Etiqueta: derechos humanos

[Alerta Urgente] MESOAMÉRICA / Estados deben garantizar un 8 de marzo sin represión ni violencias patriarcales.

Cada 8 de marzo millones de mujeres y feministas alrededor del mundo nos movilizamos en plazas y otros espacios públicos para reivindicar nuestra determinación de transformar un mundo en crisis que impone sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios la violencia, la explotación y la violación de nuestros derechos humanos.

Esta determinación colectiva de las mujeres por construir un mundo justo ha sido una amenaza histórica para quienes nos quieren sumisas, calladas y en nuestras casas. Por ello, las marchas del 8 de marzo y de otras fechas emblemáticas protagonizadas por mujeres y feministas generan tanto miedo y rabia en quienes vigilan el orden patriarcal, siendo la violencia su principal respuesta.. 

Desde la IM-Defensoras y las redes y articulaciones nacionales de defensoras que la integramos, hemos constatado la creciente violencia y represión cada vez que nos manifestamos. Acallar voces, reprimir nuestras manifestaciones y limitar nuestra presencia en los espacios públicos es una tendencia regional. De ello hablamos en nuestro informe ¿Marzo, el mes más peligroso para las defensoras?, a partir de los datos preliminares de nuestro registro de agresiones recabados durante el mes de marzo del pasado año.

Según este informe, en El Salvador, 20 de las 25 agresiones registradas durante el mes de marzo fueron en el marco del 8 de marzo. En Honduras, se crearon ad hoc organizaciones anti-derechos con el único objetivo de boicotear el 8 de marzo, mientras  organizaciones feministas como la Plataforma Somos Muchas o el Foro de Mujeres por la Vida sufrían ataques de diversa índole. En México vivimos represión de la protesta, difamación y detenciones arbitrarias en distintos lugares de la república y por parte de diferentes fuerzas de seguridad de orden local y estatal. En Nicaragua, país en el que toda manifestación y protesta es reprimida, el pasado 8 de marzo registramos al menos 16 agresiones contra defensoras, principalmente hostigamientos, asedios, restricciones a la libertad de movimiento, entre otras agresiones mayoritariamente perpetradas por la policía.

Es por todo ello que este 8 de marzo, como todos los días del año, las mujeres exigimos vivir sin violencia y poder expresarnos, reunirnos y manifestarnos sin miedo, tanto en las calles como en el entorno digital. 

Exigimos a los Estados de nuestros países reconocer y responsabilizarse de la crítica situación de violencia y desigualdad que enfrentamos las mujeres y evitar cualquier acto de difamación u otra forma de violencia en contra nuestra. 

Exhortamos a todos los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que se mantengan vigilantes y reaccionen de ser necesario

Desde la IM-Defensoras y organizaciones aliadas a nivel internacional este 8 de marzo denunciaremos cualquier acto que las autoridades u otros actores realicen con la finalidad de acallar nuestras voces y poner en riesgo nuestra vida e integridad. Pero, sobre todo, seguiremos cuidándonos juntas, defendiendo la vida y construyendo el mundo de dignidad y derechos que todas merecemos.

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / El gobierno nicaragüense clausura dos organizaciones feministas más: FUNDEMUNI y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

La ofensiva del gobierno nicaragüense contra las organizaciones feministas no cesa. Este martes, 15 de diciembre, la Asamblea Nacional, a propuesta de la bancada del partido de gobierno, ha cancelado la personería jurídica de 6 organizaciones, entre ellas la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), dos emblemáticas organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres. 

En su trabajo cotidiano, el FUNDEMUNI y el MEC desarrollan una fundamental labor de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, acompañando a mujeres víctimas de violencia, desarrollando programas para prevenir las violencias patriarcales o defendiendo los derechos laborales de las mujeres que trabajan en las maquiladoras bajo condiciones de explotación, entre otras mucha acciones. Por ello, el cierre de ambas supone un duro golpe para muchas mujeres nicaragüenses, quienes quedan en una situación de mayor vulnerabilidad ante el contexto de violencia machista y las condiciones de precariedad económica y explotación laboral que enfrentan.

Las hostilidades del gobierno nicaragüense contra el MEC se remontan al inicio de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018. En julio de ese mismo año, desde la IM-Defensoras denunciamos el allanamiento del hogar de su directora, Sandra Ramos, quien también ha estado enfrentando intimidación, hostigamiento y actos de vigilancia. En septiembre de 2020, la policía rodeó sus instalaciones e impidió la entrada de las trabajadoras a las mismas. 

