En marzo de 2023, Nolvia Albertina Obando Turcios, fue detenida y acusada del delito de usurpación de tierras y se le dictó auto de formal procesamiento sin medidas sustitutivas, por lo que fue llevada al Centro Penal del Porvenir en Atlántida, donde permaneció privada de su libertad por cinco meses.
Actualmente su proceso de injusta judicialización lo continúa en libertad y algunas de las medidas que se le aplicaron son: el pago de una fianza de más de dos mil dólares, permanecer en el país sin acercarse a la tierra en litigio y sin entablar comunicación alguna con el terrateniente y su familia.
Durante el proceso judicial injustamente abierto en su contra, Nolvia Obando ha enfrentado diversas vulneraciones a sus derechos, hizo frente a agresiones al momento de su detención; hostigamiento, amenazas, y tanto ella como sus compañeras del grupo campesino de mujeres Las Galileas han sufrido graves humillaciones, algunas de ellas de naturaleza sexual; la difamación y estigmatización que comenzó por las autoriades policiales, continuó con medios de comunicación que afirmaron que la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas es una banda criminal “que perpetra la ejecución de actividades tanto delictivas como terroristas contra la población civil y la infraestructura estratégica del país”. Estos mismos medios presentaron a Nolvia como líder de esta estructura delincuencial.
Igualmente, se han observado graves irregularidades y violaciones al debido proceso por parte de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba al emitir una resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa legal de Nolvia el 15 de junio de 2023 y dar por hecho que Nolvia Obando se apoderó de las tierras, esto pese a que el denunciante ni siquiera había establecido el espacio geográfico que supuestamente fue usurpado.
A dichas violaciones se suma la arbitrariedad del Ministerio Público, que además de no haber realizado las diligencias correspondientes, ha decidido sostener el caso contra Nolvia pese a la falta de pruebas. A raíz de estas irregularidades, la defensa legal de Nolvia interpuso un amparo que tardó un año en ser tramitado. Esta demora injustificada, que ha permitido que aun no se haya emitido una resolución, prolonga la incertidumbre en Nolvia y su entorno, y constituye otra forma de violencia y que este 12 de junio se vaya a desarrollar una audiencia de proposición de prueba y la posterior apertura de juicio oral y público.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras llamamos a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional a dar resolución inmediata a la denuncia interpuesta por la defensa de Nolvia y así evitar que siga sometida a un proceso judicial injusto que ha vulnerado su derechos y garantías procesales, dañando además su integridad personal, emocional y mental.
Las agresiones y persecución sistemática contra Nolvia Obando es injusta y desproporcionada, Nolvia es inocente y siempre lo ha sido. Condenamos la criminalización en su contra y el abuso de poder de las instituciones de justicia.
Llamamos a las organizaciones del movimiento social y de derechos humanos, así como a la comunidad nacional e internacional a mantenerse al pendiente del desarrollo de este proceso judicial injustamente abierto en contra de Nolvia Obando; y sobre todo a acompañarla y solidarizarse con ella y con las demás integrantes del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas.