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[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Inclusión de la figura del “agente encubierto digital” en el Código Procesal Penal supone grave amenaza para las defensoras de derechos humanos.

El martes 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que supone una grave amenaza para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta reforma, que fue promovida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, crea la figura del “agente encubierto digital”, a través de la cual se busca legitimar las prácticas de espionaje con el fin de incorporar evidencias de naturaleza digital en los procesos penales. También incorpora modificaciones al artículo 25 de la “Ley contra Delitos Informáticos y Conexos” que podrían propiciar la criminalización de periodistas con base en las fuentes de información que usan. 

Ello sucede poco después de que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que el gobierno salvadoreño ha usado el Programa Pegasus para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de la intervención de sus dispositivos telefónicos. 

Esta situación es especialmente preocupante con relación a periodistas y defensoras de derechos humanos mujeres o con identidades sexo-genéricas disidentes. En un contexto como el salvadoreño, marcado por la misoginia y los discursos de odio, es evidente que la vulneración de la privacidad y la intimidad implica un mayor riesgo y exposición para todas ellas. Solo durante el último año, la Red Salvadoreña de Defensoras ha emitido 6 alertas relacionadas con violencia digital contra defensoras de derechos humanos. En éstas se denuncian actos de intimidación y estigmatización, incitación a crímenes de odio y amenazas de muerte contra mujeres trans y colectivas feministas, quienes también han sido objeto de ciberacoso y uso de datos extraídos de cuentas personales, incluyendo ataques dirigidos contra integrantes de la propia Red Salvadoreña de Defensoras. 

En septiembre de 2021, diversas redes y organizaciones internacionales de derechos humanos ya advertimos sobre el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador, expresado a través de la consolidación del autoritarismo. Con los precedentes ya conocidos de vigilancia ilegal y criminalización, esta iniciativa legislativa, al igual que el proyecto de ley de agentes extranjeros o el archivo de la “Ley para para el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, agrava el clima de hostilidad y riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, constituyendo una grave amenaza para su seguridad e integridad personal, así como para el efectivo ejercicio de su derecho a defender derechos. 

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras denunciamos que el actual gobierno utiliza una narrativa de “mano dura” contra la violencia y la corrupción mientras instrumentaliza las instituciones públicas para favorecer intereses políticos y económicos particulares y silenciar a las voces críticas, perpetuando las violencias y las desigualdades históricas que caracterizan al país y obstaculizando la labor de quienes trabajan para revertirlas. 

Demandamos al Estado salvadoreño la derogación inmediata de estas reformas, que atentan contra derechos fundamentales de la población, y que desista de cualquier otra acción orientada a fiscalizar y criminalizar la labor periodística y la defensa de los derechos humanos.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador, a solidarizarse y acuerpar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que día tras día trabajan por un país más justo e igualitario.

[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Aprobación de “Ley de agentes extranjeros” supondría una grave amenaza para las organizaciones de derechos humanos del país.

El pasado 9 de noviembre, por orden del presidente Nayib Bukele, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador la propuesta de “Ley de agentes extranjeros”. El lunes 16, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la propuesta de ley, quedando esta pendiente de su discusión y aprobación definitiva en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras vemos con preocupación que la aprobación de esta ley podría suponer una grave amenaza para el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos, al incluir directrices orientadas a controlar, fiscalizar y, llegado el caso, criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y movimiento sociales que trabajan en el país.

Esta propuesta, cuyo contenido por lo general resulta impreciso y ambiguo, establece que los “agentes extranjeros” son “aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses, sean controladas o financiadas directamente o indirectamente por un mandante extranjero”. Estas personas deberán inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros, entidad que tendrá facultades de establecer los requisitos para registrarse, aprobar o denegar una inscripción, así como solicitar información, supervisar y fiscalizar las actividades de los agentes extranjeros, entre otras atribuciones. 

Asimismo, cada transacción que estas personas realicen con fondos del extranjero serán sujetas a un impuesto del 40%. En términos de sanciones, quienes incumplan con lo establecido por la Ley, podrán ser multadas por hasta 10,000 dólares estadounidenses y con la cancelación de su personalidad jurídica. Estos nuevos controles financieros estipulados por la propuesta de ley con el supuesto objetivo de supervisar el financiamiento ilícito no tienen ninguna justificación puesto que para tal fin ya existe la “Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos” (Decreto 498). 

Tal y como recientemente hemos señalado más de 60 organizaciones de derechos humanos, el contexto en el que se aprobaría esta Ley está caracterizado por una evidente consolidación del autoritarismo, constantes ataques a la separación de poderes y la acumulación de poder por parte del presidente del gobierno y su partido, Nuevas Ideas, así como por una escalada en las campañas de descrédito y otras agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y medios de prensa independientes, incluyendo el uso sistemático del discurso de odio contra las organizaciones, colectivas y defensoras feministas. 

Asimismo, hemos observado señalamientos directos por parte de diputados en contra de organizaciones, con amenazas implícitas de que a partir de ahora “se tendrán que ver obligadas a transparentar”; así como señalamientos del presidente Nayib Bukele aduciendo que hay periodistas que son agentes extranjeros por criticar la Ley. Considerando que actualmente la bancada oficialista posee mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y que la aprobación de la Ley sería inminente,  todo ello invita a interpretar que la finalidad de esta normativa es la de controlar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.

Todo lo anterior se inserta en una tendencia regional en la que se busca obstaculizar la labor de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales con medidas de naturaleza administrativa que conllevan a procesos de criminalización u obligan de facto al cese de operaciones. Tal es el caso de Guatemala, con la promulgación de la Ley de ONGs, o de Nicaragua, con la aprobación el año anterior de una Ley de Agentes Extranjeros, texto que además de ser similar, se utilizó para provocar que las organizaciones desistieran de  continuar con sus actividades.

Es imprescindible recordar que la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y asociación no pueden ser consideradas actividades de injerencia o en contra de la soberanía nacional, por lo cual desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras exhortamos a la Asamblea Legislativa a actuar de manera acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y abstenerse de aprobar esta normativa que solamente profundizará aún más la situación de riesgo de las personas que se atreven a alzar la voz y exigir rendición de cuentas. 

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a permanecer vigilante, a pronunciarse ante esta evidente amenaza para las defensoras de derechos humanos en El Salvador y a activar las herramientas que tengan a su disposición para evitar la aprobación de esta normativa.

 

[Alerta Defensoras] EL SALVADOR / Grupos anti-derechos intensifican campañas de estigmatización y discurso de odio contra feministas y defensoras que acompañan el caso “Manuela”.

Defensoras y organizaciones acompañantes del caso “Manuela”

Actividad
Derechos sexuales y reproductivos.

Los pasados 10 y 11 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia pública del conocido como “Caso Manuela”, una mujer salvadoreña que murió en prisión tras ser criminalizada y condenada a 30 años de cárcel luego de sufrir una emergencia obstétrica. En ese marco, grupos y personas anti-derechos intensificaron la campaña de estigmatización, deslegitimación y discurso de odio que, desde hace tiempo, vienen sosteniendo contra las defensoras y organizaciones que litigan o acompañan el caso y, de manera general, contra quienes defienden los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador.

Unos días antes de iniciar las audiencias, el 3 y 4 de marzo de 2021, la organización anti-derechos “Fundación Vida SV” publicó en redes sociales diversos mensajes que perpetúan la estigmatización, revictimización y criminalización de Manuela. Llegaron incluso a personificar el feto que ella perdió y a publicar imágenes de su autopsia, socavando poco a poco la imagen de Manuela y de quienes litigan y acompañan su caso y contribuyendo a la estigmatización de las mujeres jóvenes y en situación de pobreza que enfrentan procesos de criminalización en el marco de emergencias obstétricas debido a la absoluta penalización del aborto y el contexto criminalizador que existe en el país.

Especialmente grave y preocupante es el hecho que personas afines a dicha fundación llegaran a incluir en sus publicaciones una fotografía en la que aparece la víctima del caso, con su verdadero nombre, a pesar de que su identidad se encuentra reservada para resguardar la integridad de su familia. Los ataques con relación a este caso continuaron incluso durante el desarrollo de la audiencia, donde mensajes de esta naturaleza fueron difundidos a través del chat de la plataforma en la que se desarrolló.

