Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras – Este 12 de marzo, tras 8 años de que nuestra compañera Lilian Borjas, mujer campesina, líder comunitaria, defensora de la tierra y el territorio enfrentara un largo proceso judicialización plagado de irregularidades e inconsistencias, el Juzgado de Sentencia de El Progreso, Yoro, dictaminó sobreseimiento definitivo para ella por el delito de usurpación.
Lilian, quién es integrante de la CNTC del Progreso, organización miembra de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, emprendió junto a once compañeros del grupo campesino “Triunfo de la Bolsa”, una fuerte lucha por sus territorios que fueron concedidos por el Estado de Honduras de manera irregular a una familia privilegiada de la zona.
Desde entonces fue perseguida, amenazada, agredida, criminalizada y judicializada arbitrariamente por la defensa de las tierras que habitaba y trabajaba en la comunidad de El Rodeo, en El Negrito,Yoro.
El proceso de judicialización estuvo plagado de los vicios acostumbrados en este país por quienes son responsables de impartir justicia y se coluden con terratenientes alargando los procesos y ejerciendo graves violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas.
Para el caso, a Lilian y sus compañeros se les dictó medidas sustitutivas durante ocho años, por un delito cuya pena máxima es de cuatro según el Art. 227 del Código Penal y mediante una medida cautelar impuesta de manera negligente e ilegal, fueron obligados a movilizarse desde sus comunidades hacia los juzgados a firmar cada 15 días durante los ocho años del proceso. Así mismo, la audiencia preliminar, la audiencia inicial y el juicio fueron suspendidos y reprogramados más de 12 veces en sus distintas etapas.
Desde el año 2015 la Red Nacional de Defensoras acuerpó a Lilian brindándole acompañamiento jurídico y apoyo emocional. Durante estos 6 años denunciamos las agresiones de las que fue víctima y desde distintas plataformas exigimos al Estado el cese de la política de odio, persecución y criminalización de nuestra compañera.
Hoy, entre la felicidad que nos regala el saberla libre de este proceso, denunciamos nuevamente que el Estado de Honduras somete a defensoras y defensores que luchan por su derecho legítimo a la tierra a procesos inhumanos y desgastantes que les mantienen en permanente zozobra, mientras los que roban, asesinan y se aprovechan del pueblo continúan haciéndolo en libertad y viven sus vidas en total impunidad.
¡Defender la tierra no es un delito, es un derecho!