Se trata del mismo procedimiento que con anterioridad enfrentaron otras organizaciones feminista o enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Fundación Entre Volcanes, el CISAS, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) o el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO); y que además de la cancelación de la personería jurídica de las mismas conllevó la expropiación de sus bienes e instalaciones.

El movimiento feminista nicaragüense ha venido siendo objeto de las hostilidades y arbitrariedades de Daniel Ortega desde mucho antes de la crisis de 2018. Especialmente desde que en 1998 trascendió que el mandatario había abusado sexualmente de su hijastra, Zoilamérica Narvaez. Tampoco podemos olvidar el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica, que en 2008 llevó a penalizar totalmente el aborto en el país. 

Desde la IM-Defensoras condenamos este nuevo ataque del Gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y expresamos nuestra preocupación por la seguridad de todas las compañeras que integran el FUNDEMUNI y el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas dos organizaciones y alzar la voz para denunciar esta arbitrariedad que se pretende cometer contra ellas y contra el movimiento feminista de Nicaragua.

 

[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Inclusión de la figura del “agente encubierto digital” en el Código Procesal Penal supone grave amenaza para las defensoras de derechos humanos.

El martes 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que supone una grave amenaza para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta reforma, que fue promovida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, crea la figura del “agente encubierto digital”, a través de la cual se busca legitimar las prácticas de espionaje con el fin de incorporar evidencias de naturaleza digital en los procesos penales. También incorpora modificaciones al artículo 25 de la “Ley contra Delitos Informáticos y Conexos” que podrían propiciar la criminalización de periodistas con base en las fuentes de información que usan. 

Ello sucede poco después de que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que el gobierno salvadoreño ha usado el Programa Pegasus para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de la intervención de sus dispositivos telefónicos. 

Esta situación es especialmente preocupante con relación a periodistas y defensoras de derechos humanos mujeres o con identidades sexo-genéricas disidentes. En un contexto como el salvadoreño, marcado por la misoginia y los discursos de odio, es evidente que la vulneración de la privacidad y la intimidad implica un mayor riesgo y exposición para todas ellas. Solo durante el último año, la Red Salvadoreña de Defensoras ha emitido 6 alertas relacionadas con violencia digital contra defensoras de derechos humanos. En éstas se denuncian actos de intimidación y estigmatización, incitación a crímenes de odio y amenazas de muerte contra mujeres trans y colectivas feministas, quienes también han sido objeto de ciberacoso y uso de datos extraídos de cuentas personales, incluyendo ataques dirigidos contra integrantes de la propia Red Salvadoreña de Defensoras. 

En septiembre de 2021, diversas redes y organizaciones internacionales de derechos humanos ya advertimos sobre el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador, expresado a través de la consolidación del autoritarismo. Con los precedentes ya conocidos de vigilancia ilegal y criminalización, esta iniciativa legislativa, al igual que el proyecto de ley de agentes extranjeros o el archivo de la “Ley para para el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, agrava el clima de hostilidad y riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, constituyendo una grave amenaza para su seguridad e integridad personal, así como para el efectivo ejercicio de su derecho a defender derechos. 

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras denunciamos que el actual gobierno utiliza una narrativa de “mano dura” contra la violencia y la corrupción mientras instrumentaliza las instituciones públicas para favorecer intereses políticos y económicos particulares y silenciar a las voces críticas, perpetuando las violencias y las desigualdades históricas que caracterizan al país y obstaculizando la labor de quienes trabajan para revertirlas. 

Demandamos al Estado salvadoreño la derogación inmediata de estas reformas, que atentan contra derechos fundamentales de la población, y que desista de cualquier otra acción orientada a fiscalizar y criminalizar la labor periodística y la defensa de los derechos humanos.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador, a solidarizarse y acuerpar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que día tras día trabajan por un país más justo e igualitario.

[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Aprobación de “Ley de agentes extranjeros” supondría una grave amenaza para las organizaciones de derechos humanos del país.

El pasado 9 de noviembre, por orden del presidente Nayib Bukele, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador la propuesta de “Ley de agentes extranjeros”. El lunes 16, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la propuesta de ley, quedando esta pendiente de su discusión y aprobación definitiva en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras vemos con preocupación que la aprobación de esta ley podría suponer una grave amenaza para el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos, al incluir directrices orientadas a controlar, fiscalizar y, llegado el caso, criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y movimiento sociales que trabajan en el país.

Esta propuesta, cuyo contenido por lo general resulta impreciso y ambiguo, establece que los “agentes extranjeros” son “aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses, sean controladas o financiadas directamente o indirectamente por un mandante extranjero”. Estas personas deberán inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros, entidad que tendrá facultades de establecer los requisitos para registrarse, aprobar o denegar una inscripción, así como solicitar información, supervisar y fiscalizar las actividades de los agentes extranjeros, entre otras atribuciones. 

