Incrementan hostigamientos, campañas de odio, difamación, estigmatización y violencia digital contra feministas y defensoras

Defensoras, activistas y organizaciones de Derechos Humanos continúan siendo víctimas de hostigamientos policiales, campañas de odio, difamación y estigmatización y violencia digital en redes sociales por desconocidos y personas afines al partido del gobierno.

Desde finales del mes de Julio de 2020, ellas han sido víctima de publicaciones estigmatizantes, mensajes de odio con fotografías, textos denigrantes y amenazas contra su integridad personal. Además, se han elaborado y divulgado en publicaciones en redes sociales con emblemas o símbolos feministas conteniendo mensajes de odio contra la iglesia católica. Los ataques se han incrementado a partir de los atentados que se están desarrollando contra los templos católicos en varias localidades del país. El mas reciente ocurrió el 31 de Julio a la Catedral de Managua.

Posterior a dicho ataque, han circulado en redes sociales mensajes utilizando los símbolos feministas, señalándolas como ateas y pretendiendo responsabilizarlas de los ataques a la iglesia católica. Se han utilizados fotografías de las defensoras y líderes feministas, alentando su linchamiento en redes, ubicándolas como enemigas de la religión y utilizando memes con mensajes de burlas por los ataques a la iglesia.

Como parte de esta campaña de odio, el día 1 de agosto defensoras de la Costa Caribe Sur denunciaron el hostigamiento policial desde horas tempranas de la mañana, con la colocación de agentes policiales frente a sus casas para tomar fotos y videos de personas visitantes. La pareja de una defensora fue amenazada con detención arbitraria luego de salir a reclamar por el hostigamiento y el daño emocional a sus hijos e hijas.

Desde la IM-Defensoras  alertamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos sobre esta nueva ola de agresiones contra las defensoras y feministas nicaragüenses. Demandamos al gobierno de Nicaragua el cese de estos actos de actos de represión y exigimos el respeto a la vida y la integridad personal de estas activistas. Además, responsabilizamos a las autoridades nicaragüenses de cualquier incidente que atente contra la vida de nuestras compañeras.

Las defensoras mesoamericanas reivindicamos el rol crucial que tienen las mujeres en la construcción de sociedades más justas y libres de violencia, donde se respeten los credos propios y se promuevan derechos para la seguridad y el buen vivir. Por ello denunciamos los ataques, hostigamento poicial y persecución que viven las defensoras, activistas y organizaciones feministas nicaragüenses.

Alerta urgente Nicaragua

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Campaña de desprestigio contra la activista política y excarcelada Nelly Roque

Nelly Roque

Actividad
Activista y ex-carcelada política

HECHOS – Nelly Roque, activista y ex carcelada política nicaragüense es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques digitales por parte de personas desconocidas. Nelly ha sufrido persecución y amenazas desde su excarcelación el 15 de marzo de 2019.

Desde inicios de año la defensora ha reportado diferentes hechos de hostigamiento y amenaza a ella y su familia por parte de agentes policiales y paraestatales. El 26 de mayo de 2020, personas no identificadas hackearon las redes sociales (Facebook e Instagram) de Nelly y bloquearon su contenido. Además, los días 10, 11, 18 y 25 de junio ocurrió un repunte de ataques, entre ellos mensajes de amenaza, publicación de información personal de la activista y uso de lenguaje degradante. Los ataques buscan desacreditar la labor de Nelly en su demanda por democracia y justicia en Nicaragua.

El caso de Nelly no es aislado: En el marco de la crisis sociopolítica del país, otras excarceladas políticas viven también persecución y amenazas entre otras formas de agresión.

Señalamos con urgencia la vulneración a la seguridad física y privacidad de la activista, reconocemos además el impacto emocional y psicológico que pueden dejar estos ataques. Nuestra evidencia revela que estos incidentes generan consecuencias en el bienestar de las mujeres, en su labor de defensoría y activismo.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras denunciamos los ataques y la persecución que vive Nelly Roque, así como otras mujeres activistas y defensoras nicaragüenses en redes sociales. Denunciamos la impunidad que beneficia a los perpetradores en un momento de crisis institucional en el país.

Alertamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a tomar nota de estas agresiones que forman parte de los patrones de represión en contra defensoras de derechos humanos en el país.

Alerta Nicaragua Nelly Roque
Alerta Nicaragua Nelly Roque

[Alerta Urgente] NICARAGUA / Mujeres activistas de la Costa Caribe denuncian acoso policial

Las defensoras de la Costa Caribe de Nicaragua Nora Newball, Dolene Miller, Jennifer Brown y Kalua Salazar han denunciado hoy 22 de junio, hostigamiento policial y asedio en sus viviendas por parte de la policía nacional. Las activistas y periodistas denuncian que se han colocado más de 20 policías con patrullas en frente de sus casas.

