CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA: EL SALVADOR

El Salvador es un país con profundas desigualdades estructurales que se expresan en una convulsión social permanente. Pasó de sufrir dictaduras militares y un conflicto armado a vivir violencia social y control territorial a manos del crimen organizado. A partir de 1992, el país empezó a construir una incipiente institucionalidad democrática. No obstante, los poderes políticos y fácticos, siguiendo las recetas del capitalismo neoliberal, privatizaron lo poco que aún administraba el Estado, excepto —gracias a la organización gremial de estos sectores— la educación y la salud. El sistema político y económico que se construyó tras la guerra no dio respuestas a las demandas más sentidas de la población, favoreció a las élites locales y profundizó la desigualdad y la violencia.

En 2019 asumió la presidencia Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, iniciando un proceso acelerado de concentración de poder en el Ejecutivo con el objetivo de ser un eficiente operador de las agendas globales tecno-capitalistas, ultraconservadoras y anti-derechos. El 9 de febrero de 2020, junto con el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, tomó la Asamblea Legislativa (AL). Este golpe de Estado de facto marcó un punto de inflexión en el declive de la frágil institucionalidad democrática del país.

Actualmente, El Salvador apuesta por la implementación de políticas represivas incompatibles con los derechos humanos, así como por la instalación de sedes de grandes corporaciones digitales como Google y el desplazamiento de comunidades en beneficio de megaproyectos extractivistas. Unido a ello, se desmantelan las ya de por sí insuficientes políticas sociales existentes y se intenta silenciar y debilitar el tejido social y comunitario.

La innovación y la agenda digital se presentan como las insignias de un modelo que, en nombre de la “modernización” y el “desarrollo”, no tiene otro objetivo que beneficiar a empresas extranjeras millonarias, por ejemplo, con la exención de impuestos. Además, se han impulsado algunos cambios legislativos que allanan el camino para la privatización de bienes comunes y el despojo a comunidades en beneficio de inversiones extranjeras: la Ley general de minería metálica, la ley de disolución del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) o la Ley general de aguas, que facilita las licencias a empresas inmobiliaria para proyectos habitacionales en zonas donde existen reservas de agua. Actualmente, grandes proyectos inmobiliarios, de infraestructura o de desarrollo turístico aprobados sin procesos de consulta, están provocando el desplazamiento de comunidades en todo el territorio nacional. En aras de promover el turismo por medio del proyecto Surf City, la costa del país se ha gentrificado y los inversionistas explotan para su beneficio privado los escasos bienes naturales.

Entre los aliados claves del Ejecutivo se encuentran sectores ultraconservadores con el respaldo financiero y logístico de lobbies transnacionales de extrema derecha. Los intereses económicos de estos sectores se entrelazan con narrativas anti-feministas y anti-derechos que son replicadas por actores gubernamentales.

La implementación de políticas autoritarias de mano dura, en particular la prolongación reiterada del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022, han facilitado el acelerado avance del modelo tecno-capitalista. Mientras se ocultan las cifras de femicidios, personas desaparecidas y fosas clandestinas, la política de seguridad se ha utilizado como elemento propagandístico para popularizar el “éxito” del gobierno.

Lejos de atender las causas estructurales de la violencia, el régimen de excepción ha facilitado la militarización y el control territorial, sobrepoblando las cárceles bajo procedimientos legales opacos y arbitrarios. Información publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que a fecha de marzo de 2026 más de 91 mil personas habían sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción y se habrían registrado al menos 500 muertes bajo custodia estatal en el mismo periodo. Por otro lado, con base en datos del informe “Tres años del régimen de excepción: tortura sistemática en las cárceles de El Salvador”, entre el 27 de marzo y el 28 de febrero de 2025 se dieron hechos violatorios a los derechos humanos en contra de 6,889 personas: detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamientos de morada, tratos crueles, inhumanos o degradantes y torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, abusos sexuales, actos de discriminación por orientación y/o identidad sexual, detenciones de mujeres embarazadas, limitaciones al acceso a la salud y muertes bajo custodia, entre otros. Las instituciones, como operadores de poderes fácticos trasnacionales y ultraconservadores, buscan silenciar al periodismo crítico y a las organizaciones que defienden derechos humanos, especialmente las que cuestionan el régimen de excepción y los proyectos extractivistas. Así, a periodistas y organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se las acusa públicamente de apoyar a pandillas o de ser terroristas o “enemigos de la patria”. La aprobación en 2025 de la Ley de Agentes Extranjeros ha sobrecargado a las organizaciones sociales y no gubernamentales con controles fiscales y administrativos injustificados, limitando su acceso a recursos financieros, mientras se amplían las facultades gubernamentales para vigilar, sancionar y restringir el derecho de la población a organizarse.

