• En 2024 registramos al menos 7,495 agresiones contra 585 defensoras de derechos humanos y 93 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Esto representa un incremento de 11% con respecto al año anterior. La principal causa es el aumento en el número de agresiones digitales documentadas en El Salvador y Nicaragua.

• 7 defensoras fueron asesinadas durante 2024; cinco en México: Ángela Meraz León, buscadora y Presidenta de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, Baja California; Virginia y Adriana Ortiz García, buscadoras e Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui en Oaxaca y Danna Rodríguez y Valentina Sody, víctimas de transfeminicidio en Morelos; y dos en El Salvador: Rosa Elvira Flores, integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) y Ana Luz Montano, lideresa comunal que integraba una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) en Tecoluca. Adicionalmente, 11 defensoras sufrieron intentos de feminicidio, 2  intentos de transfeminicidio y 26 defensoras fueron amenazadas de muerte. 

• Casi la mitad de los agresores identificados (42%) fueron actores vinculados al Estado: autoridades públicas, policiales o militares; que actuaron muchas veces para proteger intereses de grupos de poder privados.

Fuente: Sistema de Registro de agresiones IM-Defensoras

 

PRINCIPALES TENDENCIAS REGIONALES: MILITARIZACIÓN, REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN, DESPLAZAMIENTO FORZADO, VIOLENCIA DIGITAL.

Con base en los datos de nuestro sistema de registro, identificamos tendencias en los diversos contextos nacionales y regionales, que nos permiten anticipar riesgos y, en diálogo con otras Estrategias de Protección Integral Feministas (PIF), acompañar y acuerpar a defensoras en riesgo para cuidar y resguardar nuestra vida, la de nuestras comunidades y la de nuestros proyectos políticos. Estas son las principales tendencias identificadas en la región durante 2024:

• VIOLENCIA DE ESTADO: MILITARIZACIÓN Y REPRESIÓN POLICIAL.

En toda la región se profundiza la militarización y el uso de estrategias de “mano dura” utilizadas para reprimir a quienes defienden derechos humanos. Las autoridades de diferentes niveles (locales, estatales o nacionales/federales) aumentan el control social para proteger  intereses políticos y económicos   utilizando mecanismos como los estados de excepción en El Salvador y Honduras; o la incorporación en el marco constitucional de Nicaragua de la “policía voluntaria” y las “fuerzas militares de reserva patriótica”, la cual supone la institucionalización del uso de fuerzas parapoliciales. En México, aunque a nivel federal se mantiene una postura de no represión de la protesta social, los gobiernos estatales y locales continúan haciendo uso de las fuerzas de seguridad para reprimir las movilizaciones de diversos movimeintos sociales. 

Así, durante 2024 registramos 170 casos de uso de la violencia policial para reprimir la protesta, 58 casos de tortura y 117 casos de tratos crueles e inhumanos. La mayor parte de estas agresiones perpetradas por los Estados se dieron en el marco de movilizaciones ciudadanas en México, desalojos o intentos de desalojos en Honduras, y prisión política de defensoras en Nicaragua.  

• LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL APARATO ESTATAL PARA CRIMINALIZAR A LAS DEFENSORAS.

El año 2024 presenta una continuidad en las prácticas de instrumentalización del poder judicial para desprestigiar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos. Esto se refleja en las 82 detenciones arbitrarias de defensoras de derechos humanos y los 54 inicios de causas o juicios penales o administrativos en su contra que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos.

Son los casos de Nolvia Obando, defensora de tierra y territorio detenida y criminalizada desde 2023 tras ser injustamente acusada del delito de usurpación de tierras en Honduras; la injusta criminalización y prisión de la defensora de derechos indígenas amuzga, Kenia Hernández en México; la detención arbitraria y proceso judicial por supuestos cargos de agrupación ilícita en contra de Verónica Delgado, buscadora de su hija desaparecida en El Salvador; o la prisión política de Nancy Henríquez, lideresa indígena miskitu que continúa detenida en celdas de máxima seguridad en Nicaragua, bajo régimen de aislamiento por los delitos de "menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas”. Como muestra de la preocupante continuidad de esta tendencia, sólo durante los primeros 5 meses de 2025 hemos registrado 24 detenciones arbitrarias de defensoras en la región.

