El Salvador: Organizaciones preocupadas por incremento de violencia digital contra defensoras

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Las medidas del gobierno salvadoreño ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos.

16 de junio de 2020 – Las organizaciones que suscribimos este comunicado denunciamos que tras las medidas decretadas por el gobierno salvadoreño como respuesta a la crisis global de salud provocada por la pandemia de la COVID-19, las agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos en el país se han incrementado de manera notable. En especial, aquellas cometidas en el ámbito digital. Esto ha generado un entorno violento y hostil para las defensoras y ha dificultado la labor que desempeñan.

Durante el gobierno de Nayib Bukele ha sido notable el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta principal para transmitir información institucional. El presidente también se ha valido de los medios digitales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluyendo mensajes que desacreditan a organizaciones de derechos humanos y el uso de lenguaje misógino

De acuerdo con los datos del Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones Contra Defensoras (1), tras las medidas tomadas en el contexto de la COVID-19 se ha registrado un incremento de las expresiones y posiciones gubernamentales que ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a aquellas con presencia en medios y redes sociales.

Es especialmente preocupante el incremento de la violencia de género en el espacio digital. Lo anterior, según el registro del Sistema Regional de Monitoreo, ha supuesto un aumento en el número de mujeres defensoras que denuncian acciones de ciber-acoso, difamación, amenazas y descalificaciones públicas. Así, defensoras de derechos humanos y periodistas (principalmente aquellas que han denunciado de manera pública presuntas irregularidades o desacuerdos en la gestión gubernamental de la crisis) han expresado ser el blanco de campañas de desprestigio con alto componente de violencia de género. Además, señalan que en algunos casos los mensajes provienen de cuentas de redes sociales de funcionarios públicos, personas cercanas al gobierno actual o al partido oficial. (2)

Adicionalmente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó el 3 de mayo su informe trimestral en el que da cuenta de 54 casos de vulneraciones a la libertad de prensa. Dicho informe indica que 39 de estas situaciones ocurrieron durante la emergencia de marzo-mayo y que al menos 9 de ellas fueron cometidas contra mujeres, identificándose entre las agresiones restricciones al quehacer periodístico, ataques digitales y bloqueos a la información pública.

Otras de las violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas de manera frecuente en el marco de la pandemia son los abusos de carácter policial y la exclusión de los servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos. Las mujeres defensoras no han sido ajenas a estas formas de violencia y desde la Red Salvadoreña de Defensoras se han documentado casos como el de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, dos defensoras detenidas y acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas.

El papel fundamental que han venido desarrollado las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos y las garantías constitucionales en el país cobra especial importancia en el marco de la actual pandemia.

Por ello, exigimos a las autoridades salvadoreñas que, de forma inmediata, adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de derechos y el respeto de las garantías constitucionales y de derecho internacional. 

Adicionalmente, y atendiendo a la importancia del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos, solicitamos: 

  • Al Presidente y a funcionarios del Ejecutivo, que se abstengan de publicar mensajes que estigmatizan y ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, así como mensajes que promuevan la discriminación contra las mujeres.
  • Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y al Ministerio de Defensa, tomar medidas para impedir el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
  • A la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), “investigar prontamente los hechos denunciados por distintas defensoras y periodistas, que podrían configurar delitos.
  • Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), PDDH y a la Fiscalía General de la República, investigar la violencia y discriminación derivada de la defensa de derechos y del ejercicio de la libertad de expresión. así como los casos de detenciones arbitrarias a mujeres, algunas madres de familia, que salen de sus hogares para abastecerse de comida y medicinas, y cuyos menores se encuentran en una situación vulnerable al no tener a sus cuidadoras primarias en sus hogares.
  • Que la Policía Nacional Civil responda a sus obligaciones en el marco de esta crisis con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género y teniendo en cuenta que el trabajo de cuidado, defensa y protección comunitaria en situaciones de crisis, es usualmente liderado por mujeres.

Requerimos también a los organismos internacionales de derechos humanos que se mantengan vigilantes frente a este tipo de hechos y respondan frente a las graves vulneraciones de derechos humanos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en El Salvador.