En este contexto, los movimientos sociales que protestan contra proyectos de despojo —públicos o privados— enfrentan militarización, desplazamientos forzados y criminalización de sus liderazgos a través de delitos fabricados, todo ello sin garantías de debido proceso. La comunidad de Santa Marta, por ejemplo, en su batalla contra la minería metálica, está sitiada por el ejército y cinco de sus líderes, integrantes de la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), fueron detenidos arbitrariamente, sujetos a un proceso penal injusto e ilegal y criminalizados durante 21 meses. Entre mayo y diciembre 2025, Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambientalista, y José Ángel Pérez, líder comunitario y presidente de la Cooperativa El Bosque, fueron criminalizados por su la lucha en contra del desalojo de 300 familias de El Triunfo, Santa Tecla y en represalia por su legítimo ejercicio de la protesta.

A través de nuestro sistema de Registro, entre 2020 y 2025 hemos documentado un total de 3,560 agresiones contra 284 defensoras y 83 organizaciones que defienden derechos humanos en El Salvador.

Durante 2025 evidenciamos un incremento en las agresiones, así como la aparición de nuevas formas de violencia especialmente graves, entre ellas la confiscación de bienes y propiedades, la expulsión de las defensoras de sus comunidades o de los lugares donde desarrollan su labor, los desalojos, el desplazamiento forzado interno y externo, las detenciones arbitrarias y el inicio de procesos judiciales infundados. Un ejemplo de ello es la criminalización de Ruth López, defensora de derechos humanos y directora de la unidad de anticorrupción y justicia de la organización Cristosal. El propósito principal del conjunto de estas agresiones es mandar mensajes ejemplarizantes para propagar el miedo, silenciar a los movimientos sociales y desarticular el tejido social.

MARCO LEGAL DEL ÁMBITO DIGITAL

En los últimos años, El Salvador ha creado y modificado su marco legal para fomentar el uso de la tecnología y la innovación como parte del proceso de modernización del Estado. Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas y organismos internacionales han advertido que la falta de garantías judiciales, así como la ausencia de marcos legales que pongan en el centro la protección de datos de la población, favorecen las acciones de ciber-vigilancia y de acceso a información personal y/o sensible que potencialmente puede ser usada para amenazar y acallar voces críticas. Estas son algunas de las leyes impulsadas durante los últimos años:

• Ley para la Modernización Digital del Estado. Esta ley, aprobada en septiembre de 2023 y conocida popularmente como "ley Google", formaliza un acuerdo entre el gobierno y la empresa estadounidense para que ésta establezca operaciones en el país. Según declaraciones oficiales, su objetivo es impulsar la transformación digital y modernizar los servicios gubernamentales, ampliando así las posibilidades de acercar las tecnologías a la población. Sin embargo, el acuerdo firmado no se ha hecho público, por lo que se desconocen sus condiciones exactas, incluyendo si contempla alguna cláusula de inversión obligatoria con la empresa. Lo que sí sabemos es que durante los siete años de vigencia del acuerdo el Estado deberá contratar servicios de Google por un monto mínimo de 500 millones de dólares. Esta ley fue aprobada sin consultar a personas expertas ni abrir un debate público sobre sus posibles impactos en los derechos digitales y la privacidad de los datos de la población.