Unido a ello, durante 2024 se aprobaron e implementaron nuevas leyes o reformas legales que facilitan la criminalización a personas y organizaciones que defienden derechos humanos como la Ley de ciberseguridad y protección de datos en El Salvador, o las reformas a leyes en materia de ciberdelitos, crimen organizado, lavado de activos y supervisión financiera en Nicaragua. En México persiste la práctica de detenciones arbitrarias de corta duración en el marco de marchas y plantones por parte de autoridades locales y estatales; evidenciando el uso del sistema de justicia  para generar temor e inhibir la protesta y la defensa de derechos humanos. 

• LA INCESANTE TRAGEDIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS.

En 2024 documentamos 120 casos en los que defensoras de derechos humanos se vieron obligadas a abandonar sus hogares y comunidades para resguardar su seguridad ante la violencia y las agresiones sistemáticas que estaban enfrentando. Los desplazamientos forzados son la consumación de un mecanismo de castigo que busca aislarlas de sus redes de apoyo y lucha, afectando tanto a ellas y a sus familias, como a sus movimientos sociales y al tejido de sus comunidades. Al ser obligadas a abandonar sus territorios, se interrumpen procesos organizativos claves, desarticulando o debilitando la capacidad de resistencia colectiva y dejando expuestas a las comunidades a mayores riesgos.

En México, es la violencia generada por el crimen organizado la que sigue obligando a muchas personas, incluyendo a defensoras de derechos humanos, a huir de sus territorios; en Honduras, los desalojos forzados para beneficiar a empresas aceiteras, azucareras e intereses de terratenientes han desplazado a comunidades enteras; en El Salvador, el acoso y hostigamiento contra voces críticas al gobierno han obligado a huir del país a defensoras y periodistas independientes; mientras que en Nicaragua, la persecución política, el destierro y la represión migratoria empujan al exilio a defensoras y a sus seres queridos. 

• LA VIOLENCIA DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE CONTROL POLÍTICO.

En un contexto mundial donde líderes y grupos de poder político y económico reproducen discursos de odio antifeministas, xenofóbicos y homo-lesbo-transfóbicos, las agresiones digitales en contra de defensoras mesoamericanas no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia estructural orientada a criminalizar y neutralizar el activismo, deslegitimar las luchas sociales y debilitar el tejido organizativo de los movimientos feministas y populares.

Durante 2024 documentamos 2,480 agresiones digitales, lo que representa que una de cada tres agresiones contra defensoras y organizaciones registradas en la región se perpetró a través de medios digitales. Casi la mitad de estas agresiones (49%) estuvieron dirigidas contra un colectivo de defensoras; 40% contra una defensora en particular y 11% contra organizaciones.

Entre las principales violencias digitales registradas destacan los cuestionamientos de la moral o liderazgo de las defensoras (462), las campañas de difamación o divulgación de hechos falsos (403), odio viral (221), campañas de desprestigios (138) u hostigamiento (129). Estas agresiones son perpetradas principalmente por usuarios virtuales desconocidos (64%), autoridades públicas (11%), partidos políticos (5%), o integrantes grupos religiosos o fundamentalistas (5%). En muchas ocasiones identificamos que las agresiones pueden haber estado orquestadas o viralizadas por troles financiados por los Estados o poderes fácticos para instalar narrativas anti-derechos que posicionan a las defensoras como enemigas internas.

La violencia digital es una extensión de las estrategias de represión que históricamente hemos sufrido, con profundos impactos a nivel individual y colectivo: genera miedo, autocensura, desplazamiento, así como una erosión deliberada de la legitimidad pública de las defensoras. 

• LA EXPRESIÓN DEL PATRIARCADO EN LAS AGRESIONES.

Al defender derechos humanos y construir alternativas contrahegemónicas y feministas, estamos desafiando mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Nuestro registro mesoamericano evidencia que en 2024 al menos una de cada tres agresiones en contra de defensoras estuvieron marcadas por expresiones de violencias machistas (34%): expresiones misóginas, discursos de odio o difamaciones, minimización de sus denuncias o del riesgo al que se enfrentan, estigmatización o culpabilización por desatender o romper con roles tradicionales de género (ser buena madre, esposa, cuidadora), o la violencia sexual (amenazas, acoso, abuso, violaciones). Un ejemplo de ello son las agresiones verbales basadas en nuestra apariencia, orientación sexual, identidades o expresiones de género, como: “gorda payasa”, “vieja bigotuda”, “perra”, “zorra”, “tortillera”, “farsa de mujer” o “sexo cambiado”.

