[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Inclusión de la figura del “agente encubierto digital” en el Código Procesal Penal supone grave amenaza para las defensoras de derechos humanos.

El martes 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que supone una grave amenaza para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta reforma, que fue promovida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, crea la figura del “agente encubierto digital”, a través de la cual se busca legitimar las prácticas de espionaje con el fin de incorporar evidencias de naturaleza digital en los procesos penales. También incorpora modificaciones al artículo 25 de la “Ley contra Delitos Informáticos y Conexos” que podrían propiciar la criminalización de periodistas con base en las fuentes de información que usan. 

Ello sucede poco después de que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que el gobierno salvadoreño ha usado el Programa Pegasus para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de la intervención de sus dispositivos telefónicos. 

Esta situación es especialmente preocupante con relación a periodistas y defensoras de derechos humanos mujeres o con identidades sexo-genéricas disidentes. En un contexto como el salvadoreño, marcado por la misoginia y los discursos de odio, es evidente que la vulneración de la privacidad y la intimidad implica un mayor riesgo y exposición para todas ellas. Solo durante el último año, la Red Salvadoreña de Defensoras ha emitido 6 alertas relacionadas con violencia digital contra defensoras de derechos humanos. En éstas se denuncian actos de intimidación y estigmatización, incitación a crímenes de odio y amenazas de muerte contra mujeres trans y colectivas feministas, quienes también han sido objeto de ciberacoso y uso de datos extraídos de cuentas personales, incluyendo ataques dirigidos contra integrantes de la propia Red Salvadoreña de Defensoras

En septiembre de 2021, diversas redes y organizaciones internacionales de derechos humanos ya advertimos sobre el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador, expresado a través de la consolidación del autoritarismo. Con los precedentes ya conocidos de vigilancia ilegal y criminalización, esta iniciativa legislativa, al igual que el proyecto de ley de agentes extranjeros o el archivo de la “Ley para para el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, agrava el clima de hostilidad y riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, constituyendo una grave amenaza para su seguridad e integridad personal, así como para el efectivo ejercicio de su derecho a defender derechos. 

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras denunciamos que el actual gobierno utiliza una narrativa de “mano dura” contra la violencia y la corrupción mientras instrumentaliza las instituciones públicas para favorecer intereses políticos y económicos particulares y silenciar a las voces críticas, perpetuando las violencias y las desigualdades históricas que caracterizan al país y obstaculizando la labor de quienes trabajan para revertirlas. 

Demandamos al Estado salvadoreño la derogación inmediata de estas reformas, que atentan contra derechos fundamentales de la población, y que desista de cualquier otra acción orientada a fiscalizar y criminalizar la labor periodística y la defensa de los derechos humanos.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador, a solidarizarse y acuerpar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que día tras día trabajan por un país más justo e igualitario.

[Alerta Defensoras] MÉXICO / Co-directora de Consorcio Oaxaca, entre las 109 personas defensoras espiadas con Pegasus

Yésica Sánchez Maya 

Organización
Consorcio Oaxaca 

Actividad
Defensa de derechos humanos

La investigación periodística internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, reveló que entre 2016 y 2017 más de 50 mil números telefónicos fueron potencialmente infectados por el malware de espionaje. 

Dentro de la lista de las 109 personas defensoras que pudieran haber sido infectadas por el malware Pegasus se encuentra Yésica Sánchez Maya, abogada, defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca. Consorcio Oaxaca es organización fundadora e integrante de los grupos impulsores de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras. El ataque en su contra es una grave e ilegal intrusión a su vida personal y su trabajo como activista que vulnera su intimidad y pone en riesgo su integridad, la de su familia y la de las organizaciones y víctimas de derechos humanos que acompaña. Como ella otras compañeras defensoras y periodistas fueron vigiladas.

En 2017 la investigación conocida como “Gobierno Espía” había revelado el uso de Pegasus y espionaje por parte del Gobierno Mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En este sexenio organizaciones de derechos humanos documentamos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a derechos humanos por parte del gobierno en contra de activistas, periodistas independientes y movimientos sociales. El uso de esta tecnología ilegal habría aportado información clave para cometer estas agresiones al permitir intrusiones profundas en los dispositivos de las personas vigiladas. En un contexto marcado además por la violencia y la discrminación de género, el espionaje contra mujeres defensoras y periodistas genera impactos específicos y las coloca en una situación de mayor riesgo.

Desde IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresamos nuestro repudio a este tipo de prácticas y la preocupación por el alto nivel de vulnerabilidad y riesgo que provoca el espionaje a nuestra labor de defensa de derechos humanos. Esperamos una respuesta contundente del Estado mexicano y todas sus instancias correspondientes que haga efectiva la protección y seguridad para las personas defensoras de derechos humanos, así como la garantía de acceso a la justicia para todas las víctimas y la no repetición de estas graves vulneraciones. Para ello resulta apremiante la realización de una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de la financiación y de la operación del espionaje. 

Expresamos toda la solidaridad y apoyo a nuestra compañera Yésica Sánchez y a todas las demás  víctimas y nos mantendremos alertas y vigilantes ante estos hechos.