Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos nos movilizamos en plazas y otros espacios públicos de todo el planeta para reivindicar nuestra determinación de transformar este mundo en crisis que impone sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios la violencia, la explotación y la violación de nuestros derechos.
La determinación colectiva de las mujeres por construir un mundo justo ha sido una amenaza histórica para quienes nos quieren sumisas, calladas y en nuestras casas. Por ello, las marchas del 8 de marzo y de otras fechas emblemáticas protagonizadas por mujeres y feministas generan tanto miedo y rabia en quienes vigilan el orden patriarcal, siendo la violencia su principal respuesta.
Durante los últimos años, desde la IM-Defensoras y las redes y articulaciones nacionales de defensoras que la integramos, hemos constatado una creciente violencia y represión cada vez que nos manifestamos. Una constante en los datos de nuestro registro de agresiones en todos los países de la región es que la Policía y otros actores estatales son los principales agresores de las defensoras de derechos humanos. Acallar voces, reprimir nuestras manifestaciones y limitar nuestra presencia en los espacios públicos es una tendencia en toda la región, tal y como constatamos en nuestro informe de 2021, ¿Marzo, el mes más peligroso para las defensoras?.
En El Salvador, este 8 de marzo llega a escasos días de que el caso de Beatriz, una joven salvadoreña a quien no se le permitió interrumpir su embarazo pese a que éste ponía en grave riesgo su vida y que el feto presentaba una malformación congénita que hacía inviable su vida extrauterina, llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con las redes sociales repletas de expresiones misóginas por parte de grupos anti-derechos y entornos afines al Gobierno.
En Honduras, el 8 de marzo llega cuando todavía resuena la exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres o por la impunidad en la que también permanece el asesinato de Keyla Martínez, asesinada por la policía en 2020; y con muchas compañeras garífunas, lencas o tolupanes, que junto con sus comunidades enfrentan múltiples violencias vinculadas con el racismo y el despojo extractivista.
En México, el 8 de marzo llega miles de madres buscando a sus hijas desaparecidas, exigiendo justicia y exponiendo sus propias vidas en un país en el que, tan sólo en 2022, fueron asesinadas 5 madres buscadoras y en la que una defensora indígena y feminista como Kenia Hernández permanece presa en un penal de alta seguridad por ejercer su derecho a la protesta.
Este 8 de marzo llega también a una Nicaragua en la que hace años que nuestras compañeras no pueden salir a las calles a manifestarse; donde muchas de ellas se han visto obligadas a exiliarse o han sido desterradas; y en la que al menos 202 organizaciones feministas y con trabajo por los derechos humanos de las mujeres fueron ilegalmente canceladas por el gobierno durante 2022.
Es por todo ello que este 8 de marzo, como todos los días del año, las mujeres exigimos vivir sin violencia y poder expresarnos, reunirnos y manifestarnos sin miedo, tanto en las calles como en el entorno digital.
Exigimos a los Estados de nuestros países reconocer y responsabilizarse de la crítica situación de violencia y desigualdad que enfrentamos las mujeres y evitar cualquier acto de difamación u otra forma de violencia en contra nuestra.
Exhortamos a todos los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que se mantengan vigilantes y reaccionen de ser necesario
Desde la IM-Defensoras y organizaciones aliadas a nivel internacional este 8 de marzo denunciaremos cualquier acto que las autoridades u otros actores realicen con la finalidad de acallar nuestras voces y poner en riesgo nuestra vida e integridad. Pero, sobre todo, seguiremos cuidándonos juntas, defendiendo la vida y construyendo el mundo de dignidad y derechos que todas merecemos.
