El pasado 21 de noviembre, el medio La Hora hizo pública una comunicación del juez Víctor Manuel Cruz Rivera, a requerimiento del Ministerio Público de Guatemala y dirigida a la red social X (antes Twitter), en la que se solicita información de varios perfiles usuarios de dicha red: los de medios de comunicación como Ruda GT, Prensa Comunitaria y La Hora; así como los de la periodista Leslie Sánchez, de Guatevisión, y el de la recién fallecida diputada Lucrecia Hernández Mack. Esta solicitud se enmarca bajo la causa penal 01070-2023-00023, la cual identifica el Caso Toma Usac: Botín Político.
Tanto Ruda GT como Prensa Comunitaria son medios independientes que forman parte de la Agencia de Noticias Km 169, un referente nacional y regional de comunicación comunitaria con perspectiva de derechos humanos y feminista que, tal y como denunciamos en alerta publicada el pasado mes de julio, desde inicios de este año 2023 ha venido enfrentando una serie de agresiones recurrentes, que incluyen difamación, criminalización y seguimientos y actos de vigilancia hacia sus integrantes, entre otras.
Su vinculación con el Caso Toma Usac: Botín Político es sumamente preocupante y representa una escalada en el nivel de riesgo que enfrentan ambos medios y sus integrantes. No olvidemos que, en el marco de dicho caso, recientemente el Ministerio Público ha expedido órdenes de detención contra 27 personas, entre estudiantes, docentes, sindicalistas, activistas y políticos de oposición al gobierno de Alejandro Giammattei, vinculadas al proceso de resistencia en la Universidad de San Carlos, de las cuales 6 de ellas ya han sido detenidas; y ha solicitado el retiro del derecho de antejuicio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, respectivamente.
Tampoco hay que olvidar que al frente del Ministerio Público sigue Consuelo Porras, de quien en agosto pasado ya denunciamos su intención de criminalizar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cuestionan su labor a través de las redes sociales. Entonces dicha funcionaria presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y en el que demandaba la adopción de“ medidas preventivas para resguardar la independencia del Ministerio Público” que, según ella, “se ha visto vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”.
Es importante destacar que Consuelo Porras y el Ministerio Público son quienes están encabezando el golpe de estado que se está fraguando a través de la criminalización de integrantes del gobierno electo busca socavar la soberanía popular y sostener el llamado “Pacto de corruptos” que desde hace décadas saquea el país. En este contexto, desde el Ministerio Público también se está criminalizando a quienes denuncian las arbitrariedades, a periodistas y medios de comunicación, así como a quienes participan en las protestas que desde hace semanas llenan las calles del país con demandas de poner fin a la corrupción y respetar lo votado por el pueblo.
Por todo ello, desde la IM-Defensoras exigimos el cese inmediato de cualquier acción del Ministerio Público que esté orientada a criminalizar a Ruda GT, Prensa Comunitaria y a cualquier otro medio de comunicación o personas defensoras de derechos humanos que ejercen su legítimo derecho a informar y a defender los derechos humanos.
También hacemos un llamado a la comunidad internacional a acuerpar a la Agencia de Noticias KM. 169 y a sus integrantes, y a mantenerse al pendiente de la situación en Guatemala.