Mañana miércoles, 15 de julio, está programada la audiencia inicial del proceso de criminalización que enfrentan cinco personas defensoras de derechos humanos integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) —Deinor Osmany Mejía Arzu, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Riboberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta—, que el pasado 6 de julio, durante el desalojo violento e ilegal perpetrado por la Policía contra su comunidad, fueron injustamente detenidas y acusadas de usurpación agravada por defender y habitar el territorio ancestral de su comunidad.
En el marco de la celebración de esta audiencia y de la intensificación de los ataques armados, amenazas de desalojo y criminalización en contra del pueblo garífuna —como los que ha enfrentado estos útimos días la comunidad de Tornabé, en Tela— la OFRANEH ha hecho un llamado a las comunidades garífunas y a la solidaridad de los diferentes movimientos sociales del país para acuerpar al pueblo garífuna y a las personas criminalizadas. Por lo que se prevee que la audiencia se desarrolle con una presencia de personas, organizaciones y movimientos sociales manifestándose de manera pacífica.
Cabe recordar que la intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas, pero también contra las indígenas y campesinas de todo el país, está vinculada con la entrada en vigor de la llamada Ley de Agroindustriales, la cual da via libre al despojo capitalista de los territorios y a la crimialización de quienes los defienden; ante lo cual el movimiento social hondureño en su diversidad se ha declarado en estado de movilización permanente.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras exigimos el cese inmediato a la criminalización contra las cinco personas defensoras de derechos humanos integrantes de la comunidad de San Juan y que cese la violencia, la persecución y el racismo institucional contra esta comunidad y el pueblo garífuna de Honduras.
Asimismo, exigimos que se respete el derecho del pueblo garífuna y de los diferentes movimientos sociales y populares a manifestarse y exigir justicia en el marco de la audiencia que tendrá lugar mañana y hacemos responsable al Estado hondureño de cualquier vulneración a este derecho o contra la integridad y la vida de las personas participantes.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que permanezcan vigilantes ante la audiencia de mañana, sumándose a la exigencia de cese de la criminalización de estas cinco personas y de respeto a los derechos de las personas que acompañan y acuerpan al pueblo garífuna.
Finalmente, instamos a la comunidad internacional a exigir al Estado hondureño el cumplimiento en su totalidad de las sentencias emitidas a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz, San Juan, Punta Piedra y Cayos Cochinos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la garantía de protección para las comunidades garífunas así como de sus liderazgos.