• Ley Especial de la Intervención de Telecomunicaciones. Fue aprobada en marzo de 2010 y reformada en 2014 y 2022. Las reformas de noviembre de 2022 fueron promovidas por la bancada del partido Nuevas Ideas para dar mayor amplitud y agilidad a la intervención de las telecomunicaciones privadas. Las intervenciones deben ser solicitadas por el Fiscal General de la República y el Director del Centro de Intervenciones, y autorizadas por el juez de garantía en un plazo máximo de cuatro horas, eliminando la figura de los jueces de instrucción para estos casos. Sobre estos cambios, Wilson Sandoval, abogado coordinador de ALAC-FUNDE, señala: "Han configurado todo un esquema entre nuevos tribunales, reformas, competencias, para que cualquier intervención pueda estar a la orden del día y de forma expresa”.

• Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos. Fue aprobada en febrero de 2016 para prevenir y sancionar penalmente los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de información contra sistemas informáticos y datos personales. Entre 2021 y 2025 esta ley ha tenido cuatro modificaciones que han sido cuestionadas debido a la ampliación de facultades de vigilancia de la Fiscalía, incluyendo la posibilidad de emprender las “operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias” sin necesidad de una orden judicial y el riesgo de que sea utilizada contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

• Ley para la Protección de Datos Personales. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre 2024 luego de un largo proceso de debate. En su primer artículo indica que su objetivo es “establecer la regulación para la protección de los datos personales, determinando los requisitos esenciales para el tratamiento legítimo e informado de estos, así como el marco normativo para su recolección, uso, procesamiento y almacenamiento, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las personas naturales”. 

• Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Se aprobó en 2006 y está vigente desde 2007. Desde el inicio del régimen de excepción se aprobaron una serie de reformas para ampliar definiciones, penas y limitar garantías procesales —investigación sin cargos formales o plazos de detención provisional sin límites—. La reforma de 2024 faculta a la Fiscalía General de la República —institución bajo control del Ejecutivo— para designar, sin que medie una condena judicial firme, a personas naturales o jurídicas como "terroristas", así como para removerlas de dicha categoría. En marzo de 2026, la Asamblea Legislativa reformó al artículo 27 de la Constitución permitiendo la imposición de cadena perpetua para delitos como el de terrorismo. Este tipo de legislaciones ha sido utilizado como base para procesos de criminalización, en específico esta ley es relevante en el análisis de la violencia digital de El Salvador debido a que en el contenido de las campañas de desprestigio con frecuencia se utilizan narrativas que intentan estigmatizar a personas defensoras, periodistas y organizaciones sociales señalándolas como terroristas o apologistas del terrorismo.

CONECTIVIDAD

Los datos sobre la conectividad a Internet en El Salvador, publicados por la plataforma de análisis Data Reportal, mostraron que a inicios de 2025 había en el país 4.88 millones de personas usuarias de internet, es decir, la tasa de acceso al servicio fue de 76.9% de la población total, lo que indica un crecimiento de 7.7% respecto al año anterior. El mismo informe indica que había 3.90 millones de perfiles activos de usuarios en redes sociales a inicios de 2025, lo que representa 61.4% de la población del país.

Aproximadamente 85.2% del total de personas usuarias de internet, independientemente de su edad, utilizó al menos una plataforma de redes sociales en enero de 2024 —53.8% eran mujeres y 46.2%, hombres—. Además, una nota de Prensa Gráfica publicada en julio de 2023 reveló que se duplicó el uso de la computadora en los hogares, alcanzando 74% en el acceso de las familias integradas al menos por un estudiante, en contraste con el 32.1% de hogares que señalaban tener acceso a internet en 2021 según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

