El jueves 9 de julio, defensoras de la comunidad garífuna de Tornabé, Tela, alertaron que en horas de la mañana llegaron hombres desconocidos en un automóvil al territorio ancestral que re-ocupa la comunidad para colocar un rótulo que dice "PROPIEDAD PRIVADA. PROHIBIDA LA ENTRADA". Esto alertó a la comunidad, que ha acondicionado el territorio y sembrado coco para su sostenimiento. Asimismo, la zona de los huertos, donde las defensoras han sembrado alimentos para la comunidad, fue cercada para impedir que ellas entraran al lugar. Las defensoras también alertaron que en el transcurso del día pasaron varias patrullas y que personas que tienen interés privado en el territorio de la comunidad llegaron armadas a vigilarles. En una ocasión, una persona que vive cerca del territorio llegó a rondar cerca del predio y exhibió un arma para causar temor entre las personas integrantes de la comunidad.
Las defensoras se movilizaron a la oficina de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para interponer una denuncia sobre estos hechos, sin embargo, la oficial les dijo que no podía tomar la denuncia porque ya existía una. La comunidad entonces decidió esperar a su representante legal, pero la oficial les comentó que si se quedaban en el lugar y su superior llegaba les iba a gasear porque pensaría que eran de la comunidad de San Juan, comunidad que vivió la violencia de la policía el día lunes en un desalojo en su territorio ancestral. Esto fue una clara amenaza hacia las personas integrantes de la comunidad de Tornabé que estaban en el lugar, quienes preguntaron a la policía por qué tanto racismo de su parte; como respuesta, las oficiales presentes en el lugar se molestaron y grabaron a las defensoras y defensores, ante lo que la comunidad tomó la decisión de irse.
Tres días más tarde, en la mañana del domingo 12 de julio, hombres fuertemente armados llegaron en varios vehículos a la comunidad de Tornabé. La Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI) se hicieron presentes y, pese a que se decomisaron al menos 5 cargadores de grueso calibre en un solo vehículo y a las denuncias interpuestas por la comunidad, no procedieron a la detención de quienes amenazaban la vida de sus integrantes.
Mientras todo esto sucedía, los presuntos sicarios se burlaban de la comunidad en la presencia de la DPI y la Policía Nacional quiénes, además de no detenerlos ni de llevar a cabo el debido proceso de revisión de sus vehículos,, no permiteron que el pueblo garífuna tuviera conocimiento de las las identidades de estos hombres para interponer denuncia contra ellos.
Ante estos hechos, la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, junto a organizaciones indígenas, campesinas, feministas y de derechos humanos acuerpamos a la Comunidad Garífuna de Tornabé y su lucha por su territorio ancestral y exigimos la detención e investigación inmediata de estos hombres que pretendían asesinar a nuestras compañeras y compañeros.
Denunciamos la actitud de la policía, que en lugar de cumplir con su obligación de proteger a las personas defensoras integrantes de la comunidad de Tornabé actúa con racismo, estigmatiza y pone por encima los intereses de quienes buscan despojar a las comunidades de sus territorios y exigimos el cese de la violencia y el hostigamiento policial en las comunidades.
Nos mantenemos alertas sobre la situación de las compañeras y compañeros de la Comunidad Garífuna de Tornabé.