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#AlertaUrgente MÉXICO / Retiran protección a defensora y víctimas de violencia con medidas cautelares en Yucatán

El 31 de marzo del 2020, el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Seguridad Pública, decidió modificar las medidas de protección asignadas a una compañera defensora, víctimas de violencia y sus familias.

La defensora y las víctimas tenían medidas cautelares, las cuales fueron retiradas por la Secretaría usando como argumento que deben “mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. En un documento, entregado por la entidad antes mencionada a la defensora, se le indica que debe llamar a números de emergencia ante una eventualidad.

Hacemos un enérgico llamado al estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública a abstenerse de modificar las medidas de protección a defensoras de derechos humanos y a víctimas de violencia. Recordamos al Estado Mexicano que cualquier consecuencia de una agresión sufrida contra las defensoras y víctimas de violencia que cuentan con medidas cautelares, recae sobre su responsabilidad.

Recordamos al Estado Mexicano y a los Estados de Mesoamérica que no es posible dejar de proteger a quienes nos defienden bajo la excusa de atender la crisis del Covid-19. Las “medidas sanitarias” no deben pasar por encima de los derechos humanos de las defensoras y de las poblaciones más vulnerables de nuestra región.

Alerta mexico medidas cautelares

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Paramilitares asedian el hogar de la defensora Reyna Rodríguez y atentan contra las vidas de su hijo y su sobrino

Reyna Isabel Rodríguez Palacios

Organización
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

Actividad
Derechos de las mujeres

HECHOS – El domingo 5 de enero, en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua, aproximadamente a las 7 de la noche Álvaro Antonio Báez Rodríguez (33 años) y Andison Francisco Chávez Rodríguez (27 años), hijo y sobrino de la defensora Reyna Isabel Rodríguez Palacios, fueron interceptados por paramilitares armados a bordo de una camioneta Toyota Hilux, color gris, quienes quisieron secuestrarlos. Ambos corrieron para escapar de sus agresores, pero éstos les dieron persecución y realizaron varios disparos, resultando los jóvenes heridos (uno con una bala que quedó alojada en el talón del pie izquierdo y otro con un refilón de bala en la cabeza que lesionó su cuero cabelludo) y viéndose obligados a requerir atención de emergencia en un hospital privado pues en el hospital público no les garantizaban la atención debida.

Cabe destacar que este ataque contra el hijo y el sobrino de Reyna Rodríguez coincide con el asedio al que fuerzas policiales y paramilitares vienen sometiendo la casa de la defensora desde hace tiempo, el cual ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, y que los días 4 y 5 de enero se intensificó como represalia contra la defensora y líder comunitaria por ser electa en el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Desde la IM-Defensoras hemos constatado que las agresiones contra hijos, hijas y otras personas del entorno familiar de las mujeres defensoras es una de las expresiones de ataque con componente de género más usuales y con afectaciones más profundas sobre la vida y el trabajo de las defensoras.

Condenamos estos hechos y exigimos al Estado nicaragüense que se investigué y juzgue a los responsables, ya que la impunidad en estos casos constituye un instrumento más para alentar nuevos ataques e incrementar la persecución y la represión contra activistas y personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo exigimos el cese del asedio y el hostigamiento contra Reyna Rodríguez (quien desde septiembre de 2018 cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH) y su familia, haciendo responsable al Gobierno de Nicaragua de cualquier atentado contra su integridad física, moral y patrimonial.

CIDH otorga ampliación de medidas cautelares a 17 defensoras de derechos humanos de Nicaragua

Fotografía: Jorge Mejía Peralta

  • Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación, amenazas, entre otras agresiones, desde el año 2018.
  • Esta medida llama al Estado de Nicaragua a proteger sus vidas y las de sus familias, bajo estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

CEJIL, IM-Defensoras, 31 de diciembre 2019. El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.

En la resolución, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Sofía Montenegro, Violeta Delgado, María Teresa Blandón, Mirna Blandón, Luz Marina Torres, Martha Cecilia Meneses, Sandra Arceda, Yamilet Mejía, Ana Patricia Martínez, Marlene Ponce, Carla Padilla, Jennifer Altamirano, Ruth Díaz, Xiomara Ibarra, Marlen Chow, Tamara Dávila, y María Virginia Meneses y sus familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.

Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación y hostigamiento, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y amenazas desde abril 2018 y antes. Ellas se desempeñan como periodistas, activistas, sociólogas e integrantes del movimiento feminista, uno de los grupos más visibles y contestatarios contra las arbitrariedades y atropellos de derechos que ha perpetrado el partido gobernante en Nicaragua.

Protección de sus vidas y de sus familias

En Septiembre 2018 la CIDH otorgó Medidas Cautelares a 17 defensoras en riesgo. Al ampliar las medidas cautelares, evidencia que la defensa de los derechos sigue constituyendo un riesgo para las defensoras, por lo que la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que garantice los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias y de sus familias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

El documento emitido por la Comisión, llama también al Estado de Nicaragua a que “concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.”

Constancia contundente de un clima de violencia

Como organizaciones que acompañamos a defensoras de derechos humanos y sus familiares en el marco de la crisis de derechos humanos de Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que la ampliación de las medidas cautelares reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en este país, en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos e integrantes del movimiento feminista, así como la responsabilidad vigente del Estado de Nicaragua de cumplir con todas sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Desde abril 2018, Nicaragua ha protagonizado una oleada de protestas y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno de Daniel Ortega que se mantienen hasta el día de hoy. Sólo en 2019, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras registró 423 agresiones a 160 defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Dichas agresiones incluyen detención ilegal, violencia sexual, secuestro, allanamientos a hogares y campañas de desprestigio, entre otras. Durante ese año, se contabilizaron agresiones contra 18 organizaciones afectadas con hostigamiento, vigilancia entre otras formas de violencia.

