[Alerta Urgente] NICARAGUA / Sentencian a 10 años de prisión y multan a activista política Maria Esperanza Sánchez

La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez ha sido sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.

María Esperanza se moviliza desde abril de 2018 con  la oposición nicaragüense para exigir justicia y democracia en el país. Fue detenida el 26 de enero de 2020 y enfrentó un proceso arbitrario por tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 2 de julio a la 1.30 de la tarde fue leída su sentencia dentro del centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”, el acto fue filmado con la presencia de custodias, mujeres policías y reeducadoras, así como otros funcionarios.

Desde su detención y posterior encarcelamiento, Sánchez enfrenta amenazas e insultos por parte del personal del penitenciario de mujeres. Se le ha denegado el acceso a  medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a  vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19.

Junto a la negligencia médica, desde finales del mes de mayo las custodias dentro de “La Esperanza” han incentivado la hostilidad de reas comunes en contra de las mujeres presas políticas. Como resultado, María Esperanza también es víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad, agresiones que son desatendidas por las autoridades del penitenciario.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Denfensoras exigimos llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar nota y activar mecanismos que garanticen la seguridad y libertad de María Esperanza Sánchez y las otras 3 presas políticas que permanecen dentro de las prisiones del gobierno de Daniel Ortega.

Este juicio sintetiza la criminalización del gobierno de Nicaragua contra quienes ejercen su derechos políticos. Por eso, demandamos a las autoridades nicaragüenses que liberen a María Esperanza y a todas las otras presas políticas.

Maria Esperanza Sánchez
Maria Esperanza Sánchez

Alerta Urgente NICARAGUA / Al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos han sido agredidas por polícias y paramilitares desde el 15 de abril, en el marco del 2º aniversario del inicio de la crisis en Nicaragua.

Lejos de cesar, la campaña de represión y hostigamiento contra activistas, periodistas y defensoras iniciada por el gobierno nicaragüense en vísperas de cumplirse, el pasado sábado, 18 de abril, dos años del inicio de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país, se ha recrudecido durante ayer domingo y hoy lunes, cuando la población de Esquipulas, en la isla de Ometepe, ha amanecido con una brutal represión por parte de policías antimotines.

En total, desde el 15 de abril se han registrado al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos agredidas, entre ellas dos mujeres trans y dos mujeres embarazadas. Las agresiones, que incluyen insultos y amenazas de tipo sexual, se han dirigido especialmente contra personas presas políticas excarceladas y sus familias, así como contra madres de personas presas políticas y asesinadas en abril de 2018. 

Los ataques, asedios y hostigamientos por parte de policías y paramilitares reportados durante la pasada semana y el mismo sábado 18 de abril, los cuales denunciamos a través de alerta, se reprodujeron durante todo el domingo 19 de abril y continúan este lunes 20.

La situación reviste especial gravedad en Esquipulas, Ometepe, donde el domingo, la policía reprimió y detuvo a diversas personas que estaban instalando banderas azul y blanco en postes de electricidad, tras lo cual se inició una oleada de protestas y represión que esta mañana se ha recrudecido con el uso por parte de la policía de armas de fuego y gases lacrimógenos contra la población.

Desde la IM-Defensoras condenamos todos estos hechos y exigimos el cese inmediato de la violencia policial y paramilitar en contra de activistas, personas presas políticas ex-carceladas, periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general.

Hacemos una llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos oficiales de derechos humanos a reaccionar de manera rotunda ante estos graves hechos y ante la situación de vulneración generalizada y sistemática de los derechos humanos que persiste en Nicaragua, donde dos años después del inicio de la crisis, la represión de la protesta y la persecución política de las voces críticas y de quienes defienden los derechos humanos siguen plenamente vigentes. 

#AlertaUrgente EL SALVADOR / En el marco de Covid-19, policía envía a centro de detención a defensora por salir por medicamentos para su hijo hospitalizado

La defensora Ana Cristina Barahona, fue detenida el 13 de abril de 2020, por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, cuando se dirigía a conseguir un medicamento para su hijo de 3 años hospitalizado con bronquitis. En el momento de la detención, Ana Cristina no portaba sus documentos, teléfono o medicamento para tratar su condición de diabética.

Ella fue trasladada a un centro de detención con condiciones insalubres. Se reportan más de 30 mujeres detenidas sólo en ese albergue en situaciones similares, aún cuando tenían justificación de compras para transitar. Ahora sus hijos e hijas se encuentran sin el cuidado de sus madres.

Las autoridades indicaron a la defensora que sólo la retendrían una hora mientras le hacían la prueba del Covid-19, pero no fue así: la llevaron al centro de contención ubicado en el polideportivo de Ciudad Merliot. Estando ahí, le dijeron que no saldrían sino hasta cumplir 30 días de cuarentena. Hasta el momento no les han proporcionado mascarillas, alcohol gel ni acceso al medicamento para la diabetes que Ana Cristina necesita con urgencia.

Ana Cristina Barahona, es una defensora de Derechos Humanos y trabajadora sexual que pertenece a la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, la Organización de Trabajadoras Sexuales de El Salvador y a la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Exigimos al Estado Salvadoreño, concretamente al ISDEMU, a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, que verifiquen urgentemente cómo fue detenida la defensora Ana Cristina Barahona y las mujeres que guardan cuarentena en este centro, que tomen en cuenta las condiciones individuales de cada una y valoren la posibilidad de que guarden cuarentena domiciliar.

