QUE BUSCAR VERDAD Y JUSTICIA NO NOS CUESTE LA VIDA

[IMAGEN: Madres Buscadoras de Sonora]

Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades, y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.

En Mesoamérica seguimos atrapadas en un modelo económico, político y cultural heredado de la colonia, que no ha hecho más que perpetuar opresiones estructurales. Este sistema sostiene una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas que recaen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. Hoy, en plena crisis global provocada por este modelo de muerte, nuestra región enfrenta un recrudecimiento de las desigualdades, la pobreza, la violencia y los efectos devastadores del cambio climático. Los poderes que lucran con este orden impuesto solo saben responder con represión, fuerza y violencia, en un intento desesperado por contener nuestro poder colectivo.

Entre 2012 y junio 2025, como consecuencia de la crisis de violencia desatada en muchos de nuestros territorios debido, entre otros factores, a la desigualdad, el machismo feminicida, la impunidad y la colusión del crimen organizado con instituciones de los Estados y empresas, hemos registrado en Mesoamérica un total de 8,454 agresiones contra defensoras y organizaciones que ejercían y/o demandaban el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La gran mayoría de estas agresiones, 82%, se concentraron a partir de 2020, lo que refleja una escalada preocupante en los últimos años.

Este dato situa a las defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación como el segundo grupo de defensoras que ha enfrentado más violencia en la región, representando 18% del total de las agresiones documentadas (Gráfico 1).

Las defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación constituimos en Mesoamérica un grupo muy diverso y con trabajo en diferentes ámbitos, condiciones y estructuras organizativas. 

Una parte de nosotras somos madres, hijas, hermanas, esposas que, ante la inoperancia, cuando no omisión y complicidad, de los Estados y sus instituciones, nos hemos visto impelidas a transformar nuestra cotidianidad y, la mayoría de veces organizadas en colectivos junto con otras, convertirnos en defensoras de derechos humanos con el objetivo de iniciar la incansable búsqueda de nuestras personas desaparecidas; o para demandar justicia y reparación para las personas de nuestra familia u entorno cercano que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio o que están privadas de libertad y sujetas a injustos procesos de criminalización. 

Muchas otras, desde nuestras organizaciones, damos acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, documentamos casos de violencia feminicida y de otros tipos y abusos, promovemos medidas que permitan el acceso a la verdad y procesos de memoria, la rendición de cuentas, la reparación por los crímenes cometidos en el presente o pasado y garantías de no repetición en el futuro. 

Juntas nos organizamos, acuerpamos, sanamos y luchamos para que las violaciones de derechos humanos no queden impunes y no sigan ocurriendo.

En un contexto de violencia generalizada, políticas de mano dura e impunidad estructural, las defensoras de la verdad, la justicia y la reparación somos atacadas precisamente por el rol protagónico que históricamente hemos desempeñado en la lucha por la justicia. Este camino lo abrieron las compañeras que enfrentaron la Guerra Sucia en México, las guerras civiles en Centroamérica o el genocidio en Guatemala, y cuyo legado sigue siendo indispensable para construir memoria y justicia en nuestros países.

También somos atacadas porque, más allá de ser reconocidas como víctimas o familiares de víctimas, nos hemos erigido en sujetas políticas que cuestionamos los pactos de impunidad y las políticas de violencia y despojo que buscan imponerse en nuestros territorios. Nuestras demandas no se limitan a la justicia para casos individuales: denunciamos de manera colectiva la complicidad de actores estatales y no estatales en la reproducción de este sistema de impunidad.

Nos atacan porque al defender estos derechos desnudamos la crueldad del necro-capitalismo, sostenido por Estados cooptados por oligarquías y grupos criminales, que han convertido los sistemas de justicia en un instrumento para proteger intereses privados y perpetuar el negocio de la violencia.

MÉXICO

En México, el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010, en el Estado de Chihuahua, ocurrido mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Frayre Escobedo, marcó un hito doloroso en la lucha contra la impunidad. Desde entonces, hemos registrado 1729 agresiones contra defensoras y organizaciones que, en su búsqueda de justicia se enfrentan a tribunales machistas, racistas y clasistas, muchas veces coludidos con el crimen organizado.

