Tras casi 10 años de lucha, el asesinato de nuestra hermana y compañera defensora Berta Cáceres y sus circunstancias fueron esclarecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras).
La investigación que ha hecho esto posible se desarrolló bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha permitido determinar la verdad de los hechos, reconstruir la planificación y ejecución del crimen, e identificar responsabilidades empresariales, financieras y estatales en el asesinato de quien fuera la Coordinadora del Consejo Popular e Indígena de Honduras (COPINH).
El informe, que se presentó el pasado 12 de enero, ha confirmado lo denunciado por el COPINH, su familia, compañeras y organizaciones hermanas, ha permitido identificar entre los responsables del asesinato de Berta a muchas personas más de las que ya habían sido condenadas por estos hechos. Determinó que sicarios, militares, directivos, personal de las empresas y miembros de la familia Atala Zablah integraron una estructura criminal que no solo llevó a cabo el operativo que terminó con la vida de nuestra compañera, sino que previa y posteriormente desarrolló acciones de violencia y represión en contra de la comunidad de Rio Blanco y el COPINH, obstaculizando el acceso a la justicia, todo ello con el fin de resguardar los intereses económicos de la familia Atala Zablah y especialmente los relacionados con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El trabajo investigativo realizado por el GIEI permitió documentar que fondos provenientes de bancos internacionales de desarrollo (FMO y el BCIE) habían sido desviados sistemáticamente para financiar vigilancia ilegal, estructuras armadas, operaciones de intimidación, campañas de desprestigio, procesos de criminalización y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres.
La investigación evidenció que este patrón de criminalidad empresarial y financiera había sido facilitado por un entramado de empresas vinculadas a la familia Atala Zablah, identificándose concretamente a Jacobo y Daniel Atala como sujetos con control operativo y responsabilidad en las decisiones empresariales vinculadas al proyecto Agua Zarca, que terminaron en el asesinato de nuestra compañera.
El GIEI aborda la participación directa de funcionarios públicos en distintos hechos delictivos señalados en el informe: destaca la participación de miembros del Ejército en el asesinato y el rol de otros funcionarios públicos garantizando impunidad y resaltando la complicidad activa o pasiva de instituciones públicas encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia. El documento pone incluso de manifiesto que diversos funcionarios públicos tuvieron conocimiento del plan para asesinar a Berta meses antes de que este ocurriera, y no se hizo nada para proteger su vida.
A casi diez años del crimen contra Berta, persisten las causas estructurales que lo hicieron posible. Es por ello que el GIEI identifica que cumplir con las obligaciones de verdad, justicia y no repetición requiere cambios igualmente estructurales en Honduras y propone para ello una hoja de ruta concreta y específica para que el estado de Honduras repare a las víctimas del asesinato de nuestra compañera y de la violencia contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco.
El asesinato de Berta es además un caso que ejemplifica los patrones de violencia que se ejercen en contra de las mujeres que defienden derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. Tras su asesinato y hasta diciembre de 2024 nos arrebataron a 22 defensoras mesoamericanas que luchaban defendiendo la vida en territorios codiciados por el extractivismo, 9 de ellas eran hondureñas. Es por ello, que para nosotras, como para muchas otras compañeras, el informe del GIEI constituye un hito fundamental para la verdad y la justicia no solo para Berta, sino también para el COPINH, su familia, sus compañeras y organizaciones hermanas.
Las violencias que analiza este informe son un ejemplo claro del hostigamiento y represión que se ejerce en contra de las comunidades y organizaciones que resisten frente a las presiones del capital y del riesgo de muerte que enfrentan quienes hacen oposición. De igual manera, el análisis que ofrece el GIEI constituye un referente que refleja la realidad que vivimos las defensoras en toda Abya Yala y relaciona los hechos investigados con la violencia racista, patriarcal e institucional con la que el sector corporativo, la oligarquía y el Estado han actuado y actúan para deshacerse de quienes legítimamente habitan los territorios y que resultan incómodos para sus intereses.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos que a diez años de lucha y exigencia de justicia se encarcelen a los responsables del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, reparación integral para la comunidad Río Blanco y las comunidades indígenas lencas violentadas por el proyecto de muerte Agua Zarca.
La lucha sigue, hasta que los Atala Zablah sean castigados por la ejecución y planificación de este crimen, hasta que los proyectos extractivos, financiados por los bancos de desarrollo, sean expulsados de nuestros territorios.
Nos sumamos a la consigna de nuestras compañeras del COPINH:
¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDHH)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)