CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA: MÉXICO

Durante décadas, México se ha enfrentado a la imposición de un modelo capitalista neoliberal que ha facilitado la concentración acelerada de la riqueza, ampliando la desigualdad social y el empobrecimiento de más de la mitad de la población. Este modelo propicia la corrupción y el despojo en detrimento de los derechos de las mayorías, afectando de manera particular a las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas y afromexicanos, y a la clase trabajadora. Su crueldad, sustentada en el extractivismo y en políticas de acumulación por desposesión que generan precariedad y muerte, ha agravado la inseguridad y la violencia en sus diversas manifestaciones.

La violencia en México se agudizó a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. En la práctica, esta estrategia implicó el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de los territorios y comunidades del país. Como resultado, se generó una de las crisis de violencia y violaciones a derechos humanos más graves de las últimas décadas, con impactos profundos sobre la economía, la política y el tejido social muy difíciles de revertir en el corto plazo.

Aunque en los dos últimos sexenios existe un cambio de narrativa por parte del ejecutivo federal y se han implementado otros modelos de seguridad, la creación de la Guardia Nacional y el poder que mantiene el Ejército han reforzado la preocupación por la militarización de las tareas civiles, las denuncias de violaciones a derechos humanos y la persistente infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad. En los últimos años se han implementado medidas que han reducido la desigualdad; sin embargo, no se ha logrado transformar las condiciones estructurales que la generan y persisten la violencia social y políticas capitalistas como el extractivismo, el cual sigue siendo fuente de conflictos en muchos territorios del país. 

La violencia histórica y estructural que se vive en el país mantiene cifras muy elevadas de homicidios, feminicidios y otras violencias. En 2023, México ocupó el quinto lugar entre los países con más homicidios del mundo. Esta situación se refleja en la tasa global de homicidios por cada 100.000 habitantes registrada en 2024: mientras la tasa global fue de 5.8, y la del continente americano de 20.2, en México ascendió a 25.8. En 2024, los estados con mayores tasas de homicidios por 100.000 habitantes fueron Colima (123), Morelos (77), Baja California (65), Guanajuato (63) y Chihuahua (60). En enero de 2026, el Inegi reportó que de enero a junio de 2025 se obtuvo una tasa de 11.1 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional; siendo menor a la tasa registrada para el mismo periodo de 2024, que fue de 12.6. En relación con los feminicidios, en 2024 se registraron 852 feminicidios en México, lo que en promedio representa uno cada 10 horas y una tasa de 1.3 asesinatos de mujeres por motivos de género por cada 100 mil habitantes del sexo femenino (CEPAL, 2025). 

Este contexto generalizado de violencia afecta gravemente los derechos humanos de la población y aumenta los riesgos que enfrentan quienes los defienden. En 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ordenó la creación de un mecanismo de protección. Hasta octubre de 2025, este mecanismo ha beneficiado a 2,619 personas. Entre 2012 y octubre de 2025, 70% de las agresiones reportadas al Mecanismo correspondió a amenazas, 25% a agresiones físicas y 5% a secuestro o privación de la libertad.

Es importante destacar que, al ser una República Federativa, en México coexisten diversas realidades y complejidades. En el ámbito federal, en algunos casos en diálogo con organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, se han logrado impulsar esfuerzos y medidas de protección que buscan atender las causas estructurales, sin embargo, la realidad en los territorios y entidades federativas muchas veces no está alineada con este esfuerzo federal.

En varios estados, la violencia y el control territorial del llamado crimen organizado desbordan la capacidad institucional, evidenciando los altos niveles de complicidad entre algunas autoridades públicas y grupos fuera de la ley. Esta dinámica ha derivado en la instrumentalización del Estado por parte de estos grupos y el poder económico, consolidando un sistema de impunidad que impacta de manera directa en todos los ámbitos de la vida de la población mexicana y, en particular, en la labor de las defensoras de derechos humanos.

Entre 2019 y 2024 nuestro registro de agresiones documentó un total de 10,262 agresiones en contra de 2,303 defensoras y 143 organizaciones. Chiapas, Oaxaca y el Estado de México fueron las entidades federativas que concentraron la mayor parte. A éstas se une la Ciudad de México, en parte debido al mayor peso poblacional que esta entidad tiene y por ofrecer mejores condiciones de acceso a la información que nutre nuestro registro.

