[Alerta Urgente] NICARAGUA / Sentencian a 10 años de prisión y multan a activista política Maria Esperanza Sánchez

La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez ha sido sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.

María Esperanza se moviliza desde abril de 2018 con  la oposición nicaragüense para exigir justicia y democracia en el país. Fue detenida el 26 de enero de 2020 y enfrentó un proceso arbitrario por tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 2 de julio a la 1.30 de la tarde fue leída su sentencia dentro del centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”, el acto fue filmado con la presencia de custodias, mujeres policías y reeducadoras, así como otros funcionarios.

Desde su detención y posterior encarcelamiento, Sánchez enfrenta amenazas e insultos por parte del personal del penitenciario de mujeres. Se le ha denegado el acceso a  medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a  vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19.

Junto a la negligencia médica, desde finales del mes de mayo las custodias dentro de “La Esperanza” han incentivado la hostilidad de reas comunes en contra de las mujeres presas políticas. Como resultado, María Esperanza también es víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad, agresiones que son desatendidas por las autoridades del penitenciario.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Denfensoras exigimos llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar nota y activar mecanismos que garanticen la seguridad y libertad de María Esperanza Sánchez y las otras 3 presas políticas que permanecen dentro de las prisiones del gobierno de Daniel Ortega.

Este juicio sintetiza la criminalización del gobierno de Nicaragua contra quienes ejercen su derechos políticos. Por eso, demandamos a las autoridades nicaragüenses que liberen a María Esperanza y a todas las otras presas políticas.

Maria Esperanza Sánchez
Maria Esperanza Sánchez

[Alerta Urgente] NICARAGUA / Mujeres activistas de la Costa Caribe denuncian acoso policial

Las defensoras de la Costa Caribe de Nicaragua Nora Newball, Dolene Miller, Jennifer Brown y Kalua Salazar han denunciado hoy 22 de junio, hostigamiento policial y asedio en sus viviendas por parte de la policía nacional. Las activistas y periodistas denuncian que se han colocado más de 20 policías con patrullas en frente de sus casas.

Ellas indican que el hostigamiento se ha incrementado después que denunciaran las muertes por Covid-19, y demandar  acciones de prevención en el territorio. Ellas también han pedido al gobierno que deje entrar a los marinos  nicaragüenses varados en barcos cruceros y a otras personas de la Costa Caribe que se encuentran en las islas del Gran Caimán.

El asedio ocurre después del fallecimiento por Covid-19 del periodista Sergio León, director de radio La Costeñísima, defensor de la libertad de prensa y víctima de asedio por parte del gobierno, hasta el final de sus días.

Llamamos urgentemente a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante frente al acoso vivido por estas activistas de la Costa Caribe de Nicaragua, una zona en la que los derechos humanos no solamente son violentados históricamente por parte de las autoridades, sino que además vive en permanente violencia y extracción de recursos, producida por grupos de poder, militares y paramilitares del país.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que cesen el asedio y el acoso contra activistas, defensoras y activistas de la Costa Caribe.

Alerta Nicaragua 220620
Alerta Nicaragua 220620

[Alerta Defensoras] MÉXICO / Asesinan a defensora, médica trans en Morelos

Elizabeth Montaño

Actividad:
Derecho a la salud, derechos de la comunidad LGBTIQ+

HECHOS – La defensora trans Elizabeth Montaño fue asesinada en Morelos. Ella era una médica general, defensora del derecho a la atención médica para las personas de la comunidad LGBTQI+ en el IMSS, además de realizar procesos y proyectos de educación para el área médica y enfermería, con el objetivo de capacitar a quienes brindan atención médica a pacientes transgénero.

La doctora, que se desempeñaba además como jefa de Calidad Educativa del área de Coordinación de Educación y Salud del hospital Siglo XXI, fue vista por última vez el 8 de junio de 2020. El 10 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, emitió una ficha de búsqueda hasta que ayer 18 de junio de 2020 su cuerpo fuera localizado al costado de la carretera federal México – Cuernavaca, en el municipio de  Huitzilac, Morelos.

Según datos del investigador de la UAM e integrante del colectivo Letra Ese Samuel Jair Martínez Cruz, sólo entre 2013 y 2018 se registraron 73 crímenes de odio en México, de los cuales, 261 fueron cometidos contra mujeres transgénero. En dicho contexto, un promedio de 79 personas de la comunidad LGBT son asesinadas de manera violenta año tras año, pero sólo 10% es investigado como crimen de odio, aún cuando al menos 22 sufren de violencia sexual antes o después del asesinato y 60 más mostraban signos de tortura.

Condenamos el asesinato de la doctora, defensora de la salud y los derechos LGBTIQ, así como cualquier acto de violencia discriminación por orientación sexual e identidad de género. Exigimos además una investigación urgente e independiente que esclarezca el asesinato de Elizabeth, así como medidas de protección para la comunidad LGBTI, en especial para las defensoras que defienden los derechos de las personas diversas.