México es el país con la mayor cantidad de personas desaparecidas en el continente. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al 7 de agosto del 2025 estaban reportadas oficialmente 131,991 personas como desaparecidas y no localizadas. Ante la inoperancia, la omisión y, en ocasiones, la colusión de las instituciones del Estado con el crimen organizado, estas madres, hijas, hermanas, se organizan en colectivas de búsqueda y transforman sus proyectos de vida para buscar la verdad y la justicia en territorios hostiles. Se convierten así en “buscadoras”, tal y como ellas mismas se han identificado, que además de la labor de denuncia y demanda ante las instituciones, llevan a cabo la labor de investigación y búsqueda sobre el terreno, con escasos recursos e insuficientes medidas de protección, en territorios frecuentemente controlados por el crimen organizado. El hallazgo de un campo de exterminio operado por el crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, de cuya existencia habían advertido desde hace tiempo las colectivas de búsqueda, es un ejemplo de ello. 

En este contexto, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan una realidad crítica de agresiones debido a su rol y a su fuerza cada vez más organizada para exigir justicia, buscar a sus familiares, demandar su aparición con vida o reclamar al Estado que cumpla con su deber de búsqueda. En los últimos años hemos constatado un aumento de la cantidad y gravedad de las agresiones contra buscadoras de personas desaparecidas, especialmente en Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Quintano Roo, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca 

Entre 2020 y el primer semestre de 2025 registramos en México un total de 1495 agresiones contra defensoras del derecho a la verdad y la justicia; entre éstas, el feminicidio de 15 buscadoras, quienes participaban en diferentes colectivos buscando a personas de su familia. Esto significa que una de cada tres defensoras asesinadas en México en el periodo señalado era una defensora buscadora. Además, documentamos otras modalidades de agresiones en contra de este colectivo, como seguimiento, vigilancia, amenazas de muerte, agresiones físicas y desaparición.

Estas agresiones han implicado desgarradoras afectaciones en sus vidas, las de sus familias y las de sus colectivos. El impacto traumático de la desaparición forzada de sus seres queridos, sumado a la violencia y amenazas que enfrentan durante los procesos de búsqueda, deteriora significativamente su salud física y emocional. La labor de búsqueda también afecta la vida familiar, comunitaria y económica de las defensoras, pues muchas veces enfrentan estigmas, se ven obligas a dejar sus trabajos o recurrir a sus propios recursos para seguir adelante con esta tarea. Adicionalmente, el miedo y el desgaste físico y emocional dificultan la continuidad de los procesos de organización colectiva, esenciales para enfrentar la violencia estructural y la impunidad en los territorios.

NICARAGUA

En Nicaragua, desde el inicio de las crisis socio-política de 2018, la exigencia de justicia para las víctimas de la represión estatal ha sido una de las principales demandas. Así, defensoras de derechos humanos, algunas de ellas víctimas o familiares de víctimas, se han organizado para denunciar la verdad y exigir justicia y reparación ante la violencia que continúa y diversifica sus estrategias de agresión.

Entre 2018 y el primer semestre 2025 hemos documentado 3,802 agresiones a defensoras y organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación; lo que representa 28% del total de agresiones registradas en Nicaragua en el mismo periodo. Entre estas agresiones se encuentran los hostigamientos sistemáticos, actos de vigilancia en hogares, vulneración del derecho a la libertad de movilización y detenciones arbitrarias acompañadas con desaparición forzada por ocultamiento de paradero, tratos crueles e inhumanos y tortura. Los responsables de estas agresiones fueron actores vinculados el Estado totalitario y dinástico liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo: la Policía Nacional, fuerzas parapoliciales, autoridades de instituciones públicas como el Ministerio de Interior y estructuras barriales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La Asociación Madres de Abril (AMA) es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de la crisis socio-política y de derechos humanos que actualmente vive el país. Nace en medio del dolor, cuando madres y familiares directos de víctimas mortales de la represión que inició en abril de 2018 se acuerparon y organizaron para exigir memoria, verdad, justicia y no repetición ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en su mayoría por fuerzas policiales y parapoliciales. Desde la convicción de que la justicia y el esclarecimiento de la verdad no puede postergarse a una eventual transición, son un cuerpo colectivo que no se rinde: luchan contra la impunidad, reivindican la memoria de sus familiares y contrarrestan la narrativa oficial que criminaliza a quienes participaron en las protestas. Entre 2020 y el primer semestre de 2025 registramos 297 agresiones contra familiares de víctimas mortales organizadas en AMA, incluyendo vigilancia, asedio, allanamientos y detenciones arbitrarias. Estas agresiones se dieron sobre todo en el marco de fechas conmemorativas, impidiéndoles, entre otras cosas, realizar actividades de duelo de sus familiares. Desde 2018, el régimen de terror impuesto en el país no ha dejado de ampliar su alcance, trasladando la violencia más allá de las víctimas directas para atacar también a sus entornos familiares. Este patrón ha impactado de manera sistemática a parientes de personas asesinadas, presas políticas, desaparecidas y forzadas al exilio, revelando una estrategia sostenida de represión en múltiples etapas. El ataque a las familias no constituye un hecho aislado, sino un mecanismo orientado a profundizar el control social, disuadir la búsqueda de justicia y quebrar el tejido comunitario de apoyo a las víctimas.