México se encuentra, año tras año, entre los países más letales para quienes ejercen el periodismo. Los medios pequeños y alternativos se enfrentan a los oligopolios mediáticos, a la criminalización y a la violencia. La precariedad del trabajo periodístico es otro factor relevante para entender el grado de exposición y riesgo que entraña la profesión. En nuestro sistema de registro, hemos documentado mayores agresiones en contra de quienes cubren temas relacionados con política, corrupción y colusión entre crimen organizado y actores políticos. Las periodistas que cubren manifestaciones, en particular marchas feministas, enfrentan también un riesgo particularmente elevado.

Por otro lado, las políticas extractivas continúan. Si bien actualmente se busca una mayor rectoría del Estado y una reorientación del uso de los recursos hacia programas sociales, esto no modifica de fondo un modelo económico desarrollista que continúa devastando los territorios. A la fecha, se registran 211 conflictos ambientales en el territorio mexicano. En este contexto, las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales se enfrentan a los modelos hegemónicos de acumulación capitalista y explotación extractivista, en una lucha intrínsecamente transgresora que les conlleva riesgos particularmente elevados.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)) da cuenta que en 10 años fueron asesinadas en el país 102 personas defensoras del medio ambiente; sólo en 2023 fueron 20. En cuanto a agresiones no letales, el CEMDA registró 1,317 casos, la mayoría de las cuales afectaban a personas indígenas cuya lucha se centra en la defensa del territorio contra la minería y en la defensa del agua.

En los últimos tres años (2023–2025), a través de nuestro registro de agresiones hemos documentado en México 655 ataques contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Estas mujeres se enfrentan a los grandes intereses económicos que sostienen proyectos extractivos o de infraestructura. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.

Adicionalmente, desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006 se ha visto agudizada la situación de riesgo de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación.Este contexto se refleja especialmente en las agresiones contra las buscadoras, con mayor incidencia en estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca. Actualmente y con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas actualizado al 8 de enero 2026, en México se encuentran reportadas como desaparecidas y no localizadas 133,472 personas (Comisión Nacional de Búsqueda, s.f.). La magnitud de la crisis de desapariciones en el país es directamente proporcional al nivel de riesgo y agresiones que enfrentan las buscadoras.

Entre 2020 y junio de 2026 documentamos el feminicidio de 23 buscadoras, lo que representa 38% del total de las defensoras asesinadas en México. Además, registramos otras modalidades de agresiones en contra de este colectivo, como seguimientos, vigilancias, amenazas de muerte, agresiones físicas y desaparición.

Otros dos grupos de defensoras especialmente vulnerables a agresiones en México son, por un lado, quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y, por otro lado, quienes pertenecen y/o impulsan los avances en garantía de derechos las diversidades sexo genéricas. Las violencias contra las defensoras del derecho a una vida de violencia provienen de los agresores de las mujeres que  acompañan y de toda la infraestructura institucional y fáctica que protege y perpetúa el orden patriarcal.

Entre 2020 y diciembre de 2025 documentamos 2,582 agresiones contra defensoras del derecho a una vida de violencia, la mayoría (75%) fueron perpetradas en acciones colectivas. Según el informe 2024 de Letra Ese, de las 80 víctimas LGBTTTIQ+ de homicidios registradas en 2024, al menos 7 eran consideradas personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 5 eran mujeres trans, 1 hombre gay y 1 persona Muxe. 

Es especialmente preocupante la situación de las defensoras trans, quienes enfrentan un riesgo de violencia letal particularmente alto.

A través de nuestro registro hemos documentado 16 transfeminicidios de defensoras entre 2020 y junio de 2026.

Asimismo, identificamos el uso de campañas de desprestigio que cuestionan el liderazgo e integridad moral de las defensoras de derechos de las diversidades sexo-genéricas a partir de la ridiculización de su vida sexual o de señalamientos falsos de corrupción o malversación de fondos de sus organizaciones.

México cuenta con una legislación robusta para garantizar la protección de datos y combatir el ciberacoso. Sin embargo, observamos prácticas, modificaciones, propuestas de reformas o creación de leyes, normas y protocolos que, sin las adecuadas garantías y límites en el marco de los derechos humanos, podrían propiciar prácticas de vigilancia y facilitar la criminalización de las personas defensoras y sus colectividades. 

