Fotografía: Jorge Mejía Peralta
- Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación, amenazas, entre otras agresiones, desde el año 2018.
- Esta medida llama al Estado de Nicaragua a proteger sus vidas y las de sus familias, bajo estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
CEJIL, IM-Defensoras, 31 de diciembre 2019. El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.
En la resolución, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Sofía Montenegro, Violeta Delgado, María Teresa Blandón, Mirna Blandón, Luz Marina Torres, Martha Cecilia Meneses, Sandra Arceda, Yamilet Mejía, Ana Patricia Martínez, Marlene Ponce, Carla Padilla, Jennifer Altamirano, Ruth Díaz, Xiomara Ibarra, Marlen Chow, Tamara Dávila, y María Virginia Meneses y sus familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.
Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación y hostigamiento, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y amenazas desde abril 2018 y antes. Ellas se desempeñan como periodistas, activistas, sociólogas e integrantes del movimiento feminista, uno de los grupos más visibles y contestatarios contra las arbitrariedades y atropellos de derechos que ha perpetrado el partido gobernante en Nicaragua.
Protección de sus vidas y de sus familias
En Septiembre 2018 la CIDH otorgó Medidas Cautelares a 17 defensoras en riesgo. Al ampliar las medidas cautelares, evidencia que la defensa de los derechos sigue constituyendo un riesgo para las defensoras, por lo que la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que garantice los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias y de sus familias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.
El documento emitido por la Comisión, llama también al Estado de Nicaragua a que “concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.”
Constancia contundente de un clima de violencia
Como organizaciones que acompañamos a defensoras de derechos humanos y sus familiares en el marco de la crisis de derechos humanos de Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que la ampliación de las medidas cautelares reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en este país, en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos e integrantes del movimiento feminista, así como la responsabilidad vigente del Estado de Nicaragua de cumplir con todas sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Desde abril 2018, Nicaragua ha protagonizado una oleada de protestas y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno de Daniel Ortega que se mantienen hasta el día de hoy. Sólo en 2019, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras registró 423 agresiones a 160 defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Dichas agresiones incluyen detención ilegal, violencia sexual, secuestro, allanamientos a hogares y campañas de desprestigio, entre otras. Durante ese año, se contabilizaron agresiones contra 18 organizaciones afectadas con hostigamiento, vigilancia entre otras formas de violencia.