Ante la sistematicidad y gravedad de las agresiones que enfrentan, muchas defensoras de la memoria, la verdad y la justicia en Nicaragua se han visto forzadas a desplazarse de sus comunidades o exiliarse. Esto ha afectado profundamente sus proyectos de vida y los de sus familias, debilitando sus redes de apoyo y dificultando los procesos organizativos de los que forman parte. Sin embargo, a pesar del contexto adverso y el exilio, cientos de defensoras nicaragüenses siguen luchando colectivamente con fuerza y valentía en contra de la impunidad, construyendo caminos para la justicia desde el trabajo de la memoria y esclarecimiento de la verdad.

HONDURAS

En Honduras, entre 2012 y el primer semestre 2025 hemos documentado 834 agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. 

Estas agresiones se entrecruzan con otras luchas como la defensa del derecho a vivir sin violencia y la defensa de la tierra y el territorio. Registramos agresiones sistemáticas  y represión con balas y gases lacrimógenos[ en contra de familiares de Keyla Martínez y otras compañeras defensoras que demandaban justicia por el feminicidio de esta joven enfermera, perpetrado en 2020 mientras se encontraba arbitrariamente detenida en las dependencias policiales de La Esperanza, Intibucá.

También documentamos agresiones sistemáticas contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de Berta Cáceres y otras defensoras, periodistas y organizaciones en el marco de la demanda de justicia por el asesinato de la defensora lenca ocurrido en 2016. Asimismo, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y comunidades garífunas han sido objeto sistemático de agresión, incluyendo desapariciones forzadas y asesinatos, durante el proceso de exigencia de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y de la demanda de verdad y justicia por los cuatro jóvenes integrantes de esta última comunidad que fueron víctimas de desaparición forzada en julio de 2020.

GUATEMALA

En Guatemala, las agresiones a defensoras de la justicia, verdad y reparación registradas por UDEFEGUA representan 41% del total de las agresiones documentadas entre 2012 y 2022. Sólo durante 2022 se registraron 1400 agresiones contra defensoras de estos derechos.

Entre las estrategias usadas en Guatemala para atacar a las defensoras del derecho a la verdad y la justicia destacan las campañas de descrédito, la difamación, criminalización y persecución. En los últimos años, muchas de ellas han sido dirigidas tanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus integrantes, como hacia personas operadoras de justicia que han combatido la corrupción y la impunidad.

Asimismo, destacan las agresiones contra defensoras organizadas en búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre por el incendio del Hogar Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo de 2017, cuando bajo la protección del Estado murieron 41 niñas y adolescentes y 15 sobrevivieron con daños irreversibles. Familiares de estas víctimas han liderado junto al colectivo Nos Duelen 56 y el Colectivo 8 Tijax demandas ante la justicia. Las defensoras que participaron en el proceso judicial contra funcionarios públicos responsables de los hechos han sido perseguidas, intimidadas y amenazadas de muerte. Dos de las madres que exigían justicia por el fallecimiento de sus hijas fueron asesinadas de forma violenta por sujetos desconocidos: Gloria Pérez y Pérez, junto a su hija de 13 años, Nury León Pérez, en 2018; y María Elizabeth Ramírez en 2021. Recientemente, el 12 de agosto del 2025, seis exfuncionarios públicos guatemaltecos fueron declarados culpables, con penas de entre seis y 25 años, por abuso de menores, incumplimiento del deber, abuso de autoridad y homicidio involuntario.

EL SALVADOR

En El Salvador hemos registrado 184 agresiones contra defensoras de la verdad y la justicia entre 2012 y el primer semestre 2025. Tres de cada cuatro agresiones se han perpetrado en los dos últimos años, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022. Destacan las agresiones a través de medios digitales y redes sociales como campañas de desprestigio con altos contenidos misóginos, ridiculización de las defensoras o la difusión de noticias falsas con fines de estigmatizar sus luchas. Identificamos que estas agresiones, con frecuencia perpetradas por funcionarios públicos, no son incidentes aislados, sino una estrategia vinculada con la implementación en el país de un proyecto político-económico tecno-capitalista. A través de ellas se busca imponer narrativas de “delincuencia cero”, legitimando las políticas de mano dura, y desacreditar el trabajo de las buscadoras y sus colectivos que buscan saber la verdad y encontrar justicia para sus seres queridos.