CONECTIVIDAD

México es el país de Mesoamérica con mayor porcentaje de población con acceso a internet y tecnologías de la información y la comunicación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizan anualmente la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (Endutih), la cual, durante 2024, registró que 83.1% de la población mayor a 6 años cuenta con acceso a internet, 81.7% dispone de un teléfono y 43.9% de los hogares de una computadora. Los datos desagregados por género indican que 82.3% de las mujeres tienen acceso a internet —84.1% en el caso de los hombres—, lo que constituye un aumento considerable con relación a 2021. El rango etario con mayor uso de internet es el comprendido entre 18 y 24 años, mientras que las personas mayores de 65 años son quienes menos lo utilizan. Es importante tener en cuenta que existen variaciones según la entidad federativa y entre el ámbito rural y urbano. En 2024, las entidades federativas con mayores porcentajes de población usuaria de internet fueron Sonora (91.3%), Quintana Roo (90.7%) y Baja California Sur (90.4%). En contraste, los menores porcentajes se observaron en Oaxaca (69.2%) y Chiapas (64.9%). 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Tanto los artículos 6 (Base A) y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2025) protegen los datos personales, aunque no de forma irrestricta, ya que permiten la vigilancia bajo razones de seguridad, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Dichas disposiciones se pueden encontrar en los artículos 252, 291 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales que, en resumen, estipulan que toda interceptación debe ser autorizada por un juez luego de haber sido solicitada por la persona titular del ministerio público federal o de la entidad federativa. En algunos casos excepcionales y urgentes, la Fiscalía puede también ordenar la entrega de datos personales, decisión que deberá de ser ratificada por un juez en un plazo de 48 horas.

Los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) establecen, de manera genérica, la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones e, incluso, de los proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos de atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente; colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia; facilitar localización en tiempo real; y conservar y entregar datos de comunicaciones de las personas usuarias, también conocidos como “metadatos de comunicaciones” o “datos de tráfico de comunicaciones”, cuando sean solicitadas por autoridades competentes, es decir, por el titular de la Fiscalía General de la República o sus equivalentes estatales, por cualquier agente del Ministerio Público —a partir de un acuerdo publicado el 6 de diciembre de 2023—, por el Centro Nacional de Inteligencia y por el titular de la Guardia Nacional. Además, la Ley de la Guardia Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional facultan a los tres últimos para intervenir comunicaciones bajo las condiciones antes descritas, pero sin que se establezcan límites.

Todas las leyes que protegen los datos personales y las comunicaciones privadas permiten algún tipo de excepción mediante una orden judicial, e incluso en casos de emergencia se puede proceder sin contar con este documento, lo que representa un riesgo para los derechos digitales.

La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, en su investigación “El Estado de la vigilancia fuera de control”, mostró que de todas las solicitudes que recibieron las compañías de telecomunicaciones para acceder a datos conservados entre 2013 y 2015, aunque menos de 3% tenían una orden judicial, se procedió a entregar la información en más de 95% de los casos, incluso a dependencias no facultadas por la ley para hacer estas solicitudes. De todas estas solicitudes, menos de 9% llegó a ser parte de un proceso judicial. No es posible proporcionar datos sobre años recientes porque las compañías de telecomunicaciones dejaron de estar obligadas a dar este tipo de información, así que se desconoce cómo se están empleando este tipo de recursos legales actualmente.

INICIATIVAS DE DIGITALIZACIÓN 

El 14 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles (LORC), que transfiere la administración del Registro Civil a la Secretaría de Gobernación —institución de ámbito federal—, así como la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), una base de datos biométricos centralizada y obligatoria que albergaría el registro de las actas de nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o divorcio, rectificaciones de género y Clave Única de Registro de Población (CURP) con foto. A la fecha de la publicación de este informe, esta ley se encuentra pausada debido a que todavía no no ha sido aprobada por el Senado.

Por otro lado, se han producido algunos cambios importantes a partir de la última reforma a la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial el 16 de julio de 2025. Esta reforma contempla la recolección obligatoria de datos de la población mexicana a partir de la CURP biométrica que incorpora fotografías, huellas dactilares y otros datos biométricos. En años anteriores se habían impulsado iniciativas similares: primero en 2021, con la Cédula Única de Identidad Digital; después en marzo de 2023, con la Cédula de Identidad Ciudadana, posteriormente, en ese mismo año, con la CURP con foto.

