El martes 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la llamada “Ley de agentes extranjeros”, la cual impone cargas fiscales y procesos de auditoría y control financiero a las organizaciones de derechos humanos que suponen un grave obstáculo a su labor y abren nuevas vías legales para su criminalización. Esto se da en un contexto de profundización del patrón autoritario y la criminalización de la defensa de derechos humanos en el país, tal y como recientemente hemos denunciado junto a otras organizaciones internacionales. Ejemplos de ello son la detención arbitraria y criminalización de la abogada Ruth Eleonora López, y la represión contra la comunidad de El Triunfo y la detención y criminalización de dos de sus líderes. 

Entre los artículos de la ley que tienen más implicaciones sobre la seguridad y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y que legitiman acciones arbitrarias de control y sanción por parte del Gobierno, destacan el artículo 9, que prohíbe a las organizaciones “realizar actividades con fines políticos” que tengan el objetivo de “alterar el orden público” o que amenace la “seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”. Además, la ley establece multas de entre 100 y 250 mil dólares para las organizaciones que no cumplan los requisitos y establece procedimientos absolutamente arbitrarios respecto a su aplicación. Entre éstos últimos, el que implica que las organizaciones, ante la no concesión de autorización administrativa, dejen de operar en el marco de la legalidad y pierdan la capacidad de hacer uso de sus bienes y recursos. 

La imposición de esta Ley llega después de una prolongada campaña de desprestigio, estigmatización y difamación contra personas y organizaciones de derechos humanos por parte del Gobierno y sus afines, especialmente a través de medios digitales, tanto desde cuentas oficiales, incluyendo la del presidente Nayib Bukele y otros altos funcionarios, como a través del uso de “granjas de bots” para la difusión viral de noticias falsas y discursos de odio. Esta campaña se intensificó especialmente a partir de la imposición del régimen de excepción en 2022, en cuyo marco la voz y la labor de las organizaciones de derechos humanos está siendo fundamental para denunciar los abusos cometidos y acompañar y exigir justicia para las víctimas. 

Desde la IM-Defensoras expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de esta Ley que profundiza la deriva autoritaria del Gobierno de Nayib Bukele y expone a las defensoras salvadoreñas de derechos humanos a un contexto de control, fiscalización y arbitrariedad que pone en serio riesgo el desarrollo de su labor e, incluso, su seguridad personal y colectiva. 

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse al pendiente de la situación en El Salvador, a pronunciarse contra la aprobación de esta ley restrictiva y a solidarizarse con las defensoras y organizaciones de derechos humanos del país.