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[Alerta Urgente] NICARAGUA / Sentencian a 10 años de prisión y multan a activista política Maria Esperanza Sánchez

La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez ha sido sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud que la ponen en riesgo de tener complicaciones en caso de un posible contagio de Covid-19.

María Esperanza se moviliza desde abril de 2018 con la oposición nicaragüense para exigir justicia y democracia en el país. Fue detenida el 26 de enero de 2020 y enfrentó un proceso arbitrario por tráfico de estupefacientes y fue declarada culpable en mayo. El 2 de julio a la 1.30 de la tarde fue leída su sentencia dentro del centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”, el acto fue filmado con la presencia de custodias, mujeres policías y reeducadoras, así como otros funcionarios.

Desde su detención y posterior encarcelamiento, Sánchez enfrenta amenazas e insultos por parte del personal del penitenciario de mujeres. Se le ha denegado el acceso a medicinas para sus enfermedades crónicas, así como el acceso a vitaminas, mascarillas y otros artículos de protección ante la pandemia de la Covid-19.

Junto a la negligencia médica, desde finales del mes de mayo las custodias dentro de “La Esperanza” han incentivado la hostilidad de reas comunes en contra de las mujeres presas políticas. Como resultado, María Esperanza también es víctima de hostigamiento y amenazas de algunas privadas de libertad, agresiones que son desatendidas por las autoridades del penitenciario.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Denfensoras exigimos llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar nota y activar mecanismos que garanticen la seguridad y libertad de María Esperanza Sánchez y las otras 3 presas políticas que permanecen dentro de las prisiones del gobierno de Daniel Ortega.

Este juicio sintetiza la criminalización del gobierno de Nicaragua contra quienes ejercen su derechos políticos. Por eso, demandamos a las autoridades nicaragüenses que liberen a María Esperanza y a todas las otras presas políticas.

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Campaña de desprestigio contra la activista política y excarcelada Nelly Roque

Nelly Roque

Actividad
Activista y ex-carcelada política

HECHOS – Nelly Roque, activista y ex carcelada política nicaragüense es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques digitales por parte de personas desconocidas. Nelly ha sufrido persecución y amenazas desde su excarcelación el 15 de marzo de 2019.

Desde inicios de año la defensora ha reportado diferentes hechos de hostigamiento y amenaza a ella y su familia por parte de agentes policiales y paraestatales. El 26 de mayo de 2020, personas no identificadas hackearon las redes sociales (Facebook e Instagram) de Nelly y bloquearon su contenido. Además, los días 10, 11, 18 y 25 de junio ocurrió un repunte de ataques, entre ellos mensajes de amenaza, publicación de información personal de la activista y uso de lenguaje degradante. Los ataques buscan desacreditar la labor de Nelly en su demanda por democracia y justicia en Nicaragua.

El caso de Nelly no es aislado: En el marco de la crisis sociopolítica del país, otras excarceladas políticas viven también persecución y amenazas entre otras formas de agresión.

Señalamos con urgencia la vulneración a la seguridad física y privacidad de la activista, reconocemos además el impacto emocional y psicológico que pueden dejar estos ataques. Nuestra evidencia revela que estos incidentes generan consecuencias en el bienestar de las mujeres, en su labor de defensoría y activismo.

Desde la IM-Defensoras y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras denunciamos los ataques y la persecución que vive Nelly Roque, así como otras mujeres activistas y defensoras nicaragüenses en redes sociales. Denunciamos la impunidad que beneficia a los perpetradores en un momento de crisis institucional en el país.

Alertamos a las organizaciones internacionales de derechos humanos a tomar nota de estas agresiones que forman parte de los patrones de represión en contra defensoras de derechos humanos en el país.

#AlertaUrgente NICARAGUA / Policía asedia y amenaza a las activistas Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez

Las activistas nicaragüenses Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez han denunciado el asedio permanente y las amenazas de que están siendo objeto por parte de agentes de policía desde hace varios días.

