CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA: NICARAGUA

Análisis feminista de las violencias digitales contra las defensoras de derechos humanos en Nicaragua.

Este es el capítulo dedicado a Nicaragua de la investigación "Cuerpos digitales, territorios en disputa. Análisis feminista de las violencias digitales contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica".

En este capítulo buscamos reflejar cómo en Nicaragua, especialmente desde abril de 2018, de forma paulatina y planificada el gobierno liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aplicado estrategias, adquirido recursos técnicos y creado un marco legal para el control, vigilancia, persecución, intimidación y criminalización del activismo y la defensa de derechos humanos a través del uso de la tecnología con el fin de consolidar un estado totalitario en el país.

1. CONTEXTO POLÍTICO Y DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA

Nicaragua se ha consolidado como un Estado totalitario dinástico donde la familia Ortega-Murillo concentra todo el poder y mantiene coartados los derechos y libertades de la población a través del terror y la violencia. La cooptación absoluta de la totalidad de instituciones públicas —incluyendo las judiciales, las legislativas y las policiales— es el resultado de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, sustentado en pactos de impunidad con sectores de la oposición política y el poder económico.

En abril de 2018, lo que comenzó con unas protestas que denunciaban el incendio de la Reserva Indio Maíz y, días después, en oposición a la reforma de la seguridad social impuesta por el FMI, culminó en un estallido social que demandaba justicia social, democracia y cese de la represión. El presidente Daniel Ortega y su esposa y actual co-presidenta, Rosario Murillo, respondieron con uso de la violencia letal cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto fue el inicio de una grave crisis de derechos humanos que ha dejado al menos 328 víctimas letales, la detención y tortura de cientos de personas opositoras, el exilio de otras miles, el cierre de miles de organizaciones, la suspensión absoluta del derecho a la libertad de expresión y a la participación política y el establecimiento de un Estado policial.  

Aunque la violencia estatal contra las defensoras de derechos humanos y el pueblo organizado ya existían desde antes del estallido social, fue a partir de éste cuando el Estado cooptado por los intereses de la familia Ortega-Murillo asumió una estrategia más a corto plazo e institucionalizó políticas para acabar con toda disidencia y desarticular el espacio social nicaragüense.

De 2018 a diciembre de 2025, a través de nuestro sistema de registro documentamos 13,916 agresiones en contra de 1,702 defensoras y 417 organizaciones de defensa de derechos humanos en Nicaragua.

Destacan los casos de criminalización y graves vulneraciones a los derechos e integridad de las defensoras en situación de prisión política, los desplazamientos forzados internos, el exilio, la represión migratoria y el control territorial a partir de actos de vigilancia y hostigamientos que, muchas veces, son formas de agresión que se extienden a familiares y personas cercanas a las defensoras. Adicionalmente, hemos registrado un creciente uso de la violencia digital para agredir con mensajes cargados de discursos de odio, con intentos de desacreditar a las defensoras mediante burlas, amenazas y estigmatización.

Desde los primeros días del estallido social de 2018, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias se erigieron en una estrategia para castigar y reprimir a la población que ejercía su legítimo derecho a la protesta. Si bien identificamos ciertas coyunturas en las que se dio un aumento en el número de detenciones, como durante las manifestaciones de 2018 y en el contexto pre-electoral de 2021, la criminalización de personas percibidas como opositoras ha sido una constante durante los últimos ocho años. En diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Política  identificaba al menos 62 personas presas políticas, entre ellas 6 mujeres. La mayoría de las personas criminalizadas fueron procesadas en juicios altamente irregulares por cargos de terrorismo, secuestro, tráfico de armas y crimen organizado, entre otros delitos de índole violenta y que implican daños a la sociedad.

Desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta diciembre de 2025 hemos registrado 236 casos de detención arbitraria contra defensoras. En 89 de estos casos las defensoras permanecieron en cárceles y centros de detención durante meses o incluso años en condición de prisioneras políticas. 

Las detenciones han venido acompañadas de violaciones de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como la desaparición forzada, la arbitrariedad en el cumplimiento del debido proceso, la falta de acceso regular al patio-sol, al servicio de paquetería y a visitas de sus familiares.

En algunos casos, también hemos documentado tortura psicológica, física y sexual. En 2020, defensoras feministas impulsaron el Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual, el cual concluyó que "la violencia sexual cometida por el Estado de Nicaragua constituye un delito de tortura y que dicha tortura fue cometida de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense".

A partir de 2019, con el propósito de institucionalizar las prácticas represivas empleadas para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos, se han aprobado un conjunto de leyes que son incompatibles con otros marcos normativos nacionales y con acuerdos internacionales previamente ratificados. Estas leyes legalizan las prácticas de persecución, fiscalización tributaria y bancaria, vigilancia, control y desaparición forzada, que se venían ejecutando contra la población nicaragüense. Entre ellas destacan: la Ley N.º 977 en contra del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; la Ley N.º 1040 de regulación de agentes extranjeros; la Ley N.º 1042 de ciberdelitos; la Ley N.º 1055 ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz; la Ley N.º 1058 de reforma al Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes cometen crímenes de odio; la Ley N.º 1057 y Ley N.º 1060, la cual reforma los criterios para la pérdida de la nacionalidad nicaragüense aplicables a “traidores de la patria”.

Otro tema sobre el que es relevante llamar la atención es el referente a la destrucción el tejido social organizativo del país a partir de la cancelación de la personería jurídica de 5,441 organizaciones sociales que operaban en el país.

Según datos de nuestro registro, al menos 280 de estas organizaciones eran feministas o defendían los derechos de mujeres, adolescentes y niñas. 24 de estas últimas también sufrieron la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles.