Es de suma importancia que todas estas iniciativas de digitalización establezcan límites claros, en el marco de los derechos humanos, para impedir la transferencia irrestricta de estos datos a otras instancias públicas o privadas.

CIBERSEGURIDAD 

Desde hace varios años se han presentado e impulsado diferentes propuestas para crear una Ley Federal de Ciberseguridad con el objetivo de fortalecer la protección de datos, cumplir estándares internacionales en ciberseguridad, establecer parámetros sobre delitos cibernéticos y las sanciones correspondientes, desarrollar un registro nacional de incidentes de ciberseguridad y crear una nueva entidad que coordine y supervise estas acciones. La iniciativa de ley más reciente fue presentada al senado el 30 de abril de 2025, y a la fecha no ha sido aprobada. Asimismo, desde enero de 2026 se presentó ante la Cámara de diputados la Ley General para la Coordinación de la Ciberseguridad, la cual propone la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad como una figura de coordinación entre órdenes de gobierno. 

En diciembre de 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aprobó la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal, la cual tiene como objetivo: “Establecer un marco integral común de ciberseguridad para la Administración Pública Federal que salvaguarde los derechos digitales, proteja las infraestructuras e información gubernamental, garantice la resiliencia y continuidad de los servicios digitales y reduzca el riesgo sistémico del Estado, mediante controles diferenciados, gestión dinámica del riesgo y mejora continua”.

VISIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DIGITAL

El INEGI cuenta con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), el cual, en 2024, registró que 21% de la población usuaria de internet de 12 años o más sufrió ciberacoso: 22.2% fueron mujeres y 19.6% hombres. Los rangos de edades de 12 a 19 y de 20 a 29 años son los que registran mayor ciberacoso, tanto para hombres como mujeres. Las dos principales formas de ciberacoso para ambos géneros fueron el establecer contacto mediante identidades falsas y el envío de mensajes ofensivos. Sin embargo, las mujeres tienden a recibir en mayor proporción que los hombres ciberacoso con contenido sexual o que incluye insinuaciones y propuestas sexuales. Las mujeres reportan un porcentaje de 27.5% de actos de ciberacoso con contenido sexual y de 29% con insinuaciones y propuestas sexuales, mientras que los hombres alcanzan 15.8% y 13.9% respectivamente.

La visibilización de las violencias digitales impulsada por parte del movimiento feminista, junto con el activismo de Olimpia Coral Melo —quien se convirtió en símbolo de esta lucha tras ser víctima de la difusión no consentida de contenido íntimo— fueron fundamentales para la aprobación por el senado de la República de la denominada Ley Olimpia en noviembre de 2020. No se trata estrictamente de una ley, sino de un conjunto de reformas que buscan reconocer y sancionar la violencia digital a través de establecer como delito la difusión indebida por medios digitales de contenido intimo sin consentimiento, garantizar la protección de las víctimas y promover campañas preventivas de sensibilización. Desafortunadamente, continúa siendo un desafío su implementación efectiva, lograr que se acepten las denuncias y que, una vez aceptadas, se abra un proceso judicial que concluya con una sentencia. Asimismo, en 2023 se aprobó la Ley Ingrid, que establece un conjunto de reformas para sancionar a funcionarios públicos que difundan imágenes de víctimas y sobrevivientes de violencia, con el objetivo de salvaguardar su dignidad e integridad. Esta ley también contempla una reforma del Código Penal para ampliar las sanciones por actos de corrupción y acoso de menores de edad a través de medios electrónicos.

Los testimonios recogidos en esta investigación evidencian cómo los usos y los cuidados digitales han cambiado con los años, ya que la mayoría de las defensoras reconoce tener en la actualidad un uso mucho más intensivo de las tecnologías y una mayor conciencia y práctica del cuidado de sus datos y privacidad. Como anécdota, una defensora entrevistada cuenta que cuando tuvo su primer número de celular, lo anotó en un pizarrón para que la gente tuviera acceso a él; hoy reconoce que eso sería impensable.