POLÍTICAS PÚBLICAS DIGITALES: MODERNIZACIÓN Y BITCOIN 

Durante los últimos veinticinco años, los gobiernos han impulsado iniciativas destinadas a modernizar la administración estatal, poniendo en el centro el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entre 2009 y 2019 se digitalizaron los servicios de salud y se implementó, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el programa Infosegura, un sistema de información de datos y estadísticas del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Desde la Presidencia se ha impulsado lo que en campaña electoral se nombró como la “Cuarta Revolución Industrial”: una economía integrada y articulada en tiempo real y, en todos sus aspectos —producción, logística, mercado, etcétera— por las telecomunicaciones, la informática, la robótica y la inteligencia artificial. Algunas acciones impulsadas en materia de innovación tecnológica son: la introducción del bitcóin como moneda de curso legal —aunque en enero de 2025 se le retiró tal condición y su uso se convirtió en voluntario, limitándose a intercambios entre individuos y empresas privadas—, la digitalización de las carteras autónomas y estatales, la promoción de la tecnología como oportunidad laboral para las juventudes y el voto electrónico. 

Asimismo, se eliminó la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia y, en su lugar, se creó la Secretaría de Innovación de la Presidencia con el objetivo implementar un gobierno electrónico y digitalizar la administración pública, impulsando así una nueva estrategia de gobernanza digital. Esta nueva entidad lleva a cabo el proyecto “Agenda Digital Nacional 2020-2030”, la cual tiene como cuatro ejes centrales: la creación de una identidad digital única, la educación e innovación para reducir la brecha digital y fomentar la competitividad, la modernización del Estado y servicios públicos, y la gobernanza digital. Esta agenda incluye aspectos de seguridad de datos y contempla el desarrollo de una estrategia nacional y política de ciber-seguridad del Estado.

La digitalización y la promoción de la tecnología en sí mismas no representan un problema, el riesgo surge cuando no existe una regulación adecuada sobre el uso de los datos, ni sobre la protección de los derechos digitales de la población. Aquí cabe recordar la venta de la base de datos personales de más de cinco millones de personas en 2023, que salió nuevamente a la luz en abril de 2024.

La promoción del bitcóin es una muestra de cómo las tecnologías sirven al actual gobierno para justificar acciones que benefician al gran capital extranjero. La ley bitcóin fue aprobada el 9 de junio de 2021 por iniciativa presidencial y con dispensa de trámite, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en tener una criptomoneda de curso legal. Antes de que entrara en vigor, el presidente anunció la compra de 400 criptomonedas. De ese fondo, los diputados de Nuevas Ideas destinaron 30 millones de dólares para la entrega de 30 dólares en bitcóin a cada persona que descargara la billetera electrónica Chivo Wallet. Según publicó el presidente en su cuenta de Twitter, tres millones de salvadoreños se registraron, con lo cual el Estado repartió 90 millones de dinero público. Cabe destacar que, en diciembre de 2021, la organización Cristosal presentó una denuncia por el robo de identidad de 131 personas, a quienes la plataforma Chivo Wallet, al intentar registrarse, les informó que sus números del DUI ya habían sido utilizados. Tanto en la aprobación de esta legislación como en el uso de la Chivo Wallet, el gobierno no informó sobre su diseño; además, se invirtió en el desarrollo de cajeros para su uso alrededor del país y en el desarrollo de una billetera electrónica que presentó muchas irregularidades y fallos. Las redes sociales se llenaron de denuncias sobre el hurto de identidades electrónicas, hubo fallos constantes al momento de crear los perfiles y pérdidas económicas de personas usuarias y pequeñas empresas, además de errores en las transacciones.

Según el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP, 2021), 66.7% de la población opina que la ley bitcóin debe ser derogada, además de que 78.3% está poco o nada interesada en descargar la aplicación de la billetera electrónica y 71.2% prefiere utilizar el dólar. Igualmente, en una encuesta realizada por la publicación Disruptiva, 53.9% de las personas manifestó no estar de acuerdo con la implementación del bitcóin y 64.8% expresó no estar de acuerdo con recibir sus salarios en bitcóin (Disruptiva, 2021).

El 7 de diciembre de 2023, el gobierno, junto con Tether —empresa de criptomonedas— anunció el programa de visas “Adoptando la Libertad”, cuyo objetivo es atraer inversionistas de bitcoins a cambio de obtener la ciudadanía y un pasaporte salvadoreños. El proceso requiere un depósito no reembolsable de un millón de bitcoins o USDT (tipo de criptomoneda) y aprobar el Know Your Customer (KYC): un proceso que identifica la identidad de las personas usuarias por medio de la tecnología —lectura de rostro y reconocimiento de archivos.