Esta lista no visibiliza la diversidad de colectivos y otras expresiones de articulación que no tenían representación legal y que, como medida de seguridad, han cesado o disminuido de forma significativa sus actividades dentro del país.

El cierre de medios de comunicación también ha sido una constante en este período: hasta finales de 2023, más de 54 medios y 16 espacios informativos han sido confiscados y/o cerrados. Sin embargo, destacamos que muchos medios críticos han sostenido su trabajo desde el exilio, y han surgido nuevas plataformas digitales feministas, como La Lupa y Agenda propia, además de la refundación de Radio Vos.

El contexto de prohibición absoluta de la defensa de derechos humanos y la precariedad económica ha generado el mayor éxodo de la historia de Nicaragua. Alrededor de 800,000 nicaragüenses, 11.6% de la población total, han abandonado Nicaragua entre abril 2018 y noviembre 2025.

En ese mismo periodo hemos documentado 98 desplazamientos forzados internos y 258 externos de defensoras, así como 98 desplazamientos forzados de familiares de defensoras: 11 dentro del país, 80 internacionales.

Por su parte, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) ha documentado que 293 periodistas se han visto obligados a salir de Nicaragua (Confidencial, 2025). 

La represión migratoria ha sido otra de las estrategias utilizadas por el Estado en contra de las defensoras y sus familiares. Ésta se ejerce a través de cuatro posibles escenarios:

  1. El retiro de la nacionalidad nicaragüense y la expulsión del país.

  2. El destierro de facto, en el que se impide el reingreso al territorio nacional.

  3. La retención o no renovación de pasaporte o documentos de identidad que deja a las personas en el extranjero en un limbo legal.

  4. Otras formas de hostigamientos migratorios como interrogatorios, amenazas y detenciones temporales en los puestos migratorios.

Según datos del GHREN, el Estado de Nicaragua ha privado arbitrariamente de la nacionalidad a 452 personas y a 451 de éstas les ha obligado a abandonar el país.

De acuerdo con nuestros registro de agresiones, 84 de estas personas son mujeres y 60 de ellas son defensoras de derechos humanos.

Las defensoras nicaragüenses que se encuentran en otros países enfrentan los desafíos del desplazamiento forzado y al reto de hacer frente a diferentes expresiones de violencia y dificultades legales, sociales, económicas y de salud para poder integrarse en el país de destino. Y aunque muchas de ellas han mantenido su activismo y buscan o crean espacios de articulación con otras mujeres, otras se alejan de la acción política para priorizar su sostenibilidad económica, bienestar y/o salud mental.

Mientras tanto, quienes continúan en Nicaragua tienen que lidiar a diario con un estado de vigilancia en múltiples niveles y con la supresión de sus derechos a la información, expresión, asociación, desplazamiento, salud, educación, etcétera.

Estas defensoras se encuentran en una absoluta situación de vulnerabilidad y a merced de un sistema que prioriza la impunidad, que persigue y criminaliza toda expresión de desacuerdo con las políticas y decisiones de la co-presidencia, y busca desarticular el tejido organizativo y asociativo, aislando y empujando a las defensoras al al cese de su activismo o el exilio.

3. ¿CÓMO SE RELACIONAN LAS DEFENSORAS NICARAGÜENSES CON LAS TECNOLOGÍAS?

Previo al estallido social de 2018, el país atravesaba por un momento de auge del ciberactivismo. Las redes sociales como Twitter (ahora X) y Facebook servían como espacio para el debate de ideas y la promoción de espacios, y como canal de comunicación entre las organizaciones y sus audiencias en los que se documentaban las actividades y se difundían mensajes y convocatorias. El uso de las redes sociales fue fundamental para potenciar las convocatorias a marchas y eventos de protesta como #OcupaINSS en 2013 y las movilizaciones feministas en las que año tras año aumentaba la participación de jóvenes. Sin embargo, para el movimiento de mujeres y otras organizaciones de defensa de derechos humanos el uso de las tecnologías e internet era más un medio que una estrategia política. Había incluso un sesgo generacional por el cual las jóvenes eran las que principalmente se ocupaban de lo digital.

Algunas organizaciones feministas y de derechos humanos iniciaron una relación con Fundación Acceso (Costa Rica) con el fin de fortalecer sus capacidades en seguridad digital para prevenir y mitigar potenciales ataques. Pero esta cuestión no generaba un interés generalizado o, en ese momento, no se consideraba una necesidad. Así que los esfuerzos se centraron en organizaciones que eran percibidas en situación de alerta roja ante una posible intervención gubernamental.

En 2016, el Observatorio Centroamericano de Seguridad Digital (OCSD) documentó cuatro incidentes de seguridad digital en el país, de los que destacamos dos: el allanamiento y destrucción de equipos informáticos en el Centro de la Mujer Acción Ya, de Estelí; y la continua difamación y las campañas de desprestigio contra Elizabeth Romero, periodista de investigación del diario La Prensa.

El acceso de las defensoras de derechos humanos a las tecnologías de la información y la comunicación —incluida la seguridad digital—, así como su uso y apropiación están altamente relacionados con las coyunturas políticas. En Nicaragua, identificamos dos momentos claves: la crisis sociopolítica iniciada en 2018 y la sindemia por covid-19 en 2020.

En abril de 2018, los medios digitales facilitaron el carácter autoconvocado de las protestas ante el incendio de Indio Maíz y, unos días más tarde, en contra de las reformas neoliberales al sistema de seguridad social. Personas que no necesariamente pertenecían a un partido político, organización o movimiento social decidieron unirse a las manifestaciones luego de ver en sus pantallas las imágenes de la represión gubernamental y la resistencia de la población.