En general, el uso de la tecnología se percibe inicialmente como si se tratara de una herramienta neutral y, más tarde, esta percepción cambia. Para algunas defensoras, los episodios traumatizantes, como el espionaje u otros ataques digitales, son los que activan la necesidad de aprendizaje:

“Después de tantos años, recién estoy acudiendo al primer cursito sobre los materiales digitales, herramientas digitales y todo lo que implica la seguridad”.

Para otras, es más bien el contexto y el hecho de observar las precauciones en el uso de las tecnologías por otras compañeras lo que les permite reconocer los problemas y aprender juntas.

A pesar de que ninguna de las entrevistadas se reconoce como una persona con experiencia en cuidados digitales, los testimonios demuestran que algunas defensoras sí conocen y aplican algunas estrategias y prácticas de seguridad. Por ejemplo, algunos testimonios señalan como una medida de cuidado el compartimentar los contenidos de acuerdo con el ámbito —personal o de trabajo— y el tipo de redes sociales —abiertas o restringidas— en los que se comparten. Otra medida identificada, que surge de la naturaleza de su trabajo, es tener especial cuidado al compartir información en el celular cuando transitan por la frontera del país. También hay otros que emergen de sus prácticas diarias, como el cambio de contraseñas y el uso de correos electrónicos de respaldo.

Asimismo, se reconoce una interseccionalidad fundamental para la apropiación de las tecnologías y de la seguridad digital entre las defensoras: la edad. Como señala un testimonio:

“Yo ya tengo 61 años, pues sí, yo no tengo la facilidad que tienen las jóvenes para manejar, pero estoy haciendo un esfuerzo”.

Justamente, las entrevistadas valoran los espacios de aprendizaje más formales, por ejemplo, cursos de seguridad digital en los que se comparten experiencias entre defensoras, sobre todo, desde un punto intergeneracional, en el que, como afirma un testimonio, las compañeras más jóvenes y que están más familiarizadas con las tecnologías brindan apoyo a las mayores.

De acuerdo con nuestro registro, entre 2020 y 2025 en México se produjeron 2,377 agresiones a través de medios digitales contra defensoras de derechos humanos y sus organizaciones; esto representa que una de cada cinco agresiones (20%) registradas durante el periodo fueron facilitadas por las tecnologías. 

La mayor parte de estos ataques fueron en contra de periodistas, defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión y contra defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Las defensoras mexicanas encuestadas consideran que las agresiones digitales son sistemáticas en su activismo y que la situación ha empeorado en los últimos dos años. Así, la mayoría se sienten vulnerables a ataques vinculados al uso de las tecnologías debido a la existencia de un contexto hostil para la defensa de derechos humanos, en el que prevalece la impunidad y se percibe un aumento de los ataques digitales.

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DIGITAL

Según nuestro registro, 70% de las agresiones digitales documentadas en México entre 2020 y 2025 presentan componentes de género.

Los testimonios recogidos para esta investigación confirman estos datos y muestran cómo los ataques mediados por las tecnologías forman parte de estrategias patriarcales de silenciamiento y amedrentamiento hacia las defensoras.

Por una parte, las violencias discursivas que en general se reciben a través de las redes sociales están cargadas de misoginia e incluyen comentarios despectivos basados en la apariencia física de las defensoras, en la sexualización de sus cuerpos o en el permanente cuestionamiento de su feminismo. Los ataques misóginos son especialmente comunes en contra de feministas. Como señala una de las defensoras entrevistadas:

“Hay causas que se reconocen como válidas y otras que son cuestionadas constantemente. Ahí lo pienso mucho cuando tiene que ver con los derechos de las mujeres, y mucho más si son de niñas y adolescentes o lesbianas y bisexuales”.

Por otra parte, está la violencia sexual como un componente del ataque, por ejemplo, en la publicación de imágenes o videos íntimos de las defensoras sin su consentimiento, o en la amenaza de violaciones correctivas cuando no cumplen con el mandato patriarcal de la heterosexualidad. También abundan las amenazas de muerte que se extienden a familiares de las defensoras, relacionado con el papel de madres, abuelas y cuidadoras que muchas de ellas desempeñan, lo cual les genera una especial angustia.