También hemos documentado hechos como la detención arbitraria e inicio de causas judiciales contra buscadoras de personas desparecidas, como es el caso de Verónica Delgado, perpetradas bajo el régimen de excepción y las arbitrariedades que este propicia, con base en meras suposiciones o, directamente, acusaciones falsas. En este contexto, mientras los sistemas de justicia son extremadamente ágiles para proteger el discurso oficial y los intereses de los poderes fácticos, se muestran inoperantes para garantizar justicia para las víctimas de la violencia.

A lo largo de estos más de diez años, en el historial de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad y la justicia en El Salvador, tampoco han faltado las dirigidas contra defensoras y organizaciones que trabajan por la memoria histórica de la guerra civil que asoló el país en la década de los 80, vinculadas a casos como la masacre de El Mozote o con allanamientos y sustracción de material e información en oficinas de organizaciones como el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” o la organización CO-MADRES.

El 16 de diciembre de 2010, la defensora Marisela Escobedo se encontraba a las puertas de palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, frente a la “Cruz de clavos NI UNA MÁS” –un memorial a las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez–, cuando un sujeto se acercó hasta ella y la asesinó disparándole con arma de fuego a la cabeza. Marisela se encontraba allí llevando a cabo un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, cuyo asesino confeso había sido puesto en libertad.

A Rubí, de 16 años de edad y madre de una hija, la mató su pareja, Sergio Rafael Barraza, en agosto de 2008. Tras asesinarla, colocó el cuerpo en un tambo y lo quemó hasta los huesos con la esperanza de que nadie diera con su paradero. Las investigaciones finalmente pudieron identificar a Sergio Rafael como el autor del crimen y fue llevado a juicio. Sin embargo, pese a que éste confesó haber matado a la joven, llegando incluso a pedir perdón a Marisela al terminar el juicio, y que los testigos presentados hablaron en su contra, un jurado lo absolvió debido a que la fiscalía y el ministerio público no hicieron llegar las pruebas suficientes para inculparlo.

A partir de ese momento, Marisela inicia una lucha incansable para lograr acabar con la impunidad del feminicidio de su hija. Viaja por diferentes Estados de la república trasladando su denuncia y exigencia de justicia, comparece ante múltiples medios de comunicación y su caso trasciende más allá de las fronteras del país; incluso viaja a Zacatecas, donde el asesino de su hija se había refugiado y donde le informan que éste formaba parte de los Zetas, un grupo del crimen organizado que en esa época sembraba el terror por gran parte del país. Finalmente logra que un tribunal revoque la sentencia absolutoria y declare culpable a Sergio Rafael Barraza, pero éste ya estaba prófugo.

En el marco de la investigación del asesinato de Marisela fue detenido un sospechoso que, finalmente, se comprobó que no había participado en el crimen. No obstante, todos los indicios apuntaban a que el responsable había sido Sergio Rafael Barraza. En noviembre de 2012, éste fue asesinado a manos de elementos del Ejército en el transcurso de un operativo, pero nunca respondió ante la justicia por el feminicidio de Rubí ni de Marisela.

El asesinato de Marisela conmocionó a todo el país y tuvo repercusión fuera de éste, llegando expresiones de solidaridad y denuncia desde diversas partes del planeta. También marca un antes y un después en la historia reciente de México, un país con las más alta cifra de personas desaparecidas del planeta y con dolorosos índices de feminicidio y donde, ante la impunidad, la omisión, la complicidad o la incapacidad de las instituciones públicas, miles de madres han seguido el ejemplo de coraje y dignidad de Marisela y se han convertido en defensoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para buscar, la mayoría de veces organizadas en colectivos juntas a otras, a sus hijos e hijas.

El caso de Marisela Escobedo también sentó un precedente importante al dar cuenta del contexto de inseguridad e indefensión que vivíamos las defensoras de derechos humanos en México y en toda la región, y hacer patente la necesidad de buscar medidas de protección más eficaces, con enfoque de género y una concepción más integral de nuestra seguridad y nuestra labor.

El 2 de mayo de 2023, la defensora Teresa Magueyal circulaba con su bicicleta por delante de un centro de educación preescolar en San Miguel Octopan, la ciudad donde residía, situada al noroeste del municipio de Celaya, en el Estado de Guanajuato, cuando al menos cuatro hombres armados bajaron de un coche, se le acercaron y le dispararon, causándole la muerte. El del Teresa era el sexto caso de asesinato de una persona defensora del derechos a la verdad, justicia y reparación cometido en el Estado de Guanajuato desde 2020. También era la octava madre buscadora asesinada en México desde ese año. 