Demandamos que se investigue la forma en que han detenido a Ana Cristina y el resto de mujeres que se encuentran en este centro de contención, la actuación de la Policía Nacional Civil y de la FAES en el marco de la aplicación de las medidas para enfrentar el COVID-19. Recordamos al Estado salvadoreño que el enfoque que debe primar es el de derechos humanos y garantías constitucionales.

Recordamos al Estado que el lineamiento de la PNC de eximir de detención sólo a mujeres embarazadas, adultos mayores y niñez debe ampliarse también a las mujeres en cualquier condición. El trabajo de defensa y protección comunitaria que en situaciones de crisis es usualmente es liderado por mujeres, en especial por las las defensoras de derechos humanos.

Alerta urgente Cristina Barahona

#AlertaUrgente HONDURAS / Autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres podrían ser liberados

Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y David Castillo, autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, podrían ser liberados en las próximas horas por el Estado hondureño bajo la excusa de vigilar la salud de las poblaciones más vulnerables en las cárceles del país en el marco del Covid-19.

Comprendemos la importancia de la liberación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis Covid-19, sobre todo aquellas que sufren de condiciones pre-existentes o que pertenecen a poblaciones en riesgo de sufrir mayores complicaciones de salud. Sin embargo, este proceso no debería contemplar a personas que han cometido violaciones graves de derechos humanos, como el caso de los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Denunciamos que la liberación de los responsables del asesinato de nuestra compañera representa un acto de aplicación selectiva de esta medida, que responde únicamente a intereses gubernamentales y empresariales. Exigimos al Estado hondureño que detenga el proceso de liberación de los asesinos de nuestra compañera y recordamos el impacto y afectación que una decisión de este tipo podría tener en el pueblo hondureño que busca justicia y reparación por el asesinato de esta lideresa.

Para las defensoras de derechos humanos que sufrimos agresiones continuas, la liberación de estas personas significaría una demostración de la impunidad de la que gozan los violadores de derechos humanos. También pondría aún más en evidencia la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández de trabajar junto con corporaciones y grupos de poder dispuestos a silenciar las voces de las defensoras, sin importar el costo.

Autores intelectuales materiales asesinato Berta Cáceres podrían ser liberados
Autores intelectuales materiales asesinato Berta Cáceres podrían ser liberados

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Policías, paramilitares e instituciones del Estado amenazan, hostigan y vulneran derechos de Tania Muñoz, presa política excarcelada

Tania Verónica Muñoz Pavón

Organización
Presa política excarcelada

Actividad
Defensa del derecho a la protesta

Agresiones
Amenazas, hostigamiento, criminalización

HECHOS – La presa política excarcelada Tania Muñoz ha denunciado que desde hace 7 meses está viviendo hostigamiento por parte de policías y paramilitares, los cuales llevan a cabo acciones de vigilancia frente a su casa y frente a la casa de su esposo, donde vive su hija, quien se encuentra embarazada. Esta situación se ha agravado en los últimos días, a través de una serie de agresiones de diferente índole.

El jueves 16 de enero, mientras estaba siendo entrevistada en su casa por el periodista Noel Miranda, del medio Artículo 66, integrantes del Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del barrio llamaron a la policía, la cual trató de llevarse preso al periodista. En la tarde de ese mismo día, una integrante del CPC la amenazó con mandarla a golpear e interponer una denuncia contra ella y provocar su retorno a la cárcel, acusando en falso a tania de “estarla chifleteando” y hostigando.

El día siguiente, viernes 17 de enero, empleados de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal) sin dar explicaciones cortaron  el servicio de agua a la vivienda de Tania Muñoz, ello pese a que su hermano había realizado acuerdo de pago, ya que desde el año pasado los recibos estaban saliendo alterados. Según Tania, esta acción es una represalia por su activismo y las denuncias que ha realizado por el hostigamiento y vigilancia que sufren ella y su familia.

Tania Muñoz fue detenida junto con su hermana, Olesia Muñoz, en julio de 2018, encarcelada y criminalizada por apoyar y suministrar cuidados a las personas universitarias que participaban en las protestas contra el Gobierno desde el mes de abril de 2018. Fue condenada a 26 años de cárcel por delitos fabricados de terrorismo, daño agravado o robo agravado entre otros. El que entonces era su medio de subsistencia, un negocio de pan y respostería en el mercado de Granada, fue confiscado por el Gobierno y durante su período de privación de libertad, hasta su exarcelación el 20 de mayo de 2019, fue objeto de golpizas, torturas y tratos crueles e inhumanos, motivo por el que goza de Medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

Los hostigamientos, vigilancias y amenazas contra las presas políticas excarceladas y sus familias,por parte tanto de policías y otros funcionarios del Estado como de paramilitares y simpatzantes del gobierno, son un hecho recurrente y sistemático, como ya hemos venido denunciando en relación a otros casos, vulnerando sus derechos fundamentales y con graves implicaciones sobre sus vidas.

Desde la IM-Defensoras exigimos que cese el hostigamiento contra Tania Muñoz, haciendo responsable al Estado nicaragünese de cualquier afectación sobre la intregridad física, moral o patrimonial de Tania y cualquier otra persona integrante de su familia.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente de la situación en Nicaragua, donde la crisis socio-política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue plenamente vigente a través de un contexto general de violación de derechos fundamentales de la población, represión, violencia y persecución política contra las personas y organizaciones críticas con el gobierno o que ejercen la defensa de los derechos humanos.