Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que integrantes de la Comunidad de Santa Marta y la Asociación para el Desarrollo Social ADES Santa Marta están siendo objeto de hostigamientos, amenazas y vigilancia por parte de cuerpos armados, en el marco de una campaña de persecución y criminalización en la que destaca el doble enjuiciamiento de cuatro ambientalistas que desde enero de 2023 están siendo criminalizados y sujetos a un procedimiento penal injusto, ilegal y arbitrario por defender la prohibición de la minería en El Salvador.
Cabe recordar que, en octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque declaró a estos defensores inocentes y ordenó su libertad; sin embargo, en diciembre del mismo año, a petición de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se invalidó el resultado del juicio y se decretó su repetición, violentando el principio básico del debido proceso penal que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. La repetición del juicio está prevista para febrero de 2025.
En el marco de este proceso, el pasado 28 de enero, Tutela Legal y la Fundación de Estudios para el Debido Proceso solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares urgentes e inmediatas para los cuatro ambientalistas, aportando nueva información que pone en evidencia el proceso sin pruebas que se ha construido para criminalizar a los defensores y que tiene como trasfondo paralizar la demanda colectiva de no retorno a la minería en El Salvador.
Bajo este mismo contexto, lideresas y activistas de la Comunidad de Santa Marta han enfrentado persecución y vigilancia por parte de personas desconocidas, además de actos de hostigamiento, acoso nocturno y circulación por las calles de la comunidad de automóviles sin placa y la presencia de cuerpos armados bajo el pretexto de buscar "residuos de grupos delincuenciales". Estos actos violentos han generado gran temor entre la población, que vive en zozobra ante la posibilidad de llevarse a cabo detenciones masivas, amenaza que afecta a cuarenta activistas integrantes de la comunidad.
Todo esto se da después de que el pasado 23 de diciembre, con los votos del partido de gobierno y sus aliados y sin consulta popular previa, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, las comunidades y la población del país. Cabe recordar que la prohibición de la minería metálica, conseguida en 2017, fue un triunfo histórico de la lucha popular entre cuyos principales referentes están la comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
Desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras nos sumamos al llamado de la Comunidad de Santa Marta contra el no retorno de la minería metálica a El Salvador. Esta demanda ha cobrado fuerza a nivel nacional e internacional dando lugar a diversas exigencias de justicia en las que organizaciones, movimientos sociales y la población en general hacen uso de su legítimo derecho a la protesta ante una ley que pone en peligro las fuentes de agua y la preservación de la vida.
Denunciamos el uso de cuerpos de seguridad, por parte de grupos empresariales, para violentar el derecho a defender derechos; así como la promoción, por parte del Estado salvadoreño, de proyectos que afectan la vida de las comunidades.
Llamamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a estar atentas ante la escalada de agresiones contra la Comunidad de Santa Marta y a acompañar la demanda de protección a la vida e integridad de los defensores ambientalistas y sus familias.
Finalmente, exigimos al Estado salvadoreño retomar su deber de proteger a las víctimas y no criminalizar a quienes defienden derechos ambientales, respetando el derecho a la protesta y a la movilización de la población en defensa de sus derechos.
Permaneceremos alertas y vigilantes acompañando la demanda de no retorno de la minería metálica a El Salvador y la exigencia de protección, respeto a los derechos humanos y garantías para la personas, organizaciones y comunidades defensoras de los bienes comunes en el país.