La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró de forma arbitraria el expediente derivado de la queja presentada en 2021 por la periodista Marcela Turati; la directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo; y la directora regional del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti, por los  actos de intervención telefónica e investigación ilegal del que las tres fueron víctimas debido a su papel fundamental en la denuncia y exigencia de verdad y justicia por la Masacre de San Fernando, ocurrida en 2011 en el estado de Tamaulipas, donde se localizaron 196 restos mortales en 48 fosas clandestinas.

Entre 2015 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) ordenó investigar a Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, por ejercer su labor de comunicación, defensa e investigación de la masacre de San Fernando. Estas acciones, que buscan involucrar a las tres mujeres en una investigación contra integrantes de estructuras de criminalidad organizada usando impropiamente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fueron denunciadas en noviembre del 2021 ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que solicitaron y permitieron las investigaciones ilegales.

El argumento esgrimido por la CNDH para cerrar el expediente es que la investigación ilegal contra estas tres compañeras, así como las intervenciones telefónicas a las que habían sido sometidas, eran parte de las diligencias realizadas conforme a derecho, en el marco de las investigaciones por secuestro y delincuencia organizada que se desarrollaban en el Caso Fosas Clandestinas de San Fernando.

Además de mantener una investigación infructuosa de los hechos relacionados con la masacre, la cual ha permitido que ésta continúe en la impunidad después de diez años, la actuación del Estado mexicano y de sus órganos de investigación se han dirigido a criminalizar e intimidar a quienes de distinta manera han buscado que el caso avance, y por otro lado a proteger a quienes han desarrollado estas acciones.

No es la primera vez que se denuncia la obtención ilegal de información de periodistas y de personas defensoras por parte de autoridades mexicanas. Con esta resolución, la CNDH, el organismo autónomo que debería velar por la plena vigencia de los derechos humanos en el país y por la protección de personas defensoras y periodistas, avala el uso arbitrario del sistema penal en contra de estas tres compañeras, así como el desarrollo de prácticas violatorias de sus derechos, contrarias al debido proceso y que atentan contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y prensa; emitiendo además un mensaje de tolerancia frente a  prácticas violatorias de derechos humanos que son invasivas, ilegales e  intimidatorias.

La misma desprotección se observa en la práctica del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que incumple con sus obligaciones de proteger y garantizar un ambiente seguro para la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la labor periodística, pues la atención brindada a Marcela Turati y Ana Lorena Delgadillo, como beneficiarias del mismo, se ha caracterizado por la ausencia de comunicación con ellas y la falta de análisis de riesgo, lo que evidentemente da lugar a medidas de protección que difícilmente se ajusten a las necesidades reales de las mujeres a las que pretenden proteger.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenamos la decisión y el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al omitir las violaciones a derechos humanos cometidas contra las defensoras y la periodista y avalar la versión de la Fiscalía.

Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de criminalización e investigación ilegal contra Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, que se investiguen y sancionen los hechos delictivos cometidos en contra de estas tres mujeres al haberse iniciado esa investigación ilegal y que se ofrezcan  garantías de protección a su integridad y el derecho de ejercer libremente su labor de comunicación y defensa de derechos.

Finalmente nos sumamos a las demandas de verdad, justicia, reparación del daño y medidas de no repetición ante los procesos investigativos irregulares cometidos en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México.