El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.
El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.

Alerta Urgente NICARAGUA / Paramilitares pro-gobierno asedian casas de Amaya Coppens y Roberto Busching

Paramilitares afines al gobierno del FSLN están asediando las casas de Amaya Coppens y Roberto Busching, jóvenes excarceladas esta mañana bajo el régimen de convivencia familiar. Desde hace varias horas, organizaciones de derechos humanos circularon denuncias y videos en los que se ven paramilitares gritando frases a favor del gobierno y plantados en actitud vigilante frente a ambos hogares.

Las autoridades nicaragüenses excarcelaron esta mañana bajo este régimen a 91 personas que se encontraban detenidas por manifestarse en contra de las acciones del gobierno. entre ellas se encontraba la líder estudiantil Amaya Coppens y Roberto Busching, para quienes la CIDH había aprobado medidas cautelares.

El régimen de convivencia familiar indica que los procesos continúan, que las personas deben reportarse periódicamente a los centros penitenciarios y que deben tener permisos especiales para salir del país o del municipio donde viven.

La familia de Amaya vive en Estelí y la de Roberto, en Matagalpa, departamentos ubicados en el norte del país. En ambos lugares, fuerzas paramilitares continúan actuando con impunidad.

Una vez más responsabilizamos al gobierno de Nicaragua de la vida e integridad de todas las personas prisioneras políticas que fueron excarceladas bajo el régimen de convivencia familiar el día de hoy. Demandamos el cese del asedio y la intimidación contra personas que ejercen su libre derecho a manifestarse.

CIDH otorga medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 16 presos y presas políticas

Fotografía: Jorge Mejía Peralta

  • CIDH otorgó medidas cautelares a Amaya Coppens, Neyma Hernández  Ivania Álvarez, Olga Valle, Wendy Juárez, Olama Hurtado, José Medina, Hánzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Roberto Buchting, Melvin Peralta, Derlis Hernández, Marvin López, Wilfredo Brenes y Jordan Lanzas. 
  • La Comisión comprueba graves riesgos para los derechos a la vida, la integridad y salud de los y las beneficiarias.

Managua y San José, 27 de diciembre de 2019.-  El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 16 personas activistas y defensoras de derechos humanos apresadas injustamente desde el 14 de noviembre en Masaya, Nicaragua.

El grupo de personas beneficiarias, autodenominado “Banda de los Aguadores y las Aguadoras”, está conformado por activistas, defensoras y defensores que fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria mientras llevaban agua a las madres de otros presos políticos en huelga de hambre.

En su resolución emitida hoy, la CIDH lamenta la falta de respuesta del Estado a la solicitud de información que le fue realizada e indica “que se halla suficientemente acreditada la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que están privados de libertad”.

“Traemos agua para las madres en huelga”

Las y los activistas y defensores, se acercaron a la iglesia San Miguel en Masaya, en la noche del 14 de noviembre para llevar agua a familiares de presos políticos en huelga de hambre. Las autoridades habían cortado el suministro de agua y energía; el cerco policial no les permitió el paso, les arrestó, les apresó y procesó por portación ilegal de armas.

En su resolución la CIDH hace énfasis en las condiciones de detención en las que se encuentran los y las beneficiarias. En este sentido, las familias de estas 16 presas y presos políticos han denunciado reiteradamente que les tienen en celdas muy pequeñas, con música a todo volumen alusiva al partido de gobierno, sin artículos de cuidado personal, material de lectura, ni ropa de cama limpia.

Asimismo, la Comisión tomó en consideración el estado de salud de estas personas, quienes se encuentran enfermas, expuestas  a condiciones insalubres y sin acceso a atención médica adecuada. Al respecto, Neyma Hernández, padece de hipertiroidismo, problemas cardíacos, parálisis facial y en otras partes de su cuerpo. Por su parte, la salud de Amaya Coppens se ha visto afectada por problemas de asma. Ellas no han recibido la atención de salud necesaria ni información para ellas o sus familiares. A esto se suman las constantes amenazas y abusos que enfrentan por parte de las autoridades del centro de detención.

A raíz de su detención, familiares de las personas beneficiarias también han sido objeto de persecución estatal,  intimidaciones y agresiones. Esta misma semana, Diego y Santiago Coppens, hermanos de Amaya Coppens, fueron agredidos por aproximadamente 15 personas y detenidos por varias horas. 

Ante estos hechos, la CIDH  solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que se hallan privados de libertad en el Nuevo Chipote; asegure que sus condiciones de detención son compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; garantice el acceso a un tratamiento médico adecuado, siguiendo las recomendaciones de los especialistas correspondientes, a aquellos beneficiarios que lo requieran; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”.

Por su parte, las organizaciones solicitantes exhortan a las autoridades nicaragüenses a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a fin de garantizar la vida e integridad personal de las 16 personas detenidas. También instan a la comunidad internacional a mantener sus ojos en Nicaragua, toda vez que la represión  iniciada en abril de 2018 se mantiene en la actualidad.

La CIDH, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Parlamento Europeo, responsabilizan al régimen de Ortega de cometer graves violaciones de derechos humanos tales como  ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes “de lesa humanidad”. Al día de hoy, se cuentan al menos 328 personas asesinadas y más de 160 presos y presas políticas.