Adicionalmente, identificamos que 36% de las agresiones dirigidas de forma personal contra defensoras también incluyen agresiones contra personas cercanas, especialmente de su entorno familiar (principalmente hijas, hijos, hijes, madres, padres o parejas). Estas agresiones buscan debilitar nuestras redes de apoyo cercanas, quebrantarnos emocionalmente y generar sentimientos de culpa, impotencia o desesperación para intentar callar nuestras voces. 

• Y PESE A TODO, NUESTRAS LUCHAS PERSISTEN, AVANZAN Y SE REINVENTAN.

A pesar del contexto hostil que enfrentamos, nuestros territorios, comunidades y movimientos siguen construyendo de forma cotidiana realidades que apuestan por la vida, la esperanza y las transformaciones profundas. Nos inspiramos, por ejemplo, en la defensa del territorio y las alternativas de vida digna que llevan a cabo los pueblos y comunidades en Honduras; en nuestras compañeras feministas nicaragüenses que pese a la represión absoluta reinventan formas de lucha por la justicia y reconstruyen el tejido social dentro del país; ; en las colectivas que luchan por los derechos y la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y las disidencias sexuales en El Salvador; y en las redes de cuidados feministas que se fortalecen para hacer frente a la violencia en México. Las diásporas de defensoras de toda Mesoamérica que han sido forzadas a desplazarse, se organizan y siguen resistiendo desde nuevos territorios. 

 

UNA MIRADA A LOS PAÍSES 

• EL SALVADOR: AUTORITARISMO, IMPEDIMENTO DE LA PROTESTA Y VIOLENCIA DIGITAL.

En El Salvador hemos asistido a una profundización del autoritarismo marcado por la continuidad del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022, con múltiples arbitrariedades y vulneraciones a derechos humanos perpetradas en su marco, y la reelección de Nayib Bukele en febrero 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohíbe mandatos presidenciales consecutivos.  A ello se une, ya en 2025, la reforma constitucional de enero que permite que una misma legislatura apruebe y ratifique enmiendas constitucionales, debilitando así los controles y equilibrios democráticos; y la aprobación en mayo de la llamada “Ley de agentes extranjeros”, la cual legaliza los mecanismos para el borrado y silenciamiento de organizaciones de derechos humanos cuyo trabajo le resulta incómodo al gobierno, imponiéndoles cargas fiscales y procesos de auditoría y control financiero que suponen un grave obstáculo a su labor y abren nuevas vías legales para su criminalización. 

Durante 2024 documentamos un total de 628 agresiones a defensoras y organizaciones o grupos de defensa de derechos humanos en El Salvador, lo que representa un aumento de 200% en relación a las agresiones documentadas el año anterior (2023). La mayoría de estas agresiones (57%) estuvieron dirigidas contra grupos de defensoras en el marco de acciones colectivas. Ejemplo de ello son los casos de hostigamiento y vigilancia policial registrados durante la marcha del 18 de mayo, convocada por la Federación Salvadoreña LGBTI en conmemoración del "Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia". También documentamos intimidaciones y campañas de desprestigio contra quienes participaron en la “Marcha Blanca”, una manifestación en defensa del derecho a la salud y la educación pública, frente a los recortes presupuestarios estatales. A esto se suma la represión contra personas defensoras de la tierra y el territorio que se oponen a la represión y silenciamiento de liderazgos comunitarios de Santa Marta y a la reciente legalización de la minería metálica, aprobada el 23 de diciembre de 2024.