Organizaciones firmantes

  1. Access Now, Global
  2. Acoso Online, Iberoamérica 
  3. Agrupación por la Despenalización del Aborto, El Salvador
  4. AIETI, España
  5. Aluna Acompañamiento Psicosocial, AC, México
  6. Amigos de la Unesco, Colombia
  7. Amnistía Internacional, Global
  8. Articulación Feminista Marcosur, América Latina y El Caribe
  9. Article 19 Oficina para México y Centroamérica
  10. Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos, Global
  11. Asociación Feminista La Cuerda, Guatemala
  12. Asociación Mujeres Transformando, El Salvador
  13. Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador ANADES, El Salvador
  14. Associação Mulheres pela Paz, Brasil
  15. Association for Progressive Communications, Global
  16. Asuntos del Sur, América Latina
  17. AWID, Global
  18. Calala Fondo de Mujeres, España
  19. Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe, América Latina y El Caribe
  20. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Argentina
  21. Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia, Colombia
  22. CEAR-Euskadi, Euskal Herria / País Vasco
  23. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, América Latina y el Caribe
  24. Centro de Derechos Reproductivos, Global
  25. Chikume Siwat, Feministas Universitarias, El Salvador 
  26. Ciberfeministas Guatemala, Guatemala
  27. Ciberseguras, México, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia
  28. CNCD-11.11.11, Bélgica
  29. Código Sur, Centroamérica
  30. Colectiva Amorales, El Salvador
  31. Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información (CMPCTI), El Salvador
  32. Colectiva de mujeres Venus, El Salvador
  33. Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
  34. COLECTIVO ANSUR, Colombia-América Latina
  35. Colectivo Editorial Marcha Noticias, Argentina 
  36. Colectivo Josefa Lastiri, Honduras
  37. COLECTIVO MUJERES DE ASFALTO – ECUADOR, Ecuador
  38. Colectivo Rebeldía, Bolivia
  39. COMCAVIS TRANS , El Salvador
  40. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, LAC
  41. Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Internacional
  42. COTIDIANO MUJER, Uruguay
  43. Derechos Digitales, América Latina
  44. El Churo Comunicación, Ecuador, América Latina
  45. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina
  46. Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Estado español
  47. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
  48. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Honduras
  49. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras 
  50. ESCRITURA CRÓNICA, Argentina
  51. FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Global
  52. Fondo de Acción Urgente para America Latina y el Caribe Hispanohablante, América Latina y el Caribe 
  53. Forum Syd, Global
  54. Fundación Acceso, Centroamérica 
  55. Fundación Activismo Feminista Digital, Argentina/América Latina
  56. Fundación Cristosal, Centroamérica
  57. Fundación Datos Protegidos, Chile
  58. Fundación Desafío, Ecuador
  59. Fundación Huaira, Global
  60. Hiperderecho, Perú
  61. ICCPG, Guatemala 
  62. ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el desarrollo), España
  63. IFEX-ALC, Alianza Regional
  64. IM – Swedish development partner, Global
  65. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Mesoamérica
  66. IPANDETEC Centroamérica, Panamá
  67. IUDOP-UCA, El Salvador 
  68. JASS Mesoamérica, Mesoamérica
  69. Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, El Salvador 
  70. Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, México
  71. LaLibre.net Tecnologías Comunitarias, Ecuador
  72. LATFEM, Argentina
  73. Luchadoras MX, México
  74. Mesa por el Derecho a Defender DDHH, El Salvador
  75. Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, Centroamérica y Sudamérica
  76. Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, El Salvador
  77. Mulier, Venezuela
  78. Ni Una Menos, Costa Rica
  79. Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C., México
  80. OMCT – Organización Mundial Contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Global
  81. ONG Amaranta, Chile
  82. Probusqueda, El Salvador 
  83. Protection International Mesoamérica, Mesoamérica
  84. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C – ProDESC México
  85. R3D: Red en defensa de los derechos digitales, México / Latinomérica
  86. Red de Hondureñas Migradas, España
  87. Red de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua
  88. Red de mujeres periodista de Morelos, México y Morelos 
  89. Red de Periodistas Feministas de América latina y el Caribe, América Latina y el Caribe 
  90. Red de Periodistas Feministas de Chile, Chile
  91. Red europea de Comités Oscar Romero, Unión europea
  92. Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Global
  93. Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina, Argentina
  94. Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH, El Salvador 
  95. Revista Feminista Muy Waso, Bolivia
  96. Segudigital, México-América Latina
  97. Servicio Social Pasionista, El Salvador 
  98. Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Latinoamérica y Caribe
  99. Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, Mesoamérica
  100. Taller de comunicación mujer, Ecuador
  101. TEDIC, Paraguay
  102. Universidade Federal da Bahia, Brasil
  103. Usuarios Digitales – Ecuador, Ecuador
  104. Women’s Link Worldwide, Américas, África, Europa

