[Alerta Urgente] NICARAGUA / Sentencian a 10 años de prisión y multan a activista política Maria Esperanza Sánchez

La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez ha sido sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.

María Esperanza se moviliza desde abril de 2018 con  la oposición nicaragüense para exigir justicia y democracia en el país. Fue detenida el 26 de enero de 2020 y enfrentó un proceso arbitrario por tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 2 de julio a la 1.30 de la tarde fue leída su sentencia dentro del centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”, el acto fue filmado con la presencia de custodias, mujeres policías y reeducadoras, así como otros funcionarios.

Desde su detención y posterior encarcelamiento, Sánchez enfrenta amenazas e insultos por parte del personal del penitenciario de mujeres. Se le ha denegado el acceso a  medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a  vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19.

Junto a la negligencia médica, desde finales del mes de mayo las custodias dentro de “La Esperanza” han incentivado la hostilidad de reas comunes en contra de las mujeres presas políticas. Como resultado, María Esperanza también es víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad, agresiones que son desatendidas por las autoridades del penitenciario.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Denfensoras exigimos llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar nota y activar mecanismos que garanticen la seguridad y libertad de María Esperanza Sánchez y las otras 3 presas políticas que permanecen dentro de las prisiones del gobierno de Daniel Ortega.

Este juicio sintetiza la criminalización del gobierno de Nicaragua contra quienes ejercen su derechos políticos. Por eso, demandamos a las autoridades nicaragüenses que liberen a María Esperanza y a todas las otras presas políticas.

Maria Esperanza Sánchez
Maria Esperanza Sánchez

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Campaña de desprestigio contra la activista política y excarcelada Nelly Roque

Nelly Roque

Actividad
Activista y ex-carcelada política

HECHOS – Nelly Roque, activista y ex carcelada política nicaragüense es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques digitales por parte de personas desconocidas. Nelly ha sufrido persecución y amenazas desde su excarcelación el 15 de marzo de 2019.

Desde inicios de año la defensora ha reportado diferentes hechos de hostigamiento y amenaza a ella y su familia por parte de agentes policiales y paraestatales. El 26 de mayo de 2020, personas no identificadas hackearon las redes sociales (Facebook e Instagram) de Nelly y bloquearon su contenido. Además, los días 10, 11, 18 y 25 de junio ocurrió un repunte de ataques, entre ellos mensajes de amenaza, publicación de información personal de la activista y uso de lenguaje degradante. Los ataques buscan desacreditar la labor de Nelly en su demanda por democracia y justicia en Nicaragua.

El caso de Nelly no es aislado: En el marco de la crisis sociopolítica del país, otras excarceladas políticas viven también persecución y amenazas entre otras formas de agresión.

Señalamos con urgencia la vulneración a la seguridad física y privacidad de la activista, reconocemos además el impacto emocional y psicológico que pueden dejar estos ataques. Nuestra evidencia revela que estos incidentes generan consecuencias en el bienestar de las mujeres, en su labor de defensoría y activismo.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras denunciamos los ataques y la persecución que vive Nelly Roque, así como otras mujeres activistas y defensoras nicaragüenses en redes sociales. Denunciamos la impunidad que beneficia a los perpetradores en un momento de crisis institucional en el país.

Alertamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a tomar nota de estas agresiones que forman parte de los patrones de represión en contra defensoras de derechos humanos en el país.

Alerta Nicaragua Nelly Roque
Alerta Nicaragua Nelly Roque

[Alerta Urgente] NICARAGUA / Mujeres activistas de la Costa Caribe denuncian acoso policial

Las defensoras de la Costa Caribe de Nicaragua Nora Newball, Dolene Miller, Jennifer Brown y Kalua Salazar han denunciado hoy 22 de junio, hostigamiento policial y asedio en sus viviendas por parte de la policía nacional. Las activistas y periodistas denuncian que se han colocado más de 20 policías con patrullas en frente de sus casas.

Ellas indican que el hostigamiento se ha incrementado después que denunciaran las muertes por Covid-19, y demandar  acciones de prevención en el territorio. Ellas también han pedido al gobierno que deje entrar a los marinos  nicaragüenses varados en barcos cruceros y a otras personas de la Costa Caribe que se encuentran en las islas del Gran Caimán.

El asedio ocurre después del fallecimiento por Covid-19 del periodista Sergio León, director de radio La Costeñísima, defensor de la libertad de prensa y víctima de asedio por parte del gobierno, hasta el final de sus días.