Así, el estallido social se dio en las calles y en las redes sociales. “Aunque censuraran los medios independientes, nosotros hablamos y dijimos: si nos van a matar, que nos maten haciendo un live y así nuestra muerte va a quedar grabada de la manera que fue”, declararía Valeska Valle, integrante del Movimiento Universitario. Las transmisiones en vivo por parte de las personas que participaban en las protestas, mientras eran atacadas por policías y paramilitares, se multiplicaron en todas las plataformas y sirvieron como evidencias para los informes de organismos internacionales de derechos humanos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros meses de protesta.

Además de posibilitar la denuncia en redes sociales, las plataformas digitales fueron fundamentales para organizar la solidaridad a nivel territorial y documentar lo que acontecía en diferentes rincones del país. Cuando el régimen Ortega-Murillo ilegalizó las manifestaciones públicas en septiembre de 2018, las plataformas de comunicación e información digital se volvieron más importantes que nunca para la organización, la resistencia y la denuncia pública. Posteriormente, este vuelco masivo y casi obligatorio a lo digital se reforzó en 2020, ante la crisis generada por la sindemia por covid-19. Frente al irresponsable manejo del gobierno, fue la población, de forma autoconvocada, quien se organizó, muchas veces utilizando medios digitales, para el registro de casos y difusión de campañas de prevención. Asimismo, algunas organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas y otros espacios laborales suspendieron sus actividades presenciales y optaron por el teletrabajo —trabajo remoto o a distancia— como medida para evitar el contagio. La crisis sanitaria agravó la crisis pre-existente y, para las defensoras nicaragüeneses y sus organizaciones y colectivas, significó migrar su activismo y comunicación al entorno digital, así como la necesidad de meterse de lleno en temas de seguridad digital.

La relación y experiencias de las defensoras con las tecnologías es sumamente diversa y también responde a factores interseccionales de jerarquización social. El primero es el ámbito generacional, pues las defensoras jóvenes parecen tener una relación más natural con las plataformas digitales y un mayor entendimiento de su lenguaje y ritmos, a diferencia de las de mayor edad, que las adoptan por medio de terceras personas o de forma autodidacta. El segundo se refiere a los retos infraestructurales a los que se enfrentan los territorios rurales donde, a diferencia de los espacios urbanos, no hay posibilidad de acceso y apropiación digital por diversos motivos, entre éstos:

  • No hay una buena señal de internet y falta acceso a dispositivos de última generación; los que existen son viejos y no soportan muchas aplicaciones, entre ellas las de seguridad. Además, no hay una infraestructura confiable de telefonía, por lo que para comunicar y recibir noticias de la capital las personas deben caminar más de un día hasta alguna comunidad que cuente con teléfono.

  • La información y los procesos de formación en materia de seguridad y protección digital escasean; incluso las capacitaciones en línea suelen ser complicadas por la falta de acceso a redes de apoyo. Pero ha habido algunos esfuerzos muy puntuales para llevarles información sobre protección integral.

  • Donde hay presencia indígena, el lenguaje juega un rol central, pues casi todos los procesos de formación están en español y la traducción no es tan factible, ya que muchos conceptos tecnológicos y de seguridad digital no existen en lenguas originarias. Así, los procesos de aprendizaje y de adopción tienen otros matices. Un testimonio afirma que todavía hay mucho desconocimiento con respecto a las tecnologías, sobre todo en temas de seguridad digital.

  • La violencia contra las comunidades y territorios indígenas, para el despojo y explotación de la tierra y el territorio, es una constante histórica que se ha agravado en los últimos años. Si bien los mecanismos de represión no estén asociados al control tecnológico o a agresiones digitales, la falta de medios de comunicación y denuncia fomenta su invisibilización.

Ante el encono del Estado por lograr la ruptura del tejido social, los espacios digitales, entendidos de forma integral, son fundamentales para la continuación y sostenibilidad de la defensa de los derechos humanos. A la fecha de la publicación de este informe, 8 años después del estallido y con muchas limitantes debido al estado totalitario consolidado en el país, la tecnología y el internet siguen siendo una herramienta fundamental para continuar el trabajo de protección, denuncia e incidencia ante las continuas e incesantes violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las defensoras nicaragüenses reconocen que su presencia en el territorio digital, sin las herramientas de seguridad digital necesarias para protegerse, las expone a múltiples violencias como el acoso, la persecución y la vigilancia.

Previo al estallido social, eran pocas las organizaciones que incluían la seguridad digital como eje de trabajo; pero pronto se hizo evidente la necesidad de instruir en temas de seguridad digital a activistas, estudiantes, defensoras y otros perfiles de acción política; sobre todo después de que algunos espacios plurales promovidos por iniciativas internacionales fueran vulnerados e interrumpidos por simpatizantes del partido de gobierno que lograron eludir los protocolos de seguridad establecidos.

Algunas iniciativas locales, como Las Malcriadas, el Movimiento Feminista de Nicaragua, la Articulación Feminista de Nicaragua, el Colectivo de Mujeres 8 de marzo y el Grupo Venancia, desarrollaron campañas informativas para incentivar la incorporación de prácticas de seguridad digital en la población. También conocimos los casos de tres formadoras en temas de seguridad y autodefensa digital que, debido a su trabajo y a su vinculación con organizaciones directamente perseguidas por el régimen, tuvieron que exiliarse entre 2018 y 2020.