Ellas indican que el hostigamiento se ha incrementado después que denunciaran las muertes por Covid-19, y demandar  acciones de prevención en el territorio. Ellas también han pedido al gobierno que deje entrar a los marinos  nicaragüenses varados en barcos cruceros y a otras personas de la Costa Caribe que se encuentran en las islas del Gran Caimán.

El asedio ocurre después del fallecimiento por Covid-19 del periodista Sergio León, director de radio La Costeñísima, defensor de la libertad de prensa y víctima de asedio por parte del gobierno, hasta el final de sus días.

Llamamos urgentemente a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante frente al acoso vivido por estas activistas de la Costa Caribe de Nicaragua, una zona en la que los derechos humanos no solamente son violentados históricamente por parte de las autoridades, sino que además vive en permanente violencia y extracción de recursos, producida por grupos de poder, militares y paramilitares del país.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que cesen el asedio y el acoso contra activistas, defensoras y activistas de la Costa Caribe.

Alerta Nicaragua 220620
Alerta Nicaragua 220620

[Alerta Urgente] NICARAGUA / Policía asedia las casas de mujeres integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales

Las activistas Neyma Hernández, Ivannia Álvarez y Alexa Zamora, integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua han denunciado hoy 20 de junio asedio constante contra ellas y sus familias, además de vigilancia en sus casas y en casas de familiares por parte de la policía nacional.

Neyma Hernández, ex-carcelada política, denunció que 8 policías llegaron a la casa de su abuelita, quien está recuperándose de Covid-19 y viviendo un duelo familiar. Ivannia Álvarez, también ex-carcelada política, declaró que la policía llegó a cerrar por dos horas el paso de la calle donde vive. Antes de irse mencionaron que volverían hasta encontrarla.

Por otro lado, Alexa Zamora, expresó que en su caso esta situación se ha vuelto recurrente: “Se utiliza la unidad 793, con un aproximado de 6 a 8 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) armados, quienes se apuestan de 2 a 3 veces por semana frente a mi casa, tomando fotos a mi casa y a mi hija menor de edad”, relata.

A estas denuncias se suman las agresiones digitales sistemáticas por redes sociales, que han sufrido estas y otras activistas y ex-carceladas políticas desde hace varios meses.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que vigilemos y denunciemos las agresiones que viven las ex-carceladas políticas de Nicaragua. Muchas de ellas viven con sus libertades coercionadas y bajo una “muerte civil”, ya que no se les permite salir, trabajar, estudiar y tener una vida con sus derechos fundamentales asegurados.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que las liberen del acoso y asedio al que las han sometido por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de organización y de protesta.

Alerta Urgente Nicaragua junio 20202
Alerta Urgente Nicaragua junio 20202

CARTA ABIERTA A DANIEL ORTEGA, PRESIDENTE DE NICARAGUA, ENVIADA POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

17 de junio de 2020 – Nosotras, las organizaciones firmantes, hemos realizado un monitoreo constante a la repuesta del gobierno nicaragüense al COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Por ello, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de acatamiento de estándares internacionales referidos a la prevención y control de epidemias por parte del gobierno nicaragüense. En particular, constatamos una reiterada desprotección hacía las personas trabajadoras de la salud en el país, no solo respecto a su salud física y mental en su lugar de trabajo, sino también hacia sus derechos a la libertad de expresión y a no ser despedidas injustamente de sus empleos. Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado nicaragüense tiene la obligación de comprobar que ha tomado todas las medidas hasta el máximo de recursos que disponga, para garantizar el derecho a la salud de su población y el derecho a unas condiciones laborales justas, seguras y favorables para las personas trabajadoras de la salud.

Según información del Observatorio Ciudadano COVID-19, desde el 4 de junio hasta la fecha, han sido despedidas por el Ministerio de Salud (MINSA) por lo menos 16 personas que laboran en la sanidad pública en Estelí, Granada, Managua y Rivas. Todos las y los profesionales de salud despedidos, firmaron una carta pública el 17 de mayo, instando al gobierno nicaragüense a tomar medidas más serias para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el país, y haciendo un llamado a la población nicaragüense a quedarse en casa y tomar medidas de precaución y prevención sanitaria.

