En la actualidad, 10 mujeres están encarceladas en Nicaragua por mantener posturas críticas con el gobierno, alzar su voz y trabajar por construir un país más justo e igualitario. Entre ellas hay activistas políticas, feministas, académicas, periodistas, comandantas de la revolución, abogadas y defensoras de derechos humanos.
Fueron detenidas a través de dispositivos policiales desproporcionados, sus casas fueron allanadas con todo lujo de violencia, algunas fueron golpeadas y otras fueron detenidas frente a sus hijos e hijas menores de edad. Seis de ellas permanecen incomunicadas en el centro de detención conocido como “el nuevo Chipote”, sin que su familia las hayan podido ver y sin que quienes las asisten jurídicamente hayan podido comunicarse con ellas y corroborar su estado; otra se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que las otras tres llevan recluidas más de un año en la cárcel de mujeres conocido como “La Esperanza”.
Las mujeres detenidas recientemente están siendo investigadas a través de la Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que utiliza la retórica de la soberanía nacional para reprimir toda crítica y protesta social, al calificar estas conductas como acciones de “traición a la patria”. Lo cual además, es usado en los discursos estigmatizantes que estas mujeres enfrentan.
Además, se encuentran detenidas bajo el amparo de la ley 1060, la cual amplía el plazo de 48 horas hasta 90 días para desarrollar las investigaciones. Esta ley, que permite detener antes de haber investigado, es anticonstitucional y vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, sirviendo para encubrir y justificar todo tipo de abusos por parte del Estado, desde la fabricación de cargos hasta actos de maltrato y torturas.
Otras han sido condenadas sin pruebas y en procesos evidentemente irregulares por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia ilegal de armas; o son acusadas de cometer delitos fiscales, como por ejemplo los cargos que enfrentan distintas personas relacionadas con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), proceso este que supone un golpe contra la libertad de expresión y de prensa en el país, y en el marco del cual han sido llamadas a declarar y han sufrido intimidaciones varias mujeres periodistas de medios independientes.
Las presas políticas no son las únicas que sufren la represión y la persecución política por parte del Estado; en la IM-Defensoras hemos documentado decenas de casos de defensoras quienes, tras sufrir meses de hostigamiento policial permanente, criminalización, amenazas, campañas de descrédito, insultos, agresiones o limitación a derechos básicos como el de la movilidad o el derecho al trabajo, han tenido que abandonar su tierra, sus hogares e incluso a sus familias y salir del país hacia un exilio siempre doloroso en el cual, en muchos casos, enfrentan actitudes racista, xenófobas y situaciones de precariedad y alto riesgo.
Muchas otras siguen en Nicaragua viviendo hostigamiento a diario, violencia parapolicial, señalamientos, amenazas y limitaciones al ejercicio de los derechos más básicos.
Defender derechos humanos en Nicaragua es, hoy en día, extremadamente difícil y riesgoso. A través de la creación de marcos jurídicos represivos que restringen derechos relacionados con la defensa de derechos humanos o mediante el uso perverso de los ya existentes, el gobierno ha cancelado arbitrariamente o provocado el cierre de decenas de organizaciones y medios de comunicación, entre ellas algunos espacios feministas y de promoción de derechos humanos que contaban con una larga trayectoria reconocida en toda la región.
El derecho a la protesta ha sido suprimido de facto y la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado desde de las protestas de abril de 2018 es absoluta, constituyendo un mensaje intimidatorio que recuerda a la población lo que le puede suceder si se atreve a alzar su voz y ejercer su derecho a manifestarse.
Estas dinámicas represivas, de persecución política y violaciones sistemáticas de derechos humanos han pasado por momentos de agudización que tienen que ver con fechas emblemáticas para el gobierno o para la población que mantiene una postura crítica ante el mismo y no cesa de exigir justicia por todos los abusos, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos.
Durante los últimos meses esta situación se ha agravado en el marco del proceso electoral que, en principio, debe resolverse el 7 de noviembre. Ello ha dado lugar a que multitud de instancias oficiales y organizaciones internacionales de derechos humanos hayan advertido que dicho proceso no presenta las condiciones mínimas para que se garantice su transparencia y legitimidad, exponiendo al país a un nuevo estallido de violencia represiva.
La situación de nuestras compañeras en Nicaragua sigue siendo dramática, por ello, reiteramos que, ahora más que nunca, es imprescindible que todas las voluntades y responsabilidades involucradas reaccionen con compromiso y de acuerdo a la gravedad de la situación.
Ante este panorama, desde la IM-Defensoras hacemos un llamado a la comunidad internacional a continuar desarrollando esfuerzos para condenar las distintas formas en que se manifiesta la represión, exigir su cese y la liberación de todas las personas presas, así como garantizar la efectividad de los derechos humanos.
Instamos a los organismos de derechos humanos a profundizar las acciones de monitoreo y denuncia que han venido desarrollando y a diseñar rutas alternativas de trabajo sobre el país.
A las organizaciones feministas y de derechos humanos, redes de solidaridad y movimientos sociales de nuestra región y del resto del planeta les llamamos a seguir acuerpando a las compañeras nicaragüenses, quienes constantemente son agredidas por el gobierno neoliberal, misógino, corrupto y autoritario de Daniel Ortega.