4. VIOLENCIA DIGITAL CONTRA DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA

El estudio "Violencia de género a través de la tecnología contra mujeres políticamente activas", elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) en 2019, primero de su tipo en el país y basado en una muestra de 323 mujeres, evidenció que, aunque éstas ya habían experimentado violencia a través de la tecnología antes del estallido social, a partir del mismo se produjo un incremento de 57.6% a 73.1% en este tipo de violencia. Desde el 18 de abril de 2018, 13% afirmaba haber experimentado estas violencias una sola vez, 33.8 % de dos a tres veces y 33.3 % más de cinco veces. Los medios por los que habían recibido las agresiones eran Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter —ahora X— y llamadas telefónicas. Las situaciones de violencia con mayor incidencia fueron las amenazas —32.5% transcendieron el ámbito digital y se concretaron—, los insultos, la publicación de información falsa y la publicación de información personal. Uno de los principales resultados de dicho estudio fue la reflexión sobre el carácter estructural e interseccional de la violencia contra las mujeres, pues las violencias digitales no se expresan de manera aislada: están relacionadas entre sí y con otros tipos de violencia, por lo que también tienen un impacto en la vida diaria de las personas.

De acuerdo con nuestro registro de agresiones, entre 2020 y 2025 en Nicaragua se produjeron al menos 3,427 agresiones por medios digitales contra defensoras de derechos humanos, esta cifra representa una de cada tres agresiones documentadas durante el mismo periodo (29%).

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LA VIOLENCIA DIGITAL

Las agresiones digitales con frecuencia incluyen contenido discriminatorio por motivos de género.

Nuestro sistema de registro identifica contenidos que buscan preservar el orden patriarcal en 51% de las agresiones por medios digitales documentadas en el país.

Por ejemplo, los testimonios dan cuenta de amenazas de violación, la divulgación no consentida de imágenes íntimas y la difusión de mensajes cargados de misoginia y discursos de odio basados en la sexualidad, la orientación sexual, el aspecto físico o la edad de las defensoras. Asimismo, muchas agresiones en redes sociales replican el discurso de sectores ultraconservadores, empleando calificativos como “feminazi”, “abortera”, “basura progre”, “femilocas”, entre otros. 

La mayoría de las defensoras encuestadas para esta investigación consideran que las agresiones digitales son sistemáticas en su activismo y se sienten vulnerables a ataques al emplear tecnologías en su trabajo de defensoría. Las principales razones de ello apuntan más al contexto que a sus conocimientos en tecnología y seguridad digital: percepción del incremento de los ataques digitales, impunidad generalizada y el riesgo que implica ser activista o defensora de derechos humanos en un Estado totalitario.

5. ¿QUÉ AGRESIONES ENFRENTAN LAS DEFENSORAS NICARAGÜENSES EN EL ÁMBITO DIGITAL?

Siguiendo la tendencia regional, son pocos los testimonios de defensoras nicaragüenses que distinguen una tipología clara, en términos técnicos, de ataques digitales. Sin embargo, los testimonios sí distinguen los objetivos de los ataques que reciben y cómo afectan la experiencia vital en su activismo y defensa de derechos humanos.  Esto refuerza la idea de que la separación entre la esfera de vida digital y la no digital es una abstracción teórica, pues los ataques digitales afectan la experiencia de vida de las defensoras en su complejidad y completitud. Así pues, analizarlos desde el enfoque de los objetivos y los efectos que buscan provocar puede ser una forma más cercana y estratégica de comprenderlos.

En esta línea, en Nicaragua prevalecen las agresiones cuyos objetivos políticos son el desprestigio y la estigmatización a partir de la desinformación, la desanonimización, el acoso y la vigilancia. Estos pueden presentarse por separado, en combinación o en conjunto, y se basan en el uso de la información como un arma, ya sea formando perfiles u obteniendo datos privados e íntimos, manipulándolos y desclasificándolos.

  • Desinformación. Se trata de un conjunto de tácticas diferentes que buscan el desprestigio social de las defensoras, de sus organizaciones y del movimiento feminista, con el objetivo político de afectar la discusión pública y los valores de activismo para la transformación social. En cierto punto, son ataques deliberados con objetivos concatenados: contra la persona, contra la organización, contra el movimiento, contra las mujeres y, por ende, contra la acción transformadora de la sociedad. Así, las tácticas para la desinformación varían: descontextualización intencional de fotografías o información; uso del humor reaccionario para la ridiculización política a través de memes y sitios de memes; campañas o mensajes de odio, desprestigio y difamación en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea; suplantación de identidad en las redes sociales, por medio de cuentas falsas, con el fin de desprestigiar; o amenazar con la difusión no consentida de imágenes íntimas, etcétera.

  • Desanonimización. Este tipo de ataque es particularmente relevante en un contexto totalitario como el nicaragüense. El objetivo radica en hacer pública, sin el consentimiento de la defensora, su identidad, la naturaleza de su trabajo e información personal, como su dirección o teléfono, mediante mensajes engañosos y doxxing —“investigar y difundir información que permita identificar a una persona sin su consentimiento, muchas veces con la intención de tener acceso o contacto con la persona con fines de acoso u otros fines nocivos.” (TEDIC, 2024)—. En este punto cabe destacar el uso de este ataque por parte de exparejas o integrantes de movimientos sociales con el propósito de inmovilizar y detener su trabajo de acción política.

    En 2018 se difundieron en redes sociales todos los datos personales de la defensora Sara Henríquez, incluida su dirección e información sobre su madre octogenaria y su hija. Se le acusó de organizar las barricadas y promover la quema del recinto de una Universidad en la ciudad de León.