Las defensoras de derechos humanos salvadoreñas encuestadas reconocen que la tecnología y las redes sociales son territorios que están siendo utilizados para vigilarlas y desprestigiarlas. Plataformas como X han sido utilizadas no sólo para difundir las decisiones y narrativas oficiales, sino también para la difusión masiva y coordinada de mensajes con discursos de odio y desinformación.

Ante esto, han fortalecido su uso, apropiación y activismo en redes sociales para disputar el territorio digital. Desde 2019 abundan los esfuerzos para la construcción de un movimiento articulado, tanto en las redes sociales como en las calles, capaz de movilizar la agenda política e influir en las narrativas y el imaginario colectivo.

El aumento en el uso de las tecnologías y las redes sociales ha propiciado que el movimiento feminista joven tome fuerza, visibilizándose cada vez más, por ejemplo, durante la sindemia por covid-19. Este movimiento orgánico, feminista e independiente, convocó a manifestarse virtualmente para pronunciarse contra las políticas y los mecanismos de atención a la emergencia por la sindemia; visibilizando cómo decisiones marcadas por la ausencia de una perspectiva diferenciada de género provocaron situaciones críticas para las poblaciones más vulnerables. Durante la cuarentena, y en respuesta a la afirmación del gobierno de que "las mujeres están 61% más seguras en este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior", ciber-activistas se movilizaron para desmentirla. Hasta hoy, continúa la negativa des funcionarios e instituciones públicas a nombrar como femicidios las muertes violentas de mujeres.

La presencia de las feministas salvadoreñas en la red social X ha aumentado visiblemente y ha ido más allá de lo virtual, alcanzando el espacio público con protestas contra los femicidios y la aparición de fosas clandestinas, como la de Chalchuapa. Con ello, ponen de manifiesto su fuerza, incorporando recursos como la expresión artística en sus manifestaciones públicas. Por ejemplo, el performance “Maldición”, de la colectiva Amorales, realizado en el Monumento Alegórico a la Constitución y cuyas palabras causaron revuelo en las redes sociales, hace patente cómo el activismo de estas defensoras integra el territorio físico y el digital.

Sin embargo, al analizar los testimonios recogidos, se hace evidente la gran brecha existente, respecto al uso de las plataformas, entre las defensoras salvadoreñas y el poder gubernamental. Algunas de ellas encaran esto como un reto; otras, por ser conscientes de la misma, se niegan a identificarse como ciberactivistas.

Como señala un testimonio:

“Necesitamos salir de la apatía hacia el uso de las plataformas tecnológicas”.

Al respecto, otra compañera afirma:

“Todo el aparataje del Estado tiene acceso a estos recursos tecnológicos. Nos pone en una condición demasiado vulnerable, ellos pueden saber todo de nosotras y nosotras nada de ellos”.

En el conjunto de testimonios subyace una mirada estratégica sobre el uso de las tecnologías digitales. Todas las entrevistadas reconocen que es fundamental utilizar las plataformas, pero también existe una consciencia, a partir de su experiencia, de que su uso las puede exponer y vulnerar. Las defensoras entrevistadas indican que han reflexionado sobre qué deciden publicar o no en sus redes y plataformas; y que son conscientes de la diferencia entre lo privado —contenidos, contactos y plataformas— y lo público, definiendo ambas esferas con cuidado y siempre a sabiendas de las complicaciones de sus decisiones. Asimismo, reconocen el riesgo que implica que su privacidad e información personal no dependan exclusivamente de ellas mismas, ya que terceras personas pueden tener acceso a las mismas y publicar datos personales sin su consentimiento.

De acuerdo con nuestro registro de agresiones, entre 2020 y 2025 en El Salvador registramos 2,241 agresiones contra defensoras de derechos humanos a través de medios digitales, lo que representa 63% del total de agresiones documentadas durante el mismo período en este país. 