Es alarmante que algunas de las personas cesadas en sus trabajos recibieran cartas de despido que no contienen el motivo de terminación de la relación laboral. Además, algunos despidos fueron llevados a cabo de manera abrupta y sin reunión previa informativa u oportunidad de defenderse ante el despido. En ese contexto, Amnistía Internacional entrevistó a una doctora que señaló que la directora del hospital simplemente dijo que su despido del día 9 de junio se debió a “órdenes superiores”.

Las personas despedidas no han podido regresar a su lugar de trabajo y hasta ahora no han recibido una compensación por despido. Estos despidos son el último acontecimiento de una serie de represalias, en el entorno laboral, sufridas por el personal de salud desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estos incidentes han incluido la prohibición del uso de equipo de protección personal (EPP) en varias ocasiones, además del acoso e intimidación hacia personas trabajadoras de la salud que han levantado la voz sobre condiciones de seguridad laboral y condiciones adecuadas para tratar pacientes. Estos actos intimidatorios también han sido señalados públicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la fecha, 536 personas trabajadoras de la salud han presentado síntomas consistentes con el COVID-19, y 61 han muerto por causa de COVID-19, según cifras del Observatorio Ciudadano COVID-19 actualizados hasta el 10 de junio. Esta organización, conformada por un equipo multidisciplinario que realiza vigilancia epidemiológica comunitaria en el país, contabiliza 1,398 muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19, cifra que contrasta ampliamente con las cifras publicadas por el Ministerio de Salud para quien sólo hay 55 muertos por covid-19 al 10 de junio.

En este clima de acoso y represalia a personal sanitario, es de relevancia enfatizar que los principios de ética médica son coherentes con los principios de los derechos humanos e incluyen la obligación de asegurar que las personas tomen decisiones informadas sobre su atención médica. Aunque en los entornos de salud hay situaciones en las que retener información y mantener la confidencialidad es de importancia, especialmente cuando está implicada la privacidad de las y los pacientes, los principios éticos relativos a médicos/as y enfermeros/as incluyen explícitamente la responsabilidad del personal médico de señalar las deficiencias en la atención de la salud. Los órganos internacionales que supervisan las normas profesionales en los campos de la enfermería y las profesiones médicas han emitido directrices específicas sobre la obligación ética de alzar la voz en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Además, es muy importante que la voz del personal médico sea escuchada y que sus críticas sean valoradas y tomadas en cuenta. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el personal sanitario necesita participar activamente en diálogos sobre medidas de salud pública, sobre todo porque es el que debe aplicar esas medidas y el que conoce las necesidades prácticas y los problemas. Asimismo, ONUSIDA, la agencia de la ONU sobre la pandemia de VIH-SIDA, ha compartido lecciones desde la lucha contra el SIDA que enfatizan la imperiosa necesidad de proteger a las personas trabajadoras de la salud e incluir sus perspectivas en cualquier diseño de combate contra una pandemia. Estas directrices y aprendizajes deben ser implementados por el gobierno que Usted dirige, para asegurar una respuesta que proteja el derecho a la salud de toda la población de Nicaragua.

De igual manera, el Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo (1982), establece en su artículo 5 que no será considerado un motivo justo de despido el cesar la relación laboral de una persona trabajadora que ha denunciado anomalías en el entorno de trabajo o hacia las autoridades.

Los recientes despidos de personal de salud se ubican dentro de un contexto de represión estatal que inició en Nicaragua en abril 2018 y que, a la fecha, continúa. En ese marco, las organizaciones firmantes rechazamos las repetidas represalias e intimidaciones hacia personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los reiterados actos intimidatorios hacia profesionales de salud en particular. Estos actos abarcan despidos a varios profesionales de la salud durante estos últimos dos años, además de la intimidación y asedio policial denunciado por representantes de la Unidad Médica Nicaragüense, que sigue hasta el día de hoy.

Tomando en cuenta las preocupaciones planteadas, hacemos un llamado urgente al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato los actos intimidatorios hacia personal de salud, incluyendo los despidos arbitrarios a quienes levantan la voz para exigir mayor protección sanitaria y transparencia en el contexto de COVID-19. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades hagan efectivo el derecho que cada trabajador y trabajadora tiene de buscar un remedio efectivo contra su despido, lo cual comprende la posibilidad de reinstalación en los casos de despidos injustificados.

En este contexto, reiteramos nuestro interés de recibir información oficial sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han convertido en una constante en su país. Igualmente, le exhortamos a que detenga la represión y la política gubernamental que castiga con despidos y hostigamientos al personal de salud que solo pide una política de salud integral frente a la pandemia.

Atentamente,

Amnistía Internacional

Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)