Durante este mes de agosto, la defensora Sandra Miranda Ortega, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco ha sido objeto de diversos actos de señalamientos y difamación por parte de autoridades públicas del municipio de Jiménez del Teul y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas. Estos actos buscan criminalizar a la defensora y dañar su imagen y credibilidad ante la comunidad, con el objetivo de favorecer los intereses de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la imposición del proyecto hidroeléctrico de la presa Milpillas, frente al cual Sandra y las comunidades ejidatarias de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales llevan más de diez años oponiéndose.
El pasado 18 de agosto, Sandra tuvo que comparecer ante el juez comunitario de Jiménez del Teul, Zacatecas, para mantener un careo la C. Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas de dicho municipio, quien ha vertido informaciones difamatorias vinculado a la defensora con un acto de compra-venta de terrenos llevado a cabo por terceros, acción que se efectuó sin la participación y consentimiento de Sandra Miranda y, según testimonios, se llevo a cabo bajo presiones e intimidaciones hacia la población, entre éstas que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta. Durante el careo, la funcionaria también acusó falsamente a la defensora de estar impidiendo que personal de CONAGUA acceda a la comunidad. A este respecto, cabe señalar que desde el pasado 23 de julio la CONAGUA tiene formal constancia del documento del Comisariado Ejidal por el cual se prohíbe a esta instancia entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. No obstante, la CONAGUA ha contravenido dicho documento Ejidal y trabajadoras de dicha institución han entrado en el ejido en vehículos particulares, violentando la decisión de las personas ejidatarias.
A esto se suma que el 14 de agosto, en un evento ante la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, el presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, había usado el mismo discurso sobre la compra-venta realizada por terceros para difamar y dañar la imagen y la credibilidad de la defensora ante la comunidad. Preocupa la difusión del documento de compra-venta y de fotografías de las personas de la comunidad implicadas en la transacción, ilegítimamente filtradas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, la Dra. Susana Rodríguez Márquez (SAMA). Lo anterior no sólo evidencia el uso doloso de información personal y familiar como herramienta de agresión contra Sandra, sino acciones coordinadas de hostigamiento, difamación y descrédito hacia la defensora.
Estas no son las primeras agresiones que enfrenta Sandra Miranda en el marco de su lucha contra la presa Milpillas. Según tenemos documentado, en 2019 la defensora vivió diferentes incidentes de seguridad. El 12 de enero de ese año, su domicilio fue objeto de vigilancia por parte de policías estatales cuando junto a otras personas integrantes de la Red de Afectados por la Minería (REMA) viajó a la Ciudad de México para hablar con el presidente López Obrador. Cuatro meses más tarde, el 26 de abril de 2019, se publicó una nota periodística donde se la acusaba de liderar la retención del Subsecretario de Gobierno, Érick Muñoz Román, por parte de un grupo de mujeres ejidatarias de Atotonilco, ejido del cual en aquel momento ella era delegada.
Las últimas difamaciones y señalamientos de que ha sido objeto Sandra están orientadas a desacreditar su labor como defensora ante su propia comunidad, buscando también atacar el tejido social y dividiendo a la comunidad para debilitar la lucha que ésta mantiene desde hace más de diez años en defensa de su territorio y contra la imposición de la presa Milpillas, cuyos supuestos “permisos” se han conseguido mediante coacción, intimidación y sistemáticas violaciones a derechos humanos.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras reconocemos la labor de la defensora Sandra Miranda, del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y de las comunidades ejidatarias de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales y demandamos el cese inmediato de cualquier acción orientada a deslegitimar, debilitar y criminalizar su digna y legítima lucha.
A las autoridades responsables de todos los niveles de gobierno les demandamos garantizar la seguridad e integridad física y moral de Sandra Miranda Ortega y del resto de integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Finalmente llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse al pendiente de la situación y solidarizarse con la defensora, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y las comunidades de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales.