Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras: Enero a marzo 2023 – Datos preliminares.

Durante el primer trimestre de 2023 registramos 1,028 agresiones contra 274 defensoras

  • Una defensora fue asesinada, Marleni del Carmen Reyes, defensora salvadoreña del derecho a una vida libre de violencia.

  • 703 agresiones se produjeron en el marco de acciones colectivas; 289 fueron ataques contra defensoras en lo individual y 36 estuvieron dirigidas contra organizaciones.

  • La violencia física, psicológica o verbal (19%) fue la agresión más frecuente; seguida de hostigamientos (15%) y limitación, impedimentos y/ o ataques por ejercer el derecho a la libertad de expresión (7%).

  • Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores, en 4 de cada 10 agresiones se identificaron como responsables a autoridades públicas y fuerzas de seguridad.

 

Marzo, el “mes de las mujeres”, el que presenta más agresiones

Este año nuevamente el mes de marzo presenta un aumento significativo de agresiones con relación a los meses precedentes, con casi la mitad (43%) de las agresiones registradas durante el trimestre. Este incremento se relaciona con agresiones derivadas principalmente por el destierro y despojo de nacionalidad de defensoras y activistas en Nicaragua; los ataques contra las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador; los desalojos contra defensoras de tierras y territorios y sus comunidades en Honduras; y las agresiones contra buscadoras de familiares desaparecidos en México.

Una instantánea de la violencia contra defensoras en cada país

 

  • En El Salvador, las defensoras que defienden los derechos sexuales y reproductivos son quienes han sido más agredidas en este período (68%), seguidas de quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión (10%). En este trimestre destacan las agresiones derivadas de ataques de grupos antiderechos, muchas de éstas perpetradas en el ámbito digital y en el marco de la audiencia del caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual puede establecer un precedente muy importante para El Salvador y para el resto de la región en materia de interrupción legal del embarazo.

  • En Honduras, siguen como principales agredidas las defensoras que defienden tierra y territorio (70%), con 282 agresiones en acciones colectivas de defensa de derechos. El estado de excepción, que se volvió a ampliar en febrero, conlleva la militarización y está respondiendo a una estrategia sistemática de despojo del territorio que se expresa en múltiples desalojos. En el departamento Colón se produjo un violento desalojo a la Cooperativa El Chile, así como en Comayagua y en la Paz, dos comunidades indígenas lencas que llevaban a cabo recuperaciones de tierras y donde los desalojos conllevaron la destrucción de casas y cultivos. Más recientemente, en el departamento de Atlántida, el desalojo de 60 defensoras de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas ha supuesto persecución judicial y amenazas.

  • En México, destaca que más de la mitad de las agresiones (57%) fueron contra quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión. Son cada vez más las llamadas “zonas silenciadas”, territorios en los que no se está pudiendo llevar a cabo la la labor informativa por temor a ser agredidas. Limitaciones o impedimentos para ejercer su labor durante la realización de coberturas en calle e investigaciones sobre casos que involucran a funcionarios públicos, así como  amenazas y señalamientos de estar ligadas al crimen organizado han sido las principales agresiones registradas en este contexto. Las periodistas que reportan casos sobre desaparición de personas también están siendo amenazadas, lo que se relaciona con el alto riesgo que siguen enfrentando las defensoras que buscan a sus familiares desaparecidos. Al respecto, cabe recordar que desde enero de 2022 hasta la fecha han sido asesinadas al menos 6 defensoras buscadoras.

  • En Nicaragua, las principales agresiones en este periodo fueron el destierro y despojo de ciudadanía (15%) y el desplazamiento forzado (15%), relacionadas con la expulsión ilegal del país de 222 personas presas políticas y el despojo de nacionalidad a 36 defensoras y mujeres activistas y periodistas después de que la Asamblea Nacional aprobara ad hoc una reforma constitucional que establece retirar la nacionalidad nicaragüense a las personas acusadas de traición a la patria. A algunas de ellas se las calificó de prófugas de la justicia.

 

Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores

4 de cada 10 agresiones registradas durante el primer trimestre de 2023 fueron perpetradas por personas vinculadas al Estado: autoridades públicas (23%) y policías y fuerza armadas (21%); tras éstos destacan los agresores desconocidos, tanto personas físicas como del ámbito virtual (18%).

EL SALVADOR

MÉXICO

  • Usuarios virtuales desconocidos (25%)

  • Desconocido (10%)

  • Medios de comunicación corporativos o comunicadores/as influyentes (10%)

  • Autoridades Públicas (21%)

  • Policía (20%)

  • Desconocidos (12%)

HONDURAS

NICARAGUA

  • Autoridades públicas (21%)

  • Desconocidos (20%)

  • Policía (18%)

  • Policía (36%)

  • Autoridades públicas (33%)

  • Grupos paramilitares / parapoliciales (13%)

 

Agresiones digitales durante el trimestre

Cada vez es más frecuente la violencia hacia las defensoras en el ámbito digital. A nivel regional resaltan las siguientes agresiones en este primer trimestre:

  • A nivel personal registramos 20 agresiones de carácter digital (7%). Entre las más significativas destaca el Ciber acoso o Ciberbulling y la Vigilancia y rastreo digital.

  • En acciones colectivas registramos 46 agresiones digitales, entre las que destaca la Vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho; y el Odio viral (denunciar en redes sociales detona una ola de violencia en línea).

  • Organizaciones o grupos: En este trimestre se registraron la Incautación y robo de insumos básicos para ejercer la labor de defensa de derechos humanos: equipos de comunicación audiovisual, computadoras, servidores, medios de transporte, entre otros (9%); Hackeo, acceso no autorizado a las cuentas o red del sistema de la organización (6%); y la Suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica (3%).

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