El 8 de agosto, la defensora y abogada Martha Lía Grajales fue detenida arbitrariamente después de ser interrogada en un retén de la División de Investigaciones Criminales adscrita a la Policía Nacional Bolivariana en la avenida Francisco de Miranda, Caracas. Ahí, un grupo de presuntos policías no identificados la introdujeron a la fuerza en una camioneta gris sin placas y se la llevaron.  El martes 14, tras varios días de no conocerse su estado ni paradero, gracias a la solidaridad y la  presión ejercida por organizaciones de izquierda y de derechos humanos venezolanas e  internacionales, Martha fue liberada con medidas sustitutivas, quedando criminalizada por supuestos delitos de “incitación al odio” y “conspiración con un gobierno extranjero”.

Los hechos se dieron después que Martha Lía participara junto con otras personas activistas en un acto de solidaridad frente a las Naciones Unidas, junto con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes exigen la revisión de los expedientes de sus hijos e hijas injustamente acusadas de terrorismo luego de los eventos electorales de julio de 2024 en Venezuela. Unos días antes, el 5 de agosto, Martha había participado en otra vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, organizada por el mismo comité, durante la cual las participantes sufrieron agresiones por parte de civiles armados en motocicletas, quienes las despojaron de sus teléfonos y documentos de identidad y destruyeron las carpas en las que dormían.

Según el colectivo Surgentes, del que Martha Lía es fundadora, ella “intentó interponer la denuncia del ataque ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero ambos entes se negaron a recibirla.”

Desde la IM-Defensoras, nos sumamos a la exigencia de múltiples colectivos y movimientos sociales para el cese inmediato de su criminalización.