La mayoría de las defensoras que participaron en la investigación señalan que han sufrido violencia digital de forma sistemática en el marco de su activismo. Asimismo, consideran que las agresiones digitales se han incrementado en los últimos años. Esto percepción coincide con nuestro registro: el total de agresiones por medios digitales documentadas en 2025 es 135% superior al de 2024. 

Las defensoras encuestadas admiten que se sienten vulnerables a ataques al usar las TIC para realizar su trabajo como defensoras. Entre los principales motivos de esta vulnerabilidad destacan, según ellas: la inseguridad que genera el distinto nivel de conocimiento de las tecnologías, el riesgo digital al que las expone su activismo, el hecho de que consideran la seguridad digital como algo complicado y su percepción de que los ataques digitales van en aumento. Estos sentimientos de vulnerabilidad presentan una dimensión personal —la duda con respecto a los propios conocimientos acerca de las tecnologías y la seguridad— y el reconocimiento de un contexto donde su activismo las expone a ataques.

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DIGITAL

De manera transversal, los testimonios dan cuenta de que la violencia facilitada por las tecnologías digitales tiene un componente fundamental de género, vinculado a una importante agenda antifeminista muy activa a nivel político nacional, regional e internacional.

Esto coincide con los datos de nuestro registro de agresiones, donde documentamos que 86% de las agresiones digitales en El Salvador entre 2020 y 2025 incluyen violentos mensajes que intentan reforzar el orden patriarcal basado en género.

Estos componentes de género se expresan, por ejemplo, ridiculizando la orientación sexual, identidad de género o apariencia física de las defensoras; exigiéndoles volver a sus casas para cocinar a sus maridos; o cuestionando el derecho a la participación política de las mujeres: "dejar votar a las mujeres es un error". Las agresiones también se expresan a través de la negación de los derechos de las disidencias sexo-genéricas. Por ejemplo, una defensora entrevistada expresó que cuando publicó su cambio de nombre y género comenzó a sufrir agresiones digitales que incluían amenazas hacia sus hijas y su familia.

En esta línea, el informe de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (2024) sobre ataques a periodistas entre octubre de 2023 y el 10 de enero de 2024 reveló que las mujeres periodistas sufrieron 655 ataques digitales con un importante y notorio componente de violencia sexual, misoginia y lesbofobia. El 17.5% del total de comentarios contra mujeres periodistas entra en la tipología de violencia sexual. Un hallazgo relevante es que 7% de los insultos dirigidos hacia periodistas varones son expresiones de contenido transfóbico, homofóbico y misógino, refiriéndose a ellos con el pronombre ella o con insultos específicos para mujeres, como perra. En ese sentido, observamos un fuerte componente de violencia basada en el género, incluso cuando los insultos se dirigen a varones.

Las defensoras que participaron en esta investigación no siempre conocen las categorizaciones técnicas de las agresiones digitales, ya que estás son complejas y cambiantes. En la encuesta realizada, se identifican cuatro tipos de agresiones digitales como los más comunes:

1. La vigilancia y el rastreo digital de su celular, computadora o redes sociales.

2. La suplantación, usurpación y robo de su identidad electrónica; es decir, cuando se hacen pasar por ellas en correo, redes sociales, celular, cuenta bancaria, etcétera.

3. El acceso no autorizado (hackeo) a sus cuentas personales o de trabajo.

4. El ciberacoso u hostigamiento digital, que se puede expresar como difamación en línea, difusión de información falsa o privada contra ellas o personas cercanas, mensajes de acoso, ridiculización, amenazas, etcétera.

