Las activistas feministas Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona y Tamara Dávila llevan encarceladas desde el pasado mes de junio tras haber sido detenidas violentamente. Todas están enfrentando condiciones de privación de libertad violatorias de sus derechos humanos y que, según los estándares internacionales, constituyen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según información que hemos podido verificar, las cuatro están recluidas desde hace más de seis meses en situación de casi absoluto aislamiento y enfrentando restricciones de visitas de sus familiares, que han implicado la imposibilidad de ver a sus hijos e hijas, constantes interrogatorios, privación de alimentos o alimentación carente de nutrientes, falta de atención adecuada a enfermedades crónicas, alteraciones sensoriales y falta de abrigo, entre otras vulneraciones a sus derechos.
Especialmente preocupante es la situación de Dora María Téllez, quien está presa en el pabellón de varones, lo que supone estar expuesta a un mayor riesgo. Ello es una clara muestra del ensañamiento de las autoridades nicaragüenses hacia su persona y hacia lo que ella representa, como emblemática comandanta de la revolución sandinista y luchadora por la igualdad social, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.
Familiares de las defensoras así como de otras personas presas políticas han tenido que enfrentar múltiples riesgos y ataques, así como impedimentos de salida del país, represalias, amenazas, entre otros. Lo anterior, se suma al grave impacto psicoemocional y la angustia que significa que sus seres queridos estén en total arbitrariedad.
Entre 2018 y 2021, desde la IM-Defensoras hemos registrado al menos 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua, 115 de éstas fueron detenciones arbitrarias. En la actualidad, son 13 las defensoras de derechos humanos que están presas políticas por luchar por un país más justo e igualitario.
Después de la farsa electoral del pasado 7 de noviembre, en Nicaragua se ha profundizado el miedo y el silencio, consolidándose la política de terror impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ésta incluye vigilancia territorial, barrial y comunitaria; detenciones arbitrarias, allanamientos, coerción financiera, hostigamientos y detenciones migratorias dirigidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y cualquiera que represente una amenaza para su gobierno corrupto, autoritario, neoliberal y misógino.
Desde la IM-Defensoras condenamos el ensañamiento del gobierno nicaragüense contra estas cuatro reconocidas activistas sociales y feministas y llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con estas compañeras feministas, a denunciar la situación de tortura y maltrato que viven y a exigir su liberación y la del resto de 167 personas presas políticas en Nicaragua.