Doña Tere, que es así como la conocían, se había convertido en madre buscadora, tres años antes de su asesinato,  tras la desaparición de su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, de 31 años, el 6 de abril de 2020, en el municipio de Celaya, cuando salio de su casa y jamás regresó. Desde entonces no había dejado de buscarlo y, a tal fin, se organizó, junto con otras madres buscadoras de la zona Laja-Bajío, en el colectivo “Una Promesa por Cumplir”. El objetivo de este colectivo, con sede en Celaya, es el mismo que el de los innumerables colectivos de búsqueda que existen a lo largo y ancho del país: continuar buscando a sus seres queridos ante la omisión, complicidad o negligencia de las autoridades; las cuales deberían hacerse cargo tanto de ello, así como de garantizar la seguridad de quienes integran estos colectivos.  

Según narran sus compañeras del Colectivo, Doña Tere fue una integrante muy activa del mismo, participando en brigadas de búsqueda, capacitando a otras madres buscadoras o compareciendo antes autoridades. Además, como es el caso de muchas otras madres buscadoras, Doña Tere también tuvo que hacerse cargo de su nieta, la hija de José Luis, quien tras la desaparición de su padre ahora sufría también la dolorosa pérdida de su abuela. 

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el 12 de junio de 1921 hasta el 8 de mayo de 2023, en Guanajuato había oficialmente 2 mil 968 personas desaparecidas. José Luis era una de ellas. No obstante las gráficas del RNPDNO ponen de relieve un hecho significativo: las desapariciones se habían disparado desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada “Guerra al narco”, privilegiando a unos grupos criminales sobre otros y sumiendo al país entero en una espiral de brutalidad y violencia cuyos efectos perduran hasta nuestros días. 

Guanajuato es uno de los estados del país que más está sufriendo las consecuencias de esta “Guerra contra el narco”, al incremento exponencial en el número de personas desaparecidas se suman los altos índices de homicidios. Así, de acuerdo con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, desde 2015 la entidad se ubicaba entre los primeros lugares a nivel nacional en número de homicidios; sólo entre octubre de 2018 y marzo de 2023, Guanajuato sumaba 18 mil 732 delitos de este tipo. Otros datos del Laboratorio también indican que en este Estado, hasta 2023 se habían encontrado más de doscientas fosas comunes clandestinas. Es importante destacar que muchas de estas fosas fueron localizadas gracias al incansable trabajo de colectivos de búsqueda como en el que participaba Doña Tere. 

Los asesinatos de madres buscadoras no sólo intentan silenciar sus voces y detener su labor, también buscan asesinar la esperanza de quienes, tras la desaparición de sus seres queridos, dan sentido a sus vidas alimentando y cuidando colectivamente esa esperanza. Mujeres que no cesan en su exigencia de justicia, que sostienen plantones, denuncias ante las autoridades y que integran brigadas de búsqueda que recorren carreteras, lotes baldíos, zonas boscosas y cerros, jugándose la vida al internarse en territorios controlados por el crimen organizado. Por ello, es un deber de todas mantener viva esa esperanza reconociendo el invaluable aporte y ejemplo de dignidad de mujeres como Teresa Magueyal, Doña Tere, y, junto con sus compañeras, no dejar de exigir justicia para ella y para todas las madres buscadoras asesinadas.

A nuestra compañera Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la asesinaron el 2 de marzo de 2016 sicarios al servicio de oligarcas e intereses corporativos por defender el Río Gualcarque frente al proyecto de construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa DESA. Las circunstancias de su asesinato ya las tratamos en nuestra separata previa “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN. 10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)”.

A Berta la asesinaron, sobre todo, porque era una mujer lenca, luchadora feminista, antirracista y anticapitalista, cuya lucha había cobrado gran notoriedad, dentro y fuera de Honduras, y la había situado como un referente para muchas otras mujeres, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y comunidades. De esta forma, asesinando a Berta, los poderes que imponen y sostienen las políticas de muerte y despojo que imperan en Honduras no sólo buscaban silenciar su lucha particular y la del COPINH, sino también lanzar un mensaje al resto de defensoras, organizaciones y movimientos sociales del país sobre lo que puede pasarle a quienes se atreven a plantarles cara.

Por este motivo, tras su asesinato, para el COPINH, y para el pueblo hondureño organizado, iniciaba una lucha tan importante como lo es y lo sigue siendo la defensa del Río Gualcarque, una lucha cuya relevancia política va más allá de sólo depurar las responsabilidades implicadas en el crimen. Se trataba de responderle al poder con el contra-mensaje de que el asesinato de Berta no iba a quedar impune, de que todos los responsables del mismo, desde los materiales hasta los intelectuales, al igual que los intereses corporativos, políticos y económicos a los que todos ellos responden, iban a quedar expuestos, señalados y sujetos a la justicia integral y reparadora de los pueblos.

