Recientemente, la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado que el gobierno de Túnez ha suspendido temporalmente la actividad de al menos 14 organizaciones y que alrededor de 600 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que trabajan por los derechos humanos en el país se encuentran bajo amenaza de suspensión.

Estas suspensiones se producen en el marco de la consolidación de una deriva autoritaria en el gobierno del país, después de que el presidente, Kais Said, en 2021 disolviera el Parlamento y estableciera un sistema presidencialista que acababa con el sistema parlamentario establecido en 2011, después de la “Primavera árabe” que acabó con la dictadura de Ben Alí. Más tarde, previo a su reelección en 2024 se atribuyó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución afianzando aún más su poder.

Desde entonces la represión contra personas defensoras de derechos humanos en particular mujeres defensoras y personas defensoras de las disidencias sexo-genéricas en el país no ha dejado de recrudecerse. Esta persecución se  produce también poco después de que 25 organizaciones tunecinas emitieran un comunicado condenando la represión estatal contra una protesta de denuncia de la grave crisis ambiental y sanitaria provocada por una planta química en la ciudad de Gabés.

Entre las organizaciones temporalmente suspendidas se encuentran la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), una destacada organización feminista que brinda apoyo urgente a las mujeres; el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), una organización reconocida que apoya y defiende los derechos de las personas migrantes; y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una destacada red mundial dedicada a la prevención y eliminación de la tortura. En Túnez, la OMCT ha desempeñado un papel especialmente significativo, trabajando estrechamente con activistas de las disidencias sexo-genéricas y documentando abusos contra personas LGBTQI+.

El gobierno de Túnez pretende justificar la persecución contra las organizaciones recurriendo a la narrativa de que están financiadas por intereses occidentales injerencistas.

Junto con las suspensiones y en el contexto de la represión contra las protestas en Gabès, se inició una campaña mediática coordinada que acusa públicamente a las organizaciones de traición, de recibir financiación extranjera y de implementar “agendas occidentales”. Ello, mientras este mismo gobierno se alinea con los intereses geopolíticos e imperialistas de Israel y Estados Unidos para legitimar el mal llamado plan de paz que consuma el genocidio del pueblo palestino y el despojo capitalista del territorio gazatí.

La hipócrita instrumentalización de la digna y necesaria retórica anti-imperialista para justificar la persecución contra las voces disidentes y las personas defensoras de derechos humanos es un hecho que conocemos de primera mano en la región, donde al igual que en Túnez, líderes autoritarios, como es el caso de Daniel Ortega, con una mano apelan a esta narrativa para reprimir a su población mientras que tienden la otra a los mismos intereses imperialistas y capitalistas que dicen combatir, con el único fin de afianzar su poder y su avaricia.

Desde la IM-Defensoras condenamos la persecución del gobierno tunecino contra las organizaciones de derechos humanos que operan en el país y exigimos que se les permita reemprender su fundamental trabajo, exigimos también se garantice el derecho a la reunión pacífica, especialmente en el contexto de las protestas por la crisis ambiental y de salud en Gabès.

Nos solidarizamos con todas las organizaciones afectadas y, de una manera muy especial, con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organización aliada y con la que trabajamos unidas en diversos frentes, cuyo trabajo en todo el planeta denunciando y acompañando casos de abusos de violaciones a derechos humanos es ampliamente reconocido.