El 28 de agosto, Claudia González, abogada, defensora de derechos humanos y ex-mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue detenida y privada de libertad bajo régimen de prisión provisional. Tres semanas más tarde, el viernes 22 de septiembre, tras la prolongación injustificada e ilegal de su audiencia de primera declaración, el juez decretó ligarla a proceso judicial por delitos de los cuales Claudia González no es imputable, al no tratarse de una funcionaria del Estado. Además, el juez la dejó en situación de privación de libertad por un periodo de al menos tres meses más.

El pasado 17 de noviembre, tras más de 80 días en prisión, Claudia González salió de la cárcel después de que el juez decretó su libertad provisional. No obstante, Claudia sigue injustamente ligada a proceso.

Es importante resaltar que, al momento de su detención, Claudia era la abogada defensora de otras personas operadoras de justicia criminalizadas por haber luchado, al igual que ella, contra la corrupción y la impunidad en el país. Su criminalización responde a una estrategia de persecución política ejecutada desde el Ministerio Público al servicio del llamado “Pacto de corruptos” que por décadas ha saqueado el país profundizando las desigualdades, el racismo, la corrupción, la impunidad, el despojo y la explotación de la mayoría de la población.

La CICIG, de la cual Claudia González era mandataria, fue una comisión creada en diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y disuelta de manera unilateral por el gobierno en septiembre de 2019 después de que dicha instancia sacara a la luz numerosos casos de ilegalidades y corrupción protagonizados por altas esferas del Gobierno y el Estado, en complicidad con otros poderes fácticos. Desde entonces, desde el Estado guatemalteco se ha desatado una campaña de persecución política contra ex-integrantes de la CICIG, de la Fiscalía anticorrupción y, en general, contra cualquier persona dentro de la administración de justicia que no esté alineada a sus intereses, con el resultado de decenas de estas personas injustamente presas, criminalizadas y exiliadas.

Desde la IM-Defensoras exigimos al Ministerio Público de Guatemala el cese de la criminalización, persecución y hostigamiento judicial en contra de Claudia González y el resto de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos  criminalizadas por luchar contra la corrupción y la impunidad. Asimismo, llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con ella y a unirse a la demanda.