  • Acoso. Tradicionalmente, se refiere al conjunto de conductas repetitivas y no deseadas dirigidas hacia una persona con el propósito de causarle temor, angustia, intimidación o perturbación emocional. Por ello, el acoso continuado y masivo que propicia el internet tiene el propósito de generar un ambiente hostil y adverso para la víctima, su organización y el movimiento de defensoría de derechos humanos. Éste se lleva a cabo mediante múltiples tácticas, como la captura de cuentas en internet, la denuncia permanentemente de contenidos publicados para cancelar perfiles, o los mensajes, privados o públicos, con contenidos de odio y amenazas. Las entrevistas evidencian una estrategia combinada de acoso digital y físico, que se ejecuta a través de redes comunitarias y se relaciona con el siguiente tipo de ataque.

  • Vigilancia. Se realiza a través de herramientas tecnológicas y analógicas. Los testimonios identifican diferentes técnicas de vigilancia facilitada por la tecnología: la infección de dispositivos con spyware —software para espiar y obtener información de otros dispositivos o acceso a cuentas sin consentimiento (TEDIC, 2024)—, el monitoreo constante de las publicaciones e interacciones de las defensoras en redes sociales, la revisión de dispositivos móviles o computadoras, o el uso de drones para vigilar acciones de protestas, oficinas o casas de personas identificadas como opositoras. Por ejemplo, en el marco de las detenciones arbitrarias, la Policía Nacional y/o grupos parapoliciales cuentan con conocimiento sobre seguridad digital que les permiten saber qué y cómo buscar información en estos dispositivos. Asimismo, las defensoras cuyos familiares trabajan en instituciones estatales denuncian la práctica irregular de revisión de los dispositivos, control migratorio, control de remesas y de interacciones comunitarias y barriales.

    El Informe anual 2019 del OCSD documentó seis casos de incidentes en Nicaragua que involucraban a defensoras de derechos humanos y en los que se sospechaba que sus celulares y computadoras habían sido intervenidos. Dos de los casos iniciaron con la detención de la defensora, la confiscación de sus equipos por parte de la Policía Nacional y el temor ante su revisión y posible clonación. Aunque el uso y comercialización de drones está prohibido y estrictamente regulado en Nicaragua por el Instituto Nicaragüense de Aviación Civil (INAC), durante las protestas cívicas de 2018 fueron utilizados por el Estado para sobrevolar diversas marchas en Managua y vigilar el levantamiento de barricadas en la ciudad de León. También se ha documentado el uso de drones para la vigilancia de casas de defensoras, así como en la detención arbitraria de Ana Margarita Vijil y Dora María Tellez en junio 2021.

6. ¿QUIÉNES AGREDEN A LAS DEFENSORAS NICARAGÜENSES EN EL ÁMBITO DIGITAL?

De acuerdo con los datos de 2020 a 2025 de nuestro sistema de registro, 76% de los perpetradores de las agresiones digitales en Nicaragua son desconocidos.

Los testimonios dan cuenta de cómo la labor de las defensoras nicaragüenses es especialmente vulnerable a los ataques digitales; en primera instancia, porque se trata de un trabajo de denuncia ante las múltiples y diversas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado; en segunda instancia, porque la agenda feminista está en el punto de mira tanto del régimen Ortega-Murillo como de algunos sectores de la oposición que comparten una visión conservadora anti-derechos en auge a nivel regional y global.

Este conservadurismo transversal deviene en una agenda anti-feminista en todo el espectro político del país. Las defensoras identifican que detrás de las agresiones provenientes de este espectro conservador se distinguen tres grandes grupos:

  1. El Estado-partido y sus funcionarios. Un señalamiento transversal en los testimonios es que el perpetrador de agresiones de mayor gravedad por medios digitales son el Estado-partido y sus funcionarios, quienes realizan ataques planificados y coordinados con los recursos e infraestructura gubernamental.

  2. El círculo cercano a la defensora. Como en todo estado totalitario, el acoso político se logra mediante una vigilancia permanente en los distintos círculos de las defensoras, que incluye los ámbitos personal y profesional. Así, los testimonios hablan de familiares, amigos, ex-parejas e incluso compañeros de movimientos sociales y estudiantiles que son parte de los perpetradores de violencia digital.

  3. Sectores anti-derechos opositores al FSLN. Las tecnologías ofrecen a los grupos opositores ultraconservadores una plataforma de acoso y desprestigio que busca desarticular la disidencia de signo emancipatorio liderada por las defensoras y el movimiento feminista. Los ataques tienen como objetivo quitarles credibilidad por medio de una serie de estrategias: sexualizar sus cuerpos, ridiculizar al movimiento y usar narrativas misóginas y homo-lesbo-transfóbicas. Muchas de las agresiones documentadas en nuestro registro son perpetradas por personas usuarias virtuales que se identifican como opositoras y replican una narrativa alineada con las tendencias globales anti-derechos. Este es el caso, sobre todo, de quienes buscan desprestigiar y ridiculizar a feministas y defensoras que en los años 80’s fueron parte del FSLN.

Estos grupos de perpetradores han tenido distinto protagonismo a lo largo del tiempo. En 2018, las agresiones digitales eran principalmente cometidas por el Estado con el fin de desprestigiar a las defensoras, exponerlas y amenazarlas. Con el paso de los años, muchas defensoras decidieron disminuir su presencia y activismo en redes sociales como medida de protección y seguridad.

Quienes desde el anonimato y/o el exilio continúan denunciando en el territorio digital la situación de Nicaragua hoy no sólo se enfrentan a las agresiones perpetradas por el gobierno totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también a los hostigamientos constantes de personas cercanas y usuarios virtuales desconocidos que en sus perfiles se identifican como opositores, “libertarios” y/o ultraconservadores que replican discursos anti-derechos y anti-feministas.

