El pasado 24 de agosto, Consuelo Porras, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP), presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP” que, según ella, “se ha visto vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”. En dicho amparo se señalaba a varias personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han cuestionado su labor en redes sociales, con la clara intención de exponerlas, criminalizarlas y vulnerar su derecho a la libertad de expresión.

El 28 de agosto, la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo, arguyendo que las expresiones críticas con la Fiscal General no alteran el orden público y entran dentro del ámbito de la libertad de expresión. No obstante la resolución de la CC, resulta muy preocupante que desde un cargo como el que ostenta Consuelo Porras se lleven a cabo acciones como ésta, con gran visibilidad y repercusión pública, donde se hacen señalamientos contra diversas personas en un contexto de corrupción estructural y consolidación del autoritarismo en el marco del cual se ha criminalizado a personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Más allá del recorrido jurídico del amparo presentado por la Fiscal General, resulta evidente que su objetivo es silenciar las voces críticas a través del miedo y la intimidación, y así proseguir impunemente con el corrupto y prevaricador ejercicio de su cargo, fundamental para blindar el llamado “pacto de corruptos” que ha gobernado el país hasta la fecha y que ahora ve su poder amenazado tras el último proceso electoral ganado por el partido de izquierdas, Semilla. Con relación a ello, cabe recordar que desde el mismo MP se está llevando a cabo una arbitraria persecución judicial contra esta fuerza política, vulnerando los fundamentos de la democracia y la soberanía popular que se ha expresado a través de las elecciones.

Desde las IM-Defensoras denunciamos el arbitrario e ilegal proceder de Consuelo Porras, exigimos su inmediata renuncia y garantías para la seguridad y la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guatemala. 

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse pendiente de la situación en este país, donde se podría estar fraguando un golpe de estado desde las mismas instituciones públicas en alianza con otros poderes fácticos, económicos y militares, para evitar el cambio político conquistado legítimamente a través de la voluntad popular.