criminalización y mensajes de odio que se generaron luego de las ejecuciones. Fueron publicadas en medios y redes sociales graves amenazas como “después vamos con ustedes por invadir tierras” o que están pensando en “declarar terroristas a estructuras criminales que invaden tierras”. Estos ataques buscan deslegitimar la defensa de la tierra y el territorio y generar un ambiente de permisibilidad para nuevas agresiones.

Nos preocupa profundamente esta situación de tensión, que reactiva la persecución y las amenazas contra personas defensoras del territorio y de los bienes comunes, quienes continúan enfrentando un contexto de vigilancia permanente, estigmatización, y hostigamiento.

Cabe destacar que, frente a esta violencia sistemática, las autoridades de Honduras continúan sin llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan identificar y  procesar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y asegurar el acceso a la justicia.

Exigimos al Estado hondureño que atienda de manera urgente la situación de riesgo que viven las comunidades y familias en la región priorizando en todo momento el diálogo y respetando los derechos de los pueblos del Bajo Aguán.

Nos mantendremos alertas y vigilantes hasta que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que los riesgos que enfrentan las comunidades y sus líderes no se materialicen en nuevos hechos de violencia.

Finalmente hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que permanezcan vigilantes de estos hechos, se sumen a la denuncia pública y se pronuncien de manera inmediata ante cualquier violación de los derechos de las personas que defienden la tierra y el territorio. Así mismo, instamos a la comunidad internacional a exigir al Estado hondureño el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y la garantía de protección para las comunidades del Bajo Aguán.