7. ¿CÓMO AGREDEN A LAS DEFENSORAS NICARAGÜENSES EN EL ÁMBITO DIGITAL?

Identificamos las siguientes estrategias del Estado para perseguir a las defensoras nicaragüenses en el ámbito digital:

  • Creación de un marco legal restrictivo y ambiguo. Esto permite ejecutar acciones de censura, coartar la libertad de expresión y criminalizar la defensa de derechos humanos.

  • Bloqueo o restricción al uso de la tecnología y el internet. En julio de 2018, NetBlocks detectó una serie de apagones y disrupciones de internet coincidentes con las protestas y la violencia. Sus mediciones apuntan a una fuerte correlación entre estas “fallas” y los ataques contra la población civil, sugiriendo que las restricciones tenían la intención de limitar el flujo de información en las zonas de protesta durante los momentos críticos. En este periodo, también fueron bloqueadas las redes públicas y gratuitas instaladas por el gobierno en los parques de todo el país desde 2016.

  • El escalamiento. Esta estrategia consiste en ir primero tras los liderazgos visibles con proyección a nivel nacional y, después, contra los liderazgos comunitarios con visibilidad más local.

  • Uso de información en redes sociales para la criminalización o el destierro. Las huella digital de activistas, periodistas, defensoras y personalidades políticas son utilizadas para negar la entrada al país o la renovación de documentos de identidad, además de servir como evidencia para su criminalización en un marco legal violatorio de derechos humanos. El cumplimiento del derecho al olvido digital y a la anonimización de su activismo supone un desafío para las defensoras cuando su información está albergada no sólo en sus espacios y perfiles personales, sino también en contenidos publicados por terceros: personas usuarias, medios de comunicación, centros de estudio, etcétera. 

  • Hipervigilancia digital y territorial. Consiste en el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la vigilancia en espacios públicos y digitales como GPS, cámaras de seguridad o software para el reconocimiento facial, intercepción de las comunicaciones y monitoreo de la actividad digital en dispositivos móviles. El reporte Herramientas de vigilancia digital identificadas en Centroamérica, publicado por Fundación Acceso, detalló que en Nicaragua se estaban utilizando las herramientas de vigilancia Bluecoat —un sistema para la recolección de datos en red, empleado, entre otras cosas, para analizar tendencias de tráfico y limitar el acceso a sitios web—, Verint —herramientas de videovigilancia y reconocimiento facial con capacidades de vigilancia masiva— y Encase —utilizada para hacer análisis forense digital, que permite hacer copias y recuperar contenido de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, teléfonos, tabletas, entre otros.

    En 2022, la organización South Lighthouse publicó el estudio Fake Antenna Detection Project, en el que denuncia la presencia de 39 antenas falsas. El estudio monitoreó el uso de dispositivos imsi-Catcher para la intervención de señales telefónicas y el tráfico de datos en dispositivos móviles. Aunque no se pudo identificar cómo se instalaron las antenas ni quién las gestiona, se asume que son parte de la estructura gubernamental de control y vigilancia. También se ha comprobado el uso de un sistema de origen ruso de radiogoniometría y software SORM-3 utilizado para interceptar comunicaciones y monitorear toda la actividad digital que opera en el cerro Mokorón, en Managua.

    En noviembre de 2023, la alcaldía de Managua otorgó un contrato por más de 80 000 dólares para la adquisición de 1 200 equipos GPS, a la empresa Xinwei Intelcom Nic, S. A., de Wang Jing, propietario de hknd Group, la empresa dueña del Gran Canal de Nicaragua. Y en enero 2024, acordó un contrato por 4.4 millones de dólares con la empresa Bigo Tecnología & Ingeniería S. A., también de capital chino, para ampliar la red de cámaras de seguridad de Managua a 1700.

    El 7 de marzo de 2024, se inauguró el Centro de Emergencias comandante Edmundo Pérez Flores, una iniciativa interinstitucional para atender llamadas de emergencia y coordina patrullas policiales, ambulancias y bomberos, con acceso a la red de cámaras públicas y a las de negocios y empresas privadas que aceptaron compartir un acceso remoto. Una fuente anónima informó al medio digital Centroamérica 360° que el proyecto para la instalación de este centro también incluyó la compra de software para el reconocimiento facial, el análisis de video con inteligencia artificial y otras herramientas de geolocalización.

  • Estrategia de viralización de la desinformación. Implica la coordinación de personal, laboral y voluntario, para ejecutar acciones digitales colectivas que manipulen el discurso público y el flujo de información. Puede inferirse que el gobierno tiene especialistas en comunicación digital que planifican los ataques y buscan viralizarlos con el trabajo de equipos de trolls pagados y el apoyo de simpatizantes del régimen con presencia en redes sociales.

    En 2021, un mes antes de las elecciones presidenciales, Meta anunció la eliminación de 937 cuentas falsas, 140 páginas y 24 grupos en Facebook, además de 363 cuentas de Instagram, y señaló al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como fuentes de origen y administración de dichas cuentas. En sus declaraciones a los medios, Ben Nimmo, líder global de Inteligencia para Operaciones de Influencia de Meta, afirmó: “Esta fue realmente una operación cruzada del gobierno, la granja de troles consistía en varios grupos que se administraban desde múltiples entidades gubernamentales diferentes a la vez”.