Por otro lado, al analizar la información proporcionada por los testimonios identificamos las siguientes expresiones de violencia digital:

• Desinformación. Este fue el ataque más nombrado por las entrevistadas, lo que no es de extrañar, ya que desde hace años existen investigaciones y reportajes nacionales e internacionales que muestran cómo la utiliza el gobierno. Una investigación realizada por la agencia Reuters advertía sobre la construcción de un gigante de las comunicaciones con trolls pagados que ponen en peligro a periodistas y a personas opositoras. La principal característica de este tipo de ataque es la manipulación de la información para la denostación y el descrédito de la defensora y las organizaciones a las que pertenece. Se materializa publicando información falsa, como fotos trucadas, o fuera de contexto, como videos con información parcial, para cimentar acusaciones falsas. Esta estrategia busca polarizar la opinión pública, reviviendo las fracturas sociales históricas del país: los buenos, partidarios del gobierno y sus aliados; y los malos, personas y organizaciones que se oponen a los buenos.

  Las primeras que enfrentaron ataques en redes sociales fueron periodistas. Documentamos ataques constantes, cargados de insultos, expresiones de odio y amenazas de violencia sexual desde cuentas afines al ejecutivo como forma de represalia a publicaciones críticas a la gestión gubernamental.

• Acoso.  Este tipo de violencia se ejerce a través de conductas repetitivas e indeseables dirigidas hacia las defensoras para causarles temor, angustia, intimidación o perturbación emocional. La estrategia más común es la denuncia masiva de sus cuentas de redes sociales para dar de baja sus publicaciones, bloquear su perfil e, incluso, provocar que lo pierdan. También están los ciber-bombardeos que inundan sus correos electrónicos, generándoles confusión, miedo y frustración; así como la creación de hashtags para fomentar el acoso masivo.

  Una académica fue señalada por un asesor de seguridad del gobierno, de manejar un troll center desde el cual se organizaban ataques contra el presidente y sus funcionarios. Asimismo, algunas abogadas que se han destacado por sus opiniones críticas en esa red social fueron atacadas por bots desde cuentas afines al gobierno y algunos funcionarios públicos.

• Amenazas a la integridad de las defensoras y su círculo cercano. Estos ataques suelen proceder de cuentas anónimas que les advierten que corren peligro si continúan realizando su trabajo. En los últimos años hemos documentado amenazas —directas e indirectas— de muerte y de violación sexual dirigidas tanto hacia las defensoras como a sus familias. Estas amenazas ejemplifican el límite difuso entre “lo físico” y “lo digital” ya que, debido al contexto de impunidad reinante en el país, se percibe como una realidad que podría concretarse en cualquier momento y, en ocasiones, van acompañadas de indicios de vigilancia presencial a través de expresiones como “yo sé dónde vive”, el envío de nombres o fotos de sus seres queridos o situaciones inusuales como “hurtos” o presencia inusual de patrullas de la PNC cerca de sus viviendas. 

  En marzo del 2022, los grupos de WhatsApp de activistas feministas fueron hackeados e intervenidos y recibieron violentos mensajes con amenazas de muerte, violencia sexual, asaltos a sus viviendas y centros de reunión. Tras la denuncia sólo imperó el silencio.

• Vigilancia ilegal electrónica. Ésta es una de las principales preocupaciones de las defensoras, ya que se ha comprobado que periodistas y personas opositoras, o percibidas como tales, han sido víctimas de ciber-espionaje por parte del gobierno a través del software Pegasus. Un testimonio, tras comprobar el uso del programa Pegasus en su teléfono celular, expresó: “Encendieron mi cámara y micrófonos, accedieron a mis fotos, contactos, etcétera. ¡Me sentí tan vulnerada!”. Una entrevistada que recibió un hackeo, al parecer, producido a través de phishing, denunció la vulneración de su información y la de su organización. Esta situación conllevó la difusión de mensajes en contra de su colectiva; en su testimonio expone: “Estas personas que hicieron estos ataques sabían quiénes éramos nosotras. He sentido mucho miedo de que en algún momento puedan utilizar toda esa información que vieron ahí y que básicamente la están guardando para otro momento”.

  En noviembre de 2021 se expuso públicamente que periodistas e integrantes de organizaciones recibieron una alerta, por parte de la empresa Apple, en la que se les advertía que estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de “atacantes patrocinados por un Estado”. El análisis hecho por Amnistía Internacional y Citizen Lab confirmó que, en efecto, cada dispositivo estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group.