En fechas recientes ya hemos denunciado las agresiones y situaciones de hostigamiento que viven Dolly Mora y Flor Ramírez, las cuales persisten hasta el día de hoy.

Dolly Mora es una reconocida lideresa estudiantil, muy activa en las protestas contra el gobierno iniciadas en abril de 2018, e integrante de la Alianza Cívica. El viernes 13 de marzo, las autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) decretaron su expulsión de la universidad por las presiones de la Unidad Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y desde entonces no ha dejado de recibir amenazas y vivir hostigamiento y vigilancia en su casa.

Doña Flor se ha convertido en un símbolo de las protestas contra el gobierno por bailar en las marchas ataviada con un traje típico de Nicaragua, y desde el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto reiterado de ataques, amenazas y hostigamiento. Desde hace dos semanas la policía la mantiene bajo asedio en su casa y no la dejan salir bajo amenaza de detenerla.

Guisella Ortega es una activista autoconvocada que desde el el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto de dos detenciones arbitrarias, el 29 de septiembre del 2018 y 19 de agosto 2019, por ejercer su legítimo derecho a la protesta. El hostigamiento policial que sufre desde hace más de ocho meses se ha intensificado durante las dos últimas semanas, hasta el extremo que no puede salir de su casa ni para realizar las compras de viveres y otras necesidades.

Estos actos de hostigamiento, asedio y amenazas son completamente ilegales y suponen una violación de derechos fundamentales de las activistas y sus familias.

Desde la IM-Defensoras exigimos al Gobierno de Nicaragua el cese inmediato de la persecución, hostigamiento, asedio y amenazas que está llevando a cabo contra Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez, haciéndolo responsable de cualquier atentado contra la integridad física, psicológica y moral de las activistas y sus familias.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en Nicaragua, donde la crisis política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue vigente y la persecución contra personas activistas y defensoras de derechos humanos es una constante.

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Niegan acceso a medicamentos y atención médica a activista y presa política Esperanza Sánchez

María Esperanza Sánchez García

Organización
Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa

Actividad
Derechos sociales y políticos

Agresiones
Criminalización, privación de libertad, negación de acceso a medicamentos y atención médica

HECHOS – El martes 24 de marzo, la activista y presa política María Esperanza Sánchez sufrió un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia Covid-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Por presión de las otras reclusas, la activista fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis.

Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan.

La activista padece hipertensión arterial y asma cardíaca, así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.

Ella había participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas.

Desde la IM-Defensoras denunciamos la negación al derecho a la salud, exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional.

Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga alerta sobre lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.

#AlertaUrgente NICARAGUA / Policías y paramilitares afines al gobierno asedian y atacan las casas de mujeres activistas y ex-presas políticas

Las defensoras Katherine Hernández, Kosovo Estrada, Tania Muñoz y Violeta Granera, sufrieron ataques y hostigamiento en sus casas por parte de policías y paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega. El asedio se dio durante la noche del 5 de marzo y la madrugada del 6 de marzo en distintas partes del país.

Estas agresiones ocurren el día en que se aprobaron sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos contra tres funcionarios de la Policía Nacional y contra la institución policial entera. También se dan dos días antes del 8 de marzo, fecha en la que el movimiento de mujeres debería salir a marchar a las calles y realizar distintas actividades públicas. Con el cierre de los espacios cívicos y la escalada de violencia por parte del gobierno, las mujeres nicaragüenses tienen más de 10 años de no poder manifestarse libremente o defender derechos humanos sin sufrir asedio, amenazas, acoso e intimidación por parte del Estado.

Exigimos una vez más al gobierno de Nicaragua detener el acoso y la violencia contra las defensoras de derechos humanos y sus familias. Pedimos a la comunidad internacional mantener su atención sobre Nicaragua, en especial las mujeres nicaragüenses organizadas y el movimiento feminista, que no podrá ejercer su derecho a la libre expresión este 8 de marzo.

Nicaragua alerta urgente