El pasado jueves 20 de mayo la policía allanó por segunda ocasión las instalaciones del medio de comunicación “Confidencial”, agrediendo y deteniendo de manera arbitraria a periodistas nacionales e internacionales que se encontraban en el lugar. Este allanamiento se produjo sin previa notificación de proceso administrativo o judicial que lo ordene. También se ha sabido de la apertura de un proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por presuntos delitos de “lavado de dinero”, con el que el Gobierno nicaragüense buscaría criminalizar a esta entidad y poner fin a su trabajo de promoción de la libertad de expresión e información a través del apoyo a múltiples medios de comunicación independientes del país.
Relacionado con este proceso de investigación, durante esta semana varios medios independientes de comunicación y periodistas han recibido citatorias para declarar. Es el caso de emisoras de radio que desarrollan un importante trabajo de información y promoción de derechos humanos a nivel comunitario, como Radio Vos de Matagalpa, Radio la Costeñísima de Bluefields o Radío Darío; o el de compañeras periodistas feministas como Argentina Olivas, quien en representación de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) está citada para declarar el jueves 27 de mayo; Rosa María Blandón, de la Lupa, y Amparo Aguilera, ambas citadas el viernes 28 de mayo; o María Lourdes Arróliga y María Lilly Delgado, quienes acudieron a la citatorio el pasado martes 25 de mayo. Ese mismo martes se reportaron amenazas, hostigamientos y daños a vehículos de quienes estaban acompañando a las personas citadas en la fiscalía.
En el marco del proceso electoral en el que ya se halla inmerso el país, estos ataques parecen dirigidos a intensificar las restricciones a la libertad de expresión e información que imperan en Nicaragua, especialmente desde 2018, con el fin de silenciar las voces y narrativas críticas con el actual gobierno.
Nos preocupa también que, tras la aprobación de la "Ley de agentes extranjeros", estos hechos pueden establecer un precedente con relación a una nueva estrategia del Gobierno para criminalizar a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y limitar la libertad de asociación en país, en la línea de la que en 2018 llevó a la cancelación de la personería jurídica de 9 organizaciones con una reconocida trayectoria de defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua, entre ellas el CENIDH, CISAS, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), la Fundación Para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río) o la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal.
Desde la IM-Defensoras condenamos estos ataques a derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y asociación y expresamos nuestra preocupación ante las consecuencias que puedan tener para una diversidad de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos, entre ellas muchas que trabajan por los derechos de las mujeres y desde la agenda feminista, que pese a la adversidad del contexto siguen desarrollando su trabajo por los derechos humanos y el bien común del pueblo nicaragüense.
Asimismo hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente y se pronuncie sobre la situación en Nicaragua, especialmente en este contexto electoral en el marco del cual el Gobierno está escalando su estrategia autoritaria de persecución, represión y ataques sistemáticos contra cualquier expresión de disidencia.