En toda Mesoamérica las defensoras aportamos a nuestros entornos sociales y comunitarios promoviendo la paz, la igualdad y la justicia, acompañando y denunciando violaciones a derechos humanos y construyendo alternativas de vida digna frente a las políticas capitalistas de muerte y despojo, los poderes autoritarios, el racismo estructural y las violencias del Patriarcado sobre las vidas de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Nuestra labor cuestiona y amenaza los intereses de distintos poderes fácticos y, por ello, somos objeto de múltiples formas de violencia y agresión:

Sólo en 2025, registramos al menos 6,900 agresiones contra 617 defensoras y 70 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua; y 12 compañeras fueron asesinadas.

Este 2026, entre el 1 de enero el 31 de agosto hemos documentado en la región 3,956 agresiones contra 329 defensoras y 46 organizaciones; y ya van 16 compañeras asesinadas.

En El Salvador, las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones han sostenido una labor fundamental de defensa, promoción y protección de derechos en un país marcado por profundas desigualdades históricas y por las heridas aún abiertas de la guerra civil, pese a la firma de los Acuerdos de Paz y al proceso de construcción de una institucionalidad democrática que continúa enfrentando importantes desafíos. A ello se suma un contexto de violencia social y control territorial ejercido por estructuras del crimen organizado, atravesado por prácticas y narrativas misóginas, que se expresa, entre otras formas, en altos índices de violencia feminicida y violencia sexual.

Este escenario se ve agravado por marcos legales y políticas públicas que continúan vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Entre ellos destaca la penalización absoluta del aborto, que puede derivar en condenas de hasta cuarenta años de prisión, así como la persistencia de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. A esto se añaden retrocesos normativos y en materia de políticas públicas impulsados desde enfoques conservadores y sostenidos en narrativas anti-derechos y antifeministas.

Sin embargo, hoy en día, pese a ser tan necesaria como siempre, o incluso más, la incansable y fundamental labor de las defensoras salvadoreñas se encuentra más amenazada que nunca.

Esta preocupante situación está determinada por la conjunción de diversos factores que reflejan y profundizan tendencias regionales y que, en El Salvador, se expresan de manera particular:

• La consolidación de un modelo de país tecno-capitalista y patriarcal, de tendencia radicalmente neoliberal, en el que la apuesta por la implementación de monedas digitales, particularmente el bitcoin, convive con la instalación de grandes corporaciones digitales y con el desmantelamiento de las ya de por sí frágiles políticas sociales existentes.

• La implementación de políticas autoritarias de mano dura, expresadas en la imposición de un régimen de excepción prorrogado de manera sostenida desde marzo de 2022. Estas políticas, lejos de transformar las condiciones estructurales que generan la violencia social, han priorizado su confinamiento mediante la detención masiva y el encarcelamiento, en un contexto marcado por procedimientos legales opacos y arbitrarios. Esto expone a amplios sectores de la población —y de manera especialmente grave a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y a quienes defienden derechos humanos— a múltiples vulneraciones de sus derechos.

• La reactivación de las políticas extractivistas y de despojo, entre ellas el levantamiento de la prohibición de la minería metálica y la proliferación de proyectos turísticos que favorecen procesos de gentrificación, expulsan a las poblaciones de sus territorios y viviendas y profundizan el despojo de las comunidades.

• La aprobación de marcos legales, como la Ley de Agentes Extranjeros, que fiscalizan y restringen el derecho de la población a organizarse y que pueden ser usadas para criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

• El uso estratégico, faccioso y misógino, por parte de los diferentes poderes fácticos, de los entornos digitales para imponer y amplificar sus narrativas y desacreditar aquellas que cuestionan el orden establecido. Esto se expresa mediante campañas de desinformación, hostigamiento, vigilancia, amenazas y otras formas de violencia digital, que adquieren dimensiones particularmente misóginas cuando se dirigen contra mujeres, defensoras y organizaciones feministas.

• La proliferación y normalización de narrativas anti-feministas y anti-derechos que muchas veces son asumidas y replicadas por actores institucionales y que cuentan con el respaldo financiero y logístico de grupos transnacionales de extrema derecha. Estas narrativas también buscan desconocer y revertir avances alcanzados en materia de derechos humanos, incluidos aquellos derivados de procesos de litigio y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En este contexto, decenas de defensoras de derechos humanos y periodistas se han visto obligadas a exiliarse; numerosas organizaciones han tenido que cerrar o replantear su trabajo, estructura y funcionamiento; y diversas personas activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos han sido criminalizadas y permanecen privadas de libertad, como es el caso de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. 

Al mismo tiempo, reconocemos y reivindicamos la fuerza y el compromiso de las defensoras que, a pesar de este contexto adverso, permanecen en El Salvador y continúan sosteniendo sus procesos de organización, acompañamiento y defensa de los derechos humanos, resistiendo frente a las violencias y los poderes que buscan silenciar sus voces y debilitar las luchas colectivas.

• En 2025 registramos 1,514 agresiones en contra de 93 defensoras y 19 organizaciones en El Salvador. Esto equivale a un aumento de 136% con relación al año anterior. De acuerdo a nuestros datos preliminares, en el primer semestre de 2026 hemos documentado 435 agresiones contra 44 defensoras y 7 organizaciones.

• 27% de las agresiones registradas en 2025 y el primer semestre 2026 se dirige contra quienes defienden la tierra y el territorio frente a megaproyectos extractivos y turísticos. Hemos documentado 482 agresiones contra 36 defensoras y 4 organizaciones que defienden estos derechos.

• 35% de las agresiones fueron cometidas por actores estatales —autoridades públicas, policías y fuerzas armadas—, en un contexto en el que distintos actores estatales y poderes fácticos, incluidos intereses transnacionales y sectores ultraconservadores, convergen en el intento de silenciar a quienes cuestionan el orden patriarcal, el régimen de excepción y los proyectos extractivistas.

• Las agresiones a través de medios digitales constituyen una dimensión central de la violencia contra las defensoras.Más de la mitad de las agresiones (59%) se han cometido a través de estos medios, destacando las campañas de desinformación, acoso digital, vigilancia y amenazas.

• Desde 2025 hemos venido documentado nuevas formas de agresión especialmente graves, entre ellas el cierre o desplazamiento de organizaciones sociales, la criminalización de defensoras, la confiscación de bienes y propiedades, los desalojos violentos o intentos de desalojo, el desplazamiento forzado interno y el exilio.

Lo que está sucediendo en El Salvador debe importarnos porque constituye una expresión particularmente clara de un modelo de sociedad que distintos poderes fácticos de la región —empresas, entidades bancarias, corporaciones digitales, oligarquías, estructuras del crimen organizado, iglesias y lobbies conservadores, entre otros— buscan consolidar y reproducir en nuestros países.

Por ello, respaldar, reconocer y apoyar el trabajo que nuestras compañeras salvadoreñas dentro y fuera del país sostienen día tras día para defender los derechos humanos y transformar las condiciones de vida de sus comunidades es hoy una tarea urgente. Es también una forma de tejer y fortalecer los lazos de solidaridad entre nosotras y de enfrentar juntas las distintas expresiones que, en cada uno de nuestros países, adopta el conglomerado de poderes que amenaza la Red de la Vida de la que formamos parte y que, desde nuestros territorios y comunidades, las defensoras de derechos humanos contribuimos a sostener y cuidar.