En un escenario marcado por la vigilancia constante del Estado en el entorno digital, 57% de las agresiones contra defensoras de derechos humanos que documentamos durante 2024 en El Salvador se cometieron a través de medios digitales. La mayoría de estas agresiones busca estigmatizar el trabajo de defensa de derechos humanos: 83 de ellas están vinculadas a la difusión de discursos de odio, 47 corresponden a incidentes que ridiculizan a la defensora o sus organizaciones, 34 son casos de ciberacosos, 38 hostigamientos digitales, 28 están relacionadas con acciones de divulgación de información falsa o manipulada y 23 están dirigidas a cuestionar o poner en duda de la ética o moral de las defensoras. Si bien muchas de estas agresiones provienen de usuarios virtuales desconocidos, hemos identificado, tras ellas, el posible uso de troles financiados por el Estado o grupos anti-derechos. Asimismo, funcionarios públicos de alto rango y medios de comunicación afines al Ejecutivo utilizan sus discursos públicos y las redes sociales para desacreditar, difamar y criminalizar a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, reforzando un clima de hostilidad y represalia hacia las defensoras.

Finalmente, destacamos el uso de la criminalización de defensoras y sus familiares como estrategia estatal para hostigar a defensoras y periodistas. Ejemplo de ello es la detención arbitraria, por algunas horas, de la madre de la defensora Gladys Ardón, acaecida en abril de 2024 como un acto intimidatorio contra la defensora por su labor como presidenta de la organización Esperanza SV. La reciente detención, en mayo de 2025, de la abogada e integrante de CRISTOSAL Ruth Eleonora López, da cuenta de la preocupante vigencia de esta estrategia.

• HONDURAS: MILITARIZACIÓN Y DESPOJO EXTRACTIVISTA.

En Honduras, la imposición del Estado de Excepción, no ha sido una política útil para disminuir los índices de criminalidad, pero si se ha utilizado para el constante acecho, acoso y vigilancia a las defensoras de derechos humanos y sus comunidades y la validación de las arbitrariedades, detenciones ilegales y uso excesivo de la fuerza cometidas por agentes policiales o militares contra la población. Además perviven las políticas de despojo territorial y el extractivismo. 

En 2024 documentamos un total de 2735 agresiones en contra de al menos 96 defensoras y 18 organizaciones o grupos de defensa de derechos humanos en Honduras. Tal y como pone de relieve la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras a través de su informe sobre la situación de las defensoras hondureñas en 2024, una gran porcentaje de las agresiones registradas (82%) se dieron en el marco de acciones colectivas públicas de defensa de derechos humanos como desalojos, movilizaciones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, campañas de desprestigio a través de redes sociales, medios de comunicación y vocerías institucionales. 

Las defensoras de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los bienes naturales fueron objeto de 81% del total de las agresiones documentadas en Honduras en 2024. El elevado porcentaje de agresiones que reciben estas defensoras es una constante en nuestros registros en este país. Así, identificamos que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa se sitúan entre las organizaciones que más ataques registran, por estar en la primera línea de confrontación con los megaproyectos extractivos y por tener la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes como sus principales ejes de lucha. 

En los últimos años, hemos asistido a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, la cual, lejos de atender el problema del campesinado, ha legitimando desalojos masivos y ha instrumentalizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra con el objetivo de favorecer los intereses de las empresas extractivistas y los terratenientes. Los desalojos y los intentos de llevarlos a cabo provocan la criminalización de defensoras y mantienen a las comunidades en zozobra, bajo acecho y con graves impactos psicosociales provocados por la presencia policial y militar y la violencia que pueden llegar a ejercer. Producto de esta situación en 2024 registramos 42 desplazamientos forzados internos de defensoras hondureñas. 

En relación a los perpetradores de las agresiones, 40% son cometidas por actores vinculados al Estado, ya sean fuerzas policiales (19%), autoridades públicas (18%) o fuerzas armadas (3%). En 2024, el Estado fue responsable de 96 agresiones relacionadas con el uso de violencia represiva, incluyendo disparos directos contra compañeras y sus familias, como en Choluteca, el Aguán, Triunfo de la Cruz y Nueva Armenia. En 25% de las agresiones los autores son desconocidos, incluyendo entre éstos a usuarios virtuales. Otro dato relevante es que agentes de seguridad privada fueron identificados como perpetradores en 7% de los ataques, lo que está relacionado con el hecho de que en muchas ocasiones la industria extractiva y empresas del país contratan a empresas de seguridad privada –una gran mayoría de ellas propiedad de miembros del ejército–, las cuales se han configurado como una fuerza armada altamente peligrosa, sobre todo cuando actúan con apoyo policial, tal y como suele suceder en los desalojos violentos contra comunidades que defienden la tierra y el territorio. 