Ante ello, los poderes no han dejado de actuar como era de prever que lo harían; movilizando todo su arsenal de recursos, influencias, corruptelas y fuerza criminal para adulterar, entorpecer y prolongar el proceso de justicia. Así, desde 2016 han sido numerosas las agresiones de diversa índole y gravedad que la familia de Berta Cáceres y el COPINH, y también periodistas y organizaciones aliadas, han enfrentado, por parte de diferentes actores, en el marco de su búsqueda de justicia.

Una de estas primeras agresiones tuvo lugar poco días después del crimen, cuando empleados de la empresa DESA atacaron a integrantes del COPIN y otras organizaciones solidarias que participaban en el Campamento Berta Cáceres Vive. La más reciente, de junio de 2025, fue una filtración de información confidencial sobre las medidas de protección de la organización y familiares de Berta Cáceres. Entre tanto, se han sucedido estrategias dilatorias del proceso, actos de vigilancia y hostigamiento por parte de la Policía contra compañeras del COPINH y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos que participaban en un plantón para demandar justicia, la quema, por parte de simpatizantes del Partido Nacional, del Campamento Feminista Viva Berta, mismo que con anterioridad había sido reiteradamente hostigado por la Policía, o la expulsión de la familia de Berta de una de las audiencias contra uno de los imputados, David Castillo, gerente de la empresa DESA y vínculo ineludible con quienes el COPINH ha señalado como principales responsables intelectuales del crimen, la familia Atala. Tampoco han faltado campañas de amenazas y hostigamiento contra el COPINH y su dirigencia; ataques contra periodistas, como los señalamientos y difamaciones vividas por la periodista británica Nina Lakhani, autora de una investigación sobre el crimen; o contra organizaciones internacionales como Global Witnes o de ámbito nacional y feminista como el CEM-H, a la cual la empresa DESA pretendió criminalizar.

Todas estas son sólo algunas de las múltiples agresiones y violaciones al debido proceso que se han cometido, en gran medida, con el objetivo de evitar que el proceso de justicia alcance la cúspide de la pirámide de responsabilidades del crimen, en la que se encuentran la familia Atala, oligarquía que atesora un enorme poder económico y político en el país, así como otros responsables como los bancos europeos que, pese a ser advertidos de las violaciones a derechos humanos en la zona del proyecto, no hicieron nada para detenerlas.

Y no obstante, el proceso de justicia liderado por el COPINH y la familia de Berta, con el apoyo de la red de solidaridad internacional que han logrado tejer, no ha dejado de avanzar: desde las condenas a los autores materiales del crimen y a David Castillo, uno de sus autores intelectuales, hasta estrechar el círculo alrededor de los Atala, motivo por el cual, uno de los principales señalados, Daniel Atala, se encuentra prófugo. La reciente conformación e instalación en Honduras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 14 de febrero de 2025, es el último fruto de este incansable trabajo.

El 18 de julio de 2020, sujetos ataviados con indumentaria de la Dirección General de Investigaciones (DPI) irrumpieron en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, Tela, en el departamento de Atlántida, y se llevaron al presidente del Patronato, Alberth Sneider Centeno, junto con otros tres jóvenes de la comunidad: Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix. Desde ese día, los cuatro jóvenes permanecen en situación de desaparición forzada.

La comunidad de Triunfo de la Cruz es un emblema de las luchas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y del pueblo garífuna de Honduras. Desde el año 2015, esta comunidad, al igual que las de San Juan y Punta Piedra, tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de obligado cumplimiento por parte del Estado, que reconoce el legítimo derecho de estas comunidades a su territorio ancestral e insta a su restitución. Precisamente, una de las principales funciones del Patronato comunitario que presidía Sneider Centeno, uno de los jóvenes víctimas de desaparición forzada, era velar por el cumplimiento de dicha sentencia.

De esta forma, desde julio de 2020, la comunidad de Triunfo de la Cruz y la OFRANEH están inmersa en un proceso de búsqueda de justicia tanto en lo que se refiere al cumplimiento, todavía pendiente, de la sentencia de la Corte IDH, como con relación a la desaparición forzada del presidente de su patronato y los otros tres jóvenes. Ante la omisión y la ineficacia del Estado para cumplir con ambas obligaciones, la OFRANEH, con el apoyo y acompañamiento de otras organizaciones nacionales e internacionales, ha impulsado instancias como el Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) y la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), cuyo trabajo y aportes también ha sido sistemáticamente desatendidos y obstaculizados por el Estado, el cual ni tan siquiera ha cumplido con su deber de garantizar la seguridad y protección de quienes integran la comunidad y la OFRANEH.   

