La persecución del gobierno de Daniel Ortega contra quienes se organizan para defender los derechos humanos en Nicaragua no cesa. Este martes 31 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva cancelación masiva de la personería jurídica de organizaciones de diferente ámbito. En esta ocasión fueron 83 las organizaciones afectadas, entre las cuales se encuentran 9 organizaciones feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres: Asociación Nicaragüense Pro-Defensa de la Mujer (ASONICMU – Centro Mujeres ISNIN), Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres (ADIM), Fundación Civil Instituto de Investigaciones “Mujer y Cambio”, Asociación de Mujeres de Estelí XILONEM (AMEX), Asociación Red de Mujeres de Condega para la Formación y Desarrollo integral “Red de Mujeres de Condega, Asociación de Mujeres “Nora Astorga”, Asociación de Centro para la Formación de Mujeres Campesinas “Fray Antonio Vaccaro”, Colectivo de Mujeres Constructoras de Condega y la Asociación de Centro Especializado de Atención a la Mujer – CEAMUJER. Tras ello, ya asciende a 49 el número de organizaciones feministas y que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres canceladas de manera ilegal desde abril de 2018.
Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Además, la cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.
Desde la IM-Defensoras no nos cansaremos de reiterar el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Esto en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad; y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica.
Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta y denunciando cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de sus integrantes.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones, tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua y, de manera particular, quienes lo hacen desde el enfoque feminista y trabajando por los derechos de las mujeres, y a alzar la voz para denunciar todas las arbitrariedades e injusticias sistemática y recurrentamente perpetradas por el gobierno para acallar las voces que luchan por construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.