(1) Impulsado desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Salvadoreña de Defensoras de derechos humanos.

(2) Más información en: http://im-defensoras.org/es/ (Alertas por los casos de Montserrat Arévalo, Movimiento de mujeres eco-feministas de El Salvador, Camila Portillo, Bertha María DeLeón, Yaneth Estrada y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto)

El Salvador, autoritarismo, intolerancia a la crítica y misoginia a “golpe de Twitter”

Por P. Perelló
Artículo de opinión para el espacio “La Enredadera”

Basta con echar un vistazo al perfil en Twitter de la abogada y defensora salvadoreña Bertha María Deleón, para darse cuenta de la intensidad y diversidad de violencias digitales que enfrenta cotidianamente. Difícilmente encontaremos un tuit suyo que no haya sido respondido con una retahíla de comentarios, donde frente a no pocos mensajes respetuosos y constructivos, toman protagonismo muchos otros insultantes, difamatorios o que, directamente, apelan al discurso de odio misógino construído desde la demagogia antifeminista y antiderechos. 

Su perfil público, con más de 64 mil cuentas que la siguen, hace inevitable que trolls y otras faunas endémicas de las redes sociales la conviertan en blanco de su intolerancia o en plataforma para sus anhelos de cosechar más “likes”, “retuits” y “followers”. Que sea inevitable no quita que ello resulte sumamente preocupante, pero esta preocupación se convierte en algo más inquietante cuando estos ataques se perpetran y se alientan desde las cuentas de altos cargos del gobierno. El pasado 31 de marzo, no fue un simple troll anónimo o escudado tras un falso perfil el que atacó con calumnias e insultos misóginos a Bertha María Deleón, fue el mismísimo Ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ello sucedió días después de que Walter Araujo, personaje cercano al Presidente Nayib Bukele, la señalara, calumniara y cuestionara su “moral sexual”. Tras estos detonantes, los ataques de trolls y boots contra la defensora se intensificaron, evidenciando una acción planificada, coordinada y organizada.  

Desde su llegada al poder en 2019, la práctica de gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por un progresivo viraje hacia posturas populistas y autoritarias y en las que las redes sociales se han convertido en uno de sus principales bastiones para posicionar sus políticas y atacar, censurar y vigilar a quienes se oponen a ellas. No por casualidad se lo ha llegado a describir como un gobierno “a golpe de Twitter”. Esta tendencia se ha acelerarado y agravado con el despliegue de las medidas de excepción impuestas con el pretexto de combatir la emergencia sanitaria provocada por la irrupción a escala global de la Covid-19. 

En este contexto, están a la orden del día los abusos policiales, las detenciones arbitrarias y confinamientos obligados y prolongados por más de treinta días en centros de contención cuyas condiciones de insalubridad, hacinaminto e higiene, según han denunciado organismos internacionales, los convierten en potenciales ámbitos de contagio; es el caso de las defensoras Ana Cristina Barahona y Sara Benítez. También hemos asistido al incremento de los femicidios y la violencia misógina hacia mujeres obligadas a quedarse en casa junto a sus agresores. La condena al hambre de mujeres y familias cuya economía depende del trabajo informal realizado a diario es otra de las consecuencias del Estado de emergencia decretado por el gobierno.

Frente a esto, las defensoras y mujeres periodistas que alzan su voz para alertar y denunciar estas violaciones a derechos humanos han recibido ataques digitales que van desde vulneraciones a su privacidad, campañas de ciber-acoso, amenazas, hackeos, linchamiento mediático hasta la exposición pública a través descalificaciones en las que la violencia de género está muy presente. Es el caso ya citado de Bertha María Deleón, pero también de la académica Ivone Ribera y la periodista Mariana Belloso, víctimas sistemáticas de ataques y hostigamientos, así como de otras defensoras como Monterrat Arévalo y Camila Portillo, de organizaciones como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, o de periodistas como Yaneth Estrada, por citar algunos de los casos que la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras han documentado. A todo ello cabe añadir las sistemáticas restricciones a la libertad de prensa que ha puesto de relieve la Asociación Nacional de Periodistas de El Salvador (APES) a través de múltiples alertas y denuncias. 

Estos ataques, permitidos, alentados o directamente perpetrados por un gobierno que gobierna a “golpe de Twitter”, con su ejército de trolls y una sofisticada maquinaria de boots, no tienen otro objetivo que silenciar a las voces críticas, sabotear discursos y narrativas disidentes y profundizar en el control de la información que circula en redes sociales para legitimar y normalizar una accción gubernamental cada vez más antidemocrática. También sirven para avivar el discurso de odio y la misoginia estructural en un país que tiene uno de los índices de femicidios y crímenes de odio más elevados del planeta o donde las mujeres son todavía condenadas a penas de 40 años de cárcel por abortar. 

De nuestra retina no se ha borrado todavía la imagen del presidente Nayib Bukele rezando en el Parlamento, tomado por militares, poco antes de la irrupción de la COVID-19; como tampoco la de los cientos de jóvenes pandilleros apilados semidesnudos en la cárcel, obligados a posar para ilustrar el mensaje presidencial que daba licencia a la policía para cazarlos en las calles. Todas estas son señales que, más allá de la omnipresente narrativa pandémica, debemos atender y que nos hablan de lo apremiante que es, en estos momentos, cuidar, proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a informar y defender derechos de nuestras compañeras salvadoreñas.  

[BOLETÍN] Mujeres defensoras de Honduras ante el COVID-19. Marzo 2020.

En este documento, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras quiere mostrar las características propias de este sistema patriarcal y racista que se han puesto en evidencia con la crisis sanitaria que estamos viviendo a partir de la expansión del COVID-19. Reconocer la continuidad de la injusticia y el terreno que se abona para ejercer múltiples violaciones a derechos humanos, en este momento que les favorece para ensordecernos de terror y
fortalecer el autoritarismo.

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[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Desde el 15 de abril madres y familiares de personas asesinadas durante protestas de 2018 están siendo sometidas a hostigamiento policial en todo el país.

Asociación Madres de Abril (AMA)

Actividad
Derecho a la verdad, justicia y reparación

HECHOS – La Asociación Madres de Abril (AMA) ha denunciado que desde el pasado 15 de abril, en fechas durante las cuales están recordando el asesinato de sus familiares, varias de sus integrantes están siendo objeto de hostigamiento policial, asedio y ataques contra sus hogares y vulneración de su derecho a la libertad de movilización.   

Estos ataques se dan en el marco de cumplirse dos años del inicio, el 18 de abril de 2018,  de las protestas que el gobierno reprimió de manera brutal provocando una crisis socio-política y de derechos humanos que persiste en el país tras cobrarse más de 300 personas asesinadas, centenares de personas presas políticas, así como multitud de agresiones de diversa índole y gravedad contra activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, periodistas y población en general.

Precisamente, la Asociación Madres de Abril es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de esta crisis, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad, tal y como los calificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comisionado por la CIDH, en su mayoría cometidos por fuerzas policiales y paramiltares afines al gobierno.

Estos ataques contra las integrantes de la AMA se unen a los que hemos venido denunciando durante los últimos días contra activistas, personas opositoras, presas políticas excarceladas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Desde la IM-Defensoras condenamos los ataques y el hostigamiento contra las integrantes de la Asociación Madres de Abril, a quienes trasladamos nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por su incansable lucha en pos de la verdad y la justicia.

Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado o afectación sobre la integridad física, patrimonial o psicológica de las integrantes de la Asociación Madres de Abril o de sus familias. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a reconocer y a acuerpar la búsqueda de justicia de las Madres de Abril y a mantenerse vigilante ante la escalada represiva que, dos años después del inicio de la crisis, vuelve a darse en Nicaragua.