Este jueves 26 de agosto la Asamblea Nacional ha consumado la cancelación de la personería jurídica de 15 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka y la Fundación Entre Volcanes, las cuales tienen una larga trayectoria de lucha feminista por los derechos de las mujeres. Ello sucede después de que el pasado 12 de agosto el gobierno nicaragüense iniciara el procedimiento para solicitar la cancelación.
La razón esgrimida por el gobierno para llevar a cabo está nueva accion arbitraria en contra de organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país es el supuesto incumplimiento a la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley N° 147), Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley N°977) y a la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro.
Esta acción está en sintonía con la escalada represiva desatada por el gobierno durante los últimos meses, en el marco del proceso electoral, y que hasta la fecha ha supuesto la persecución, criminalización y encarcelamiento de decenas de personas, entre ellas destacadas feministas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos, con base a acusaciones fundadas en leyes creadas ad hoc con el objetivo criminalizar a las voces críticas o en el uso malicioso de otras ya existentes.
La clausura de organizaciones como el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka y la Fundación Xochiquetzal, no solo supone una vulneración al derecho a defender derechos de quienes las integran, sino que también significa dejar en la indefensión y en una mayor situación de vulnerabilidad a muchas mujeres y niñas que se benefician de su trabajo de promoción de los derechos humanos y de su acompañamiento en casos de violencia y de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Estas no son las primeras organizaciones que ven cancelada su personería jurídica de manera arbitraria. Desde el estallido de la crisis de abril de 2018 ya van un total de al menos 55 organizaciones y medios de comunicación con largas y reconocidas trayectorias en el país que han sido cerradas por el gobierno e, incluso, algunas han sufrido el despojo de sus bienes. Es el caso del CENIDH, CISAS, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), la Fundación Para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río), el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) o la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal, entre otras. Tampoco han sido ajenas a estas arbitrariedades las organizaciones internacionales, el pasado 16 de agosto se publicó en el Diario Oficial que el Ministerio de Gobernación había ilegalizado a seis de ella, entre ellas la Fundación Oxfam Intermon (España), Oxfam Ibis (Dinamarca) y Diakonia (Suecia), las cuales han sido esenciales para el sostenimiento económico de organizaciones nacionales que defienden derechos humanos de las mujeres.
Desde la IM-Defensoras repudiamos la cancelación de la personería jurídica de estas quince organizaciones y exigimos que se abstenga de iniciar cualquier proceso de criminalización en contra de ninguna de las personas que integran y trabajan en las mismas.
Llamamos a la comunidad internacional, y de manera muy especial a las organizaciones y colectivas feministas, a acuerpar a la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka, la Fundación entre Volcanes y el resto de organizaciones implicadas, y a pronunciarse sobre este nuevo acto arbitrario en contra de lo derechos de las mujeres y de quienes trabajan por construir un país más justo e igualitario en Nicaragua.