Este mes de agosto, tras publicar en el medio Artículo 7 varias notas periodísticas en las que se revelan presuntos vínculos entre un empresario extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico y el gobierno del Estado de Tamaulipas, la periodista Shalma Castillo ha sido objeto de amenazas de muertes, diversos actos de violencia y hostigamiento digital y una campaña de desprestigio orientada a minar su credibilidad y cuestionar su labor periodística. 

Según información de CIMAC y Artículo 19, el 13 de agosto Shalma publicó la investigación titulada “Proveedor de obras de gobierno de Tamaulipas, entre los extraditados a EU por narcotráfico”, en la cual reveló que la Secretaría de Obras Públicas asignó contratos a una empresa vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”, uno de las 26 personas extraditadas a Estados Unidos por narcotráfico en 2025. En los días siguientes amplió la investigación con dos notas adicionales en las que también se señalaba al secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya. 

Tras la publicación de las notas, la periodista recibió diversas amenazas de muerte a través de redes sociales, incluyendo mensajes como “sus horas están contadas”; fue víctima de doxxing –exposición de datos personales– al difundirse ilegalmente su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y su domicilio; y sufrió un ataque de hostigamiento digital masivo, con cientos de mensajes y llamadas que inutilizaron su teléfono, hasta el punto de que no pudo comunicarse con los servicios de emergencia para denunciar la situación. Según especialistas de la organización SocialTIC se trató de un ataque de denegación de servicio (DoS) a su línea. De forma paralela, enfrentó una campaña de difamación y criminalización, en la que diversos medios locales trataron de vincularla con el narcotraficante extraditado en el que se centra su investigación.  

Estas agresiones trascendieron el espacio digital y se materializaron en el ámbito físico, cuando la periodista se percató de que las cámaras de seguridad de su domicilio habían dejado de operar de manera repentina, coincidiendo con el hecho de que un grupo de personas ataviadas con chalecos del partido político que gobierna en Tamaulipas se encontraban al exterior de su vivienda, tomando fotografías, interrogando a vecinos y registrando información. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras denunciamos estos hechos y exigimos a las autoridades responsables que garanticen la seguridad de la periodista. 

A la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ante la cual Shalma interpuso una denuncia el 18 de agosto, le demandamos que investigue lo sucedido de manera expedita, a fin de proteger a la periodista y evitar que hechos como estos se repitan. 

Asimismo urgimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante el cual también Shalma ha interpuesto solicitud de incorporación, para que agilice los trámites y le brinde cuanto antes la protección necesaria y adecuada. 

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse al corriente de los hechos, a solidarizarse con la periodista y a unirse a la demanda pública para que se garantice su protección y el ejercicio de su labor.