Estas y otras formas de agresión relacionadas con el caso no son nuevas. El 29 de abril de 2020, el día previo a la celebración del foro virtual “10 años sin Manuela”, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, representante en el caso, sufrió más de 13,000 intentos de sabotaje en contra de su página Web. En octubre de 2020, la Red Salvadoreña de Defensoras denunció que, en el marco de la celebración del 28 de septiembe, Día Internacional por la Despenalizacion del Aborto, grupos antiderechos reactivaron una campaña denominada “40 días por la vida”, dedicada a brindar información falsa, sostener campañas de desprestigio y calumnias sobre el trabajo de las defensoras de derechos humanos en el país, así como a cometer actos de hostigamiento y vigilancia, como los llevado a cabo ante “La Casa de Todas”, espacio utilizado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Estas campañas de estigmatización, hostigamiento y ataques se remontan a 2014, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña “Libertad para los 17”, la cual, gracias al esfuerzo de organizaciones como la Colectiva Feminista o la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, contribuyó a dar una gran visibilidad internacional a la situación que enfrentan las mujeres en El Salvador, donde el aborto está absolutamente penalizado y hay mujeres condenadas a penas de hasta 40 años de prisión por un emergencias obstétricas, como en el caso de Manuela.  

Desde la IM-Defensoras y la Red Salvadoreñas de Defensoras de Derechos Humanos nos solidarizamos y reconocemos el trabajo fundamental que llevan a cabo las defensoras y organizaciones que acompañan el caso Manuela, el cual representa un importante precedente para todas las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de la región.

Repudiamos estos ataques y denunciamos la campaña de estigmatización, así como los discursos de odio y criminalizadores que estas compañeras enfrentan, exigiendo su cese inmediato y que las autoridades responsables adopten las medidas oportunas para ponerles un alto y evitar que el discurso de odio, misógino y antiderechos, siga propagándose impunemente en un país, El Salvador, que presenta una de los índices de violencia contra las mujeres más altos de la región,  con una tasa de femicidios de 3,3 por cada 100,000 mujeres, donde el pasado año las denuncias vinculadas a la violencia en contra de las mujeres incrementó en 70% y donde el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, solo entre los meses de enero y junio de 2020, había atendido 258 casos de embarazos de niñas de 10 a 14 años. 

[Alerta Defensoras] EL SALVADOR / Amenazas, difamación, menosprecio y estigmatización contra organizaciones de la sociedad civil e intento de deslegitimar a la CICIES por parte del Presidente Bukele y políticos allegados a su gobierno

Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos – El Presidente Nayib Bukele, a través de su cuenta oficial de Twitter, amenaza, intimida, estigmatiza y emite burlas contra las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independiente y deslegitima la propuesta de la Alianza Ciudadana por una #CICIES independiente y transparente.

Walter Araujo y Carlos Herman Brunch, líderes del partido de gobierno Nuevas Ideas, agregaron descalificativos soeces y burlas contra las organizaciones que integran la Alianza, además de amenazar con crear leyes para fiscalizar e investigar a las organizaciones de sociedad civil.

La CICIES fue creada en septiembre del 2019 en acuerdo del Ejecutivo con la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de procesar actos de corrupción y casos que no hayan sido enjuiciados. Sin embargo, en un acto de autoritarismo advierte a las organizaciones de la sociedad civil que “ya no insistan” en la propuesta de Ley Especial para la facilitación del mandato de la CICIES pues “nada de lo que apruebe la Asamblea Legislativa saliente entrará en vigencia jamás”, dejando en evidencia la alteración al orden constitucional y la invasión de poderes que pone en peligro nuestro frágil Estado de derecho.

El pasado 7 de abril, el presidente Bukele avaló públicamente los mensajes de odio, calumnias y amenazas contra organizaciones civiles proferidas por Araujo y el diputado electo Brunch, entre otros, quienes reaccionaron de manera virulenta a la propuesta de ley presentada por sesenta y ocho organizaciones integrantes de la Alianza para contribuir a fortalecer y facilitar una CICIES transparente e independiente.