    Las cuentas eran utilizadas para promover mensajes positivos sobre el gobierno y el fsln, y mensajes negativos sobre la oposición con el fin de manipular el discurso público. Meta informó que esta operación se extendía a otras plataformas, como Tiktok, Twitter (ahora X), Youtube, Blogspot y Telegram, e identificó dos fases: la primera, entre 2018 y 2019, enfocada en atacar y denigrar a liderazgos e integrantes de la oposición; y la segunda, desde finales de 2019 hasta la sindemia, que halaga al “buen gobierno” e incluye contenido sobre promoción del turismo y los deportes.

    En agosto de 2023, Confidencial denunció cómo el gobierno de Nicaragua resucitó las granjas de trolls al reactivar más de 1,400 cuentas y perfiles falsos en redes sociales con nombres similares o idénticos a los anteriores, y reveló que su estructura funciona desde la csj. La denominada Operación Lázaro logró continuar con la difusión del discurso gubernamental, los mensajes contra la oposición y los ataques contra la Iglesia católica.

  • Complicidad de los medios de comunicación oficialistas. Los medios de comunicación alineados al régimen funcionan como caja de resonancia de las campañas de desinformación contra defensoras. Estos medios promueven discursos en contra de las defensoras y cualquier persona percibida como opositora, refiriéndose a su activismo como terrorismo o traición a la patria, para así legitimar su persecución y criminalización.

  • Narrativas que generan división en sectores opositores. Se difunden discursos que presentan a las defensoras y a las feministas como corruptas o mujeres privilegiadas que han vendido a las mujeres pobres para obtener beneficios económicos; lo que promueve fracturas y divisiones a lo interno de los movimientos sociales.

    En julio de 2018, la estudiante universitaria Valeska Sandoval, quien se había vuelto un rostro destacado de la toma de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), fue detenida y obligada a grabar un video —publicado en medios oficialistas como La Nueva Radio Ya—, en el que confesaba haberse involucrado en las protestas a causa de incentivos económicos facilitados por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS, ahora unamos), haber cometido crímenes y haber mentido o exagerado en sus transmisiones en vivo; además, denunciaba corrupción y el involucramiento de los líderes estudiantiles de la Mesa de Diálogo en la destrucción del recinto universitario. De forma similar, la periodista Lucía Pineda Ubau, encarcelada durante la toma del Canal 100% Noticias, fue presionada para grabar un video pidiendo disculpas al presidente Ortega y a la Policía Nacional, mientras estaba en condición de presa política. Al negarse, fue enviada a una celda de castigo.

Otro aspecto que destaca es que el gobierno reconoce abiertamente algunas de sus estrategias de criminalización y, paralelamente, ejecuta acciones que no son legales ni reconocidas, como la revisión de los teléfonos celulares de personal laboral del Estado. Esto expone, de forma clara, la desproporcionalidad de los ataques que sufren las defensoras nicaragüenses y el gran sentimiento de impunidad que impera. Como afirma un testimonio:

“Si quieren, pueden tener a cualquier persona, con datos o con inventos”

8. LA IMPUNIDAD

En Nicaragua, el clima de impunidad ante los ataques digitales es total: ninguna de las defensoras  entrevistadas quiso denunciar su caso ante la justicia. Algunas de las razones mencionadas son las siguientes:

  • El hecho de vivir bajo un régimen totalitario donde es el Estado el que vulnera los derechos.

  • No contar con garantías de juicio justo e imparcial, ya que las leyes no se aplican para todas las personas en iguales condiciones. Varios testimonios enfatizan que la ley contra ciberdelitos, que persigue la difusión de imágenes íntimas, sólo se aplica para proteger a simpatizantes del régimen.

  • Denunciar pone en riesgo su activismo e integridad, pues pueden filtrar su caso y utilizarlo en su contra para enlistarlas como terroristas.

  • El marco político legal del país no garantiza su protección digital.

De igual manera, existe un sentimiento de frustración y desconfianza respecto a las plataformas digitales, ya que en éstas se topan con múltiples barreras para denunciar. Una es el idioma, pues el inglés sigue dominando los programas, instrucciones y reglamentos. Además, los resultados de las denuncias tardan meses y, muchas veces, no pasa nada. También predomina la  sensación de que es más difícil que las plataformas presten atención a las denuncias que presentan cuando, por razones de seguridad, sus cuentas son anónimas. En esta línea, las entrevistadas reconocen la necesidad de que las plataformas cuenten con personal originario del país, ya que es imposible brindar soporte de manera adecuada sin una comprensión del contexto político que se está viviendo.

Entre 2017 y 2020 un grupo de defensoras mantuvo comunicación y contacto con la plataforma Facebook para el reporte de casos especiales, a través del programa Trusted Partner. Este grupo logró la eliminación de contenidos y campañas de desprestigio, pero su alcance se limitó a redes de confianza como estrategia para no vulnerarse a sí mismas. Durante la sindemia por covid-19, las plataformas priorizaron la atención a denuncias de noticias falsas y la resolución de incidentes relacionados con ésta. Asimismo, con la transición de Facebook a Meta, el programa Trusted Partner sufrió cambios y el grupo de defensoras perdió la comunicación y el mecanismo de denuncia.

9. PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL DE LAS DEFENSORAS NICARAGÜENSES

DIAGNÓSTICO SOBRE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

En el marco de la crisis socio-política vigente, es necesario considerar cuatro aspectos que incumben a las defensoras nicaragüenses:

  • El primero es que las medidas de seguridad digital no son nuevas en sus vidas —incluso mucho antes de introducir el concepto de seguridad digital—, ya sea porque tenían interés o porque les llegó información al respecto.