Llamamos urgentemente a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante frente al acoso vivido por estas activistas de la Costa Caribe de Nicaragua, una zona en la que los derechos humanos no solamente son violentados históricamente por parte de las autoridades, sino que además vive en permanente violencia y extracción de recursos, producida por grupos de poder, militares y paramilitares del país.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que cesen el asedio y el acoso contra activistas, defensoras y activistas de la Costa Caribe.

Alerta Nicaragua 220620
Alerta Nicaragua 220620

[Alerta Urgente] NICARAGUA / Policía asedia las casas de mujeres integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales

Las activistas Neyma Hernández, Ivannia Álvarez y Alexa Zamora, integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua han denunciado hoy 20 de junio asedio constante contra ellas y sus familias, además de vigilancia en sus casas y en casas de familiares por parte de la policía nacional.

Neyma Hernández, ex-carcelada política, denunció que 8 policías llegaron a la casa de su abuelita, quien está recuperándose de Covid-19 y viviendo un duelo familiar. Ivannia Álvarez, también ex-carcelada política, declaró que la policía llegó a cerrar por dos horas el paso de la calle donde vive. Antes de irse mencionaron que volverían hasta encontrarla.

Por otro lado, Alexa Zamora, expresó que en su caso esta situación se ha vuelto recurrente: “Se utiliza la unidad 793, con un aproximado de 6 a 8 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) armados, quienes se apuestan de 2 a 3 veces por semana frente a mi casa, tomando fotos a mi casa y a mi hija menor de edad”, relata.

A estas denuncias se suman las agresiones digitales sistemáticas por redes sociales, que han sufrido estas y otras activistas y ex-carceladas políticas desde hace varios meses.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que vigilemos y denunciemos las agresiones que viven las ex-carceladas políticas de Nicaragua. Muchas de ellas viven con sus libertades coercionadas y bajo una “muerte civil”, ya que no se les permite salir, trabajar, estudiar y tener una vida con sus derechos fundamentales asegurados.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que las liberen del acoso y asedio al que las han sometido por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de organización y de protesta.

Alerta Urgente Nicaragua junio 20202
Alerta Urgente Nicaragua junio 20202

#AlertaUrgente NICARAGUA / Acuerdo entre patronal, sindicatos oficiales y gobierno por COVID-19 vulnera derechos laborales y agrava precariedad económica de trabajadoras de maquilas.

El pasado 24 de marzo, con el pretexto de enfrentar la crisis generada a escala global por la pandemia COVID-19, el gobierno de Nicaragua, las organizaciones patronales y los sindicatos oficiales que operan en las llamadas Zonas Francas donde se ubican las empresas maquiladoras, firmaron un acuerdo que supone una flagrante vulneración de los derechos laborales de las personas que trabajan en las maquilas, en su mayoría mujeres, y un agravamiento de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica en la que ya de por sí se encuentran estas trabajadoras y sus familias. 

En líneas generales, dicho acuerdo facilita a las empresas la ejecución de despidos y la aplicación de reducciones de sueldo y horario. Se hace evidente que en el marco de la crisis sanitaria, la agudización de las condiciones de precariedad que enfrentan estas trabajadoras implica exponerlas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en materia económica como de salud.

En este sentido, en nuestro pronunciamiento “COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana” ya alertamos sobre la necesidad de que, ante la crisis vigente, los Estados deben implementar “políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas”.

A la preocupación por los contenidos y consecuencias de este acuerdo, se suma la indefensión en la que se encuentran las trabajadoras nicaragüenses de cara a oponerse al mismo, negociar y exigir se respeten sus derechos laborales. Ello como consecuencia de la clausura de los espacios de representación no alineados con el gobierno, así como de la persecución política y ataques sistemáticos que enfrentan quienes se organizan para defender derechos humanos o posturas diferentes a las oficiales. 

Por todo ello, desde la IM-Defensoras exigimos a las empresas y al Estado que se respeten los derechos laborales y sociales de todas las trabajadoras de las maquilas y que se prioricen éstos sobre los intereses de las empresas. 

También exigimos al Estado que garantice tanto a las propias trabajadoras como a las personas y organizaciones que las defienden el derecho a defender derechos.

Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para se mantenga vigilante de lo que sucede en Nicaragua, donde nos preocupa que la crisis generada por el COVID-19 puede convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno para profundizar la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.