Asimismo, cada transacción que estas personas realicen con fondos del extranjero serán sujetas a un impuesto del 40%. En términos de sanciones, quienes incumplan con lo establecido por la Ley, podrán ser multadas por hasta 10,000 dólares estadounidenses y con la cancelación de su personalidad jurídica. Estos nuevos controles financieros estipulados por la propuesta de ley con el supuesto objetivo de supervisar el financiamiento ilícito no tienen ninguna justificación puesto que para tal fin ya existe la “Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos” (Decreto 498). 

Tal y como recientemente hemos señalado más de 60 organizaciones de derechos humanos, el contexto en el que se aprobaría esta Ley está caracterizado por una evidente consolidación del autoritarismo, constantes ataques a la separación de poderes y la acumulación de poder por parte del presidente del gobierno y su partido, Nuevas Ideas, así como por una escalada en las campañas de descrédito y otras agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y medios de prensa independientes, incluyendo el uso sistemático del discurso de odio contra las organizaciones, colectivas y defensoras feministas. 

Asimismo, hemos observado señalamientos directos por parte de diputados en contra de organizaciones, con amenazas implícitas de que a partir de ahora “se tendrán que ver obligadas a transparentar”; así como señalamientos del presidente Nayib Bukele aduciendo que hay periodistas que son agentes extranjeros por criticar la Ley. Considerando que actualmente la bancada oficialista posee mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y que la aprobación de la Ley sería inminente,  todo ello invita a interpretar que la finalidad de esta normativa es la de controlar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.

Todo lo anterior se inserta en una tendencia regional en la que se busca obstaculizar la labor de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales con medidas de naturaleza administrativa que conllevan a procesos de criminalización u obligan de facto al cese de operaciones. Tal es el caso de Guatemala, con la promulgación de la Ley de ONGs, o de Nicaragua, con la aprobación el año anterior de una Ley de Agentes Extranjeros, texto que además de ser similar, se utilizó para provocar que las organizaciones desistieran de  continuar con sus actividades.

Es imprescindible recordar que la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y asociación no pueden ser consideradas actividades de injerencia o en contra de la soberanía nacional, por lo cual desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras exhortamos a la Asamblea Legislativa a actuar de manera acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y abstenerse de aprobar esta normativa que solamente profundizará aún más la situación de riesgo de las personas que se atreven a alzar la voz y exigir rendición de cuentas. 

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a permanecer vigilante, a pronunciarse ante esta evidente amenaza para las defensoras de derechos humanos en El Salvador y a activar las herramientas que tengan a su disposición para evitar la aprobación de esta normativa.

 

[Alerta Urgente] El Estado de Marruecos debe cesar de asediar y agredir a la defensora saharaui Sultana Jaya.

Desde noviembre de 2020, la policía marroquí está sometiendo a asedio y vigilancia constante el domicilio de la defensora saharaui Sultana Jaya en la ciudad de Bojador, ubicada en los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental. Estos hechos, que de facto suponen una situación de arresto domiciliario, se desarrollan sin haber ninguna orden judicial ni base judicial que los sustenten. 

La defensora, su familia y otras personas allegadas también ha sido objeto de maltratos físicos y psicológicos, así como de allanamientos ilegales del domicilio por parte de la policía. Tras uno de estos asaltos, perpetrado en agosto de 2021, la defensora resultó infectada con el coronavirus y padeció un cuadro grave de COVID-19 que llegó a poner en peligro su vida. 

Sultana Jaya es una reconocida defensora del derecho a la autodeterminación del pueblo saharauí y por la liberación de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental y este año ha sido una de las candidatas al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Los ataques en su contra se han intensificado en el contexto del conflicto bélico entre el Frente Polisario y el Estado de Marruecos que se reactivó el pasado mes de noviembre. 

Las defensoras mesoamericanas que nos organizamos en la IM-Defensoras nos solidarizamos con la compañera Sultana Jaya y exigimos el cese inmediato de los actos de asedio y agresiones en contra de ella y su familia, haciendo responsable al Estado marroquí de cualquier vulneración a su integridad física y psicológica.  

Demandamos al Estado español que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental y, en particular, que garantice la protección de Sultana y su familia.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos y a los movimientos feministas del mundo a conocer su situación y la de su pueblo, a solidarizarse con ella y a unirse a la exigencia para que el Estado de Marruecos deje de agredirla.