CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA.

Las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor en contextos cada vez más complejos debido a la hegemonía del patriarcado capitalista, racista y colonial que profundiza las desigualdades y los conflictos sociales y territoriales, precariza nuestras vidas, despoja nuestras comunidades y nos expulsa de nuestros territorios. Como consecuencia, en la actualidad asistimos a una profundización del autoritarismo, al debilitamiento de las ya de por sí frágiles instituciones públicas y al auge de discursos ultraconservadores que ponen en riesgo los avances logrados en materia de derechos humanos. Las agresiones en nuestra contra son la respuesta de los Estados y los poderes fácticos ante nuestra denuncia e impugnación de las políticas de muerte que nos pretenden imponer. A través de éstas, nuestros agresores también buscan reestablecer la jerarquización racial y de género a través del disciplinamiento, el amedrentamiento y la desligitimización de nuestro trabajo.

Una de las expresiones más visibles y recurrentes de la violencia que enfrentamos las defensoras es la que se lleva a cabo a través de las tecnologías digitales, muchas veces bajo el amparo de marcos legales y políticas públicas que no sólo no nos protegen de ella, sino que incluso la posibilitan y legitiman. 

Entre 2020 y 2025 nuestro sistema de registro documentó un total de 9,091 agresiones digitales contra 1337 defensoras y 179 organizaciones en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Esto representa una de cada cuatro agresiones registradas durante el mismo período. 

 

A través del diagnóstico que nutre este informe, el cual tiene dimensión regional, buscamos entender nuestra situación, en tanto que defensoras, en el ámbito digital; los contextos, patrones y modus operandi de las agresiones que vivimos; así como las estrategias de protección y cuidado digital que aplicamos. 

Entre los principales hallazgos hemos identificado que los marcos legales y políticos existentes en nuestros países son débiles e insuficientes para proteger nuestros derechos en el ámbito digital; o que directamente son manipulados para perjudicarnos. También se hace patente la enorme inversión en recursos orientados a desplegar un amplio rango de estrategias digitales en contra nuestra; desde las que buscan sembrar desinformación hasta las que nos someten a actos de vigilancia ilegal por medio del llamado software espía (spyware).

Otra evidencia a destacar es la línea de continuidad entre los ataques digitales y los no digitales, los cuales tienen las mismas causas y perpetradores y se dan en nuestra experiencia vital como un todo, pues ambos tipos de violencia se mezclan y se entrecruzan. En Honduras, El Salvador, México y Nicaragua, el Estado es uno de los principales perpetradores de violencia digital. Muchos gobiernos, en connivencia con diversos poderes fácticos, han iniciado procesos de criminalización de la labor de organizaciones de derechos humanos, lo que implica que los recursos públicos —financieros, policiales y, muchas veces, militares— se usen para perseguirnos. No obstante, los perpetradores de violencia digital provienen de diversos ámbitos, desde empresas o grupos ultraconservadores hasta nuestros círculos cercanos e incluso íntimos.

Asimismo, hemos constatado una gran coincidencia en la tipología de los ataques digitales que se cometen en la región. Se trata de patrones de agresión que muestran los grandes riesgos digitales a las que estamos expuestas. Las campañas de desinformación de género son unas de las agresiones que se han hecho más frecuentes en los últimos años. Éstas generan preocupación y desgaste en quienes las viven, sobre todo porque muchas veces están involucrados en ellas altos funcionarios. Entre las otras agresiones digitales más comunes destacan el acoso digital, las amenazas a nuestra integridad física y la de nuestro círculo más cercano, la violencia sexual digital, la vigilancia y, especialmente en contextos autoritarios, nuestra desanonimización.

La razón de mayor peso que tienen nuestros agresores para recurrir a la violencia digital es su eficacia, dada la relación costo-beneficio que presenta. Esto se debe a varios factores: una inquietante persistencia de la impunidad, la naturalización de la violencia digital en las sociedades —incluso por parte de nosotras mismas—, falta de protección legal, desconfianza para denunciar —puesto que en no pocas ocasiones la agresión proviene del Estado—, y la convicción de que las corporaciones del sector digital, por acción u omisión, no brindan los estándares mínimos para gestionar y resolver las denuncias.

Los impactos de la violencia digital sobre nosotras, nuestras familias, comunidades y colectividades u organizaciones abarcan un amplio espectro: afectaciones en nuestra salud mental y física, pérdidas materiales y económicas, desplazamiento forzado, pérdida de participación política y detrimento de nuestros derechos humanos. Todas estas afectaciones también se traducen en impactos políticos que buscan debilitar nuestras luchas y movimientos.

Pese a todo, una evidencia positiva que se desprende de esta situación es la adquisición, por nuestra parte, de una mayor conciencia sobre los cuidados digitales que debemos aplicar. Más aún, muchas de nosotras, en distintos grados, ya estamos en contacto con materiales, cursos o acompañamientos en cuidados digitales. En las reflexiones y prácticas de las defensoras que han participado en este estudio se evidencia como la mayoría ya contamos con un acervo de cuidados digitales y con una visión crítica de las tecnologías.

Finalmente, a partir de los hallazgos de este diagnóstico generamos una serie de recomendaciones dirigidas a cuatro actores clave: 

1) A los Estados se les exhorta a reconocer la gravedad de la violencia digital contra las defensoras de derechos humanos, a crear mecanismos de protección y rendición de cuentas ante estas agresiones y a abstenerse de utilizar tecnologías digitales para la vigilancia, censura o criminalización.

 2) A los mecanismos internacionales y organismos de derechos humanos se les recomienda ampliar la definición de violencia digital contra defensoras reconociendo el vínculo de ésta con la violencia offline; así como impulsar el desarrollo de estándares, investigaciones, guías y fondos de emergencia que respondan a las agresiones digitales con perspectiva de género.

3) A las corporaciones de redes sociales se les demanda priorizar los derechos humanos sobre las ganancias, invirtiendo en mecanismos de atención y protección con enfoque de género y cooperación transnacional para identificar las violencias y a sus agresores y garantizar reparación del daño y la no repetición.

4) A las organizaciones sociales y de derechos humanos se les recomienda que reconozcan la violencia facilitada por la tecnología como una estrategia para desmovilizar y silenciar su labor y que adopten medidas contextualizadas para enfrentar los posibles impactos psicosociales de estos ataques, así como para fortalecer las capacidades personales y colectivas de protección y seguridad digital con una perspectiva interseccional.