Al preguntarles sobre las agresiones digitales más usuales en su activismo, identificamos entre las defensoras mexicanas entrevistadas la dificultad para discernirlas y nombrarlas. El hackeo y el espionaje, por ejemplo, son conceptos que admiten un amplio abanico de interpretaciones. Ante este escenario, describimos y categorizamos los distintos tipos de ataques que logramos distinguir a partir de las entrevistas y encuestas, señalando el efecto que tienen en las defensoras.

• Acoso digital. Esta modalidad de agresión busca atemorizar, enfadar o humillar a las defensoras con el objetivo de deslegitimar su labor. La estrategia de la que se vale es prodigar insultos misóginos —dirigidos tanto a las defensoras como a sus organizaciones— que, dependiendo del contexto, pueden percibirse como una forma de amedrentamiento sistemático. Las redes sociales son las plataformas en las que más ocurren. Otra estrategia usual de acoso son los intentos de apoderarse de sus cuentas o perfiles. Para algunas defensoras, hay una cierta naturalización de estos ataques porque quizás se desestiman sus efectos o porque no hay tiempo ni recursos para prestarles demasiada atención. A pesar de ello, terminan siendo costosos. Una de las entrevistadas señala:

  “La verdad es que sí nos ha llegado a ocupar momentos de nuestras reuniones para reflexionar y hacer catarsis sin que podamos encontrar una estrategia para abordarlo”.

  En abril de 2023, el sitio de noticias de corte feminista Sem México fue vandalizado por 1915 Team, haker o hakers, que lograron acceder al sitio sin autorización, cambiaron su apariencia y dejaron una amenaza en inglés. Antes ya habían sido objeto de diez intentos fallidos, aunque no se especifica si del mismo tipo.

• Amenazas. Son ataques que apuntan a la integridad de las defensoras y sus familiares, y van desde las amenazas directas contra sus vidas hasta advertencias de violación sexual.

• Violencia sexual digital. Consiste en mensajes o llamadas con contenido sexual con el fin de hostigar o amenazar a las defensoras. También incluye la difusión no consentida de imágenes íntimas de las defensoras, generalmente por parte de ex-parejas. Este tipo de violencia tiene un amplio rango de reacciones: algunas no las toman en serio, a otras les ha significado perder sus trabajos.

  En 2025 documentamos el caso de una defensora que fue agredida  a través de medios digitales por la ex-pareja de la mujer a la que acompañaba después de que ésta lo hubiera denunciado por el delito de secuestro y tentativa de feminicidio. Las agresiones y hostigamiento constante que vivió estas defensora incluyen amenazas y el uso de cuentas falsas para el envío de fotografías con contenido sexual a través de mensajes de Facebook.

• Vigilancia ilegal. Esta tipología de ataque entraña un amplio rango de estrategias: grabaciones sin autorización que se hacen públicas para acosar, hostigar o desinformar; la intervención de teléfonos, la vigilancia electrónica, seguimiento a la defensora y monitoreo de sus actividades digitales. Es importante destacar que el espionaje y la vigilancia que se viven en el país forman parte de una estrategia histórica de control de liderazgos sociales y colectividades.

  Un caso que da cuenta de las implicaciones de estos sistemas de vigilancia o espionaje es el que vivió la periodista mexicana Marcela Turati —defensora de las familias de las víctimas de la masacre de San Fernando—, junto con la perito argentina Mercedes Doretti y Ana Lorena Delgadillo, cuyas comunicaciones fueron mapeadas, sus llamadas telefónicas y mensajes de texto rastreados y su ubicación geográfica registrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (antes siedo), de 2015 a 2016 (Castañeda, 2021). Esto impactó psicológica y físicamente en su entorno personal y laboral, pero también tuvo efectos colectivos al alimentar la impunidad y generar miedo, desconfianza y criminalización hacia y entre las personas que buscan justicia y ejercen la labor periodística y la abogacía.

Estos tipos de agresiones se pueden manifestar de forma simultánea. Por ejemplo, en el caso de la vigilancia ilegal, se puede sostener que, en ocasiones, se vincula con el hostigamiento ya que, por distintos modos, se le hace saber a la defensora y a su organización que está siendo vigiladas:

“Estoy hablando [por teléfono] y un eco tremendo, comienzan a oírse voces y comienzan a hacer correr una cinta… o sea, ostentoso, pues, que sí nos escuchan”.