     

  • El segundo aspecto es que la seguridad digital, también sujeta a procesos históricos, se complejizó en su experiencia vital. Tanto en la práctica como en su marco institucional, el régimen de Ortega-Murillo ha tenido como eje principal la vigilancia, el control y el acoso digital, lo que aumenta la conciencia de las defensoras sobre seguridad digital:

    “El 2018 fue un evento nuevo. No había vivido una crisis así. Empecé a escuchar noticias que te sacaban el celular, lo registraban”.

  • La entrada en vigor de la Ley Especial de Ciberdelitos, ley mordaza o ley bozal marcó un hito en la necesidad de contar con seguridad digital en sus comunicaciones, debido a que dicha ley se emplea para perseguir a personas opositoras y para vulnerar el derecho de libertad de expresión.

  • El tercer aspecto lo integran los hábitos colectivos de seguridad digital, que generan una cadena de efectos relacionados con quienes integran una comunidad: algunos testimonios apuntaron no tener claro el nivel de seguridad digital de sus familiares y amistades y, en esa circunstancia, preferían tomar otras medidas que iban más allá de lo puramente digital. El caso nicaragüense muestra que la idea occidental patriarcal de la seguridad digital como un aspecto meramente técnico no tiene sentido; se trata, más bien, de una combinación de estrategias en línea y sin conexión o fuera de línea, de diversas complejidades, que se construyen respecto a hábitos individuales y colectivos, y que jerarquizan las informaciones a compartir:

    “Los temas delicados los hablamos en persona”.

  • El cuarto aspecto atraviesa la experiencia vital de las defensoras y se relaciona, estrechamente, con sus emociones, pues en periodos de alto estrés o en situaciones límite la seguridad digital pasa a un segundo plano. Un testimonio indica que la seguridad digital es desgastante y que, en el contexto del país, la gente está agotada, además de frustrada.

Asimismo, a partir del presente diagnóstico identificamos que las estrategias de seguridad y protección digital en Nicaragua deben tomar en cuenta los siguientes fenómenos adversos:

  • Persiste la idea de que los ataques mediados por las tecnologías no tienen el mismo impacto que otras violencias que se perciben como más fuertes o que generan afectaciones más tangibles en las vidas de las defensoras. Así, algunas personas minimizan las violencias digitales o las han asumido como inherentes a la experiencia de posicionarse públicamente.

  • Las defensoras que buscan un balance entre la voluntad de mantener su activismo y la necesidad de protegerse de la violencia constante que reciben por hacerlo perciben las capacitaciones sobre seguridad digital como una tarea más que añadir a las muchas que ya realizan y la incorporación de prácticas de seguridad como procesos cansados e inútiles ante la severidad del contexto.

  • Algunas iniciativas tecnológicas que promueven espacios de formación básicos usan metodologías inflexibles y descontextualizadas provocando que las defensoras que los atienden las perciban como fórmulas técnicas que están más allá de sus capacidades.

  • Algunas defensoras manifiestan su ansiedad ante el hecho de estar protegiendo sus interacciones digitales con prácticas autodidactas y no hallar espacios de formación, conexión o intercambio con otras defensoras.

  • La persecución política impide que las defensoras nicaragüenses trabajen libremente y propicia que pasen estrecheces financieras. Varias se han visto obligadas a vender sus aparatos electrónicos —que muchas veces todavía contienen información delicada— y comprar versiones antiguas, más económicas, que no tienen la capacidad de albergar aplicaciones de seguridad, lo que implica un riesgo. Otras no pueden obtener nuevos chips sin registrar su identidad, lo que las pone en riesgo de desanonimización.

  • La fractura del tejido organizativo y asociativo no alineado con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, generada a través del cierre de organizaciones y la criminalización de la defensa de los derechos humanos, afecta la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad que tienen las organizaciones y colectivas que siguen operando en el país.

PRIORIDADES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL

Esta investigación nos permite destacar las siguientes prioridades en procesos de formación y fortalecimiento de las capacidades de protección y seguridad digital para las defensoras nicaragüenses:

  1. Perspectiva interseccional. Las necesidades de seguridad digital de cada defensora son distintas, según su edad y ubicación —urbano, rural, diáspora—; de modo que el diseño metodológico de formaciones, manuales y materiales educativos deben planificarse considerando estas diversas realidades y dando prioridad a las capacitaciones presenciales.

  2. Formación contextualizada. Si bien existen iniciativas internacionales que respaldan a las defensoras nicaragüenses, éstas no tienen todos los elementos contextuales para reconocer la severidad de la situación. Por ello, planteamos la exigencia de instruir a formadoras en temas de autodefensa digital feminista en el ámbito local.

  3. Énfasis en lo colectivo. Identificamos la necesidad de abrir espacios para conversar colectivamente sobre los ataques digitales —las más de las veces se viven individualmente—, reflexionar sobre sus impactos y las estrategias de prevención y mitigación.

  4. Apoyo integral. Coordinar apoyos en diversos aspectos: cuidados digitales, fortalecimiento psicosocial y apoyos económicos y materiales, considerando las distintas realidades que hay dentro y fuera del país —defensoras en el exilio.

Finalmente, identificamos algunos temas que son necesario estudiar a mayor profundidad, como las implicaciones del marco legal para la regulación de las telecomunicaciones y su impacto en el trabajo de las defensoras. Asimismo, urge que el rol de las empresas proveedoras de internet, como parte de un sistema de fiscalización digital en contra de periodistas y activistas ligado al monopolio internacional de las empresas de telecomunicaciones, pase a ser una preocupación de ámbito regional.

CUERPOS DIGITALES, TERRITORIOS EN DISPUTA: NICARAGUA