• MÉXICO: REPRESIÓN DE LA PROTESTA FEMINISTA Y VIOLENCIA LETAL CONTRA PERIODISTAS Y BUSCADORAS.

La presencia y control territorial del crimen organizado en gran parte del país sigue siendo una realidad que genera una situación de violencia que afecta e impacta todos los ámbitos de la vida social, desbordando la capacidad de las instituciones y mostrando los altos niveles de complicidad entre autoridades y grupos criminales u otros grupos de poder fáctico.

En México, durante 2024 hemos documentado 1622 agresiones en contra de al menos 286 defensoras y 21 organizaciones o colectivos de defensa de derechos humanos. Los estados donde registramos más agresiones fueron Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Guanajuato. La mayor parte de estas agresiones estuvieron dirigidas contra defensoras del derecho a la información y libertad de expresión (37%), defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (21%) y defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación (15%). En cuanto a los perpetradores, identificamos que 47% son actores estatales fundamentalmente de los ámbitos municipales y de los estados de la república: autoridades públicas estatales (11%) y municipales (5%); policía estatal (11%) y municipal (6%). Las autoridades federales representan 10% de los agresores y las fuerzas armadas 4%. Uno de cada cuatro perpetradores (25%) son desconocidos -incluyendo, entre éstos, a usuarios virtuales. La naturaleza de las acciones del crimen organizado, caracterizado por el anonimato, la influencia transnacional, una alta letalidad y el enorme riesgo que implica denunciarlas, dificulta poder identificarlo claramente como perpetrador de las agresiones, no obstante pudimos documentar a actores vinculados con el crimen organizado como autores de 5% de las agresiones.

La mitad de las agresiones (51%) se dieron en contextos de acciones colectivas. Tan sólo en el marco del 8 de marzo, durante las manifestaciones en conmemoración del día internacional de la mujer, documentamos 295 agresiones en diferentes estados de México, destacando las registradas en Zacatecas, Puebla, San Luis de Potosí y Michoacán.

Las defensoras buscadoras enfrentan un preocupante contexto de riesgo y agresión en México . Estas defensoras, al asumir tareas de búsqueda que el Estado no realiza con la debida diligencia, viven no sólo el dolor profundo por la desaparición de sus seres queridos, sino también múltiples formas de violencia que amenazan su vida e integridad. Las principales agresiones que registramos en contra de defensoras de la verdad, justicia y reparación, sus organizaciones o colectivos en México durante 2024 fueron: limitaciones o ataques por recabar, obtener o poseer información, hostigamientos y vigilancia. Estas agresiones tienen como objetivo suspender su labor de  búsqueda, escalando en gravedad hasta materializarse en intentos de asesinato, asesinatos y desaparición forzada. Durante 2024 documentamos el asesinato de tres defensoras buscadoras: Ángela Meraz, en  Baja California; y Virginia y Adriana Ortiz García, en Oaxaca; y la desaparición forzada de otras dos compañeras: Lucero Romo, integrante de Jóvenes Buscadores de Sonora, y Lorenza Cano, de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en el Estado de Guanajuato. Las agresiones contra las buscadoras reflejan un problema estructural y persistente, en el que la colusión entre el crimen organizado y autoridades corruptas ha instaurado un régimen de terror y control en numerosos territorios por todo el país.

Por otro lado, los datos de nuestro registro en México ponen de manifiesto la continuidad de las agresiones contra periodistas, comunicadoras y defensoras de la libertad de expresión que hacen cobertura de protestas feministas o denuncian actos de corrupción y violaciones a derechos humanos. En 2024, las principales agresiones contra estas defensoras fueron: limitaciones para comunicar y/o recibir información (151), hostigamientos (59), amenazas (45) e incidentes de violencia física, verbal o psicológica (112). Por ejemplo, el 5 de septiembre, la comunicadora Estefanía Galicia fue detenida arbitrariamente mientras daba cobertura a una protesta en la explanada de la Alcaldía Xochimilco en contra de la criminalización de la defensora de la tierra, el agua y los espacios públicos, Hortensia Telésforo. Ese mismo día, Elizabeth Diaz Molina, periodista audiovisual, fue víctima de agresiones físicas, sexuales y patrimoniales. Ambas contaban con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

• NICARAGUA: ESTADO TOTALITARIO, REPRESIÓN MIGRATORIA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO.

