Luego de 4 años de un proceso penal injusto, este lunes 21 de mayo el juez Jesús Mazariegos condenó a la defensora del territorio María Choc a 2 años de cárcel conmutables por el delito de usurpación agravada, por lo que la defensora deberá pagar alrededor de Q7200 para evitar ir a prisión.

María, quién fue absuelta de los delitos de amenaza y detención ilegal, fue acusada por un hecho registrado el 19 de diciembre de 2016, un desalojo contra 58 familias Q'eqchí' de la comunidad Chab´il Ch´och´.

Su labor comunitaria como traductora del idioma maya Q'eqchí' al español e interpretar a favor de las familias desalojadas, fue utilizado por la empresa Lisbal, S.A., que la señaló de usurpar una finca que históricamente le pertenece a dicha comunidad, por lo que se le acusó falsamente.

El 17 de enero de 2018, María Magdalena Cuc Choc fue detenida de manera arbitraria acusada de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal. Dos días después fue puesta en libertad con medidas sustitutivas, arresto domiciliario y la prohibición de abandonar  el departamento de Izabal. Más de dos años después, en septiembre de 2020 el juez decidió enviar a juicio a María sin que se presentaran pruebas que lo justificaran y, sin tener una razón fundada para decidirlo.

En agosto de 2021 y  tras una audiencia de presentación de prueba, el  juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el  Ambiente de Izabal decretó para noviembre de ese mismo año el inicio del  juicio contra la defensora María Magadalena Cuc Choc.

La defensora ha enfrentado un proceso de criminalización desde el  año 2016, el cual fue alargado a través de reiteradas  suspensiones arbitrarias de las audiencias, prolongando los impactos de  la criminalización sobre la vida de la defensora.

María es una mujer maya que defiende los derechos de tierra y territorio del pueblo Q'eqchí', apoyando la resistencia de las comunidades que sufren desalojos violentos o acompañando como traductora a comunidades y mujeres sobrevivientes de violencia en procesos de búsqueda de justicia, procesos penales, desalojos y resistencias en contra de compañías mineras y de monocultivo.

Como  intérprete del idioma Q’eqchi’ al español, María acompaña a mujeres y a las comunidades mayas de  Izabal que defienden sus derechos humanos, comunitarios y territoriales.

Cabe señalar que el Estor, Izabal, es un municipio donde las y los defensores de derechos  humanos y de los recursos naturales, ejerciendo su  derecho de recuperación de sus territorios ancestrales, viven bajo asedio  constante y en conflicto con empresas mineras y de monocultivos que cada vez ocupan más espacio en su territorio

La comunidad  de Ch´ab´il Ch´och´ ha sido despojada ilegítimamente de sus tierras desde la conquista. El 30 de octubre de 2017 fue desalojada violentamente con abuso de la fuerza e irrespetando los derechos de las familias que conforman la comunidad por lo que la Procuradora Adjunta I, Miriam Roquel, el exdiputado  Leocadio Juracán y Marcelo Sabuc, coordinador nacional del Comité  Campesino del Altiplano (CCDA), solicitaron el 13 de noviembre de 2017  medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH), para las familias afectadas. El 25 de enero de 2018, la CIDH  otorgó dichas medidas a favor de las familiares de la comunidad.

La defensora María Magdalena Cuc Choc ha sido criminalizada por un sistema judicial que favorece a empresas extractivas que roban la tierra de comunidades Q’eqchi en la región de Izabal, Guatemala, todo ello bajo la mirada de un Estado que defiende más los intereses de la oligarquía del país y de empresas extractivas extranjeras que el bienestar de sus comunidades.

Desde la IM-Defensoras reiteramos nuestra rechazo a la condena impuesta a María Cuc Choc, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para acuerpar y solidarizarse con la defensora.

De igual manera, denunciamos el despojo y la violencia psicológica, económica y jurídica contra las comunidades que ejercen su legítimo derecho a la protesta contra la acción destructiva de las empresas extractivas y la defensa de sus territorios.

Asimismo hacemos un llamado al Estado guatemalteco a que avance en responder a la justa demanda de los pueblos indígenas del país, para reconocer plenamente sus derechos, incluyendo el derecho al territorio, resolviendo el conflicto agrario histórico que existe en el país y respetando los derechos históricos del pueblo maya Quiché sobre sus territorios ancestrales. Dicho reconocimiento representa una condición fundamental para evitar que se siga criminalizando injustamente a personas defensoras indígenas por delitos como la usurpación de tierras.