Los datos y reflexiones que presentamos en “Des-hilar la crisis, tejer futuros. Impactos de COVID-19 sobre la vida y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechoS humanos” son el resultado de un mapeo que desarrollamos en la IM-Defensoras junto con las redes y articulaciones nacionales que la integramos. La encuesta se llevó a cabo entre el 29 de mayo y el 4 de juliode 2020, participando un total de 475 defensoras de derechos humanos ubicadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. El objetivo de esta investigación es entender de qué manera la irrupción de la COVID-19 y la respuesta de los gobiernos y otros grupos de poder ante la misma están impactando sobre nuestras vidas, nuestra acción política y nuestra labor de defensa de derechos humanos.
Para complementar nuestro análisis, particularmente con relación a las condiciones pre-existentes que teníamos las defensoras cuando detonó la sindemia, utilizamos información de nuestro informe interno “Actualización 2019 del Diagnóstico de la prácticas de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de defensoras de derechos humanos”.
Este mapeo era necesario porque no contábamos con información detallada de las afectaciones que las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica estábamos teniendo en nuestra salud, situación económica, trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, acceso a la comunicación, amenazas y riesgos, entre otros indicadores. La información recabada nos ha permitido fortalecer nuestra respuesta local, nacional y regional de Protección Integral Feminista en un momento de incertidumbre, mayores restricciones y nuevas vulneraciones a nuestros derechos.
Este “Informe especial: Agresiones contra personas defensoras y periodistas en el contexto de COVID-19 en El Salvador, 2020″ ha sido elaborado por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) a partir de los datos del Centro de Monitoreo de la APES y el Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos de las organizaciones integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El informe analiza un total de 100 casos de agresión a personas defensoras y periodistas recogidos en el periodo de cuarentena domiciliar decretada por el gobierno de El Salvador entre los meses de marzo y agosto del año 2020. El 61.0% de los registros corresponden a casos sobre personas periodistas y un 39.0% representativos de casos de agresión contra mujeres defensoras.
2020, quien diría que viviríamos un momento tan complejo en nuestras vidas, en nuestras luchas y en nuestros territorios. La pandemia sacudió a un mundo enfermo de capitalismo, de racismo y de patriarcado y nos obligó a confinarnos, a responder a nuevas emergencias, a incrementar la incertidumbre, los miedos y también los duelos.
No obstante, las defensoras mesoamericanas ya teníamos una larga experiencia enfrentando todo tipo de violencias políticas, económicas, sociales, raciales y de género, ideando juntas estrategias para combatirlas y construyendo alternativas comunitarias de vida. Desde marzo de 2020, en la IM-Defensoras no hemos dejado de trabajar para que las defensoras podamos enfrentar esta crisis juntas y seguras, desplegando todos los recursos, estrategias, saberes y experiencia de Protección Integral Feminista que venimos construyendo desde hace diez años.
Esta investigación nos ha mostrado que tenemos una diversidad de contextos e identidades, que los gobiernos no han considerado esencial nuestro trabajo y que, por este motivo, muchas de nosotras hemos tenido que suspender actividades o llevarlas a cabo con grandes restricciones y expuestas a situaciones de riesgo. Entre marzo y noviembre de 2020, las alertas de la IM-Defensoras se han incrementado más del doble (123%) respecto del año anterior y 10 compañeras han sido asesinadas.
Nuestras condiciones de vida y de salud han empeorado: muchas no tenemos recursos suficientes para garantizar nuestras necesidades básicas (58%), incluyendo medicamentos (54%); ni tampoco tenemos garantizado el acceso a servicios de salud (40%) o a agua potable de forma permanente (34%).
Por estar encerradas en casa, tenemos más trabajo doméstico y de cuidados, el cual la inmensa mayoría hemos tenido que asumir solas (86%). Comunicarnos y hacer trabajo de manera virtual y segura no es una alternativa tan fácil para la mayoría: 34% no tenemos acceso a Wi-fi y sólo podemos conectarnos a través de “datos de teléfono”, 53% no contamos con recursos suficientes para tener saldo en nuestro celular y 13% compartimos teléfono con otras personas.
En materia de salud hemos canalizado apoyos con recursos, medicamentos y seguros médicos y hemos fortalecido alianzas con organizaciones y redes de sanadoras, acompañantes, guías y terapeutas para cuidarnos juntas y reflexionar sobre el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación y los duelos que estamos viviendo.
En materia de seguridad, a través de las redes se ha desarrollado un monitoreo y análisis de riesgo continuo por vías virtuales para las defensoras en situación de riesgo, se han habilitado diferentes acciones y protocolos para que podamos trasladarnos de manera segura entre territorios y hemos reforzado las medidas y nuestra formación en seguridad digital. También hemos intensificado el trabajo de comunicación e incidencia para denunciar los abusos y violencias y contribuir al desarrollo de una comprensión de la crisis construida desde la mirada de los pueblos y las defensoras.
Por todo ello, hoy, 29 de noviembre, en el marco del Día Internacional de las Mujeres de Defensoras, alzamos orgullosas y amorosas nuestras voces y, frente a este sistema de muerte que nos quiere confinadas y silenciadas, reafirmamos una vez más nuestro propósito de seguir poniendo el cuidado de la vida en el centro y haciendo realidad el principio de que Las Redes Salvan.
Porque nosotras no renunciamos a la esperanza, hoy más que nunca la vivencia de la Protección Integral Feminista nos cobija mateniéndonos más juntas y haciéndomos más fuertes para que los cambios profundos que nuestro mundo necesita continúen siendo posibles.
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez ha sido sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.
María Esperanza se moviliza desde abril de 2018 con la oposición nicaragüense para exigir justicia y democracia en el país. Fue detenida el 26 de enero de 2020 y enfrentó un proceso arbitrario por tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 2 de julio a la 1.30 de la tarde fue leída su sentencia dentro del centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”, el acto fue filmado con la presencia de custodias, mujeres policías y reeducadoras, así como otros funcionarios.
Desde su detención y posterior encarcelamiento, Sánchez enfrenta amenazas e insultos por parte del personal del penitenciario de mujeres. Se le ha denegado el acceso a medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19.
Junto a la negligencia médica, desde finales del mes de mayo las custodias dentro de “La Esperanza” han incentivado la hostilidad de reas comunes en contra de las mujeres presas políticas. Como resultado, María Esperanza también es víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad, agresiones que son desatendidas por las autoridades del penitenciario.
Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Denfensoras exigimos llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar nota y activar mecanismos que garanticen la seguridad y libertad de María Esperanza Sánchez y las otras 3 presas políticas que permanecen dentro de las prisiones del gobierno de Daniel Ortega.
Este juicio sintetiza la criminalización del gobierno de Nicaragua contra quienes ejercen su derechos políticos. Por eso, demandamos a las autoridades nicaragüenses que liberen a María Esperanza y a todas las otras presas políticas.