En 2024 registramos 2,510 agresiones en contra de 166 defensoras y 34 organizaciones de defensa de derechos humanos en Nicaragua. Esto representa un aumento de 50% con relación al año anterior. La mayoría de estas agresiones fueron contra quienes defienden el derecho a la participación política de las mujeres (48%); contra víctimas, familiares de víctimas o personas que acompañan la búsqueda de la verdad, justicia y reparación (11%); contra defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión (8%); y contra defensoras de la vida de una libre de violencia para las mujeres (8%). 

A grandes rasgos, durante 2024 identificamos la consolidación de un Estado totalitario dinástico que busca eliminar toda disidencia a través de la imposición sostenida de un régimen de terror y vigilancia y la cooptación e instrumentalización de las instituciones (judiciales, legislativas y policiales). En esta línea, el contexto político de 2024 y el inicio del 2025 ha estado marcado por reformas penales y constitucionales que legalizan prácticas represivas utilizadas por el Estado para criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. A la fecha, se conoce de la existencia de 7 presas políticas, de las cuales 4 son defensoras de derechos humanos: Nancy Henríquez, Evelyn Guillén, Lesbia Gutiérrez y Fabiola Tercero, está última lleva más de 10 meses en situación de desaparición forzada, sin que exista constancia de su estado. Las condiciones de prisión han generado impactos severos en la salud física y mental de las presas, además de consecuencias devastadoras para sus familias, quienes enfrentan asedio, dificultades económicas y rupturas afectivas prolongadas.

En 2024 documentamos 41 casos de desplazamiento forzado de defensoras y mujeres activistas, ya sea dentro (7) o fuera de Nicaragua (34). Adicionalmente, registramos 23 integrantes de la familia de defensoras y mujeres activistas que también se han visto obligadas a desplazarse. Los desplazamientos tienen impactos desgarradores en los proyectos de vida de las defensoras y sus familias; además de exponer a las mujeres a diferentes expresiones de violencia y dificultades legales, sociales, económicas y de salud para poder integrarse en el país de destino. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, el total de desplazamientos forzados de mujeres activistas y defensoras que hemos registrado asciende a 308.

Otras de las principales agresiones registradas son los actos de represión migratoria. En 2024 hemos documentado 67 incidentes de represión migratoria contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos e integrantes de sus familias; 64 dirigidas contra las propias defensoras y activistas y 3 contra sus familiares. Este tipo de agresiones se basan en el uso arbitrario de una diversidad de mecanismos legales y coercitivos para evitar que las defensoras continúen su labor de defensa de derechos dentro del territorio nacional, destacando: interrogatorios o amenazas para que las defensoras no ingresen por miedo a repercusiones contra ellas y sus familiares, expulsión o impedimento de ingreso al país, despojo de nacionalidad y apatridia. 

Asimismo, vinculado con el hecho de que un gran número de mujeres activistas y defensoras están exiliadas o expulsadas del país, observamos la continuidad de los ataques en contra de ellas a través del auge de la violencia digital, que usualmente está cargada de misoginia y discursos de odio, con intentos de desacreditar a las defensoras mediante burlas, amenazas, estigmatización y hostigamiento constante. De esta forma, 60% de las agresiones digitales registradas en Nicaragua evidencian violencias específicas que apelan a los mandatos de género. En algunas ocasiones, las agresiones replican el discurso de sectores de derecha ultraconservadora que buscan mantener el orden patriarcal, empleando calificativos como “feminazi”, “abortera”, “basura progre”, “femilocas”, entre otros. Muchas de estas agresiones son perpetradas por usuarios virtuales desconocidos y están dirigidas contra defensoras feministas que, desde el exilio, siguen denunciando el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo.

 

Estos datos nos duelen porque afectan de forma directa nuestra vida, la de nuestras compañeras y nuestros seres queridos. Sin embargo, lejos de paralizarnos como pretenden los poderes fácticos, refuerzan nuestra urgencia de resistir y de acompañar desde una lógica de Protección Integral Feminista a quienes seguimos luchando por defender la vida.