El miércoles 31 de julio de 2024, desde la 9:00 a.m. agentes de la Policía Nacional ejecutan un desalojo en la comunidad indígena Nueva Esperanza, El Edén, mediante una orden emitida por el Juzgado y la Fiscalía del departamento de Comayagua.

En el lugar residen aproximadamente 5 familias, a quienes se les desalojó destruyendo sus casas y cultivos utilizando maquinaria pesada, a solicitud de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

En 2022, al menos 20 familias, ocuparon esta propiedad ante la necesidad de tierra para trabajar y vivir. Anteriormente, el Instituto Nacional Agrario (INA), con promesas de reubicación, les hizo salir de otra propiedad donde la comunidad estuvo asentada de forma pacífica; sin embargo, la comunidad fue engañada y en febrero de 2023 fueron víctimas de otro desalojo.

El 24 de julio de 2024, las comunidades lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mediante una masiva movilización en las instalaciones del INA, lograron firmar un acta de entendimiento para la titulación y saneamiento de 12 comunidades Lencas, entre ellas la comunidad de Nueva Esperanza, Comayagua. Sin embargo, continúa siendo amenazada y hostigada por la Policía Nacional.

Al momento de que las y los miembros de la comunidad indicaron a las autoridades judiciales que existía un documento del acuerdo firmado con el INA para la titulación de sus tierras, estas respondieron que “no valía, ni tenía efecto jurídico” sin la presencia del INA como evidencia de la negociación.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos sumamos a la denuncia del COPINH y el repudio de actos ejecutados por la Policía Nacional contra las comunidades indígenas que luchan por su derecho a la tierra y alimentación.

Exigimos al Estado de Honduras y al Instituto Nacional Agrario la celeridad en el cumplimiento de los acuerdos que reconocen y otorgan títulos de propiedad sobre los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y un alto a la criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra.

Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a estar alerta ante estos actos que suceden en un ambiente de violencia agravada contra las comunidades indígenas y las defensoras de la tierra y el territorio.