Elizabeth Montaño defensora y médica trans
Elizabeth Montaño defensora y médica trans

[Alerta Urgente] MÉXICO / Dejan explícita amenaza de muerte frente a la puerta de la oficina de Consorcio Oaxaca

Nuestras compañeras de Consorcio Oaxaca han denunciado que en la mañana de este lunes 15 de junio, ha sido encontrada en la puerta de su oficina una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal junto con el mensaje:  “VAJALE DE HUEVOS PERRA LA PRÓXIMA ES LA TUYA ATTE. CJNG”. (SIC)

Es evidente que se trata de una explícita amenaza de muerte relacionada con el trabajo de esta organización feminista, la cual tiene una reconocida trayectoria de 17 años promocionando los derechos de las mujeres y la protección de las defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca, México y la región mesoamericana.

Durante las últimas semanas, Consorcio Oaxaca ha estado acompañando la campaña “Hasta que la Justicia Llegue” en exigencia de justicia y contra la impunidad por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018. Durante la campaña, que ha sido impulsada por Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista y madre de María del Sol, se han producido varios incidentes de intimidación en contra de la periodista. Incluso se hizo desaparecer un espectacular que se había colocado en una ubicación relevante de la ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia. La amenaza de muerte del día de hoy viene a sumarse a estos ataques.

Desde la IM-Defensoras abrazamos y nos solidarizamos con nuestras compañeras de Consorcio Oaxaca, organización que forma parte de nuestro Grupo Impulsor y expresamos nuestra preocupación, nuestro repudio y nuestra condena ante la amenaza de muerte que han recibido el día de hoy.

Exigimos al Estado mexicano, en todos sus niveles, garantías de protección para todas las integrantes de Consorcio Oaxaca y para Soledad Jarquín, y hacemos particularmente responsable al Gobierno del Estado de Oaxaca de su integridad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a acuerpar a las compañeras de Consorcio Oaxaca, solidarizándose con ellas, reconociendo su fundamental aporte a los derechos humanos de las mujeres, a la protección de las defensoras y manteniéndose al pendiente y vigilantes de la situación.

Dejan amenaza de muerte frente a oficina Consorcio Oaxaca
Dejan amenaza de muerte frente a oficina Consorcio Oaxaca

#AlertaUrgente EL SALVADOR / En el marco de Covid-19, policía envía a centro de detención a defensora por salir por medicamentos para su hijo hospitalizado

La defensora Ana Cristina Barahona, fue detenida el 13 de abril de 2020, por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, cuando se dirigía a conseguir un medicamento para su hijo de 3 años hospitalizado con bronquitis. En el momento de la detención, Ana Cristina no portaba sus documentos, teléfono o medicamento para tratar su condición de diabética.

Ella fue trasladada a un centro de detención con condiciones insalubres. Se reportan más de 30 mujeres detenidas sólo en ese albergue en situaciones similares, aún cuando tenían justificación de compras para transitar. Ahora sus hijos e hijas se encuentran sin el cuidado de sus madres.

Las autoridades indicaron a la defensora que sólo la retendrían una hora mientras le hacían la prueba del Covid-19, pero no fue así: la llevaron al centro de contención ubicado en el polideportivo de Ciudad Merliot. Estando ahí, le dijeron que no saldrían sino hasta cumplir 30 días de cuarentena. Hasta el momento no les han proporcionado mascarillas, alcohol gel ni acceso al medicamento para la diabetes que Ana Cristina necesita con urgencia.

Ana Cristina Barahona, es una defensora de Derechos Humanos y trabajadora sexual que pertenece a la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, la Organización de Trabajadoras Sexuales de El Salvador y a la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Exigimos al Estado Salvadoreño, concretamente al ISDEMU, a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, que verifiquen urgentemente cómo fue detenida la defensora Ana Cristina Barahona y las mujeres que guardan cuarentena en este centro, que tomen en cuenta las condiciones individuales de cada una y valoren la posibilidad de que guarden cuarentena domiciliar.

Demandamos que se investigue la forma en que han detenido a Ana Cristina y el resto de mujeres que se encuentran en este centro de contención, la actuación de la Policía Nacional Civil y de la FAES en el marco de la aplicación de las medidas para enfrentar el COVID-19. Recordamos al Estado salvadoreño que el enfoque que debe primar es el de derechos humanos y garantías constitucionales.

Recordamos al Estado que el lineamiento de la PNC de eximir de detención sólo a mujeres embarazadas, adultos mayores y niñez debe ampliarse también a las mujeres en cualquier condición. El trabajo de defensa y protección comunitaria que en situaciones de crisis es usualmente es liderado por mujeres, en especial por las las defensoras de derechos humanos.

Alerta urgente Cristina Barahona