Así, durante todos estos años, pese a la presión internacional y los exhortos de instancias internacionales como la CIDH y Naciones Unidas, las agresiones contra integrantes de la comunidad de Triunfo de la Cruz y liderazgos de la OFRANEH, lejos de cesar, se han multiplicado e intensificado. Las agresiones contra la comunidad, de muy diversa índole y gravedad, van desde la represión de la protesta, intentos de desalojo, tentativas de atropello contra marchas pacíficas, actos de amenaza, hostigamiento e intimidación o estrategias para imponer un patronato paralelo; hasta el asesinato, en 2023, de Ricardo Arnaul Montero y Martín Morales, ambos líderes involucrados en la exigencia de cumplimiento de la sentencia del caso Triunfo de la Cruz. En el contexto de demanda de justicia por los cuatro jóvenes garífunas, destaca también la criminalización que por participar en protestas pacíficas han enfrentado liderazgos del SUNLA y la OFRANEH, incluyendo a nuestra compañera Miriam Miranda, coordinadora de la organización e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, quien también ha sido objeto de intimidación y amenazas por denunciar la incesante situación de violencia que vive la comunidad.

Desde una concepción integral de la justicia, la exigencia de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH sobre Triunfo de la Cruz es inseparable de la demanda de verdad sobre la desaparición de los cuatro jóvenes garífunas, de la restitución de las tierras ancestrales y del cese de la violencia contra la comunidad y de la impunidad en la que permanecen las agresiones. Por este motivo, la lucha de la comunidad de Triunfo de la Cruz es fundamental para la OFRANEH y para el pueblo garífuna de Honduras, que sigue siendo perseguido y violentado en todo el país, a causa del racismo estructural y las políticas de despojo capitalista que siguen imponiendo gobiernos, instituciones del Estado, caciques, empresas y grupos de crimen organizado. 

El hijo de la defensora Eneida Abarca, Carlos Santos, tenía 22 años el primer día del mes de enero de 2022, cuando fue visto por última vez en el parque Lito Barriento de la colonia Monserrat, atrás de una delegación de la Policía. Desde entonces Carlos está desaparecido y Eneida, quien tenía su trabajo, una vida y una cotidianidad consolidadas, lo dejo todo para dedicarse por completo a su búsqueda. En este proceso, Eneida, junto a su hermana Ivette, ha recorrido con denuedo calles, carreteras, parques, predios baldíos y quebradas; ha acudido a dependencias del gobierno, ha realizado plantones en semáforos, ha participado en marchas, se ha organizado con otras madres para abrazarse y buscar juntas, y ha llenado San Salvador con fotografías de su hijo y con una pregunta para la que no deja de buscar respuesta “¿Dónde está Carlos?”

Tras tres años, todas las instancias legales se han agotado y las denuncias ante la Policía y la investigación abierta en Fiscalía no han dado ningún fruto. Ante ello, las instituciones del Estado, lejos de cumplir con su deber de investigar, con todos los medios a su disposición, el paradero de Carlos, se han mostrado indolentes, desatendiendo la justa demanda de verdad de Eneida, respondiéndole con evasivas o con suposiciones falsas y revictimizantes, tratando de silenciar su voz en redes sociales, donde ha sido bloqueada por cuentas institucionales y por destacadas autoridades de gobierno; y llegando, incluso, a obstaculizar su labor de búsqueda con actos de intimidación y hostigamiento por parte de elementos policiales y militares tanto en acciones personales de ella y su familia, como en el marco de su participación en acciones colectivas como la marcha del 8 de marzo.

Además, al igual que otras madres buscadoras en El Salvador, Eneida ha sido objeto de diversas agresiones a través de redes sociales y plataformas de mensajería en las que su labor de búsqueda es cuestionada y donde se la revictimiza tanto a ella como a su hijo a través de difamaciones y expresiones estigmatizantes que, en muchas ocasiones, llegan cargadas de misoginia.

Carlos Santos, el hijo de Eneida, es una de las cerca de 2,400 personas, la mayoría jóvenes, que desaparecieron en El Salvador entre 2020 y 2022. Carlos desapareció apenas tres meses antes de la imposición del régimen de excepción que militarizó el país y que se ha venido prolongando hasta la fecha; y en cuyo marco el Estado ha dejado de publicar cifras oficiales de desapariciones.