Ambos políticos son reconocidos por agredir en redes sociales a voces críticas al gobierno y de señalar, estigmatizar y acosar a periodistas y organizaciones de sociedad civil. Araujo fue inhibido de correr como candidato a diputado en las recién pasadas elecciones por cometer delito de violencia contra la mujer.

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, exigimos al Presidente Bukele frenar los discursos de odio y los constantes ataques intimidatorios contra las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y personas que trabajamos por los derechos humanos en El Salvador.

Le exhortamos a deponer su discurso hostil que desacredita, difama y menosprecia nuestra labor, a la vez de obstaculizar y poner en peligro la legítima defensa de los derechos humanos y constitucionales actualmente amenazados por estas acciones autoritarias realizadas por actores estatales.

Nos mantendremos alerta y vigilantes del actuar del gibierno y demás actores políticis estatales.

Manuela versus El Salvador: un juicio histórico por el derecho de todas

Por Vanessa Cortez Bonilla, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

“La autoridad hizo una vulnerabilidad con mi familia y nosotros, no vieron lo que ella estaba sufriendo con su enfermedad,…  solo a ponerle los años de cárcel, a ella le pegó pena moral y murió, nosotros quedamos solo con mi abuela. Lo que quiero es que el Estado salvadoreño no haga estas injusticias con las mujeres y  con nosotros (los hijos) que de niños quedamos huérfanos”. Así de contundente son las palabras de Santos, hijo de Manuela quien murió de cáncer linfático mientras purgaba una condena de 30 años de cárcel por un delito que no cometió.

Santos tenía nueve años y su hermanito siete cuando su mamá sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal y se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de la casa. En ese momento tuvo una emergencia obstétrica, expulsó un feto y se desmayó. La llevaron al hospital adonde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia, el personal médico en vez de atenderla con urgencia, la acusó de provocarse un aborto y dio a aviso a la policía. Sin un abogado defensor y sin la menor consideración, fue interrogada y esposada de ambos manos a la camilla. Del hospital salió directo a la cárcel y nunca más volvió a ver a sus hijos.  

Tenía 33 años, era pobre y analfabeta al igual que sus padres a quienes la policía presionó y amenazó con cárcel para que inculparan a su propia hija. 

A trece años de ocurrido estos terribles hechos, el caso de Manuela será ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hoy 10 y mañana 11 de marzo del 2021;  el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto interpusieron una demanda para que el Estado salvadoreño reconozca que en el caso de Manuela hubo una serie de violaciones a sus derechos humanos y los de su familia. 

Las organizaciones querellantes aspiran a que el Estado reconozca su  responsabilidad en un acto público y restablezca  la dignidad de Manuela, “el dignificar su figura, también va a dignificar la figura de muchas mujeres que han transitado del hospital a la cárcel”, dijo Morena Herrera de la Colectiva Feminista, en alusión a las mujeres que actualmente guardan prisión  por haber vivido una emergencia obstétrica. 

Se espera que haya una reparación integral para Santos y su hermano que les garantice restablecer sus proyectos de vida, tratamiento médico y psicológico y tener una vida digna junto a sus abuelos.

El caso de Manuela y El Salvador, constituye un hecho histórico pues además de hacer justicia para ella, se espera que el Estado establezca políticas públicas para evitar que lo ocurrido a Manuela se repita; se pretende lograr que se revisen los expedientes de otras mujeres condenadas injustamente y garantizar que la defensa realizada por abogados de oficio sea efectiva y de esta forma  evitar que las mujeres lleguen a conocer a sus defensores hasta el momento del juicio.  

“El fallo que la Corte plantee es de carácter obligatorio, es vinculante”, explica Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y añade, “Esperamos que se haga justicia en la demanda que interpusimos por tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Manuela. Esperamos que el estado salvadoreño se haga responsable por todas estas violaciones de sus derechos y que se generen medidas de no repetición.”

Los derechos que la Corte reconozca en su fallo crearán jurisprudencia para todos los países de América Latina y el Caribe que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.