El mediodía del lunes 7 de noviembre, funcionarios del Ministerio Público y un fuerte contingente policial y militar equipado con armas de alto calibre irrumpieron con una supuesta orden de desalojo en el campamento que la Comunidad garífuna de Punta Gorda mantiene en su legítimo proceso de recuperación de sus tierras ancestrales en la isla de Roatán. Las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo de forma violenta, incendiaron el campamento en su totalidad reduciendo a cenizas las pertenencias y documentos personales que ahí se encontraban y detuvieron arbitrariamente a seis personas que resistían pacíficamente, entre ellas a nuestra compañera Melissa Martínez, integrante de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en Roatán y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Junto a ella también fueron detenidas las defensoras Dorotea Arzu y Keyden Tishany Gonzales, así como los defensores Richard Armando Martinez, Abot Efrahin Sanchez y Augusto Moises Dolmo.
Tras pasar un día detenidas en la posta policial de Coxen Holen, estas seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, donde el juez decretó su libertad bajo medidas sustitutivas, imputándoles los delitos de usurpación agravada, que implica una pena de entre seis a diez años de cárcel, y en uno de los casos, atentado. El viernes 25 de noviembre, en el marco de una fuerte campaña nacional e internacional de solidaridad y tras un proceso judicial que presentó diversos incidentes de seguridad y racismo institucional, el juez dictaminó el sobreseimiento definitivo de todos los cargos.
Cabe destacar la actitud intimidante, violenta y racista mostrada por las fuerzas de seguridad durante el desalojo, quienes se negaron a que las personas de la comunidad sacasen de sus viviendas sus pertenencias y documentos personales. Entre otros abusos, integrantes de la Policía Nacional agredieron física y verbalmente a varias defensoras, le arrebataron el celular a nuestra compañera Melissa Martínez cuando estaba documentando la situación, tomaron fotografías y videos a las personas de la comunidad, exponiendo su identidad y su seguridad, y patearon intencionalmente la olla de sahumerio, instrumento de espiritualidad garífuna utilizado para pedir protección en el territorio. Según información del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, como consecuencia de la acción policial 50 personas resultaron con heridas considerables y otras 15 con heridas de gravedad.
Es de suma preocupación el uso reiterado de las fuerzas de seguridad y las instituciones de justicia del Estado de Honduras para agredir, criminalizar y despojar de su territorio a las comunidades garífunas así como la respuesta tibia y sin efecto de las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos de la población hondureña. Tan solo desde 2021 hasta la fecha, desde la IM-Defensoras hemos activado 12 alertas por agresiones contra personas defensoras del territorio garífuna. Entre estas, el hostigamiento policial que vivió Melissa Martinez el pasado mes de abril y la denuncia contra la coordinadora de la OFRANEH Miriam Miranda.
Los derechos ancestrales de la primera comunidad garífuna de Honduras
La Comunidad de Punta Gorda es la primera comunidad garífuna establecida en Honduras, hace 225 años, antes incluso de la constitución del Estado hondureño. Aunque la comunidad no cuenta con título de propiedad le asisten los derechos ancestrales reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismo que ha sido suscrito por el Estado de Honduras.
Por ello, desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras consideramos que este desalojo es absolutamente ilegal y constituye una violación gravísima al derecho legítimo de la comunidad garífuna de Punta Gorda de recuperar su territorio ancestral y de hacer frente al despojo capitalista y racista que amenaza su supervivencia, la autonomía de su organización comunitaria y su cosmovisión.
Condenamos el desalojo ilegal y violento de la Comunidad de Punta Gorda y exigimos el cese inmediato de la criminalización de nuestra compañera Melissa Martínez, de las defensoras Dorotea Arzu y Keyden Tishany Gonzales, así como los defensores Richard Armando Martinez, Abot Efrahin Sanchez y Augusto Moises Dolmo, responsabilizando al Estado hondureño de cualquier vulneración a la integridad y la vida de todas estas personas.
Exigimos que se respete el derecho de la Comunidad de Punta Gorda de recuperar sus territorios ancestrales y que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos del Pueblo Garífuna en Honduras.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con la comunidad garífuna de Punta Gorda y con la OFRANEH, uniéndose a la exigencia para que se respeten los derechos ancestrales del Pueblo Garífuna y cese la persecución contra quienes los defienden.