Ninguna omisión, estrategia de silenciamiento o maquila de noticias falsas puede ocultar el dolor, la dignidad, el tesón, el derecho a saber la verdad y demandar justicia y la labor incansable de las madres buscadoras que, como Eneida, no se detendrán hasta saber la verdad sobre sus hijos e hijas y obtener justicia para sus casos. Ellas son atacadas porque su sola existencia es una llaga abierta en la narrativa que el poder pretende imponer, una evidencia de que no todo en el país es tan idílico como se pretende hacer ver. Quizás es hora que el Estado entienda que, ni Eneida ni ninguna de estas madres buscadoras son sus enemigas, que no buscan poder, influencia ni cargos; sólo respuestas, un atisbo de esperanza, de compasión y de justicia; y, sobre todo, que escuchar sus voces y atender sus demandas es posiblemente el camino más seguro, humanitario y eficaz hacia la posibilidad de que esas narrativas, en un futuro, dejen de ser una vacía campaña de propaganda para convertirse en una verdad objetiva.

La digna e incansable lucha de Eneida es la lucha de muchas otras madres en Mesoamérica y es la lucha de todas; por ello, junto con ella gritamos "Carlos escucha, tu madre está en la lucha".

La vida y la cotidianidad de la defensora salvadoreña Verónica Delgado dieron un vuelco el 26 de mayo de 2022, cuando su hija, Paola Jimena Arana, de 17 años, desapareció tras acudir a una cita médica. Desde ese día, Verónica tuvo que hacerse cargo del cuidado de su nieta, Valentina, de cuatro años, al tiempo que emprendía la incansable búsqueda de Paola, lo que la llevó a incorporarse al colectivo de madres buscadoras organizadas en el “Bloque de Búsqueda”. 

El 11 de marzo de 2024, dos días después de participar en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en San Salvador, exhibiendo fotografías de sus familiares desaparecidas junto con otras compañeras del “Bloque de Búsqueda”, Verónica estaba terminando de lavar su ropa cuando un agente de la Policía Nacional Civil que había ingresado por la parte trasera de la casa le gritó: “Se nos ha notificado que aquí se vende marihuana, andá a abrir el portón que ahí están mis compañeros”. 

Pese que al registrar la casa los agentes no hallaron ninguna prueba de esa acusación, se la llevaron detenida alegando que la pequeña cantidad de dinero encontrado en la habitación de su hija mayor, fruto del trabajo de ésta en un call center, era producto de la venta de esas sustancias. Durante el registro, Verónica había tenido que soportar comentarios crueles, por parte de los agentes, como “por qué sigue buscando a su hija, si seguramente ya estaba muerta”; o, al expresar su preocupación por la nieta: “no llore por la niña, ella no es nada suyo. Esa niña no es ni su hija”. 

Diez días después de la detención, el viernes 22 de marzo, tras confirmar su imputación por un supuesto delito de “agrupación ilícita”, el juez decretó concederle libertad provisional con medidas sustitutivas. Sin embargo, su privación de libertad se prolongó de manera injustificada hasta el 3 de mayo, cuando finalmente pudo regresar a su casa y al cuidado de su nieta. 

Todo ello sucedió en el marco del régimen de excepción impuesto por el gobierno de El Salvador desde marzo de 2022, el cual permite a las fuerzas de seguridad y a las instituciones de justicia actuar con total arbitrariedad. Durante los veinte días que pasó en el penal femenil de Apanteos, Verónica pudo constatar las precarias e inhumanas condiciones en las que viven las mujeres allí presas, hacinadas en celdas, compartiendo cama, con comida insalubre; muchas, al igual que ella, habían sido privadas de libertad también bajo el régimen que limita las libertades.  

El caso de Verónica expone el riesgo que, bajo el vigente régimen de excepción, en la actualidad viven muchas mujeres y defensoras de derechos humanos de ser detenidas y criminalizadas de forma arbitraria, con base a meras suposiciones o, directamente, acusaciones falsas. También hace patente la voluntad del Estado de invisibilizar una lucha, la de las madres buscadoras por la verdad y la justicia, que pone en evidencia las cifras de desapariciones y femicidios con las que pretende sustentar su narrativa de “delincuencia cero”. 

En noviembre de 2024, Verónica recibió el Premio Nacional del Derecho a Defender Derechos, otorgado a defensoras por “la importancia de la incidencia en los territorios, su labor como cuidadoras de quienes no pueden alzar la voz y por su labor de búsqueda de hijos e hijas desaparecidos y de personas privadas de libertad”. No obstante, a la fecha de publicación de este reporte, su proceso de criminalización sigue abierto, como una amenaza que planea constantemente sobre su labor y que prolonga la incertidumbre y los impactos que esta situación genera en su vida y su entorno.