San Salvador, 14 de julio de 2023 – Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción se registran más de 6,436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares. Así lo dieron a conocer este viernes las organizaciones de derechos humanos y de periodistas durante una audiencia virtual en el período de sesiones 187 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detenciones arbitrarias o ilegales, abuso de autoridad, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y muertes bajo custodia estatal son algunas de las denuncias expresadas por familiares de las víctimas.

En su mayoría, las capturas se realizan sin órdenes administrativas o judiciales, sin investigación previa, por denuncias anónimas, por estigmatización en el caso de personas que habitan en lugares con presencia de pandillas o por tener tatuajes alusivos o no a pandillas. Entre los principales patrones de detenciones ilegales destacan el doble juzgamiento y la privación de libertad por varios meses de personas que ya cuentan con orden de libertad; así como segundas detenciones a personas, a quienes se les atribuye un delito distinto: primero fueron detenidos por agrupaciones Ilícitas, y en la segunda detención, que se produce al momento de salir del centro penal, se les atribuye “Organizaciones Terroristas”.

Ninguna de las personas detenidas bajo el régimen de excepción ha sido juzgada; no obstante, en muchos de los casos la detención provisional se ha extendido por más de 15 meses y con las reformas aprobadas el pasado 11 de julio rebasará los dos años.

Respecto a la libertad de prensa, se han identificado más de 200 casos de vulneraciones entre restricciones al ejercicio periodístico, retenciones arbitrarias y el primer caso de un periodista comunitario que estuvo en prisión por 11 meses. A ello se suma la movilización de 17 periodistas acosados por el régimen, de los cuales 5 han salido de forma permanente del país. 

El régimen de excepción también agrava el riesgo que enfrentan quienes defienden derechos humanos. Durante 2022 se registraron 182 agresiones contra personas defensoras: 87 contra mujeres cis, 50 contra hombres cis, 2 contra mujeres trans, 38 colectivas y 5 N/D. Más de la mitad de las agresiones fueron cometidas por cargos públicos: policías (40%) y Diputados de la Asamblea Legislativa (15%). En un contexto donde funcionarios públicos propagan discursos misóginos y estigmatizan la labor de quienes defienden derechos humanos, mujeres jóvenes que alzan su voz para denunciar las vulneraciones de derechos fueron el perfil de personas defensoras más agredidas.

Entre los llamados de atención al Estado salvadoreño se encuentran la derogación del decreto de estado de excepción y las reformas penales contrarias a estándares internacionales aprobadas en este contexto; el investigar, juzgar y sancionar a quienes son responsables por los malos tratos, torturas y muertes en cárceles; y el cese del discurso estigmatizante desde las más altas autoridades en el país hacia las personas periodistas y defensoras de derechos humanos y que se garantice la protección a su labor.  

La audiencia fue solicitada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto; Amnistía Internacional; la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): el Centro por los Derechos Civiles y Políticos; Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Front Line Defenders (FLD); Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca); la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos; y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).