En toda Mesoamérica las defensoras aportamos a nuestros entornos sociales y comunitarios promoviendo la paz, la igualdad y la justicia, acompañando y denunciando violaciones a derechos humanos y construyendo alternativas de vida digna frente a las políticas capitalistas de muerte y despojo, los poderes autoritarios, el racismo estructural y las violencias del Patriarcado sobre las vidas de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Nuestra labor incomoda y amenaza los intereses de los distintos poderes fácticos y, por este motivo, muchas veces somos atacadas:

Sólo en 2025, registramos al menos 6,900 agresiones contra 617 defensoras y 70 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua; y 12 compañeras fueron asesinadas.

Este 2026, entre el 1 de enero el 31 de agosto hemos documentado en la región 3,956 agresiones contra 329 defensoras y 46 organizaciones; y ya van 12 compañeras asesinadas.

En El Salvador, las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones han venido defendiendo, promoviendo y protegiendo derechos humanos en un país con profundas desigualdades históricas; con heridas de la reciente de guerra civil que permanecen abiertas, pese a la firma de los acuerdos de paz que generaron una institucionalidad democrática frágil; en un contexto de violencia social y control territorial a manos del crimen organizado, sostenido en prácticas y narrativas misóginas, que se expresa en altos índices de violencia feminicida y violencia sexual; con marcos legales que siguen vulnerado los derechos fundamentales de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, destacando, entre éstos, la absoluta penalización del aborto con penas de cárcel que pueden llegar a los cuarenta años y la discriminación por razones de orientación sexual y identidad de género; y con retrocesos normativos y en políticas públicas realizados desde un enfoque conservador y sustentados en narrativas anti-derechos y anti-feministas.

Sin embargo, hoy en día, pese a ser tan necesaria como siempre, o incluso más, la incansable y fundamental labor de las defensoras salvadoreñas está más amenazada que nunca.

Esta preocupante situación viene determinada por la conjunción de diversos factores que responden o avanzan tendencias regionales, y que en El Salvador se expresan así:   

• La consolidación de un modelo de país tecno-capitalista y patriarcal, de tendencia radicalmente neoliberal, donde la apuesta por la implementación de monedas virtuales, como el bitcoin, de fiabilidad volátil, coexiste con la instalación en el país de la sede grandes corporaciones digitales y el desmantelamiento de las ya de por sí frágiles políticas sociales existentes.

• La implementación de políticas autoritarias de mano dura, expresadas en la imposición de un régimen de excepción que se ha venido prolongado desde marzo de 2022, que lejos de transformar las condiciones estructurales que generan la violencia social, se limitan a confinarla en cárceles superpobladas, bajo procedimientos legales opacos y arbitrarios, exponiendo al grueso de la población, y muy especialmente a los sectores más vulnerables y a quienes defienden derechos humanos, a múltiples vulneraciones de derechos.

• La reactivación de las políticas extractivistas, como el levantamiento de la prohibición de la minería metálica, o la proliferación de proyectos turísticos que gentrifican las poblaciones, expulsan a la gente de sus casas y despojan a las comunidades.

• La aprobación de marcos legales, como la Ley de Agentes Extranjeros, que fiscalizan y restringen el derecho de la población a organizarse y que pueden ser usadas para criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

• El uso estratégico, faccioso y misógino, por parte de los diferentes poderes fácticos, de los entornos digitales para imponer sus narrativas y desacreditar las que no concuerdan con éstas, a través de campañas de noticias falsas, hostigamiento y violencia contra voces discordantes, con altos grados de misoginia cuando éstas son mujeres u organizaciones feministas.

• La proliferación de narrativas anti-feministas y anti-derechos, que muchas veces son asumidas y replicadas por actores institucionales, y que cuentan con el respaldo financiero y logístico de lobbies transnacionales de extrema derecha; y la negación de los avances logrados en el reconocimiento de derechos en procesos de litigio y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En este marco, decenas de defensoras de derechos humanos y periodistas se han visto obligadas a exiliarse; muchas organizaciones han tenido que cerrar o replantear su trabajo, estructura y funcionamiento; varias personas activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos han sido criminalizadas y están presas, como es el caso de la compañera Ruth López, de la organización Cristosal. 

• En 2025 registramos 1,514 agresiones en contra de 93 defensoras y 19 organizaciones en El Salvador. Esto equivale a un aumento de 136% con relación al año anterior. De acuerdo a nuestros datos preliminares, en el primer semestre de 2026 hemos documentado 435 agresiones contra 44 defensoras y 7 organizaciones.

• 27% de estas agresiones han sido contra quienes defienden la tierra y el territorio ante megaproyectos extractivos y turísticos. Hemos documentamos 482 agresiones contra de 54 defensoras y 13 organizaciones que defienden estos derechos.

• 35% han sido cometidas por actores estatales - autoridades públicas, policías o fuerzas armadas- que actúan en articulación con poderes fácticos trasnacionales y ultraconservadores buscando silenciar a quienes cuestionan el orden patriarcal, el régimen de excepción y los proyectos extractivistas.

• Más de la mitad de las agresiones (59%) se han cometido a través de medios digitales, destacando las campañas de desinformación, acoso digital, vigilancia y amenazas.

• Desde 2025 hemos venido documentado nuevas formas de agresión especialmente graves, como el cierre o desplazamiento de organizaciones sociales, la criminalización de defensoras, la confiscación de bienes y propiedades, violentos desalojos o intentos de desalojos, desplazamiento forzado interno y exilio.

Lo que está pasando en El Salvador nos incumbe a todas, pues se trata de la expresión más diáfana y consolidada del modelo de sociedad que los poderes fácticos de la región –empresas, entidades bancarias, corporaciones digitales, oligarquías, grupos de crimen organizado, iglesias y lobbies conservadores, entre otros– pretenden implantar en cada uno de nuestros países. 

Hoy, respaldar, reconocer y apoyar el trabajo que nuestras compañeras salvadoreñas llevan a cabo día tras día para mejorar las condiciones de vida de su entorno social y comunitario, es vital para tejer los lazos de solidaridad y combatir juntas, y con más fuerza, los diferentes rostros que, en cada uno de nuestro países, va adoptando el conglomerado de poderes que amenazan esta Red de la vida de la cual las defensoras de derechos humanos somos parte y principales cuidadoras.